ANDANZAS DE LA FAMILIA PRESIDENCIAL

Unos cuantos meses atrás, a mediados de abril, el país perplejo se enteró de que la Comisión de Acusaciones de la Cámara, contra toda evidencia, había absuelto a López Michelsen de los graves cargos de auspiciar o permitir turbios manejos que incrementan, bajo la sombra protectora del gobierno, la riqueza de la familia presidencial. El fallo absolutorio de la Comisión parlamentaria se profirió con el voto en contra de Álvaro Bernal Segura, representante de la ANAPO y del Frente por la Unidad del Pueblo. Hasta la prensa oligárquica se vio obligada a hablar de “indelicadezas”, al comentar la conducta dolosa del Ejecutivo. El escandaloso desempeño del parlamento en este caso confirmó de nuevo su papel de celestina del régimen.

- Intrincada rama de sociedades para medrar a la sombra del Estado.

- El negociado de Juan Manuel López Caballero con Comegán.

- Felipe López Caballero no pudo demostrar su inocencia en los chanchullos con Fedecafé.

- “La Forzosa”, otro latifundio del clan ejecutivo favorecido por la vía alterna.

- El Parlamento dio vía libre a la inmoralidad administrativa.

A la sombra del Poder, ante los ojos de un pueblo cercado por las mafias, hambreado y cada vez más impaciente, la familia presidencial y sus lugartenientes continúan en forma meticulosa esquilmando el tesoro público. Dicen que hay fieras que una vez que prueban el sabor de la sangre ya no pueden detenerse y la buscan a pesar de todos los obstáculos. Hay algo semejante en la actitud de La Familia: probó el sabor del dinero, y de esto hace ya algunas generaciones, y quedó engolosinada incorregiblemente.

Todavía estaban presentes las denuncias y la conmoción producidas por el negociado de la hacienda “La Libertad” y de la carretera alterna al Llano, cuando comenzaron a filtrarse hacia la opinión pública las nuevas andanzas de la parentela del Ejecutivo.

Estos sucesos, que bien habrían servido para una divertida crónica de la picaresca, si fueran otros los protagonistas, se convierten en una monstruosa afrenta a la dignidad de un pueblo, una burla mordaz a sus necesidades y esperanzas, cuando son protagonizados por los dirigentes de una país. La picaresca en el poder ya no es picaresca, se convierte en mafia. La familia se coaliga, se mezcla, se desdobla y multiplica en una red de numerosas sociedades cuyos objetivos envidiaría Don Vito Corleone. Sociedades que solicitan y obtienen crecidos préstamos y favores de entidades oficiales. Sociedades que sirven para fiarse mutuamente y mediante las cuales minimizan ganancias y obviamente evaden impuestos.

Se levantan voces de denuncia y protesta y entonces aparece iracundo el padre de la Familia a defender a sus hijos; amaga con dimitir, amenaza a la oposición, despide al Superintendente Bancario, manda silenciar periodistas. Al mismo tiempo moviliza a sus caporales que, acuciosos y abyectos, montan una farsa en el Congreso para proclamar la inocencia de La Familia.

Es necesario retomar el hijo de los acontecimientos y mostrar en forma minuciosa el desarrollo de esta comedia, trágica para nuestro pueblo.

Préstamos millonarios y red de sociedades

Comencemos por el primero de marzo, día en que López Michelsen en el Congreso salió a la defensa de La Familia y negó las acusaciones que se le hacían, según él, del “hecho falso, criminal y deshonroso de haber hecho uso del crédito de establecimientos oficiales”.

Sin embargo, algo se desajustó en sus cálculos. El Superintendente Bancario envió el 1° de abril a la Comisión de Acusaciones de la Cámara un extenso informe que fue conocido públicamente 13 días después y que desmentía la palabra presidencial. Según este informe, la familia López realizó operaciones en bancos oficiales entre febrero de 1972 y abril de 1977 por un valor total de $5.459.742, discriminadas así: préstamos, $4.359.917; sobregiros $469.863; descuentos $629.961. Por otra parte, existen solicitudes en trámite que pasan de los tres millones de pesos. Los bancos en cuestión son el Ganadero, el Cafetero, el Popular y la Caja de Crédito Agrario, que son establecimientos oficiales.

Es decir, que sin perder tiempo, como corresponde a todo buen negociante, los miembros de la augusta familia se habían precipitado en tropel hacia las instituciones públicas para solicitar jugosos préstamos. Lo hicieron a nombre propio o semi-escondidos y tras de alguna de sus múltiples sociedades creadas para estos y otros menesteres. Veamos:

Banco Ganadero Beneficiario: Juan Manuel López Caballero Préstamos: $2.800.000 Fecha: entre febrero de 1972 y mayo de 1976 Sobregiro: $300.753 Fecha: marzo de 1977

Caja de Crédito Agrario Préstamos: $1.559.917 Beneficiario: Técnica Comercial Caballero Ltda.. Fecha: entre noviembre y diciembre de 1973 Solicitudes en trámite:
- Sociedad Técnica Comercial Caballero & Cía. S.C.A. ($750.000)
- Juan Manuel López Caballero, Maria Carrizosa de López, Ernesto Michelsen Caballero, Kattina Ltda., Inversiones La Providencia Ltda., Técnica Comercial Caballero Ltda. ($2.457.300)

Banco Cafetero Beneficiario: Felipe López Caballero Sobregiros: $169.110 Fecha: entre diciembre de 1976 y febrero de 1977

Banco Popular Beneficiario: Juan Manuel López Caballero Descuento de un préstamo hecho por el Banco del Comercio: $629.961 Fecha: Febrero de 1975

Sobre estos datos es conveniente hacer algunas observaciones. Primera, el descuento del préstamo del Banco del Comercio en el Popular se realizó utilizando el decreto 2364 de 1974 sobre prórrogas y descuentos de los créditos para la zona de los Llanos Orientales. O sea que lo lograron con un decreto de su padre que les había pavimentado con alguna anticipación la anchurosa vía para llevar dinero a sus bolsillos. Segunda, Técnica Comercial Caballero Ltda. está compuesta por la esposa del Presidente, Cecilia Caballero, y su hermana Alicia Caballero, es decir, la madre y la tía. Tercera, la Sociedad Técnica Comercial Caballero y Cía. S.C.A. está integrada por la madre, la tía, Juan Manuel y Felipe López Caballero (los sobrinos) y Técnica Comercial Caballero Ltda., vale decir, nuevamente la madre y la tía. Por tanto la afirmación de López de que su esposa y él tenían todos sus bienes en fideicomiso se aleja bastante de la verdad, ya que es la misma Cecilia Caballero de López la que está gestionando créditos oficiales. Por ninguna parte aparece su fideicomisario. Cuarta, los solicitantes del segundo préstamo de la Caja Agraria (Juan Manuel López, Ernesto Michelsen Caballero, Kattina Ltda., Inversiones La Providencia Ltda. y Técnica Comercial Caballero Ltda.) figuran, para efecto de la solicitud en trámite, como arrendatarios de un potrero de la hacienda “La Libertad”, de propiedad de la sociedad Hato Lulú & Cía. S.C.A., de la cual son copropietarios Juan Manuel López y su hermano Felipe. Dentro de esta maraña de sociedades compuestas por las mismas personas, los unos arriendan a otros, o lo que es igual, se autoarriendan para a consecución de préstamos de entidades públicas. Como si esto fuera poco, las garantías de las transacciones son los títulos que los solicitantes poseen en sus diversas sociedades, tales como Caracol, Inversiones La Providencia, Técnica Comercial Caballero Ltda., etc., y las haciendas de su propiedad, “La Libertad” y “La Forzosa”.

Con respecto a este último latifundio, ubicado en el municipio de Cabuyaro (Meta) y perteneciente a la Sociedad Técnica Comercial Caballero & Cia S.C.A., la vía alterna al Llano la bordea tanto como a “La Libertad”, tal como queda demostrado gráficamente en esta edición. El apetito desordenado de enriquecimiento, que impulsa a La Familia a poner sus ojos y sus manos en muchas otras cosas además de las tierras y las vacas, se patentiza, por ejemplo, en los propósitos sociales de la tan trajinada sociedad de la madre, la tía y los sobrinos, en cuya escritura número 2.100 del 17 de abril de 1974 se lee:“...la sociedad tendrá por objeto social principal: a) La compra, la venta, administración de acciones, partes de interés en sociedades de cualquier naturaleza, bonos y valores bursátiles, para lo cual puede celebrar cualquier contrato lícito de comercio...; b) la inversión de fondos y valores en equipos industriales; c) la compra, venta, distribución, importación y exportación de mercancías nacionales y extranjeras... d) dar y recibir dinero a cualquier titulo, con interés o sin él, con garantías o sin ellas, a cualquier persona o entidades; e) en general, celebrar todos los actos y contratos civiles, comerciales o industriales sobre bienes muebles o inmuebles que se relacionen directa o indirectamente con los fines que la sociedad persigue”.

Como se ve, esta sociedad fue integrada dos días antes de las elecciones de 1974, que le abrieron de nuevo a López las puertas del palacio de San Carlos. Basada en la experiencia, La Familia se preparaba jurídicamente para sacarle mayores dividendos a su retorno al Poder.

Un hijo que aprende de su padre Es tal la unanimidad del hogar, que si el padre miente, el hijo no puede ir a la zaga. La prenda de amor filial la podemos apreciar cuando Juan Manuel dijo con gran desparpajo y frescura en un reportaje publicado el 4 de abril en El Tiempo: “Él (su papá) sabe que yo no voy a los bancos oficiales a pedir préstamos; creo que él sabe que sus hijos son como él, como él los educó”.

El heredero ignoraba, como tampoco lo supo el progenitor, que existía una pieza desajustada; el Superbancario, por cuyo informe se comprueba que si hubo solicitud de préstamos oficiales. Y además, que se los habían concedido. Mustio, Juan Manuel se apresuró a escribir una carta a El Tiempo el 16 de abril, en la que explicaba: “no hay impedimento legal de ninguna naturaleza para que los hijos de los presidentes recurran, dentro de las necesidades de crédito oficiales para solicitar financiaciones”, y concluyó que, sumando y sumando los préstamos otorgados a su persona, familiares y socios, “ascienden a cero”, a pesar de las múltiples evidencias señaladas antes. Para rematar desconcertantemente, dijo con gesto trascendental: “En cuestiones de ética todo es relativo”.

Una de las consecuencias de todo este pasaje fue que López Michelsen, enrojecido hasta la cresta por haber sido agarrado diciendo mentiras, destituyó fulminantemente el 20 de abril a Cristian Mosquera, el Superintendente Bancario, por haber ido con chismes a la “honorabilísima” Comisión de Acusaciones. En la carta dirigida al ex funcionario, el Presidente le daba como justificación de su despido, “la divulgación de la reserva bancaria de un gran número de personas”. El periódico El Tiempo, alcahuete sin par de las andanzas de La Familia, comentaba el 15 de abril con tono preocupado los hechos, llamando la atención acerca de que los créditos “dejan la ingrata impresión”, no de nada doloso desde luego, pero si de gestiones que en su condición de hijo, del Primer Magistrado de la Nación, el doctor López Caballero hubiera obrado más discretamente absteniéndose de realizar por simples pero muy valederas consideraciones de orden ético”. En otras palabras está bien hecho, pero, sin embargo, mejor dicho, no del todo bien hecho!

Un banco que es y no es oficial Una de las disculpas que daba López en su comunicación a Cristian Mosquera, era que los préstamos oficiales a sus familiares durante su gobierno “ascienden a cero, a menos que se califique de oficial el Banco Ganadero acerca de lo cual existe jurisprudencia en contrario”. Por la boca muere el pez, y un presidente mañoso por olvidarse de sus propios decretos. En efecto, al Primer Mandatario se le había olvidado el texto del artículo 3°. del decreto 2364 de 1974 expedido por él mismo y que consagra nítidamente: “Para efectos del presente decreto, son oficiales la Caja de Crédito Agrario y los Bancos Cafetero, Ganadero y Popular”.

Nos hallamos, pues, ante una monstruosa trapisonda, cuando se trata de lavar el buen nombre y rechazar la culpabilidad se echa mano de la “jurisprudencia en contrario”, y cuando se legisla, ésta no se tiene en cuenta para nada y se la pisotea. En Colombia, como todo parece indicar, los bancos son o no oficiales según las conveniencias del momento.

Pero es que existen más hechos. Primero, el Banco Ganadero es una institución adscrita al Ministerio de Agricultura. Segundo, la huelga emprendida por los trabajadores del citado banco el 3 de enero de 1975 fue declarada ilegal por el gobierno lopista arguyendo que se trataba de una entidad pública. De nuevo la lógica del “mandato claro”: para reprimir las justas luchas de los trabajadores el Banco Ganadero si es oficial; para los préstamos a La Familia es privado. Tercero, en la elección de directores del Banco de la República, el Ganadero vota como oficial. Cuarto, en su junta directiva tienen asiento el ministro de Agricultura y un representante del presidente de la República, el ministro de Hacienda y Crédito Público. Quinto, el 30% de su capital pertenece al Estado. Por último, cabe agregar que con ocasión del préstamo irregular concedido por el comité nacional de crédito del mismo banco a Bernardo Mejía Salazar, EL Tiempo señaló el 13 de marzo pasado que una de las funciones de ese comité es “desempeñar con solicitud, eficiencia e imparcialidad las funciones de su cargo y salvaguardar los intereses del Estado”.

En sus alegatos padre e hijo sólo se refieren a los préstamos recibidos. Hábilmente pasan por alto las solicitudes en trámite en la Caja Agraria, los crecidos sobregiros en el Ganadero y el Cafetero y el descuento en el Popular, para no hablar de los rumores que en diversos medios se escuchan acerca de un cuantioso sobregiro del propio Presidente en el Banco Cafetero.

El ejemplo de La Familia había cundido. Si los hijos de El Ejecutivo se benefician de los dineros públicos sin recibir condigno castigo, ¿por qué los altos y abnegados burócratas, fieles servidores y amigos de la casa presidencial, no pueden hacer lo mismo? Esta reflexión se la hizo uno de los más destacados espoliques del liberalismo y gran terrateniente del Cesar, Álvaro Araujo Noguera, en su despacho de gerente de la Caja Agraria. Y sin darle más vueltas al asunto, en julio de 1975 pidió al Banco Ganadero un préstamo por cuatro millones de pesos para comprar novillos de ceba. Como es obvio, la solicitud no se ajustaba a los mínimos requisitos legales; sin embargo, el millonario crédito le fue concedido en su totalidad.

Por otra parte, quien dio vía libre al viciado negocio fue otra elegante figura, muy vinculada a La Familia, con afición semejante por tierras y ganados y quien en ese momento se desempeñaba como ministro de Agricultura, Rafael Pardo Buelvas.

La Procuraduría, escandalizada por el desafuero cometido, lanzó su brazo castigador, y haciendo un extraño movimiento artrítico, desvió la dirección y sancionó al gerente regional del Banco Ganadero por haberse dejado imponer el préstamo sin las condiciones exigidas. Sorprende la falta de puntería, pero es más sorprendente aún que la Procuraduría sancione a un funcionario del Ganadero, si como dice el Presidente, este banco no es oficial.

Comegán o el caso de las vacas flacas

No satisfecho aún con sus incursiones en los bancos oficiales, el infante don Juan Manuel decidió ponerse en el trabajo de vender vacas flacas de su hacienda “La Libertad” al tesoro público, para que éste se las pagara como si fueran gordas. Tan estupendo intercambio tiene la siguiente historia: el 22 de abril de 1974 se constituyó la sociedad de economía mixta “Compañía Colombiana de Mercadeo de Ganado y Carne S.A” (Comegán), cuyo capital estaba en un 80% en poder del Idema, y el resto pertenecía a Fedegan y otras agremiaciones. No obstante, el 13 de mayo del mismo año, el gobierno autorizó al Idema para vender a sus socios particulares las acciones que poseía en la empresa. Pero esta venta no se formalizó sino hasta el 18 de marzo de 1976. Hacia fines de 1975 y no habiéndose protocolizado aún el traspaso de las acciones del Estado, Comegán compró a Juan Manuel López un total de 1.100 novillas con destino a Venezuela. El valor de la transacción fue de aproximadamente cinco millones de pesos a precios internacionales.

De acuerdo con lo afirmado por varias publicaciones, el ganado de “La Libertad” no fue aceptado por los clientes extranjeros de Comegán debido a deficientes condiciones sanitarias. En vista de lo anterior, la empresa tuvo que vender en el mercado nacional y a precios inferiores todas las novillas del Hijo del Ejecutivo, lo cual representó enormes pérdidas para la firma, según lo corroboró su gerente el 30 de marzo pasado. ¿Quién fue el padrino de semejante negociado? Nada menos que el ya muy conocido Álvaro Araujo Noguera – el del préstamo para vacas del Banco Ganadero – quien, por ser gerente de la Caja Agraria, era también presidente de Comegán.

La recompensa agradecida por tantas dádivas a su astuto hijo no se hizo esperar por parte del señor Presidente, porque como decía Don Quijote. “Haz de saber amigo Sancho Panza, que fue costumbre muy usada de los caballeros andantes antiguos hacer gobernadores a sus escuderos de las ínsulas o reinos que ganaban”. Así que Araujo Noguera pasó de la dirección de Comegán al Ministerio de Agricultura y Luis Robledo saltó de la gerencia de Comegán a una dichosa ínsula en el Mercado Común Europeo como embajador de Colombia.

Entretanto, en El Tiempo del 4 de abril, el sagaz Juan Manuel, cariacontecido y con ojos de ternero degollado, explicaba la situación en forma deslucida: “Yo le vendí unos ganados a Comegán y Comegán los vendió”.

Fedecafé o el caso de los contratos gordos Fuera de su participación en la red de sociedades de La Familia, Lázaro Felipe aparecía como un sosegado burócrata en un puesto de secretario privado de su padre, el presidente. Esto no era justo, pues mientras su hermano Juan Manuel se refocilaba entre sus fincas y los bancos oficiales y su otro hermano Alfonso Ambrosio López Caballero, el primogénito, actuaba como auditor de la Federación de Cafeteros en New York, el benjamín vegetaba detrás de su escritorio en Palacio. Esta, sin embargo, era una imagen falsa. El joven Felipillo, seguramente al impulso de la paternal admonición “Lázaro, levántate y anda”, se levantó un contrato con la Federación de Cafeteros. El documento, dado a conocer el 24 de marzo último, había sido suscrito en 1º. de septiembre de 1976 y establece que la duración del contrato será de seis meses y se desarrollará en Estados Unidos e Inglaterra, pudiendo la Federación ampliar el plazo “si así lo estima conveniente”. El objeto del contrato es “un estudio de asesoría técnico-económica para el mercado cafetero de futuros tanto en Colombia como en el exterior”. El valor reconocido al contratista es de $285.000, y además la Federación se compromete a pagarle “tanto el valor de los gastos que – debidamente autorizados – demanden los viajes que deba realizar en cumplimiento del objeto del contrato, como el valor de los servicios que se acusen en desarrollo y ejecución del mismo”. El subcomité ejecutivo de la entidad autorizó el pago de 100 dólares diarios de viáticos más el primer viaje al exterior, lo que significó una suma de 7.562 dólares. O sea que el benjamín recibió además de los $285.000 del contrato, $272.232 en viáticos y pasajes, es decir, más de medio millón de pesos.

Al día siguiente de la suscripción del contrato, el hijo del Presidente pidió y obtuvo una licencia no remunerada para retirarse de la secretaría privada de palacio por el término de 60 días a vencerse el 31 de octubre, con el fin de su nueva canonjía.

¿Qué justificación puede darse al hecho de que un funcionario, no obstante la alegada licencia, celebre un contrato con una institución que, como la Federación Nacional de Cafeteros, cumple funciones públicas, maneja fondos provenientes del erario, a la que el gobierno no autoriza su presupuesto (tal como lo hizo López mediante el decreto 0240 del 4 de febrero de 1977) y aprueba sus principales actos, que es intervenida por la Contraloría y en cuya junta directiva tienen asiento cuatro ministros y el gerente de la Caja Agraria, máxime cuando ese funcionario es el hijo del presidente de la República? La justificación en este caso corrió a cargo del secretario jurídico de la Presidencia, Álvaro Esguerra, quien haciendo maravillosas piruetas para satisfacer a sus patronos, dijo: “No hay impedimento legal para que un empleado público pueda realizar actividades relativas a contratos puramente privados, en horas distintas a las relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones oficiales”. (El Tiempo, abril 2/77).

El valioso concepto del abogado de La Familia recibió un premio acorde a tan señalado servicio: Esguerra salió rápidamente de Palacio a ocupar su sillón en la ínsula que su jefe le otorgaba, la embajada colombiana en Bélgica.

Las irregularidades en las andanzas de Lázaro Felipe eran, sin embargo, tan evidentes que El Tiempo en su editorial del 27 de marzo, no pudo menos que decir al respecto, haciendo de tripas corazón: “La secretaría privada del presidente es posición de tal importancia que ella debiera ser extraña a toda vinculación de índole económica, aunque no exista traba legal alguna”.

Pero continuemos con el entuerto. Felipillo no solo firmó el contrato un día antes de la obtención de la licencia, o sea, siendo todavía funcionario público en ejercicio, sino que se reintegró a su cargo oficial el 3 de noviembre, en vez del 1º., recibiendo de esa manera viáticos de la Federación y al mismo tiempo de la secretaría privada de la Presidencia. ¿Cómo explicó su conducta? Pues con esa “habilidad dialéctica”que tanto le ha alabado El Tiempo: “Tratándose de ser el primero un feriado, decidí quedarme en los Estados Unidos hasta el 2, día en que se llevó a cabo la elección del presidente Carter, hecho muy importante”. (El Tiempo, abril 3/77). En cuanto a la aceptación de su nuevo cargo siendo aún funcionario, afirmó: “Ese fue él último acto de un día de trabajo y al salir de mi oficina en el Palacio de San Carlos decidí acercarme a la Federación para suscribir dicho contrato. No pensé que hubiera algo irregular”. (El Tiempo, ibid). Y en un arrebato de delicadeza, mostrando cierta como aversión al robo, devolvió al Estado unos cuantos pesos por concepto de su sueldo doble entre el 1 el 3 de noviembre y se retiró a disfrutar los dineros mal habidos a través del tráfico de influencias, ganándose la bendición de la gran prensa que lo exaltó como ejemplo para las futuras generaciones.

El Presidente, conmovido por la delicadeza de su hijo y siguiendo su inveterada costumbre de defender todas las aventuras mercantiles de su progenie, cosa muy natural puesto que él así la educó, retornó a la palestra para defender al más pequeño: “nadie es culpable, ni nadie es responsable de equivocarse o de recibir una opinión equivocada, mientras no se demuestre lo contrario” (El Tiempo, abril 2/77), el fallo de siempre cuando se juzga a uno de la pesada, “absuelto por falta de pruebas”.

En estas travesuras estaban presentes, como de costumbre, algunos guardaespaldas. ¿Cómo no iban a estarlo? ¡Al hijo del jefe jamás se le deja solo!

Le correspondió secundarlo en tal ocasión a Jorge Ramírez Ocampo, quien, a las pocas semanas de haber abandonado el gabinete, firmó el 30 de agosto de 1976 un contrato idéntico al del secretario privado de la Presidencia. El documento lo suscribió a pesar de que, como ministro de Desarrollo, perteneció al Comité Nacional de Cafeteros, y de que existía concepto adverso de la oficina jurídica de la Federación y de la Contraloría, pues “quien haya sido miembro del Comité Nacional de Cafeteros no puede celebrar contratos de prestación de servicios profesionales ni contrato alguno con la Federación mientras esté en ejercicio de sus funciones y dentro del año siguiente a su retiro”. (El Tiempo, abril 2/77). El incriminado se limitó simplemente a declarar: “¡Estoy atónito!”.

Lo cierto de todo este barullo cuasipolicíaco es que la referida gabela sobre mercados de futuros a favor de esta pareja, a la que el único futuro que le preocupa es el incremento de sus propias cuentas bancarias, tenía que ser a su vez autorizada por el recientemente nombrado ministro de Desarrollo, Diego Moreno Jaramillo. De lo visto se colige que la viscosa pirueta se maquinó fría y calculadamente y al más alto nivel. El Presidente concedió licencia a su secretario privado, se aprovechó el cambio de ministros y se consiguió que el nuevo Mindesarrollo impartiera la aprobación correspondiente. Así le sacaron una crecida suma al Fondo Nacional del Café cuyo capital es enteramente público. Más tarde, al descubrirse el dolo, fueron alterados apresuradamente los libros de contabilidad y, con el fin de aparentar que les había pagado una entidad privada, se trasladaron los valores a las arcas de la Federación de Cafeteros.

Los tres fariseos se confiesan

Como el prestigio de La Familia se estaba resintiendo, montose entonces la farsa de la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Con la solitaria excepción del representante anapista Álvaro Bernal Segura, quien batalló continuamente para esclarecer la verdad, los demás miembros de la Comisión, incluido el ponente del caso, cumpliendo órdenes exprofesas de Palacio, desvirtuaron vulgarmente las evidencias que a los ojos de todos pesan sobre los sindicados, a los cuales terminaron por encomiar, ante la perplejidad e indignación del país. Muy similares fueron los descargos de Ramírez Ocampo. Luego de aseverar que había firmado el documento “por un imperativo moral”, declaró: “El mío es un juzgamiento que se hace con valores cristianos y no con base en valores calvinistas o maoístas, y por lo tanto soy inmune a cualquier acusación que se me pueda formular por la firma de ese contrato”.

Para que los lectores tengan una idea aproximada de lo que el ex ministro entiende por “imperativo moral”, deben saber que él conoció dos conceptos antes de la firma de su contrato: uno a favor, del secretario jurídico de la Presidencia de la República; y otro en contra, del asesor jurídico de la Federación. Ramírez Ocampo, siguiendo fielmente sus píos valores, se acogió al primero, ya que éste le daba franquicia al desfalco.

El Hijo del Ejecutivo no fue menos ocurrente que sus antecesores. Comenzó diciendo que los únicos colombianos expertos en mercadeo de futuros para el café son él y Ramírez Ocampo, y que, por consiguiente, le habían hecho un favor muy grande a Colombia firmando los contratos, eso sí, embolsicándose entre ambos más de un millón de pesos.

Nuestro desmemoriado presidente tenía toda la razón cuando decía el 22 de marzo en el jolgorio del foro femenino en el Coliseo Cubierto de Bogotá: “Pero que este país está afectado de una desmoralización sin precedentes, lo señala el hecho de que nunca en la historia de Colombia fueron llamados a comparecer ante la Corte Suprema de Justicia funcionarios tan altos, tres o cuatro, unos huyendo y otros que están en Colombia. Yo emplazo a quien haya sido estudioso de estos temas a que me señale en la historia de la República, cuándo fueron tan numerosos y de tanta jerarquía los reos y los sindicados que nos avergüenzan a todos”. (El Tiempo), marzo 27/77).

Las mujeres presentes en el Foro debieron reír socarronamente por el rabo de paja de su presidente. López, estaba siendo investigado en ese preciso momento por la Cámara de Representantes. Además, las “travesuras” de uno de sus hijos, el secretario privado, iban camino a la Procuraduría para ser sometidas a juicio disciplinario. Más adelante, un ministro y un ex ministro del “mandato claro” pasaban al banquillo de los acusados y quedarían en entre dicho legal y moral. En realidad ninguno de estos altos funcionarios se ha convertido ni se convertirá en reo presente o ausente gracias a la mano protectora del Poder del Estado que todo lo hace y todo lo deshace. Es así como el 19 de julio la mayoría de la Comisión de Acusaciones absolvió de toda culpa a Diego Moreno Jaramillo, quien autorizara los contratos del par de réprobos con Fedecafé.

La crisis de la prensa y la libertad presidencial

En su presencia ante el Congreso el 1º. de marzo, López Michelsen dijo que su gobierno “no ha menoscabado ni restringido en forma alguna la libertad de expresión, censurando órganos de publicidad, decomisado periódicos, limitándoles sus licencias de importación de papel u otros elementos o encarcelando arbitrariamente a sus directores, y otras garantías semejantes hasta establecer una libertad de crítica ilimitada...” (El Tiempo, marzo2/77). No obstante, en la medida en que fueron destapándose nuevos y embarazosos negociados de sus familiares, el Presidente comenzó a retractarse y expuso una tesis muy sui generis sobre la libertad de prensa, evocando aquella opinión de que el “pensamiento es libre, pero lo que está escrito será controlado. El 16 de marzo indicó: “El límite de la libertad de prensa debe ser la honra de los ciudadanos (...) La seguridad de que, mientras yo sea jefe del Estado, no habrá censura, no es una garantía de que se pueda incurrir indefinidamente en cualquier clase de excesos contra las instituciones y las personas sin consecuencias (El Espectador, marzo 17/77). Según este peculiar razonamiento, los “excesos contra las instituciones y las personas” son ni más ni menos que las consecuencias de los excesos de los hijos del Ejecutivo cometidos al socaire de su padre y, por consiguiente, la libertad de prensa no puede traspasar las cercas del libertinaje presidencial.

Pocos días después, el 29 de marzo, el Palacio de San Carlos se estremeció con los anatemas y palabrotas del ideólogo del “mandato claro”, provocados a raíz de los comentarios que el columnista de El Tiempo, Lucas Caballero “Klim”, venía haciendo en torno de los negociados de la Familia. El Primer Magistrado amenazó con su renuncia inmediata, a menos que al periodista le fuera cancelada la urticante columna y la prensa liberal respaldará “cerradamente al gobierno” y todas sus medidas, claro está, los desmanes de López.

Acto seguido, los propietarios de El Tiempo impusieron silencio a su incómodo columnista de más de treinta años, diciéndole que se tomará un “receso” debido a la inminencia de un golpe militar en Colombia. El 31 del mismo mes presentaron su renuncia otros dos comentaristas del citado diario. Enrique caballero Escobar y Eduardo Caballero Calderón, según lo manifestaron, por su imposibilidad de “apoyar sin reparos no sólo en el terreno doctrinario sino en el de los negocios familiares”. (El Tiempo, abril 1/779.

Ante la opinión se hizo evidente que la intrincada organización del jefe del Estado estuvo a punto de desplomarse.

El debate en el Congreso

La casi totalidad de las sesiones extras del parlamento fueron dedicadas a debatir la conducta presidencial. ¿Quiénes fueron sus más encarnizados defensores?

En el Senado llevó la voz cantante el gran terrateniente llanero y ex ministro de López, Hernando Durán Dussán, quien entre otras cosas, firmó el decreto de prórroga y descuento de los préstamos para la región de los Llanos Orientales en octubre de 1974, con lo cual apadrinó varios negociados de La Familia. Le hicieron eco los ministros de Obras Públicas, Humberto Salcedo Collante (ejecutor de la vía alterna al Llano), de Desarrollo, Diego Moreno Jaramillo (implicado en los contratos dolorosos con la Federación de Cafeteros), de Agricultura, Álvaro Araujo Noguera (comprometido en los negociados de vacas flacas con Comegán y los préstamos oficiales en el Banco Ganadero), de Hacienda, Abdón Espinosa Valderrama (firmante del decreto sobre exención de impuestos para la Orinoquia y, de paso, para “La Libertad”), y de Relaciones Exteriores, Indalecio Liévano Aguirre (designado y favorito del jefe de La Familia). En la Cámara encabezaron la defensa de lugartenientes turbayistas Alberto Santofimio Botero y Daniel Arango, este último conocido gamonal del Meta. Como se puede ver, la plana mayor de La Organización.

No obstante, el encargado de hacer la defensa de fondo resultó ser el ministro de Obras. El vocinglero funcionario se empeñó tozudamente en demostrar que la decisión de escogencia de la vía alterna había sido adoptada antes de llegar Alfonso López al Poder, sin acordarse de que en el informe enviado por él mismo a la Comisión de Acusaciones el 31 de marzo, anotó: “Es necesario tener en cuenta que la decisión de construir la vía alterna al Llano se tomó a raíz de la declaratoria de urgencia evidente adoptada por el consejo de ministros en su reunión del 31 d enero de 1975”.

Tampoco tuvo en cuenta el ministro lo que declaró enfáticamente el Presidente el 1o. de febrero de 1975, en Villavicencio: “He escogido la ruta que pasa por Chocontá y desciende por San Luis de Gaceno hasta el Secreto y Barranca de Upía...” (El gobierno del mandato claro; Tomo l, pág, 352). Como podemos apreciar, en la batahola que se armó los egregios paladines se estrellaban los unos con los otros, se enredaban entre sí y caían en confusa montonera en su apresuramiento por defender al jefe.

Para contribuir a destapar esta cadena de oprobio y corrupción, en la sesión del Senado del 20 de abril, el senador anapista Jaime Piedrahita Cardona leyó una carta enviada por el presidente de la Comisión de Acusaciones, Isaías Muñoz Acosta, a varios dirigentes liberales del municipio de Suárez (Cauca) y que le fue remitida por estos al representante de ANAPO Álvaro Bernal Segura. En uno de sus apartes las comunicaciones firmada por Muñoz Acosta sostiene: “Quiero que comprendan que el hecho de que yo pertenezca a la Comisión de Acusaciones no significa que yo sea enemigo del señor Presidente.

Al contrario, mi presencia en la Comisión viene a ser una garantía para él, máxime cuando de por medio está la promesa de su intervención para que yo entre, bien sea a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado.

Esta prueba de la flagrante parcialidad de la Comisión de Acusaciones de la Cámara y del manipuleo que sobre ella se ejercía desde las cimas de la otra rama del Poder, no puedo ser jamás desmentida.

Por eso nadie ha creído en las palabras del mismo Alfonso López, cuando al inaugurar las sesiones extras el 1º. de marzo afirmó: “El presidente no demanda, tratándose de la tarea de fiscal que corresponde a la Honorable Cámara de Representantes, para su conducta, un acto de solidaridad partidista o grupista, sino el examen imparcial de las pruebas”.

El 13 de abril, cuando aún faltaba decretar y estudiar numerosas diligencias de fondo, dos de los tres ponentes del caso presentaron sorpresivamente a dicha Comisión una resolución absolutoria. La coalición gobernista liberal–conservadora aprobó la ponencia por siete votos a favor y uno en contra, el de Álvaro Bernal Segura, quien explicó así su posición: “Mi voto negativo contiene todo el peso de la conciencia moral de la nación. Será el voto negativo, terrible y drástico de todo el país que sabe que López Michelsen si es responsable. Con el tiempo y a pesar de este fallo esas pruebas que ustedes no han querido traer aquí ni analizar, de una u otras manera se harán tan pesadas y tan ostensibles en la opinión pública nacional, que este fallo va a quedar revisado no por la justicia burguesa sino por la justicia popular!”.

El desprestigio de La Familia

El concejo de Pitalito aprobó recientemente una proposición que dice: “El Concejo Municipal de Pitalito, (Huila) presentan un atento saludo al doctor Juan Manuel López Caballero y a la vez se permite invitarlo para que se vincule a esta región adquiriendo un predio rural sobre las vías inconclusas Pitalito-Mocoa e Isnos-Paletará, iniciadas desde hace más de veinte años, con lo cual nos dará una real esperanza de su pronta conclusión…”

El 10 de mayo, durante una función pública en el Coliseo Cubierto de Bogotá, la esposa y dos de los hijos del Presidente se llevaron una estruendosa silbatina del público asistente que les expresó así el repudio del pueblo colombiano a La Familia.

En toda Colombia, desde la Guajira hasta Nariño, más de 100.000 personas de todos los sectores populares manifestaron el 1o. de Mayo, día internacional del proletariado, su rechazo unánime y enérgico al mandato de hambre, demagogia y represión, “1º. de Mayo contra López” fue la consigna que en esa ocasión levantaron las masas desposeídas y oprimidas.

El bochornoso escándalo protagonizado por La Familia y sus lugartenientes rebasó las fronteras patrias y fue tema de numerosos artículos y crónicas en el extranjero.

Aunque en épocas pretéritas los presidentes y sus parientes y colaboradores se habían visto envueltos en negociados de variada índole, el régimen encabezado por López Michelsen ha batido todas las marcas y aventaja con creces a sus antecesores en el abuso del Poder para el enriquecimiento personal y de sus allegados, en la indelicadeza, en la mentira, en el tráfico de influencias, en fin, en todo aquello que hace odioso y despreciable ante las gentes honestas y sencillas a un gobierno.