ADIÓS A LAS PENSIONES

Iván Toro

Un documento del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, de 1991, ha sido convertido por el régimen gavirista en la esencia del proyecto de la reforma de la "seguridad social". Una vez sea aprobado por el Congreso, los trabajadores verán aumentar los aportes, las semanas cotizadas y la edad para acceder a la jubilación. El monto de ésta quedará disminuido y el servicio de salud deteriorado. Y. lo que es más grave, el derecho a la pensión de vejez dependerá de la capacidad de ahorro de cada individuo.

La "seguridad social" comenzó a ser implantada en nuestro país en 1946, para reemplazar con el tiempo el esquema de atención médica a cargo exclusivo de los patronos. Fue así cómo, a partir, de 1967, se introdujeron los mecanismos que, con participación del Estado, resolvieron a menor costo para los empresarios la atención de los riesgos laborales.

Sin embargo, las necesidades de la población asalariada no han sido resultas por la naturaleza de clase del Estado y la debilidad del aparato productivo. La industria, la agricultura y las demás actividades han de ser las que aporten los recursos para brindar vivienda, educación, salud y recreación a los trabajadores y sus familias.

Incumplimiento estatal Argumentando que la "seguridad social" es deficiente, está dispersa y no cubre a toda la población, Gaviria ha propuesto como salida la privatización.

Las deficiencias de los servicios de salud obedecen a. la intención de los gobiernos de marchitar las cajas e institutos, a tal punto que durante lustros se congelaron la planta física y la de personal, mientras no cesaba de incrementarse el número de usuarios.

En cuanto a la demagogia sobre la ampliación de la cobertura, ésta no puede ir más allá porque el sistema fue diseñado para proteger únicamente a la clase obrera, cuya proporción no ha crecido respecto a los quince millones de colombianos económicamente activos. Es el subdesarrollo, producto del sometimiento económico, la causa de que más de la mitad de la fuerza laboral se hunda en el pantano de la marginalidad, y por lo tanto no pueden tener acceso a la "seguridad social".

Otra dificultad consiste en la forma dispersa e incoherente como operan más de mil instituciones, cuyas penurias económicas han servido para que los privatizadores ambienten su liquidación. Pero la quiebra del ISS, tan propalada por el régimen gavirista, carece de veracidad, pues existen casi seiscientos mil millones de pesos de reservas pensionales acumuladas. El origen de los problemas financieros radica en la decisión del gobierno de desconocer la deuda contraída hasta 1973. De allí en adelante, como se sabe, se negó definitivamente a cumplir con los aportes estatales que le fijaba la Ley. La evasión empresarial y el irresponsable manejo de las reservas también contribuyeron al deterioro de los fondos de pensiones, en tanto que en el sector público la rama ejecutiva jamás cumplió con sus cotizaciones a las Cajas de Previsión.

Graves perjuicios En el movimiento sindical no reina la unanimidad sobre el diagnóstico ni sobre las soluciones. Mientras que la CGTD viene oponiéndose con firmeza al proyecto de ley, la CUT ha vacilado en aspectos medulares. En un primer momento respaldaron la elevación de los aportes; negaron la necesidad de la participación del Estado en el financiamiento y administración e, inclusive, en la cuestión fundamental de la creación fondos privados de pensiones mostraron conciliadores. En el parlamento ha prevalecido la opinión de quien ofician de celestinas del régimen, como Botero Zea y Uribe Vélez conocidos de autos por la nefasta reforma laboral.

La reforma de la "seguridad social" prácticamente ha si probada en el Congreso, la cual niega el derecho de huelga trabajadores de la salud. El precio de las drogas registra un alza descomunal. La medicina prepagada presenta pérdidas por 4,200 millones, que sin duda se enjugarán el incremento de los costos cuotas de los usuarios.

En el ámbito internacional aunque organismos como la OIT o revistas como The Economist de Londres han hecho pública su posición crítica sobre el modelo chileno, inspirador de la reforma neoliberal, la tendencia continúa siendo a descargar la solución de los problemas en los hombros de la población, en especial de los asalariados, como salida a la recesión económica. Ante la evidencia de la crisis de los programas de apertura, los gobernantes latinoamericanos comienzan a enfatizar la conveniencia de concentrar esfuerzos en la atención de los "aspectos sociales" de las gentes de más bajo nivel de vida. Pretenden, de esa manera, contener la explosión de la rebeldía popular.

El empecinamiento de Gaviria en la privatización del Seguro obedece al compromiso adquirido de abrirle paso a la inversión extranjera, de desestatizar el sector financiero y conferir aún mayor preeminencia a los dómines del gran capital, por el estilo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, el sindicato antioqueño, Julio Mario Santodomingo y Ardila Lulle, beneficiarios, junto al capital foráneo, de la reforma.