CUNDINAMARCA, DEPARTAMENTO PILOTO PARA LA PRIVATIZACIÓN IMPUESTA POR EL BANCO MUNDIAL

Miles de asalariados vienen siendo lanzados a la calle por la gobernadora Leonor Serrano de Camargo, cuya reestructuración administrativa no es otra cosa que el turbión privatizador impuesto por el Banco Mundial, pieza clave del obsecuente plan puesto en vigencia por Gaviria, continuado por Ernesto Samper y resumido en la Ley 142.

La nefasta labor se halla bastante adelantada en Cundinamarca. Ya se inició la venta indiscriminada de las Granjas Agrícolas. Se propone feriar la Fábrica de Licores, con cuyos fondos se ha estado financiando la educación v la salud. Serán transferidos a particulares los Centros de Atención Mental de Sibaté, adscritos a la Beneficencia, que durante decenios han albergado enfermos provenientes de todas las veredas y poblaciones. Cerró sus puertas, suprimida por la Ley 100, la Caja de Previsión Social, Caprecundi, que estaba a cargo del fondo de pensiones y cesantías.

Las vías y demás obras públicas no volverán a ser construidas por el ente territorial, tras haber sido convertidas en jugoso negocio en beneficio de unas cuantas firmas privadas. Nuevos peajes están siendo implantados en varias carreteras, impuesto que se aúna a los muchos que ya gravitan sobre la población.

La implacable ofensiva tiene en vilo a los doce mil trabajadores oficiales y empleados públicos del departamento. Como lo ha señalado Armando Rondón, presidente de Sintragobernaciones -filial de la CGTD y con socios en cinco departamentos-, "no es únicamente doña Leonor la que está cortando cabezas, sino la mayoría de mandatarios seccionales, pues la llamada reestructuración fue acordada en abril por una Cumbre de Gobernadores, a instancias de Planeación Nacional, agencia del Banco Mundial en Colombia".

Lo que pasa es que en Cundinamarca el plan se está aplicando de manera más drástica y veloz. El instrumento para ello es la llamada Comisión Nacional del Servicio Civil y la Función Pública, de la cual hace parte la gobernadora, y a la que se ha confiado el definir de manera autocrática quién es apto para el puesto que ocupa. "Persona que no llene los requisitos, ¡se va!", ha cacareado con arrogancia la señora Serrano de Camargo. Aprovechando que el empleado público de esta sección del país no ha estado inscrito en carrera administrativa, la mandataria lo somete a la más descarada arbitrariedad.

De la Secretaría de Hacienda fueron recientemente destituidos ciento cuatro empleados, entre ellos diez dirigentes sindicales, a quienes no se les respetó el fuero. Todas las dependencias se han visto lesionadas y los despidos son numerosos: cien inspectores de policía. 96 trabajadores de la Beneficencia "y faltan por lo menos otros quinientos-, han advertido altos funcionarios-, 225 de Caprecundi y otro tanto de la Pagaduría y Obras Públicas. Cabe señalar que a estos últimos se los forzó a aceptar un "plan de retiro voluntario".

A las personas que acumulan quince años o más de labores, sencillamente se las declara "en interinidad". Regresarán en propiedad al cargo sólo si aciertan a ganar un difícil concurso que tiene al mando un calificador sumario, inapelable: la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Función Pública, es decir, doña Leonor. Los que no alcancen a aprobarlo serán echados a la calle: nada vale que el empleado venga siendo atendido por el servicio médico y ni siquiera que esté recién salido de una operación.

Mediante foros regionales, Sintragobernaciones se ha propuesto comprometer a la población a defender el carácter estatal de los servicios. Está además dispuesto a tomar parte en las tareas que convoquen los demás sindicatos con el objeto de plasmar un movimiento que logre derrotar tan lesiva conjura contra el pueblo y contra la nación.