DESTAPAN NEGOCIADOS Y "SERRUCHOS" EN CUNDINAMARCA

César Pardo y Jaime Moreno en la Asamblea

En la Asamblea de Cundinamarca, donde se arrellanan algunos exponentes de la parasitaria minoría oligárquica, los diputados del MOIR y de la oposición repudiaron los negociados del régimen, respaldaron las movilizaciones del pueblo y denunciaron numerosos atropellos.

Los compañeros César Pardo y Jaime Moreno García del MOIR; Armando Aljure y Jairo García de la ANAPO; Guillermo Benavides Melo y Eccelino Rodríguez del Movimiento Independiente Liberal; Luis Alberto Jiménez de la UNO; y Víctor J. Merchán, Gustavo Osorio y Raúl Herrera del Partido Comunista, firmaron en la sesión inaugural de la Asamblea una constancia en la que consignaron su compromiso de “luchar desde esta tribuna contra la política antipopular, represiva y proimperialista del gobierno de Alfonso López Michelsen y de su agente en Cundinamarca, Hernando Zuleta Holguín”. En varios debates se unieron al enjuiciamiento del sistema los diputados Consuelo de Montejo y Segundo Pastor Pastrán. El negociado de El Salitre

El 30 de septiembre del presente año se firmó, ante el presidente López Michelsen, el acta de intención para vende a la Empresa de Desarrollo Urbano El Salitre Ltda, los enormes terrenos ubicados en aquellas zonas de la capital, pertenecientes a la Beneficencia de Cundinamarca. Durante la discusión suscitada alrededor de esta venta, el diputado del MOIR dejó en claro que “el plan de ciudades dentro de la ciudad no hace más que convertir al Estado en intermediario que ejecuta obras a favor de las gigantescas corporaciones de ahorro y vivienda”. Las inversiones en la llamada “Ciudad Verde” que se construirá en estos terrenos, provendrán en un alto porcentaje de entidades financieras cuyo aporte inicial será de 900 millones de pesos. César Pardo señaló “que la amortización mediante el fraudulento sistema de UPAC descarta que la “Ciudad Verde” sea de vivienda popular como demagógicamente pretende el gobierno, sino que por el contrario su fin es el de buscar utilidades”, tal como lo afirmó cínicamente el gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano, René Caballero. El compañero Pardo calificó de chanchullo el proyecto de vender los terrenos de la Beneficencia según el precio establecido por el avalúo del Instituto Agustín Codazzi (700 millones de pesos) y no por el calor que le asignó la Contraloría Departamental (1.300 millones de pesos). Indicó además, que en su afán por entregar los 600 millones de diferencia a los monopolios urbanizadores, la Administración ha llegado incluso a violar disposiciones legales.

Ante las denuncias de los diputados de la oposición, la bancada de los partidos tradicionales, eludiendo todo debate, sepultó a pupitrazos cualquier investigación y trasladó el problema a la Comisión del Plan.

Apoyo a médicos

A raíz del paro de los trabajadores del ICSS, los diputados de la oposición presentaron una ejemplar y justa lucha. Los representantes de la coalición liberal–conservadora a falta de argumentos para defender al gobierno, optaron por hacer un llamado a que se reanudara el diálogo con los médicos.

Contra gravamen de valorización

El 27 de octubre el compañero César Pardo adelantó un debate condenado el antipopular sistema de valorización. Explicó cómo las clases dominantes contratan empréstitos con las agencias prestamistas norteamericanas para construir hasta las obras de servicio publico más sencillas, descargando sobre los pequeños y medianos propietarios el pago de los empréstitos y sus intereses, mientras que a los grandes terratenientes del departamento se les exime del pago del gravamen de valorización. Ante las denuncias formuladas por los diputados César Pardo y Eccelino Rodríguez, la corporación se vio obligada a aprobar una proposición en la que se condena las exenciones a los grandes propietarios.

La quiebra de la licorera

El diputado del MOIR, Jaime Moreno García, examinó la situación de quiebra en que se encuentra la Licorera Departamental y explicó que ésta se debe a los serruchos de la burocracia oficialista y a la política de escamoteo al presupuesto.