Declaración del FUP: POR UN FRENTE ÚNICO CONTRA EL DESPOTISMO

Jaime Piedrahita Cardona, por la Anapo; Francisco Mosquera, por el MOIR; Miguel Gamboa, por el MNDP. Bogotá, febrero 19 de 1979 Las medidas oficiales adoptadas en los últimos seis meses, después del arribo de Turbay Ayala al Palacio de San Carlos, señalan inconfundiblemente el rumbo y la catadura de la nueva administración. Su encargo consiste en garantizar una elevada tasa de ganancia a los monopolios imperialistas, principalmente norteamericanos, y a la oligarquía vendepatria, y cuidar que el pueblo no se insubordine por la agudización de la explotación, la miseria y los desafueros de las clases dominantes. El régimen identifica el progreso económico con los beneficios especulativos obtenidos por los grandes magnates de las finanzas y los potentados de propiedad territorial, y la armonía social con el amordazamiento y la sojuzgación violenta de las masas trabajadoras. Especulación y despotismo: he ahí las divisas del orden basado en el predominio oligárquico proimperialista sobre el pueblo. Bajo tal inspiración actuó el “mandato de hambre” de López Michelsen, y antes de él, Pastrana Borrero, y de éste, Lleras Restrepo y todo el Frente Nacional, hasta llegar a los tiempos de la masacre de las bananeras, hace medio siglo, y mucho más atrás, hasta la toma del Istmo de Panamá por los Estados Unidos. Si ha habido diferencias de matiz entre uno y otro periodo éstas obedecen al grado de desenvolvimiento de la crisis. A medida que crece el apetito de los explotadores y la depauperación de las mayorías, cuando se ahonda el abismo entre las gentes laboriosas y los parásitos de la sociedad, a los gobernantes de turno les resulta infructuosa la demagogia, sus reformas pierden trascendencia, sus recónditas intenciones saltan a la vista y no les queda otro remedio que el látigo, el fuego y la tortura. Por eso la casi totalidad de los países de América Latina se halla bajo la toma militar y el señor Julio César Turbay se parece cada día más a uno de sus pares en el Continente, el histórico y mofletudo Anastasio Somoza.

Siempre que el Primer Mandatario se digna dirigirse al país, de sus labios brota una andanada de intimidaciones y provocaciones contra las fuerzas contrapuestas a los mezquinos intereses que representa desde la cima de Poder. Vivimos la democracia de las amenazas, de las detenciones por tiempo indefinido, de los allanamientos a la media noche, de los métodos del Santo Oficio para arrancar la confesión a los inculpados, de la sublimación del militarismo. Por supuesto, todo dentro de la más escrupulosa observancia de la Constitución y de las leyes y del mantenimiento del llamado “Estado de Derecho”. ¿Acaso el Estatuto de Seguridad, en cuyo nombre se repletan las cárceles del país con campesinos, obreros, estudiantes y profesionales y se cometen otras cruentas ignominias, no fue expedido en virtud del artículo de la Carta oligárquica y ratificado en lo fundamental por la Corte Suprema de Justicia?¿Y acaso el artículo 28 de la misma, con el que se conmina igualmente a los partidos de avanzada y a las organizaciones de las masas, no faculta al Presidente y sus Ministros para apresar a las personas por simples sospechas de que puedan alterar la paz pública, es decir, cuando al gobierno le plazca? Son disposiciones aberrantes y usuales, impuestas por el Ejecutivo, sancionadas por los magistrados y que han sido establecidas por los legisladores como últimos recursos coercitivos a poner en juego contra el descontento popular, sin tener que echar a la borda el ordenamiento jurídico de la república prevaleciente. Es la más auténtica interpretación y aplicación del pensamiento del señor Carter, jefe del Estado norteamericano, referente a su hipócrita cantaleta de la defensa de los “derechos humanos”; tiranía sí, pero dentro de los marcos constitucionales; violencia contra los desposeídos, desde luego, pero que sea institucionalizada y saqueo también, pero amparado por la ley. Acabado este proceso, a los opresores únicamente les queda el golpe cuartelario.

Los oportunistas de la oposición conceptúan que el vandalismo oficial estriba en la presencia dentro del Gabinete de uno que otro personaje arbitrario, tratando de desviar la opinión del análisis de las verdaderas causas económicas y políticas del fenómeno represivo, cuales son el incremento desaforado de la explotación del imperialismo y sus secuaces y la descomposición galopante de la sociedad neocolonial y semifeudal. A los liberales les importa una higa los sufrimientos y angustias de las masas; sólo les preocupa que el pillaje y la barbarie no pierdan su apariencia republicana. Nosotros condenamos obviamente a los artífices de los atropellos y desmanes, a quienes los ejecutan desde las más altas posiciones burocráticas; sin embargo, consideramos indispensable para el porvenir democrático y próspero del país, no el cambio de media decena de ministros, sino que las clases sojuzgadas comprendan profundamente que el origen de todas sus desgracias yace en que la nación se encuentra sometida de vieja data a la expoliación inmisericorde de los monopolios extranjeros y de la oligarquía vendepatria. Mientras no conquistemos la soberanía, hasta cuando no seamos dueños de nuestro propio destino y podamos decidir libremente, sin injerencias foráneas de ningún tipo, no desbrozaremos el camino hacia el bienestar colectivo y la vigencia de una genuina democracia.

Dentro de tales premisas creemos, además, que las fuerzas revolucionarias, o sean los obreros, los campesinos, los intelectuales, los pequeños y medianos industriales, los partidos progresistas y las demás corrientes democráticas y patrióticas, se ven urgidas a unir sus contingentes de combate en esta hora difícil, para impedir el aplastamiento de las libertades públicas y la conculcación definitiva de los derechos populares. Con el pretexto de la cruzada contra el “crimen organizado”, la reacción prepara fríamente la fascistización paulatina de Colombia. En las actuales condiciones de embotamiento ideológico y político y de dispersión y desunión, agravadas con la ola de las contracorrientes conciliacionistas y traidoras, el pueblo sólo conseguirá desbaratar los planes de la coalición oligárquica en la medida en que se aglutine en torno a una alternativa verdaderamente patriótica y unitaria, como la esbozada por el Frente por la Unidad del Pueblo (FUP), cuyos componentes, a despecho de la reacción, de los derrotistas y de quienes proclaman a diario nuestra extinción, continúan trabajando en el seno de las masas populares por las transformaciones revolucionarias.

Estamos plenamente convencidos de que en la lucha por la independencia y soberanía nuestros compatriotas acogerán a la larga el programa nacional, democrático y de no alineamiento que hemos propuesto, y darán la espalda a pretensiones como la de la UNO, que divide al pueblo con sus reiteradas y arbitrarias exigencias de constituir una alianza matriculada en la política de la Unión Soviética. Por lo tanto, insistimos una vez más en la necesidad de conformar un frente único de los partidos, clases y sectores resueltos a luchar contra los enemigos principales de Colombia, el imperialismo norteamericano y sus lacayos; un frente que busque movilizar a la inmensa mayoría de la población colombiana, sin exclusiones sectarias de ninguna índole y con igualdad de deberes y derechos para sus integrantes. Reiteramos nuestra disposición a agotar pacientemente todos y cada uno de los medios al alcance para allanar la unión efectiva y actuante de los oprimidos contra los opresores.

No obstante, cualquiera que fuera el desenlace de los acontecimientos, tarde que temprano Colombia saldrá airosa de esta prueba histórica. Como son mayores las cosas prohibidas que las permitidas, como el círculo se cierra y a los esclavos sin pan no les queda más dilema que humillarse o vencer, no abrigamos la menor duda de que el pueblo colombiano, haciendo honor a la herencia revolucionaria, conquistará su segunda independencia.