CON ELOCUENTES PAROS CÍVICOS FUE RECIBIDO GOBIERNO DE BETANCUR

En lo que va corrido del mandato de Belisario Betancur, el pueblo colombiano ha demostrado que la única manera de obtener sus reivindicaciones, por tanto tiempo escamoteadas, es la lucha masiva y organizada. Por lo menos 47 municipios del país, en efecto, han sido escenario de combativos paros cívicos, en los cuales sus moradores pusieron de presente los agudos e incontable problemas que padecen por falta de servicios públicos, exageración de los aumentos en sus tarifas, deterioro o inexistencia de vías de comunicación, precarias condiciones sanitarias y abandono en los campos de la salud y la educación.

Pese a los esfuerzos del Presidente y de sus gobernadores y emisarios especiales por ocultar las verdaderas causas de las alzas en el costo de la energía eléctrica, de los consumos de agua y alcantarillado, de las telecomunicaciones y demás servicios, cada día resulta más claro que aquellas se deben a la dominación de los monopolios imperialistas sobre la economía nacional y a los altísimos intereses que cobran por los prestamos. En este sentido, la política del actual mandatario es exactamente, igual a la de los gobiernos anteriores. Su aspecto novedoso estriba en la demagogia persistente, en las constantes promesas, en las posturas patéticas. Sin embargo los hechos van demostrando que cada vez menos gente cree en tales artimañas.

Saravena abrió el camino En vísperas de la posesión de Betancur, la población de Saravena, Arauca, dio rienda suelta a su rebeldía. La totalidad de sus habitantes desoyó los cantos de sirena que llamaban a esperar, a dar una tregua, a observar que iba a hacer el nuevo gobierno; los sarareños sabían que solo cuando hicieron un paro, en 1972, consiguieron alguna atención a sus necesidades más urgentes. Desde entonces les sobraban ya promesas y se decidieron a recibir con un nuevo paro cívico al presidente de turno. Porque nadie atendía sus carreteras destruidas; porque no tienen agua ni electricidad; porque su hospital es insuficiente; porque la educación de sus hijos se ve menguada cuando no les pagan a los maestros.

En el paro, iniciado el 5 de agosto, tomaron parte las demás poblaciones del Sarare y acudieron campesinos de las más remotas veredas; colaboraron los comerciantes, los sindicalistas, y hasta los religiosos de siete diferentes credos. El pueblo eligió un Comité Cívico, y nombró una guardia que coordinó la toma de la Caja Agraria, la Alcaldía, Telecom, los establecimientos comerciales, las instalaciones del Incora, las de las compañías petroleras y la pista aérea, donde retuvieron un avión de Satena. Bloquearon las carreteras e interrumpieron el tráfico de camiones hasta el 17 de agosto, cuando se logró un compromiso del gobierno para atender sus reclamos.

Inútiles resultaron las medidas represivas; el ejército tuvo que dejar libres a los campesinos que detuvo a lo largo del paro, y cuando intentó rescatar el avión de la FAC o abrirles el paso a los automotores, se encontró con la decidida resistencia del pueblo, permanentemente movilizado. Ni siquiera los 95 paracaidistas que cayeron sobre Saravena el 7 de agosto, e momentos en que Belisario Betancur se posesionaba en el Capitolio, intimidaron a las gentes, Hombre, mujeres, niños, ancianos, pelearon hasta cuando alcanzaron su meta. Y desde entonces han permanecido alerta. Ante el incumplimiento de lo estrictamente pactado. Saravena cerró 1982 con otras dos jornadas de protesta masiva, el 29 y 30 de diciembre.

Como un reguero de pólvora Durante el paro del Sarare, el recién instalado presidente dijo que este tipo de movimientos constituía una “presión indebida” sobre su gobierno. No obstante, el 10 de septiembre, el Oriente antioqueño se sumó a la ola de protestas cívicas, para repudiar los abusos de la Electrificadora de Antioquia. Durante 48 horas, las gantes de el Carmen de Viboral. El santuario, Concepción, San Carlos, Guarne, Marinilla, Río Negro, El Retiro, La Ceja, Alejandría, San Vicente, La Unión, Granada y Cisneros, se irguieron para exigir “soluciones y no promesas” frente a sus demandas. Una vez más, ni el toque de queda, ni las 450 detenciones llevadas a cabo por los uniformados, ni las golpizas intimidaron a las masas. Y un mes más tarde, durante los días 11 y 12 de octubre, los 14 municipios volvieron a parar, y obtuvieron el apoyo de otras localidades del departamento, como Cocorná, San Luis, San Rafael, Guatape y El Peñol, de la misma zona, aparte de Montebello, Andes, Urrao, Bolívar y Amalfi, del suroeste, y Santa Bárbara, del noroeste.

Los paros cívicos se extendieron por Colombia como un reguero de pólvora. Entre el 4 y e 18 de octubre estuvo paralizado el Putumayo; en Mocoa, Puerto Asís, Orito, Villagarzón, Puerto Caicedo, La Hormiga y El Tigre, los pobladores declararon un cese total de actividades, y manifestaron que esa región del país “siempre ha permanecido en el más absoluto abandono por parte del gobierno nacional, que sólo se preocupa por entregar a los monopolios extranjeros la exportación de los recursos que posee la comarca”. Precisamente en Puerto Asís cayó muerta, durante enfrentamientos con el ejército la primera victima de la represión contra esta serie de paros.

A tiempo que ocurría el segundo estallido cívico en Antioquia, también en Caldas y Risaralda se daban múltiples paralizaciones. El 11 de octubre, en Riosucio, la policía baleó y mató a Henry Estrada, de 23 años, al minero Desiderio Bañol Morales y al empleado Julián Alberto Trejos, quienes participaban en la lucha contra las alzas de hasta un 200% en las tarifas de la Central Hidroeléctrica de Caldas, cuya congelación se logró finalmente. En ese movimiento participaron igualmente los municipios de Chinchiná, Aranzau, Aguadas, Supia, Palestina y Marmato. Dos semanas después, frente al incumplimiento de lo acordado, varias de estas localidades anunciaron nuevos paros, y el 2 de noviembre los llevaron a cabo.

Promesas pero no ilusiones Un somero recuento de otras protestas ciudadanas en demanda de mejores servicios y de tarifas equitativas, nos señala que el 12 de octubre las amas de casa de Villavicencio bloquearon la carretera a Bogotá, pocos días después, hubo marchas en Apulo y Tocaima, Cundinamarca; el 28 se comenzó a preparar un paro en el occidente de Boyacá; el 30, otro en Vichada; el 2 de noviembre se paralizó Itagui, Antioquia, durante 48 horas; ese mismo día protestaron Sogamoso, Boyacá y San Bernardo del Viento, Córdoba, donde la población bloqueó las carreteras, el 7 de noviembre los habitantes del barrio El Verbenal de Bogotá, taponaron la autopista del Norte, al día siguiente, los barrios del nororiente de Barrancabermeja lograron mediante un paro la suspensión de un sobrecargo tarifarío; el 11 de noviembre, finalmente, se registraron manifestaciones en Tumaco, Nariño.

Entre tanto, el presidente se dirigió al país culpando por las alzas a unos cuantos funcionarios; y mientras pedía “extrema prudencia en el manejo de las tarifas de los servicios públicos, advertía al pueblo que debía “apretarse el cinturón”. Como quien dice que además de las alzas en el transporte, los combustibles, los víveres, los servicios, además del desempleo y la miseria generalizados, se exigen mayores sacrificios a nombre de una “buena voluntad” que no va más allá de las promesas.

Muestra palpable de ello fue la declaración de Otto Morales Benítez, enviado personal de Betancur a Risaralda y Caldas durante los conflictos, quien escuchó las demandas de las juntas cívicas para sólo responder, como lo declaró el 25 de octubre, que 2les explique que no poseía las facultades que querían que yo ejerciera”.

Es evidente que darle largas a los problemas no es una solución, sino un engaño. Pero las lecciones aprendidas por el pueblo colombiano durante los cinco últimos meses de 1982 fructificarán, sin duda, en nuevos y más combativos paros cívicos.