CRUEL REPRESIÓN EN EL CAMPO

Desde todos los rincones del país llegan constantemente denuncias de la violencia enfilada por el gobierno de López contra las masas del campo. La fuerza pública y matones contratados por los terratenientes vienen cometiendo atropellos sin nombre para despojar a los campesinos de las tierras que representan su sustento. Los siguientes son algunos de estos crímenes.

Masacre en Urabá En Urabá, Antioquia, tropas adscritas al Batallón Voltígeros han desatado en el último mes una encarnizada persecución contra los habitantes de la vereda de Mulatos. Según informes que poseemos hasta ahora asciende a cuatro el número de campesinos muertos por los soldados. La matanza comenzó el 8 de julio. Ese día se efectuó el levantamiento del cadáver de Samuel Antonio Tuberquia, de 21 años de edad, que presentaba varios impactos de fusil. Posteriormente aparecieron los cuerpos de Luciano Graciano, hijo del presidente de la junta de acción comunal de Mulatos; Oscar García, labriego de 26 años, y Rubén Darío Giraldo de 36.

En esa misma semana, una comisión de parlamentarios de oposición integrada por Rafael Giraldo, de la ANAPO de María Eugenia, Hernando Hurtado del Partido Comunista y Jaime Jaramillo Panesso, del Frente por la Unidad del Pueblo, se entrevistó con las autoridades militares, ante las cuales se expuso la dramática situación de los habitantes de la región. Los altos mandos castrenses dijeron a la comisión que los cuatro campesinos fueron muertos mientras estaban detenidos “porque intentaron huir”. Vale decir, que se les aplicó la llamada “ley de fuga”.

El terror militar instaurado en Mulatos ha llevado a la población a refugiarse en los municipios vecinos. A sólo Apartadó ha llegado un centenar de mujeres y niños. El jueves 14 de julio, un desfile popular que concluyó frente a la Alcaldía municipal exigió el inmediato retiro de la tropa con el fin de permitir el regreso de los pobladores a Mulatos.

Denuncias de la OCIDEC Ocho trabajadores de Pore, Casanare, fueron detenidos el 20 de marzo por soldados del Grupo Guías. Los detenidos, entre ellos un menor, fueron torturados en la sede del ejército en Yopal, donde se les inyectó gasolina en los oídos. Cuatro días más tarde, fue descubierto el cuerpo sin vida del colono Juan González, nueva víctima de la estrategia de los terratenientes, según la cual, con el pretexto de combatir el abigeato, se impide a los campesinos cazar y pescar, actividades esenciales para su subsistencia. La Organización Campesina Intendencial del Casanare (OCIDEC), ha denunciado estos y otros atropellos innumerables, por lo cual sus dirigentes y miembros han sido encarcelados repetidas veces.

El corregimiento de Villanueva, Casanare, es conocido por su proximidad a la hacienda de la familia presidencial “La Libertad”. Allí, en el sitio de El Jilgar, 50 uniformados arremetieron a golpes de culata el 21 de junio contra los moradores de 27 predios rurales. La ANUC de Villanueva denunció la quema de viviendas y destrucción de cultivos perpetrados por la policía, así como la detención de 37 personas, entre las que se encontraban 8 niños de tres meses y siete años de edad. El colono José Pulido señaló el fondo del asunto: “Llevo 38 años de estar aquí y solo ahora que hicieron la carretera aparecieron con escrituras falsas unos supuestos dueños de haciendas que van desde Miraflores hasta bien adentro del Meta”. En el Jilgar, los campesinos han hecho caso omiso de esta ofensiva latifundista y han vuelto a levantar sus casas y a laborar en sus parcelas.

Tropelías en Sucre En la vereda de El Bajo de la Alegría, municipio de Sanpedro, Sucre, un destacamento de la policía allanó el pasado 7 de abril los predios de 50 familias, cometiendo numerosos actos de brutalidad contra los colonos y llevándose a varios a la cárcel. Al día siguiente, los uniformados culminaron sus atropellos quemando las viviendas de los campesinos.

En el mismo municipio fueron destruidas las casas de tres humildes jornaleros en el corregimiento de Oro Blanco y Santa Mónica, el 29 de julio, por una banda criminal de agentes de la policía al mando del alcalde. Posteriormente, 50 familias campesinas que llevan más de 4 años trabajando en la vereda El Copey, fueron hostigadas brutalmente por una pandilla de pájaros al servicio de los terratenientes. Desde 1973, estos compañeros han tenido que enfrentarse 52 veces con la policía o con los pájaros que pretenden desalojarlos de la tierra. Les han tumbado las cercas, les han secado el agua de los pozos, les han incendiado las cosechas. Pero en cada ocasión los agresores se han visto obligados a retroceder ante la resistencia organizada de los agricultores de El Copey, que han sabido combatir valerosamente a los latifundistas y al gobierno, y que han dado ejemplo de lucha y decisión a todos los campesinos de Colombia.

El 15 de mayo en Sabanalarga, municipio de Sampués, Sucre, la policía abrió fuego contra los habitantes de una vieja invasión, hiriendo a cuatro miembros de una familia, incluidos dos menores. La población rechazó enérgicamente los desmanes de los agentes. Después de estos hechos, patrullas reunidas en las haciendas de los latifundistas, salieron a requisar casa por casa, golpeando a los moradores y robando sus ahorros y enseres.

Seis meses detenidos El 17 de febrero, en Ariguaní, la policía detuvo a los colonos Miguel y Alfredo Arias, Emiro Magno Ospino y Filiberto Peña, de la vereda La Elvira. Estos compañeros llevan seis meses detenidos bajo cargos ridículos como el de tala ilegal de bosques, por recoger leña para el hogar.

Desde el inicio de la década, toda esta región que incluye a los municipios de El Difícil y Plato, ha sido escenario de continuas luchas campesinas contra los grandes señores de la tierra, quienes de la mano de las autoridades pretenden impedir a sangre y fuego que los labriegos cultiven sus parcelas. Los pobladores de La Elvira, que se han obstinado en hacer respetar su derecho a explotar los terrenos, se han concentrado para defenderse mejor en el caserío Antonio Gamero, fundado en honor de un colono muerto el 24 de abril de 1976 por los latifundistas.

Atentados contra la educación En el municipio de San Martín de Loba, vereda La Azul, en el sur de Bolívar, los campesinos organizados construyeron por sus propios medios, durante 1976, una escuela ante la falta de colaboración del gobierno. Pero los terratenientes han desatado una feroz persecución contra maestros, estudiantes y padres de familias. El 25 de marzo fueron detenidos el profesor Gustavo Yepes y cuatro alumnos. El teniente que comandaba la operación los amenazó de muerte, buscando impedir la labor educativa de la organización campesina. En efecto, en la noche del 7 de mayo fue atacada la escuela de La Azul por una banda armada que hirió con disparos de escopeta al estudiante Alberto Paredes.

Otras iniquidades El 15 de febrero en Salgar, Antioquia, elementos a órdenes de los terratenientes cegaron la vida del trabajador Jesús María Herrera, miembro del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de ese municipio. Con anterioridad, se registraron atentados contra el secretario del sindicato y varios de los afiliados, dentro de la estrategia de acabar con esta joven organización de menos de un año de existencia. Miembros y dirigentes del sindicato han manifestado que a pesar de la amenaza contra sus vidas, los despidos y las presiones de las autoridades, defenderán a cualquier costo su organización.

En El Hatillo, municipio de Barbosa, Antioquia, los terratenientes, apoyados por el alcalde y el inspector de la localidad, organizaron una banda de sicarios para desalojar a más de 170 campesinos que viven y trabajan desde hace cuatro años en la finca. El martes 26 de julio, hirieron de gravedad al compañero Jesús Octavio Pérez, incendiaron más de 25 hectáreas de caña para panela, destruyeron 37.000 matas de tomate, arrasaron con 20.000 repollos y perpetraron toda clase de atropellos contra los agricultores. Es la “vocación agrícola” del Mandato Claro.

En todas partes, las masas rurales oponen una tenaz resistencia a la dictadura lopista. Las vejaciones y arbitrariedades del régimen no harán más que fortalecer la decisión de los pobres del campo de luchar para conquistar su derecho a explotar la tierra en libertad y paz.