ALZAS, LA VERDADERA FAZ DEL RÉGIMEN

Las alzas en las tarifas de los servicios públicos, los combustibles y el transporte dejan al descubierto la verdadera faz del régimen.

Cuando en los primeros años de la década de los setentas se dispararon los precios del petróleo los funcionarios del ramo esgrimieron este hecho como fundamento para subir el costo de la gasolina, así Colombia no dependiera sino en parte mínima de las importaciones de hidrocarburos para su abastecimiento doméstico. Hoy, luego de que los crudos han bajado notoriamente su cotización en el mercado externo, el belisarismo, en lugar de disminuirlos en igual proporción, los incrementó en cerca del 16%. Aún más, reiterando su fidelidad hacia los de arriba, pretende atribuir, cual sus antecesores, la difícil situación financiera de Ecopetrol a los salarios devengados por los obreros. Para derribar el infundió basta aclarar que de los $77.50 que cuesta al público actualmente cada galón de gasolina corriente, la empresa nacional sólo recibe $47.72, lo que equivale al 61.6%, mientras el Estado, mediante el impuesto a las ventas, los recaudos para el Fondo Vial Nacional y los tributos departamentales, se apropia del 32%. El cesto queda en manos de los distribuidores, conformados principalmente por las tres grandes firmas imperialistas que operan en el país.

Con todo, la crisis de las finanzas públicas ha tocado fondo. Para atender la caótica situación de sus recursos, en gran parte debida al traslado continuo de dineros oficiales a los poderosos grupos financieros e industriales del país, el gobierno de turno no tiene otra alternativa que seguir exaccionando aún más los ya de por sí menguados presupuestos familiares.

No de otra manera se puede entender la racha de alzas que se han desencadenado, entre las cuales se destaca la del transporte por su desmedida magnitud. A partir del pasado primero de enero el Instituto Nacional del Transporte suspendió el subsidio para los buses urbanos de modelo posterior a 1977 y los autorizó a cobrar una tarifa de 513, cuando antes era de $4.50, lo que ha significado un aumento del 188.9%. Sumando el parque automotor que ya el año anterior no gozaba de subvención y los nuevos vehículos que llevarán el letrero transporté sin subsidio (TSS), se comprende que queda afectado por la medida el 62.5% del tránsito colectivo.

Pero donde más ha quedado al descubierto la demagogia reinante es en el caso de los servicios públicos, en donde se ha continuado con la upaquización de las tarifas. En septiembre de 1982, por medio de la resolución 005 de la Junta Nacional de Tarifas, se autorizó a la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá para que estableciera un incremento mensual acumulativo del 3.25% en el precio del kilovatio-hora, lo que equivale a un 46.8% anual. En agosto pasado las tarifas del servicio de teléfonos en la ciudad capital subieron un 40%, y las del agua están sometidas a incrementos mensuales del 1.5%.

El presidente Betancur ha tenido que señalar claramente, y en repetidas ocasiones, la necesidad de autofinanciar los servicios mediante tarifas progresivas, tal como quedó consignado en su mensaje al Congreso de la República el pasado 20 de julio. A tal lenguaje lo obligan el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entidades estas que determinan por encima de la soberanía nacional la conducción de Colombia.

La respuesta de las masas no se ha hecho esperar. El año inmediatamente anterior los pobladores de Riosucio, La Virginia, Barranquilla, Cartago, el oriente antioqueño, y de otras muchas regiones más, se levantaron en protesta. Hoy decenas de municipios de Antioquia, Nariño, etc., combaten denodadamente contra la política oficial, el alza de tarifas, y la mala prestación de servicios. Al "prestigio’ del Ejecutivo le ha llegado el principio del fin.

¡Abajo los impuestos al consumo! Dos días antes de finalizar 1983, al socaire de las festividades decembrinas y burlándose de sus propias promesas electorales, el señor Betancur, a través del Deceso número 3541, aunó sin conmiseración la carga tributaria del pueblo. Alegando la urgencia de recaudar enormes sumas de dinero con el objeto de cubrir el cuantioso déficit del presupuesto nacional, agrandado por su irresponsable manejo de las finanzas públicas, el primer mandatario pretende limpiar los exhaustos bolsillos de los colombianos. El instrumento será la nueva figura jurídica del "impuesto al valor agregado", que entrará a regir el primero de abril próximo y con el que se multiplican los gravámenes al consumo que todos los gobiernos-han venido Incrementando paulatinamente.

Con la modificación establecida el cobro del impuesto no sólo recaerá sobre el precio en fábrica, tal como se hacía antes, sino en los diferentes pasos por que transcurre el artículo en sus procesos de producción y comercialización. La insistencia de los áulicos en que se presentará una disminución en el gravamen no podrá engañar a nadie, pues desde abril las mercancías valdrán más por concepto del recargo-tributario y todos sentirán subir el costo de la vida.

Desde la reforma tributaria de López Michelsen el gravamen al consumo se ha convertido en la fuente predilecta de los ingresos corrientes del Estado, superando en la actualidad al impuesto de renta. En 1983 ese tributo le produjo a la Nación 60.000 millones de pesos, y los cálculos del Ministro de Hacienda le fijan 20.000 millones más para la vigencia de 1984.

Respaldar al MOIR en la presente campaña electoral significa contribuir a robustecer una fuerza revolucionaria que, fuera de desenmascarar los demagógicos engaños del gobierno alcabalero de Belisario Betancur, reclama la eliminación de todos los impuestos indirectos que esquilman preferentemente a las masas trabajadoras. ¡Que se establezca una tributación directa y progresiva! ¡Que se graven los bienes y las rentas de los ricachos! ¡Que el Estado deje de sostenerse con la exacción de los obreros, los campesinos y los pequeños y medianos productores y comerciantes!