¡DERROTEMOS EL PACTO SOCIAL SAMPERISTA!

(Intervención del camarada Yesid García, miembro de la Dirección Nacional del MOIR, en el programa de TV del 12 de enero de 1996)

En diciembre, el gobierno, los representantes de los gremios económicos y un sector del sindicalismo firmaron por segunda vez el Pacto Social sobre productividad, precios y salarios. Lo que el gobierno llama un mecanismo de concertación es en realidad un pacto contra la nación, los trabajadores y el pueblo.

El pacto firmado acepta implícitamente el conjunto de la política económica aperturista del gobierno. Acepta la meta de inflación fijada por el Banco de la República, bajo la exigencia del FMI; da por sentado el escandaloso aumento al 16% del IVA, la aplicación de "los reajustes puntuales extraordinarios" y el desmonte de los supuestos subsidios en los servicios públicos domiciliarios; aprueba la sobretasa de los combustibles, el reajuste y la eventual libertad de tarifas de las telecomunicaciones, los proyectos de incremento de las tarifas de atención médica y la continuación de la rebaja de aranceles.

Los firmantes del atropello no ignoran que esta política encaja perfectamente con el siniestro plan de recolonización imperialista adelantado por Estados Unidos contra las naciones que, como la nuestra, hacen parte de lo que ellos consideran su patio trasero. El pacto pretende legitimar la imposición de la apertura económica, las privatizaciones y el avasallamiento político general. Cumple con los objetivos específicos de abaratar la mano de obra y envilecer la conciencia de los trabajadores al intentar que éstos renuncien mansamente a la conquista y preservación de sus derechos y se integren a la cadena de superexplotación que el imperialismo organiza desde Alaska hasta la Patagonia, con la vana ilusión de salvarse de su propia y profunda crisis.

El Pacto Social complementa el conjunto de leyes que han tenido en los últimos años el propósito neoliberal de abaratar la mano de obra, es decir, la regresiva reforma laboral plasmada en la Ley 50 de 1990, la 100 de 1993 que privatizó la seguridad social y la reciente Ley 200 de 1995 que establece un auténtico régimen de arbitrariedad y represión contra los servidores públicos.

El gobierno de Samper no sólo cuenta con una gran campaña respaldada por los medios masivos, para hacerles bombo a las cifras mentirosas del DANE, y con unos dirigentes gremiales que no chistan a pesar de que la mayoría de sus representantes se arruinan por la misma política que aquéllos respaldan, sino también con el apoyo de un puñado de vendeobreros enquistados en la cúpula de la CUT y de la CTC.

El control de los precios de los bienes y servicios de los que depende la inflación es responsabilidad del gobierno. Sin embargo, en el Pacto Social se acepta que los empresarios, el gobierno, el sector financiero y los comerciantes condicionen el cumplimiento de las alzas de precios, tasas de interés y tarifas a factores muy variables e imprecisos. El año pasado las altas tasas de interés quebraron a medio país y las perspectivas para este año son aún más oscuras. Mientras el gobierno hace demagogia con pactos que nadie cumplirá, los únicos que fueron sometidos por decreto a un compromiso claro y rotundo son los trabajadores. Para colmo el Pacto liga la remuneración de la fuerza de trabajo a la productividad, una de las prácticas predilectas del neoliberalismo. La clase obrera debe rechazar este criterio porque el aumento de la productividad implica una disminución de los salarios y un incremento de las ganancias del gran capital con respecto al valor total de la producción del país.

El salario mínimo decretado no compensará la amañada cifra de la inflación causada, tal como sucedió en el Pacto pasado y se repite en el actual, sin recuperar ninguno de los diez puntos perdidos en el lustro anterior. Los servidores del Estado que acumulaban un deterioro salarial superior al 30% en el último decenio, perdieron el año pasado 4.5% de su ingreso y recibirán, en 1996, un pírrico 17% ponderado, inferior al IPC. Cada año se acumula así la pérdida de la capacidad adquisitiva del salario mínimo y del salario de los trabajadores estatales.

Mención aparte merece el nombramiento del presidente de la CUT, Orlando Obregón, como ministro de Trabajo. Recibe de esta manera el pago por los servicios prestados a la estrategia global de las multinacionales y el imperialismo, de abaratar al máximo el precio de la mano de obra. Este paso abierto al bando del gobierno pretende plegar el rumbo del movimiento sindical a la política antiobrera de Samper. Utilizó su cargo en esa Central para convertirla en caja de resonancia de la llamada política social samperista. En el último congreso de la CUT, respaldado por otros sectores, obtuvo una mayoría precaria, no sólo para defender el anterior Pacto Social sino para comprometer su Central en la nueva negociación. Sin esta posición traidora el Pacto Social hoy no sería posible y hubiera sido rechazado por la totalidad del movimiento sindical, dado que la CGTD ha expresado, por segunda vez, su contundente rechazo a avalar la componenda antiobrera.

En 1996 el gobierno acentuará la aplicación del recetario del FMI. En particular, el movimiento sindical tendrá que enfrentar la oleada de privatizaciones que incluye sectores estratégicos de la producción como la minería y el petróleo, las comunicaciones, los servicios públicos y el sector financiero, en especial la Caja Agraria. La única manera de evitar esta política de arrasamiento contra la nación es a través de un amplio movimiento de resistencia que la derrote. Debemos seguir el ejemplo de la población y los trabajadores de Francia y otros países de Europa y América Latina, que mediante la movilización y la huelga, los instrumentos más eficaces en la lucha obrera, enfrentan valerosamente la ofensiva contra sus naciones, sus conquistas y sus derechos.

Buenas noches y a preparar las protestas de 1996.