Así fue el paro estatal: OPINIONES

Aldo Cadena, presidente de Sindess:

El paro le apuntó al corazón de la política imperial en el sector de la salud pública. En materia salarial había tres entidades del orden nacional afectadas en especial por el irrisorio 8% impuesto por Samper: el Ministerio de Salud,’el Instituto Nacional de Salud y el Invima. El acuerdo los beneficia. En lo que tiene que ver con los Servicios Seccionales y hospitales, desde 1995 entró en vigencia una nivelación salarial, fruto de nuestra lucha, conquista que no había podido concretarse, pues seguía supeditada a la venta de servicios en los centros asistenciales. Con el paro se obtuvo que el gobierno garantizara su pago, teniendo en cuenta los topes máximos y con retroactividad, lo que cubre a 120 mil asalariados del sector, incluidos médicos y enfermeras. El aumento en algunas áreas va a llegara 38%. Para los salarios más bajos del Instituto Cancerológico, el Dermatológico y los leprocomios de Agua de Dios y Contratación, los incrementos ascienden a 300%.

Se registró un pequeño avance en la pelea que ha mantenido Sindess contra las Administraciones del Régimen Subsidiado. ARS, las cuales hemos propuesto eliminar. El gobierno se compromete a exigirles que aporten más dinero a los hospitales.

Fue tal la capacidad de convocatoria de Sindess- Anthoc, Asmedas, ANEC y las demás organizaciones, que en Bogotá, por primera vez en la historia, logramos hacer paro en once hospitales, entre ellos el Simón Bolívar, el Kennedy, el San Blas, la Victoria, El Tunal, Bosa y La Granja. Podemos afirmar que en el país la cobertura de la protesta fue de 95%

Eberto López, presidente de Sittelecom: El servicio de larga distancia cayó drásticamente durante la semana de huelga y la administración quedó paralizada, a tal punto que ni el gerente pudo entrar a las oficinas.

Lo que debe destacarse es el nivel de comprensión que han alcanzado los trabajadores. En Telecom, el aumento salarial ya se había resuelto el año pasado. El paro se hizo entonces buscando defender el patrimonio público en el muy estratégico sector de las telecomunicaciones, base para el progreso de la nación y puntal clave de la soberanía económica y política.

En el acuerdo el gobierno ratifica los compromisos ya adquiridos por la empresa con los dos sindicatos, la ATT y Sittelecom, en la pasada convención colectiva. Se convino además en que se aplicarán sanciones para frenar la piratería en larga distancia, y se opuso un dique de contención a la entrega de líneas a las multinacionales por el sistema de joint venture.

La batalla contra la privatización se halla lejos de terminar. En Cartagena, Medellín, Bogotá y Manizales está en marcha la venta de sus empresas públicas al capital trasnacional, y el gobierno sigue empeñado en hacer realidad lo que él llama “la competencia a Telecom”, que arruinará la empresa. También se está impulsando el joint venture con los grandes consorcios que dominan el mercado mundial. Por ello seguiremos propiciando un frente común con la ATT, con las demás vertientes sindicales v con todos los sectores de la sociedad, para librar una gran batalla en defensa de la soberanía. La tarea que sigue es el gran paro cívico nacional.

Zoeria Villada, presidente de Sindesena: Tanto el SENA como sus trabajadores fuimos favorecidos con el acta de acuerdo suscrita por el Comando Nacional de Paro.

El SENA tiene la posibilidad de rediscutir el recorte presupuestal de 20% impuesto por la Lev 344 de 1996 y el 12% de la emergencia económica: y discutir asimismo su transferencia a entidades privadas, que marchitará su futuro como única entidad estatal de formación profesional integral y gratuita.

A los trabajadores nos resuelve el rezago salarial que históricamente hemos mantenido, cuando por fin se adopte por parte del SENA el escalafón para todos los funcionarios.

Se consigna en el acta el término de tiempo para la presentación de la propuesta de escalafón al Consejo Directivo Nacional, precisa la definición de escalas salariales con los criterios determinados para el escalafón, afirma su vigencia a partir de este año de 1997 y define la aprobación de los correspondientes PAC por parte del Ministerio de Hacienda, para responder por el compromiso adquirido con recursos del SENA, con motivo del carácter parafiscal de las rentas de la entidad.

Hernando Hernández, presidente de la USO: Desde siempre el régimen ha criminalizado la acción social y sindical. La concepción de "enemigo interno” ha hecho que a un trabajador que defiende su pliego, a un campesino que lucha por su tierra, a un estudiante que reclama poder estudiar o a un habitante de barrio que protesta por servicios públicos, la casta dominante los convierta en "terroristas o voceros de la guerrilla". Con esta vía se ha diezmado por la vía violenta a la oposición política que no comparte los procedimientos de los partidos tradicionales.

Esta concepción se ha visto fortalecida por la llamada "justicia regional", que valiéndose de testimonios falsos de testigos sin rostro, de jueces encapuchados que ni siquiera garantizan el debido proceso y de presiones de los militares les aplica a los dirigentes y activistas detenidos "todo el rigor de la ley". Mientras la impunidad llega a 97%, a éstos se los condena con toda prontitud. El acuerdo del paro sobre despenalización nos permite abrir un espacio de discusión que denuncie lo brutal y mentiroso de la "justicia sin rostro". También servirá para poner al descubierto los montajes que contra nuestros compañeros han hecho integrantes de las Fuerzas Armadas. Es el comienzo de una gran campaña por la libertad de los sindicalistas detenidos y por la abolición de la "justicia regional". No será cosa fácil. Nos amenazarán y tratarán de impedir que llevemos estas denuncias al Congreso. Sólo la movilización de los distintos sectores de la sociedad hará que nuestros planteamientos sean escuchados por el mayor número de gente.

Carlos Saavedra, secretario de la Asociación de la Contraloría. Los 10 mil trabajadores de las contralorías tuvieron su bautizo de fuego en el victorioso paro estatal. Por primera vez en toda su historia participaron en una huelga y lo hicieron con tal decisión y combatividad que su presencia se destacaba en cada una de las tareas del movimiento. La parálisis abarcó a más de 90% de los funcionarios tanto de la Contraloría General de la Nación como de los entes de control departamental y municipal. Aún más meritorio resulta su papel si se tiene en cuenta que la Asociación de Servidores Públicos de las Contralorías, el sindicato que los agrupa, presidida por Javier Barriga C., tiene apenas siete meses de fundado y ya cuenta con cerca de 4 mil afiliados, de los cuales 700 se vincularon luego de terminada la protesta.

Para ellos el aumento decretado por el gobierno no llegaba al 10%. El acuerdo significó por lo tanto un enorme triunfo.

La Asociación se ha planteado continuar en la lucha para impedir que las contralorías sean convertidas en simples "cortes de cuentas", lo que equivale a privatizarlas, y para lograr nivelar sus salarios con los de la Procuraduría General. También se han propuesto seguir en el combate al lado de los sectores populares, como lo hicieron en la reciente e histórica jornada.

Lilia Avella, del comité ejecutivo de Utradec: Desde la reforma administrativa de 1968, impuesta por Lleras Restrepo, los trabajadores estatales se hallaban sofocados por un cúmulo de leyes y decretos, empezando por la norma constitucional que prohibe la huelga en los servicios públicos, y muchos sin derecho a la contratación colectiva. Con esta huelga tales prohibiciones fueron derrotadas en la práctica.

Hace años que se venía hablando de paro. Periódicamente se citaban encuentros nacionales. Pero con la apertura, desde 1990, la situación empezó a cambiar. Las privatizaciones y el aumento salarial por debajo de la inflación causada fueron creando condiciones para la protesta unitaria. A raíz del ridículo incremento de 8 v 13%, a lo que se sumó la ofensiva por entregarles a las empresas gringas el patrimonio público de la nación, dicha consigna pudo hacerse realidad.

La presencia de las organizaciones nacionales afiliadas a Utradec fue ejemplar, en especial la de los sindicatos de Telecom, Sindess e ICBF. La protesta se hizo sentir asimismo en las licoreras, en varias telefónicas locales y Adpostal y en algunas gobernaciones. Hubo una significativa participación de las empresas municipales.

Utradec estuvo representada en el Comando Nacional de Paro por los compañeros Percy Oyola y Joaquín Gómez. En el acuerdo cabe destacar que por primera vez se abre la posibilidad real de que en la ley sean incorporados los Convenios 151 y 154 de la OIT, que garantizan a los trabajadores del Estado el derecho a la contratación colectiva. Deberá instalarse una comisión tripartita entre gobierno, Congreso y sindicatos para modificar en tal sentido el proyecto de ley 072. Se acordó igualmente hacer reformas al proyecto de ley 144, sobre carrera administrativa, régimen convertido en rey de burlas en el acelerado proceso de liquidación de entidades. Otro punto en debate fue el de la contratación administrativa en el sector público, en el cual se fijó el criterio de que toda función permanente deberá ser desempeñada por trabajadores adscritos a la planta de personal.

En resumen, con el paro se sentaron las bases para fortalecer las futuras luchas contra la privatización y contra las políticas del FMI.

Fabio Arias, fiscal del Comité Ejecutivo de la CUT: El tema de mayor controversia en las negociaciones fue el de la privatización, por ser puntal de la política imperialista.

Para las centrales obreras, las empresas del Estado constituyen un patrimonio en que el país entero ha empeñado su esfuerzo y representan una base estratégica para el progreso independiente de la nación. Feriarlo a los consorcios extranjeros significa un retroceso histórico.

Como la historia lo demuestra, el Estado ha de ser una palanca del desarrollo autónomo de las naciones. Para un país resulta de vital importancia que los sectores estratégicos de su economía sigan estando en manos del Estado: la energía, las telecomunicaciones, los hidrocarburos y los servicios públicos, sean o no rentables.

Sobre este punto, el movimiento obrero no dio su brazo a torcer. Y lo más importante, se abrió el debate sobre el tema, en presencia de millones y millones de colombianos: éste fue un logro fundamental.