"DERROTAR LA LEY 100, TAREA INAPLAZABLE"

(Es el mismo modelo de inseguridad que les está imponiendo el Banco Mundial a todos los países de América Latina, aplicado en Colombia por Gaviria y Samper)

Aldo Cadena presidente del sindicato de la Salud y la Seguridad Social, Sindess, y miembro del comité ejecutivo de la CGTD, llamó a las centrales obreras, acciones comunales y demás organizaciones a conformar un movimiento amplio que logre echar atrás la nefasta Ley 100 de 1993. El siguiente es el texto de la entrevista que concedió a TRIBUNA ROJA.

TR. ¿Cuál es la situación después de tres años de vigencia de la Ley 100?

Aldo Cadena. Lo único que ha dejado la Ley 100 son estragos irreparables a la salud del pueblo. Es el mismo modelo de inseguridad social que les está imponiendo el Banco Mundial a todos los países de América Latina, avalado en Colombia por la Constitución del 91 y aplicado por Gaviria y Samper: entregar paulatinamente la prestación de este servicio a monopolios particulares, desprestigiar al ISS, acabar con las Cajas de Previsión, descargar en la gente la responsabilidad que únicamente le compete al Estado en materia de salud pública y recortar aún más los derechos de los trabajadores.

¿Qué ha resultado de todo esto? Un completo caos. La bancarrota es tan palmaria, que Ecosalud, la mayor entidad aportante, se halla casi en liquidación. Hay un creciente déficit en los centros hospitalarios de municipios y departamentos, y hasta el ISS, al que de un modo alegre se le multiplicó por tres la cobertura sin dotarlo de los recursos para garantizarla, enfrenta ingentes dificultades.

TR. La privatización ¿cómo-se ha venido aplicando? Aldo Cadena. Primero, se les da vía libre a las llamadas Empresas Promotoras de Salud, EPS, casi todas en manos de grupos financieros y a las cuales deberán afiliarse los colombianos. En segundo lugar, se somete a los hospitales o entidades prestadoras de salud a venderles a aquéllas sus servicios y a cambiar su naturaleza jurídica, pasando a convertirse en Empresas Sociales del Estado, ESE, para facilitar la contratación. De esta manera queda la infraestructura hospitalaria a la entera disposición de las EPS: tanto la dotación, los equipos y el parque automotor, como el recurso humano técnica y científicamente capacitado durante años.

¿Cómo se van a financiar los hospitales? Muy sencillo: por venta de servicios y rebajando los salarios de sus mismos trabajadores. Aquí salta a la vista que el espíritu de la Ley 100 estriba en negociar con la salud del pueblo. Así, lo que en sentido estricto debe ser un servicio gratuito liara la población no asalariada, termina convirtiéndose en un viacrucis más.

TR. Existen en Colombia más de mil municipios. ¿Pueden atender la salud? Aldo Cadena. Por exigencia perentoria del Banco Mundial, la Ley 60 de 1993 le abrió las puertas a la llamada descentralización. Son ahora los municipios los que tienen que responder por el fomento de la salud y prevenir la enfermedad; prestar los servicios en el primer nivel de atención y, en asocio con los departamentos, en el segundo y tercer nivel; financiar la dotación, construcción, ampliación, remodelación y mantenimiento de los centros hospitalarios, hoy convertidos en Empresas Sociales del Estado; garantizar agua potable, aseo urbano, alcantarillado, disposición de excretas y saneamiento ambiental; vigilar y controlar las plazas de mercado, los centros de acopio y los mataderos; promover programas de vivienda, y, en fin, otorgar subsidios para asistencia técnica en desarrollo rural.

Para ello el gobierno les ha anunciado toda clase de abundantísimos recursos, que a la hora de la verdad no se han visto por parte alguna.

La cuerda se está rompiendo por la parte más débil. Hay ya muchos alcaldes que se niegan a recibir los onerosos compromisos que pretende el gobierno descargarles encima. Entre ellos no se escuchan sino voces de alarma, porque dicen que es inminente el alzamiento de las comunidades.

Y es cierto. Por todas partes, casi siempre en forma dispersa, la gente está saliendo a las calles a combatir el atropello y a defender lo poco que aún queda del sistema de salud pública. Está el caso de Bogotá, donde vastos sectores se siguen oponiendo a que los hospitales del Distrito acaben siendo empresas sociales del Estado, lo que en esencia entraña privatizarlos. Sólo falta que estas protestas, también de contenido antimperialista, se unifiquen y coordinen, tal cual lo vienen planteando Sindess y la CGTD.

TR. ¿La gente del común, la que no ha estado nunca cobijada por el ISS, ya no tiene derecho en absoluto a la atención médica? Aldo Cadena. Hacia el futuro los hospitales sólo van a atender a quienes se hallen afiliados a una EPS. Se trata de un servicio costoso que no va a ser siquiera integral, pues tropieza con las rígidas limitaciones establecidas por las mismas empresas. El tratamiento médico, por ejemplo, no será el que se infiera del diagnóstico; dependerá tan sólo de la capacidad de pago del paciente. Si usted quiere curarse por completo, métase primero la mano al bolsillo.

La sola afiliación a la EPS no resuelve el problema. Lo que está funcionando es el nefasto plan obligatorio de salud o POS. Si para la atención, tratamiento, recuperación y rehabilitación de cualquier enfermedad, los costos superan lo fijado en el plan, el paciente deberá cancelar el excedente de su propio peculio. Es a esto a lo que llama la ley cuotas moderadoras y copagos. Tal es la situación aberrante de los asalariados que se encuentran en el régimen contributivo; mucho peor para los del régimen subsidiado, pues no tienen ninguna posibilidad de acceso a una atención de alta complejidad. Tal como están las cosas, en cada clínica debería colgarse en letras gruesas un aviso bien grande, para que el público sepa a qué atenerse; "Nuestra meta es el lucro, la rentabilidad y la ganancia".

TR. Usted denunció que se ha lanzado una ofensiva contra los propios trabajadores de la salud. ¿En qué consiste? Aldo Cadena. Las leyes 60 y 100 les arrebatan a los trabajadores de la salud la retroactividad en las cesantías. Y los han sometido al plan obligatorio de salud, POS.

Nuestras cesantías irán a parar, querámoslo o no, a un ente privado. Las prestaciones y la estabilidad desaparecen al imponerse la modalidad de la contratación civil de todos los servicios.

¿Cuál ha de ser entonces la consigna? Defender la salud pública y salir en defensa de los derechos conculcados. Los trabajadores y el pueblo nos hallamos en mora de lanzar una lucha coordinada en procura de estas dos metas.

Tal es el llamamiento combativo que seguimos haciendo Sindess y la CGTD.