APOYAMOS RESUELTAMENTE EL PARO CÍVIVO NACIONAL


La siguiente es la posición fijada por los dirigentes del MOIR en la junta directiva nacional de la CUT, realizada los días 19 y 20 de julio.

En un año escaso de gobierno, Andrés Pastrana ha desatado una gigantesca ofensiva contra la nación y el pueblo colombianos. Él mismo se proclama continuador de las políticas aperturistas que han desembocado en la crisis actual. Las importaciones masivas de alimentos han llevado a la quiebra generalizada de la producción agropecuaria, a la que agobia además el desmonte de todos los organismos estatales que le prestaban algún apoyo. La industria, víctima también del ingreso de toda suerte de mercaderías extranjeras, vive la caída de la producción y el cierre de numerosas plantas. De la debacle no han escapado el comercio ni algunas entidades financieras, víctimas de la insolvencia de los deudores y de la política que busca concentrar el capital en un puñado de grupos financieros nacionales y extranjeros.

La obediencia del régimen a los dictados de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, que ha arruinado las actividades productivas, tiene sumida a la población en una creciente miseria. Las tasas de desempleo reconocidas por la amañada estadística oficial, superan el 20%, y se cuentan por miles las familias que perdieron sus ahorros y sus viviendas, asfixiadas por los préstamos confiscatorios.

La llamada globalización de la economía ha sumado a las formas de saqueo la manipulación de las monedas nacionales por parte de los linces de las finanzas. El peso colombiano se revaluó durante varios años, con lo que los productos autóctonos, desprotegidos arancelariamente, se vieron en enormes apuros para competir y fueron desplazados por las importaciones. Con el pretexto de mantener el valor de la moneda, el Banco de la República impuso unas exorbitantes tasas de interés que se convirtieron en otra pesada carga sobre agricultores e industriales. En el último año, de la misma manera que lo han hecho en los países del Sudeste Asiático, y en Rusia y Brasil, para sólo citar unos casos, han lanzado continuas arremetidas contra el peso, produciendo una devaluación con la que esquilman las reservas internacionales del país, aprietan el dogal de la deuda externa pública y privada, que hoy alcanza un monto de 35 mil millones de dólares y permite a los caimacanes de los monopolios comprar a precio de feria las empresas aún por privatizar. La devaluación en marcha envilece los salarios, eleva las tarifas de los servicios públicos, dispara el precio de los combustibles y, en general, el del costo de la vida.

Las disposiciones lesivas al interés nacional tomadas por Andrés Pastrana, marioneta de la Casa Blanca, no se limitan a los asuntos económicos. Su abyección es tal que la política de paz, bandera principal de su gobierno, la ha sometido a consulta a Washington, por lo que tal proceso se ha convertido en un nuevo campo de intervención del imperio. El dominio norteamericano sobre Colombia, ya casi centenario, ha significado nuestra peor calamidad; nada bueno podemos esperar si persiste su tutelaje sobre asunto tan crucial.

La naturaleza fascistoide del régimen se ha mostrado en su arrogante conducta antiobrera y antipopular y en su inapelable decisión de arrancarles a los trabajadores hasta el último derecho que aún tengan. El proletariado colombiano ha recogido el guante con altivez. A sólo dos meses de posesionada la nueva rosca gubernamental, tuvo que sostener su primer pulso con los empleados estatales, quienes libraron un paro de 21 días, el más largo, el de mayor amplitud y combatividad que se haya realizado por este sector. La lucha no se centró en los problemas salariales, sino en el rechazo a las medidas pastranistas de continuación de la apertura económica, entre ellas, la de mayor «flexibilización» de las relaciones laborales; la fusión, liquidación y privatización de empresas y un incremento de los salarios para 1999 inferior a la inflación.

Los principales logros de este combate inicial consistieron en la denuncia de los atropellos imperialistas, en el desenmascaramiento del lacayismo del jefe de la Casa de Nariño y en la derrota de la pretensión oficial de arrasar con el sindicalismo colombiano. El magisterio, los trabajadores de la Caja Agraria, la salud, las contralorías, los petroleros, los de Telecom, estuvieron a la vanguardia del combativo movimiento, dirigidos todos por el Comando Nacional de Paro integrado por los comités ejecutivos de la CUT, la CGTD y la CTC, más las direcciones de los sindicatos nacionales.

El 25 de febrero de este año se desató de nuevo la protesta nacional. El gobierno había añadido nuevos atropellos a las funestas disposiciones que desataron la huelga de octubre. Con el pomposo nombre de «Cambio para construir la paz», la camarilla palaciega disponía la venta al malbarato de lo que queda de Colombia; la entrega a la especulación financiera de empresas, recursos naturales, infraestructura y servicios públicos; el recargo de gravámenes a municipios y regiones para que más del 30% del presupuesto se pueda concentrar en el pago del servicio de la deuda externa. El plan pastranista, en su afán por atraer el capital extranjero, no vacila tampoco en dar renovados bríos a la política que conducirá a desmembrar el país, después de más de 170 años de ser una república unitaria.

El batallar infatigable de los asalariados colombianos se hizo patente de nuevo en abril. Los maestros, respaldados por padres de familia y estudiantes y, posteriormente, los trabajadores de la salud y otros sectores sociales, colmaron calles y plazas de Colombia en defensa de la educación y la salud públicas. Los maestros, que pusieron el punto más alto en la batalla, hoy se encuentran en desobediencia civil contra las disposiciones en materia educativa del Plan Nacional de Desarrollo y, en particular, contra los nefastos convenios de desempeño y la evaluación-destitución.

Siguiendo el ejemplo de los asalariados, cada vez más amplios sectores de la población se vinculan al combate. Ahí están para probarlo los paros cívicos contra los peajes en Chinchiná y los municipios de la Sabana de Bogotá y las protestas en ascenso de los pequeños y medianos industriales liderados por el comité de la Acopi de Santander. En el panorama de las luchas populares destacan las movilizaciones y los encuentros de los agricultores: el 8 y 9 de julio pasado los arroceros del Tolima, el Huila, los Llanos Orientales y el Cesar bloquearon con sus paros varias carreteras principales; el nacimiento de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, en el encuentro de Ibagué del 9 y 10 de junio, y el paro programado por ésta para el próximo 28 de julio, anuncian que las luchas agrarias están alcanzando grandes proporciones.

En el colmo de la desfachatez, Pastrana pretende obtener el aval del sindicalismo colombiano para la más nefasta reforma laboral. Busca generalizar el contrato a destajo, acabando así incluso con el mísero salario mínimo vigente; arrasar con las convenciones colectivas de trabajo mediante la argucia de someterlas a una espuria revisión judicial y a los parámetros del Confis; establecer tribunales de arbitramento permanentes para negar el derecho de huelga; acabar con el pago extra de dominicales y festivos; y, como un dictador de novela latinoamericana, se le ocurrió también prolongar el día hasta las ocho de la noche, con el fin de birlar el pago del recargo nocturno, y cambiar los contratos de aprendizaje para que la juventud regale su fuerza de trabajo mientras supuestamente se capacita.

Con el pretexto de reducir el déficit fiscal se propone acabar con el régimen pensional y de salud de Ecopetrol, el Magisterio, Telecom y la Fuerzas Militares y eliminar la retroactividad de las cesantías para los trabajadores del Estado que aún tienen ese derecho. Asimismo extendió por varios meses sus facultades para reformar las instituciones estatales, lo cual anuncia despidos en masa de trabajadores oficiales, tal como los efectuados con la liquidación de la Caja Agraria, acto en el cual fueron destituidos más de ocho mil trabajadores, violando todas las normas legales. Anunció que los salarios en el año 2000 no subirán más de 6 ó 7%. Como si fuera poco, tiene lista otra reforma tributaria cuyo eje será la reducción de las transferencias de los recursos ordinarios de la nación y de las regalías a municipios y departamentos, asignándoles simultáneamente más responsabilidades, que deberán cubrir con el "esfuerzo fiscal propio".

El despótico gobernante está profundamente desacreditado y entre el pueblo crecen la resistencia y la indignación. El régimen ha lanzado el más grande desafío a los colombianos. Ningún compatriota puede esperar mantener siquiera un nivel de vida digno si no se logra derrotar las medidas antipopulares aplicadas y frenar las que se anuncian en cascada. La política gubernamental muestra claramente que no habrá "concertación" ni negociación posibles, mucho menos, después del reciente acuerdo de Pastrana y el FMI, en virtud del cual, a cambio del desembolso a cuentagotas de tres mil millones de dólares, se intensificará la hipoteca del país al imperialismo, el pueblo será más esquilmado y a la clase obrera se le recortarán todavía más las reivindicaciones arrancadas al régimen en decenios de heroicas luchas.

Las imposiciones del FMI no son otra cosa que la negación de cualquier posibilidad de acuerdo con los sectores laborales y productivos de Colombia. Los intereses nacionales y los del imperialismo son antagónicos. Todos los sectores han de comprender la urgencia de la lucha. Hoy más que nunca debemos combatir por la soberanía económica y desplegar la más amplia resistencia civil contra el imperialismo norteamericano y el servil gobierno de Pastrana.

Los llamados de los voceros oficiales a concertar las medidas antipopulares son una trampa para provocar la desmovilización. En realidad, el gobierno tiene listos los proyectos de ley, que aprobará sin mayores objeciones a través de sus mayorías obsecuentes en el Congreso. En las condiciones actuales, la concertación o cualquier posibilidad de negociación con el gobierno pastranista es imposible. Sin pérdida de tiempo, la clase obrera y el sindicalismo deben compendiar un programa que contenga los múltiples reclamos de los afectados por la apertura y el modelo neoliberal y ponerse al frente de la inconformidad generalizada.

Por lo anterior, respaldamos la decisión de realizar un paro cívico nacional. Los dirigentes del MOIR en la central planteamos a la CUT que enarbole el siguiente programa:

1. Reivindicación de la soberanía económica de Colombia, mediante la profundización de la denuncia y el rechazo contra el modelo aperturista neoliberal impuesto por los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, FMI.

2. Defensa de la soberanía nacional y la unidad territorial contra la injerencia norteamericana.

3. Rechazo a la reforma laboral y a la conculcación de los derechos democráticos de movilización, contratación y huelga. Defensa de los regímenes pensionales especiales de los empleados públicos.

4. Defensa de la producción nacional y solidaridad con las exigencias de los sectores industrial y agropecuario.

5. Solidaridad con las protestas cívicas y populares, con las luchas de los vendedores ambulantes y de todos los trabajadores informales, con los paros cívicos y demás expresiones de resistencia y desobediencia civil.

6. Rechazo al incremento de los impuestos, a la elevación de las tarifas de los servicios públicos, las reestratificaciones rurales y urbanas, el cobro de peajes y valorización, las alzas de los combustibles y el transporte.

7. Solidaridad con las luchas que libran los trabajadores y los pueblos latinoamericanos contra las políticas del FMI, en particular con las protestas recientemente libradas por el pueblo ecuatoriano.

¡Abajo la recolonización imperialista! ¡Abajo la política económica, social y laboral de Pastrana! ¡Viva la unidad combativa del movimiento obrero! ¡Viva el Paro Cívico Nacional!


Junta Directiva Nacional de la CUT: Luis Fuentes, Roberto Schmalbach, Alfonso Berrío, Elías Fonseca, Gerardo Rubio.

Federación Colombiana de Educadores, Fecode: Raúl Arroyave, Álvaro Morales, Alberto Villalobos.

Unión Sindical Obrera, USO:

Rodolfo Gutiérrez, Germán Osman, Gustavo Triana, Gerardo García.

Unión Nacional de Empleados Bancarios, UNEB: Martha Bermúdez (Comité de Empresa Banco Ganadero).

Sindicato de Empleados del Sena: Silverio Sánchez.

Sintracreditario: Horacio Eslava, Orlando Osorio

Subdirectivas de la CUT:

Santander: Alfredo Muñoz, Enrique Guarín. Barrancabermeja: Antonino Galán, Luis Umaña. Boyacá: Víctor Dávila. Córdoba: Jorge Nisperuza F. Cesar: Victoria Avendaño, Francisco Rinaldi. Bolívar: Luis Alberto Mendoza. Valle: Otoniel Dávila (Comisión Solidaridad).