DEJAN VIVA A EMCALI, PERO SE LLEVAN RECURSOS DEL PUEBLO

Ante la valerosa resistencia de los trabajadores de Emcali y del pueblo de la capital del Valle, los testaferros del gobierno de Pastrana han decidido terminar la intervención de la empresa por la Superintendencia de Servicios Públicos y entregársela a la Administración Municipal, siempre y cuando cumpla con las siguientes condiciones:

a) «Reestructuración de las acreencias con los generadores (Acolgen)». Un monto aproximado de $110 mil millones. b) «Reestructuración de las acreencias con la Banca nacional o internacional, si fuere el caso». $400 mil millones. c) «Estructuración de alternativas viables de pago de las deudas del municipio con Emcali». (Subsidios y consumos de entidades municipales). d) «Reestructuración administrativa y operativa de la empresa». e) «Revisión y firma de una nueva convención colectiva de trabajo ajustada a la nueva realidad financiera de la empresa, antes de su vencimiento el 30 de junio de 2002».

El gobierno nacional le ofrece su acompañamiento a la Alcaldía en: a) «Reestructuración del PPA». b) «Reestructuración del crédito JBIC (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR), así como del servicio de la deuda». c) «Búsqueda de todas las alternativas posibles que permitan encontrar la solución óptima para garantizar la continuidad, operación y funcionamiento de la PTAR procurando minimizar el impacto en las finanzas de Emcali». d) «Depuración y ajuste del pasivo pensional».

Este acuerdo se hace después de 22 meses de estar intervenida la empresa, con la justificación de que era «para garantizar la prestación de los servicios amenazada por la inestabilidad financiera y su déficit multimillonario». En ese periodo privatizaron los teléfonos públicos e incrementaron los contratos externos y la nómina paralela. La intervención es un mecanismo favorable para los bancos, porque los intereses de la deuda dejada de pagar se capitalizan extendiendo el negocio financiero, tanto en el tiempo como en las tasas; es la «reestructuración de acreencias» de que habla el acuerdo. Los gremios de la región le piden al gobierno nacional «convertir Emcali en una empresa normal», lo cual solo significa dejarla en el libre juego, una vez saneada de los US147 millones del préstamo de 1986 (JBIC) en la PTAR, que a precios de hoy son más de US250 millones; y después de perfeccionar la lesión enorme del PPA de Termoemcali, que le cuesta a Emcali y a los caleños más de $100 mil millones anuales durante veinte años. Y como la exigencia es de «solución integral», ellos y el gran conciliador, el ministro de Trabajo, reclaman que los trabajadores cedan su régimen contractual y las conquistas convencionales, lo que no es más que cargarles las pérdidas causadas por los contratos leoninos y el endeudamiento legitimado por la privatizadora Ley 142.

El mencionado acuerdo llega después de la dura lucha de 1999, cuando, igual que ahora, se dio la toma por los trabajadores de la Torre Administrativa y de las plantas de energía y teléfonos, y se logrò el apoyo del Movimiento Prodefensa de Cali y otras organizaciones y personalidades patrióticas. Y se impidió que el alcalde Ricardo Cobo entregara la empresa, bajo contratación ilegal, a la Banca de Inversión Siglo XXI. Luego vino la intervención ordenada por Pastrana, ejecutada por el tristemente célebre señor Ramírez, ex superintendente, hoy en prisión. Después de estas tropelías se llegó al acuerdo mencionado.

Es indudable que Emcali no ha sido privatizada por la resistencia de la ciudadanía y de los trabajadores. Pero, además, como lo denuncia El Usuario, vocero de la Ligas de Usuarios de Servicios Públicos que dirige Jorge Robledo, «las privatizaciones están aplazadas... pues los inversionistas interesados en la capitalización de la empresas públicas buscan que el pastranismo modifique el régimen tarifario («La tarifa actual no da ningún margen posible para inversiones de calidad», en palabras de uno de sus representantes) y se elimine la norma que prohíbe que una empresa pueda poseer más de 25% del mercado; ...saben que poseen la capacidad para extorsionar el Estado, puesto que las privatizaciones de las diferentes empresas públicas tienen que hacerse según lo establecido en el Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en consonancia con el espinazo flexible de quienes gobiernan a Colombia... y les toca resolver antes los famosos PPA, pues no hay capital privado que acepte pagar –como sí se lo impusieron los neoliberales a las empresas estatales– por una energía que ni se produce ni se consume».

De ahí se desprende que para la devolución de la empresa el alcalde de Cali debe garantizar, antes todas las reestructuraciones dichas, tasas que garanticen mayor rentabilidad que una empresa privatizada, es decir, tarifas cada vez más altas, trabajo sucio que terminará por enfrentar los usuarios con la empresa (pública), sin que el inversionista ponga la cara. Es la nueva modalidad. Con el agravante de que los subsidios serán a cargo del municipio y no de la nación. Las asechanzas al patrimonio de los caleños sigue su curso; sólo ha cambiado la forma de presentación, para favorecer las aspiraciones de los inversionistas privados.

El camino que queda es trabajar por una amplia organización popular, dispuesta a la movilización contra las altas tarifas, el recorte de los derechos laborales y el manejo de las pensiones con el patrimonio público como garante, y adelantar una firme resistencia que se oponga a la voracidad del capital financiero.