Alfonso Berrio, presidente de Adida: "LA PELEA APENAS COMIENZA"

La Asociación de Institutores de Antioquia, Adida, debió llevar a cabo en septiembre un prolongado cese de actividades, en defensa del pliego de peticiones presentado desde el mes de marzo y al que el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, no quiso darle ninguna salida.

Los 27 mil maestros antioqueños deben enfrentar, al igual que sus compañeros en el resto del país, la ofensiva del gobierno samperista encaminada a desmontar la educación pública.

El mandatario seccional, presidente de la Asociación de Gobernadores y uno de los cuadros más destacados del neoliberalismo en Colombia, ha retado al magisterio al declarar con insolencia que "se la juega toda" con la privatización.

En lo que él llama su programa bandera, Uribe Vélez ha repartido más de 30 mil millones de pesos del situado fiscal entre cooperativas privadas de enseñanza, organizaciones no gubernamentales y otras entidades "sin ánimo de lucro", convirtiendo la educación en un negocio más, del que no se benefician siquiera los institutores particulares, contratados allí a diez meses y sin ninguna clase de prestaciones, sino los áulicos y ciertos grupos de reinsertados.

Mientras al gremio magisterial le sale con el cuento de que "no hay un peso", a estas corporaciones les está entregando 22 mil pesos al mes por cada alumno que logren inscribir en sus plantas.

Uribe Vélez también ha anunciado en tono desafiante que "no abrirá una sola plaza más para maestros del Estado".

Los planes de construcción y mantenimiento de aulas siguen paralizados. Escuelas y colegios oficiales van en camino de convertirse en pocilgas, donde el hacinamiento de alumnos, el abandono y los bajos salarios conspiran severamente contra la calidad académica, e incluso contra la salud de estudiantes y profesores.

También exige Adida que las autoridades seccionales actualicen las primas que se pagan a licenciados y directivos docentes. Es tal el desestímulo a la educación oficial, que éstas se encuentran congeladas desde hace veinte años. "No hay un solo peso", ha sido la invariable respuesta del gobernador.

"Los subsidios que actualmente se entregan al personal por tener que laborar en zonas de orden público, debe extenderse a quienes se hallen en zonas de pobreza", dijo Alfonso Berrío al insistir en otro de los puntos sensibles del pliego.

Señaló que a los maestros no se les pagan incapacidades después de 30 días, pues la Gobernación sostiene que ese dinero debe destinarse a los salarios de los reemplazantes.

Con la llamada reingeniería o, como el mismo gobernador lo llama, no propiamente con modestia, la "reinvención del departamento", se ha despedido a 7.200 asalariados del sector educativo, entre tesoreros de unidad, celadores y aseadores de establecimientos y otro personal de apoyo.

Aunque el paro debió levantarse, ante la ofensiva del esquirolaje apoyado por la mayoría del comité ejecutivo de Fecode, los problemas siguen sin solución y tienden a agravarse.

Alfonso Berrío, presidente de Adida, advirtió que la pelea con el insolente gobernador apenas empieza. "Como reza el dicho: arrieros somos, y en el camino nos encontramos", concluyó.