CASO "LA LIBERTAD": LÓPEZ MIENTE SEIS VECES

El caso de la hacienda “La Libertad” ha conmovido a la nación entera. Dentro del cúmulo de inmoralidades y corruptelas, propias de la decadente sociedad oligárquica y que convulsionan el ambiente político de los últimos tiempos, el negocio del latifundio de los Llanos de los hijos del presidente López, es típico del afán de enriquecimiento de un puñado de familias poderosas, merced a las altas influencias y a la utilización del poder público en beneficio privado. Todo esto confirma una tesis reiterada del MOIR: que en Colombia las multimillonarias fortunas sólo se amasan a la sombra de los favores del Estado o mediante el soborno de los encumbrados funcionarios.

El gobierno y la coalición liberal-conservadora dominante hacen esfuerzos supremos por desvirtuar las acusaciones sobre los turbios sucesos del fundo “La Libertad”, y pretenden imponer un fallo absolutorio en el Congreso, prevalidos de la mayoría parlamentaria. Sin embargo, el propio López, al tratar de justificar la conducta del gobierno en este bochornoso escándalo, ha tenido que mentirle al país, y lo ha hecho seis veces, como lo demuestra la crónica de TRIBUNA ROJA. En todo caso el veredicto popular ya puso en la picota a los grandes negociantes, con la familia presidencial a la cabeza.

1. La vía alterna no toca la finca. 2. Los propietarios son más de cien. 3. La compra se hizo cuando era candidato. 4. No se hicieron préstamos oficiales a sus hijos. 5. No hubo decretos que favorecieran las transacciones. 6. Los colonos no han sido desalojados.

El país entero ha seguido con especial atención el escándalo que se ha suscitado en torno a la adquisición hecha por la familia presidencial de una hacienda en los Llanos del Casanare, llamada pomposamente “Hato la Libertad”.

Y mientras concejales y representantes de la oposición denuncian que la transacción se hizo con dinero obtenido en bancos oficiales, que la vía alterna al Llano, construida bajo el actual gobierno, beneficia a estas tierras debido a su trazado, y columnistas y comentarios editoriales de varios periódicos se preguntan cómo se logra que lo comprado tres años antes en 5 millones valga hora 400, el presidente López se rasga las vestiduras y solicita una investigación, creyéndose protegido por un fallo de la Procuraduría dado hace más de quince meses, a tiempo que altera la realidad con toda la desfachatez de que puede ser capaz sólo quien ya pasó por estos mismos escabrosos pero gananciosos tejemanejes treinta y tantos años atrás. Porque no fue cosa distinta lo que hizo el Presidente en su discurso del 1° de marzo de este año ante el Congreso.

En esa oportunidad, y con relación a la hacienda de sus hijos, López le mintió seis veces al país. Primero, al aseverar que la vía alterna al Llano no toca la finca, cuando esta colinda con el latifundio en algunos tramos. Segundo, al sostener que la sociedad compradora del fundo está compuesta por más de cien personas, cuando en verdad son sólo diez y su familia posee el 61% de las acciones. Tercero, al decir que el inmueble fue comprado siendo él candidato, cuando lo cierto es que ya estaba elegido. Cuarto, al asegurar que su hijo, Juan Manuel López Caballero, no ha obtenido préstamos de bancos oficiales, a pesar de que se le concedieron tres. Quinto, al sustentar que no existe decreto alguno que favorezca los intereses de su prole en los Llanos, cuando fue él mismo, en uso de la “emergencia económica”, quien dictó uno prorrogando los créditos otorgados a inversionistas en esa región. Sexto, al afirmar que no existe problema alguno de colonos en el “Hato la Libertad”, cuando cerca de 150 familias se enfrentaron hoy en día a la sociedad de la cual su hijo Juan Manuel es el mayor accionista. El 1° de marzo el país obtuvo de labios del Presidente más que una versión amañada y acomodaticia del problema, encaminada a encubrir las “supuestas indelicadezas de uno de mis hijos”.

En medio de la descomposición del Estado colombiano y de quienes detentan el Poder, en medio de los chanchullos y el contrabando de los cuales es depositaria la oligarquía burgués-terrateniente proimperialista, la familia presidencial no podía quedarse atrás y se convierte, con alarde de impudicia, en ejemplo acabado de esta corruptela.

Haciendo un repaso cronológico de los acontecimientos, se podrá desenredar la madeja y aflorarán los hechos incontrovertibles. Analicemos una a una las falsas afirmaciones del presidente López.

Quebradablanca y la vía alterna Días antes del desastre de Quebradablanca y siendo ya presidente electo Alfonso López Michelsen, Juan Manuel López Caballero, a nombre propio y de otros, firmaba la promesa de compra de la hacienda “Hato la Libertad”. Este latifundio de aproximadamente 40.000 hectáreas se encuentra ubicado en los municipios de Sabanalarga y Orocué, en la Intendencia del Casanare, rica zona petrolífera que ya se encuentra concedida a varias compañías extranjeras.

A raíz de la tragedia y la declaratoria del Llano como zona en emergencia, a mediados de 1974 y poco antes de la posesión de López, volvió a ponerse a la orden del día la necesidad de una carretera alterna al Llano. En su informe ante el Senado el ex ministro Argelino Durán Quintero enumeró, en ese entonces, las distintas opciones: “Estoy convencido de que el Llano necesita vías alternas.... por eso desde el año pasado,... contraté los estudios de vías alternas al Llano y estudiaron la vía que aprovecha lo que se llama el Valle de Tenza....La otra posibilidad estudiada es la que va por la región de Medina; otra solución es pasando por la región de Chingaza y otra solución pasando por la población de Gutiérrez....”

El gobierno que se iniciaba se decidió, días más tarde y ya formalizada la compra del predio, por la vía que hoy bordea parte del “Hato la Libertad” en el trayecto comprendido entre Barranca de Upía y Villanueva. Esto último puede comprobarlo cualquiera que recorra la vía alterna, aunque muchos funcionarios estén empeñados en desvirtuar este hecho y confundir las cosas. En la relación efectuada a partir de la inspección ocular que realizaron el 2 de octubre de 1975 el Procurador Jaime Serrano Rueda, el viceministro de Obras Públicas Javier Restrepo Toro y el vicealmirante Eduardo Meléndez, se señala que “el único contacto entre la hacienda y la carretera es en el punto de Barranca de Upía”.

Posteriormente, en el informe del Procurador del 30 de noviembre de 1975, dado a conocer el 2 de marzo de 1977, se dice que “la carretera ni siquiera toca con aquella”.

Además, Rodrigo Rueda, administrador del hato, se empeña últimamente en disminuir el asunto, vendiendo a los colonos, que llevan años de estar allí trabajando la tierra, parcelas que limitan con la carretera. Se pretende de esta manera desvirtuar las denuncias afirmando que la vía no toca la finca propiamente dicha. El desespero por urdir esta patraña ha llevado al administrador a decirles a los campesinos que “si no tienen plata, pues que nos paguen aunque sea con canciones”. Así lo afirmó ante los periodistas que acompañaron el 17 y 18 de marzo de este año a la Comisión de Acusaciones de la Cámara en su visita ocular. Pero una vez se haya disipado el humo del incendio, todos se preguntan ¿a cómo serán estas canciones?

El problema no puede reducirse, sin embargo, a si existe o no algún punto de contacto entre el latifundio y la carretera como pretende el Procurador. Lo irrebatible es que ahí se encuentra, bordeando parcialmente la hacienda, la famosa vía alterna al Llano que costó más de 161 millones de pesos con sus 93 kilómetros de longitud y cuyos solos dos puentes en Barranca de Upía y El Secreto costaron cerca de 100 millones. No se necesita saber más para comprender porqué hectáreas compradas hace tres años a 126 pesos, hoy estén valiendo más de 10.000.

No puede sorprendernos, tampoco, el gran desparpajo con el que López Michelsen afirmó el 31 de enero de 1976 en Villavicencio, luego de inaugurar las obras de Quebradablanca y la vía alterna: “256 millones para medio Colombia. Y hay enemigos del gobierno que creen utilizar en esta cifra un arma, preguntando de dónde viene esa preferencia por los Llanos”. (El Tiempo; feb. 1°, 76) ¡Qué elocuente demostración ésta la que nos hace el Presidente de la República de cómo utilizar el Poder para el enriquecimiento personal y el de sus familiares!

En su mensaje al Congreso del 20 de julio de 1976, López decía: “El 31 de enero, tuve la satisfacción de entregar al país las obras que en forma permanente, mantendrán conectados los Llanos Orientales con el centro de la República. En solo 16 meses, tiempo sin precedentes en la historia de la ingeniería nacional”. Lo que en realidad constituyó una obra sin precedentes fue la carretera interna del “Hato la Libertad”, construida también en tiempo record con la maquinaria del Ministerio de Obras Públicas y cuya existencia niega el Procurador.

Como lo señalara a El Bogotano el concejal del MOIR, Carlos Bula Camacho, el 11 de septiembre de 1975: “Mientras para el pueblo llanero lo de Quebradablanca fue una tragedia, para otros, entre ellos para la familia presidencial, fue le camino de un enriquecimiento personal de magnitud aún desconocida”.

Lulú Ltda. y Cía., una trinca familiar

El 4 de septiembre de 1974, en la Notaría Sexta de Bogotá, se firmó la escritura pública por medio de la cual se constituía la “Sociedad Hato Lulú Ltda., y Cía. S.C.A.” (Sociedad Comandita por Acciones), cuyo objetivo social es, según consta en dicho documento, “el de la industria agrícola y ganadera en general”. Fue esta la que compró, el 22 de noviembre de 1974, las 39.600 hectáreas del “Hato la Libertad” en cinco millones de pesos, según escritura pública 8136 de la misma Notaría, y de acuerdo a la promesa firmada el 2 de julio de este año por Juan Manuel López Caballero.

Y es precisamente en aquella sociedad, compuesta tan sólo por 9 personas y un socio colectivo llamado “Hato Lulú Ltda.” (conformado este a su vez por dos personas; Juan Manuel López y señora.), en donde la familia del ejecutivo cuenta con el 61% de las acciones, distribuidas así: Felipe López Caballero, secretario privado de la Presidencia de la República, el 5%; Martha Carrizosa de Urraza, cuñada de Alfonso López Caballero, el 5%; “Hato Lulú Ltda.”, el 2% y Juan Manuel López Caballero, el 49%. Pero el último de estos no es solamente el mayor accionista; también es el representante de la sociedad y su gerente. ¡Y el Presidente afirma en su discurso que el latifundio fue comprado siendo él candidato y que la sociedad compradora está compuesta por más de cien personas!

Los préstamos oficiales

López Michelsen también asegura que no han existido préstamos para sus hijos por parte de bancos oficiales. Sin embargo, lo cierto es que sí existen préstamos comprobados, todos ellos otorgados después de la firma de la promesa de compra de la finca y de estar López posesionado de la Presidencia. Por ejemplo, el Banco Cafetero ha concedido tres préstamos a Juan Manuel López por un total de un millón cincuenta mil pesos ($1.050.000) en un lapso de tiempo comprendido entre el 28 de agosto de 1974 y el 14 de febrero de 1975. Esto en cuanto tiene que ver con los préstamos cuya existencia se ha podido certificar. Pero ahí no termina el asunto. Cuatro días después de constituida la “Sociedad Hato Lulú Ltda.. y Cía. S.C.A.”, el Hijo del Ejecutivo compra al anterior dueño de la hacienda 13.000 cabezas de ganado vacuno y caballar por un valor de 30 millones de pesos y hace entrega de la mitad de dicha suma. Por otra parte, tres días después de firmada la escritura de compra de “La Libertad”, y después de cancelar 2 millones de pesos, la sociedad pagó la deuda de 3 millones que en la escritura figuraba como hipoteca en segundo grado a favor del vendedor. Realmente sorprende, no es para menos, la solvencia de la familia López que maneja un millón 250 mil pesos diarios.

La prórroga de los créditos y las exenciones de impuestos

Pero como si todo lo anterior fuera poco, las cosas le resultaron mejor a Juan Manuel gracias a las medidas adoptadas por el gobierno de su papá. A pocos días de iniciado, el “Mandato de claro” optaba por la construcción de la vía alterna a la cual ya nos hemos referido.

Amparándose en el desastre de Quebradablanca, López, en uso de los poderes que le confería la “emergencia económica”, expidió el decreto legislativo 2364 del 31 de octubre de 1974, por medio del “cual quedan prorrogados, por un año y en las mismas condiciones en que fueron otorgados, los créditos a corto y mediano plazo concedidos por los bancos para desarrollar actividades en el departamento del Meta, las intendencias de Arauca y Casanare y la comisaría del Vichada”.

Días antes, el 21 de octubre, Alfonso López firmó el decreto 2247 cuyo artículo 81 determina: “Estarán exentas de impuesto de renta y patrimonio las nuevas explotaciones agropecuarias que se realicen en zonas de colonización de la Orinoquia, la Amazonia”. Poco después de inaugurados los puentes de la vía alterna, el gobierno reglamentó la delimitación dela Orinoquia por medio del decreto 236 del 17 de febrero de 1977. Coincidencialmente, los límites de esta zona llegan justo hasta el río Upía, lindero del costado occidental de “La Libertad”. No obstante, el Presidente, apoyándose esta vez en quien sabe qué, garantiza ante el Congreso que no existe decreto alguno que beneficie con exenciones o prórrogas a sus hijos.

El concejal del MOIR, Carlos Bula Camacho, denunció en repetidas ocasiones en 1975 que el desastre de Quebradablanca había sido tomado como pretexto para declarar a los terratenientes de los Llanos exentos del pago de la renta presuntiva y que la moratoria de sus deudas era un “premio” otorgado por el gobierno.

Pero López Michelsen se empecina en que dichas disposiciones no existen, a tiempo que el Procurador acolita esta mendacidad. A esto ha quedado reducida la tan cacareada “palabra de oro” del Presidente.

Se destapa el leonino negocio Mucho antes de que los columnistas de los diarios capitalinos empezaran a hablar de “La Libertad”, el concejal del MOIR, Carlos Bula Camacho, denunció el tráfico de influencias y los negocios de la familia López. El 16 de abril de 1975 dijo en el Concejo de Bogotá: “Hay otras maneras de caminar por los espacios en blanco del Código Penal, como lo hizo el hijo del presidente de la República que se consiguió 34 millones de pesos en dos bancos oficiales para financiar la compra de un inmenso latifundio en los Llanos Orientales y después, con el pretexto de la catástrofe de Quebradablanca, se declararon los terratenientes del Llano exentos del pago de rente presuntiva”. (Acta de la Comisión General).

Unos meses más tarde varios periódicos denunciaban el hecho de que mientras el pueblo pasaba hambre y dificultades, la familia presidencial se enriquecía en forma insospechada y se daba a entender que los procedimientos no eran muy claros. El 5 de septiembre el diario La República hablaba de “la compra de una gran hacienda en un momento oportuno al cambio de gobierno, de cientos de hectáreas y a base de una deuda”. Seis días después, Bula volvía a desenmascarar las trapisondas presidenciales: “..la llamada campaña moralizadora que dice adelantar el presidente López no deja de causar risa... nosotros fuimos los primeros en denunciar la compra que ha hecho la familia del presidente López de inmensos latifundios en los Llanos, que serán valorizados con la construcción de una carretera, adquiridos con préstamos de instituciones oficiales y premiados con la declaración de moratoria de la deuda para los terratenientes de esa región del país”. Por esa misma época, el diario mexicano Excelsior hacía eco a las denuncias formuladas.

López, entre tanto, haciendo esfuerzos por cubrirse las espaldas, solicitó a fines de 1975 al Procurador General realizar una investigación para determinar la culpabilidad o la inocencia del propio Presidente con respecto a los negociados de sus hijos. Como reza el adagio popular, “aclaración no pedida, acusación manifiesta”. Esto no fue más que una torpe maniobra de López, que pretendía antes de solicitar la investigación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, aparecer limpio de toda culpa ante la opinión pública, lo que le permitiría esgrimir su amenazadora autoridad contra la supuesta libertad de prensa y acusar de calumniadores a numerosos periodistas.

Definitivamente, como lo anotara Carlos Bula el 11 de septiembre de ese año, López con su campaña moralizadora es “el diablo haciendo hostias”.

Desalojo de colonos “....no existe en el ‘Hato La Libertad’ problema alguno de colonos distinto a una controversia con un invasor...”, afirmó el Presidente en su discurso del 1° de marzo.

La verdad es muy distinta a como quiere presentarla el mandatario. Lo cierto es que el clima que se vive en los Llanos del Casanare niega los más elementales principios de la libertad y el derecho al trabajo; lo cierto es que la atmósfera que se respira allí de represión y zozobra por los atropellos de que son víctimas los “campesinos, lo cierto es que alrededor de 150 familias de colonos se enfrentan actualmente a la voracidad de los socios de “Hato Lulú Ltda. y Cía. S.C.A.”.

Desde hace más de treinta años, las tierras ubicadas entre los ríos Upía, Túa y Meta y la Mesa de San Pedro han sido usufructuados por colonos en forma individual (pancoger) y en sabanas comunales (pastoreo) y algunos de ellos cuentan con escrituras registradas desde 1967.

La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y varios habitantes de la zona han venido denunciando los despojos de que hacen víctimas a los colonos los propietarios de “La Libertad”.

En los últimos cinco meses, de octubre del año pasado a hoy, agentes de la policía, el DAS rural y la Defensa Civil, acompañados algunas veces por el corregidor de Villanueva o representantes del latifundio, se han dedicado a destruir las cercas tendidas por los agricultores, a derrumbar los corrales, a quemar humildes viviendas y a intimidar a todo el mundo, empezando por las mujeres y los niños.

El 27 y 28 de octubre agentes del DAS y varios civiles derrumbaron las cercas de la propiedad de Juan Francisco Becerra, en la vereda Puerto Miryam, y les decomisaron 11 quintales de alambre.

El 31 de diciembre, agentes de la policía y el DAS y el mencionado corregidor destruyeron las viviendas y los corrales de más de cinco familias y detuvieron a Horminso Reyes, diciendo que cumplían “órdenes de Juan Manuel López”, que ellos salvaban toda responsabilidad.

El 8 de enero, otros agentes uniformados, borrachos, destruyeron las casas de Donaldo Sandoval y Carlos Beltrán y les confiscaron todas las herramientas de trabajo.

El 1° de febrero, le fue destruida por cuarta vez la casa a Isabel Bohórquez y fueron detenidos los campesinos que en esos momentos le ayudaban en la reconstrucción. (estas denuncias están consignadas en la carta enviada el 3 de marzo de 1977 por el Comité Ejecutivo de ANUC el presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara y en el memorial publicado por El Espectador, el 16 de febrero del mismo año).

Edilberto López cuenta que el 31 de diciembre, cuando le destruyeron su rancho, no contentos con este atropello, se alzaron con todo: “Se llevaron las drogas de los niños, los teteros, la ropa, las herramientas, todos los enseres. Se llevaron hasta mis ahorros, que estaban en un baulito pequeño. Eran 2.000 pesos”. Y su mujer concluye: “Hubiera visto eso, se llevaron todo, hasta las ollas que teníamos puestas en el fogón”. (Declaraciones dadas a Tribuna Roja).

El 14 de febrero El Espectador dio a conocer una información, confirmada por el comandante de la Policía, División Llanos Orientales, según la cual “el doctor Juan Manuel López personalmente le solicitó vigilancia y protección para evitar que la posesión de los colonos de la tierra continue, colaboración que se le ha brindado...” Ante estas acusaciones, López solicitó en el discurso del 1° de marzo ante el Congreso que se investigaran los “cargos que, a la ligera, se me formularon en su tiempo, por supuestas indelicadezas de uno de mis hijos”.

A su vez, unos días antes en Villavicencio, sostenía que “el título de propiedad en los Llanos lo da el trabajo”. Su frágil memoria de carcamal le hizo olvidar que el 17 de septiembre de 1975, en reportaje concedido al New York Times, decía: “La idea de que la felicidad de los campesinos es obtenida por la distribución de la tierra es completamente infundada en todo el mundo”. (Tomado de El Tiempo, septiembre 24 de 1976)

Cortina de humo sobre el escándalo

“Yo no diría que se va abrir una investigación sino que se trata de verificar el informe del Procurador General de la Nación sobre el hecho al que se refirió el Presidente”, afirmó el representante Jorge Sedano, miembro de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que comenzó a sesionar a partir del 3 de marzo último. Este organismo está compuesto por diez parlamentarios, seis liberales, tres conservadores y un anapista, el compañero Álvaro Bernal Segura. En declaraciones para Tribuna Roja, el dirigente de ANAPO dijo: “La Comisión no puede atenerse al fallo del Procurador porque su investigación de carácter administrativo fue superficial, tocando apenas tangencialmente las pruebas y los hechos”.

Así mismo, se advirtió “el peligro de que todo llegue a convertirse en una farsa por medio de la cual los paniaguados liberales y conservadores, amigos del doctor López, terminarán absolviéndolo de toda implicación en el asunto. Téngase en cuenta, además, que en la Comisión hay nueve defensores del Presidente y sólo un enemigo del régimen”.

Con el criterio expresado por varios de sus miembros, de verificar simplemente el fallo de la Procuraduría, la Comisión viajó a la finca “La Libertad” el 17 de marzo para practicar una inspección ocular.

A pesar de las múltiples maniobras preparadas de antemano por las autoridades locales y el administrador de la hacienda; a pesar de los testigos amañados y de las presiones ejercidas sobre campesinos y colonos para que desvirtuasen las acusaciones formuladas por la ANUC, la mayoría de las personas interrogadas por la Comisión confirmaron los encarcelamientos, la destrucción de viviendas y de cercas, los desalojos y otros atropellos. Las familias víctimas de la persecución terrateniente se ratificaron en las denuncias, no obstante que varios de los matones a sueldo mantenidos por López Caballero en la finca estuvieron presentes en las reuniones, metralleta en mano.

Álvaro Bernal Segura sintetizó la situación de la región así: “Se palpa un ambiente de intimidación por parte de los latifundistas, la policía, el DAS, el corregidor de Villanueva y el alcalde de Sabanalarga contra los colonos, la ANUC y los partidos de oposición. Lo que han hecho las autoridades es crear un cerco de hierro contra los campesinos para dejarles la vía libre a los terratenientes”.

Según testimonio de algunos dirigentes de la ANUC de Villanueva, el propósito manifestado públicamente por el administrador, Rodrigo Rueda, es desterrar la organización campesina a como dé lugar. Para esto cuenta con la ayuda de la policía que, como ya se vio, recibe órdenes directas del Hijo del Ejecutivo.

Con respecto a la vía alterna, la evidencia de los hechos es tan grande que el representante Jattin dijo que “es obvio que la carretera esté beneficiando a los hijos del presidente”.

Pero contra lo constatado por la Comisión, contra las denuncias sostenidas por los campesinos y los desmanes comprobados de los funcionarios locales, la policía y el DAS, los representantes de la coalición liberal-conservadora terminarán por eximir de toda culpa al Presidente, porque, como lo señalara Álvaro Bernal Segura, “la pretendida ‘humildad republicana’ y el ‘valor civil’ que tanto le alaban al mandatario por pedir la investigación, radica en su absoluta seguridad de que será absuelto por sus incondicionales. Se trata de armar una alharaca para tender una cortina de humo sobre el negociador”.

El desarrollo de los acontecimientos ha comprobado plenamente la aseveración del compañero Bernal Segura. Los comisionados liberales y conservadores, apenas concluida la visita al Casanare, se apresuraron a garantizar un “fallo absolutorio”. Sobre la carretera dijeron que “no puede emitirse un juicio sobre la valorización del ‘Hato La Libertad’ puesto que las demás propiedades han sido también favorecidas con la obra” y que el predio en cuestión “es uno de los más alejados de esa vía”. (Tomado de El Tiempo, marzo 9 de 1977):

Una historia que se repite

El 16 de marzo pasado, mientras el presidente López iniciaba su visita a Costa Rica, la junta de parlamentarios liberales escuchaba embelesada el mensaje que el primer magistrado le dejara advirtiéndole según expresa el segundo párrafo, que su partido no ‘puede atarse ciegamente a cualquier causa’, pero señalando, a su vez, que el propósito de la junta no es otro distinto que darle a él un respaldo, el de brindarle un “apoyo a los dos programas del Gobierno Nacional”.

Pero además de esta exigencia táctica, Alfonso López dedica la casi totalidad del mensaje a reafirmarse en sus versiones sosteniendo que, ante toda esa cantidad de información calumniosa de la prensa, él no tiene otra alternativa distinta a exclamar: “... ¡qué sé yo!”, y a escudarse como lo viene haciendo en el informe del Procurador, su única tabla de salvación, por considerar que a éste lo asisten “razones de hecho y derecho... para desestimar la acusación en mi contra”.

“Atacar a los presidentes a través de sus hijos es una práctica tradicional en la política colombiana..”, anota en uno de sus apartes, retomando casi las mismas palabras con que defendiera en 1969 a Carlos Lleras cuando su hijo, Lleras de La Fuente, salió a bailar a la arena pública por una serie de irregularidades: “He esperado 25 años para tener la oportunidad de referirme a esta clase de ataques e insidias. Esta cobardía consiste en no atacar de frente a los presidentes...”. Lo que ninguna de las dos apreciaciones puede ocultar es que López está sangrando por su propia herida, a tiempo que dejan entrever la manía aberrante de que cada mandatario colombiano hace de las suyas, para su bien y el de su familia, desde el Palacio de San Carlos.

Como lo dijo el compañero Ricardo Samper, en la Cámara: “Uno se siente en el año de 1945. Ahora, 32 años después, estamos en las mismas: la utilización del Poder político para el enriquecimiento personal”.

Hemos terminado el recuento de los hechos y ha quedado al descubierto que Colombia tiene una familia presidencial latifundista. No bastaron los grandes negocios de otros tiempos; era necesario también traficar con la renta de la tierra. Pero las heroicas luchas de los desposeídos se han encargado de demostrar que a las corruptas clases dominantes colombianas el futuro les tiene reservado su lugar en el basurero de la historia.