Declaración del MOIR: IMPULSAR LA RESISTENCIA CIVIL PARA SALVAR A COLOMBIA DEL ESTRAGO QUE CAUSAN BUSH Y URIBE

IMPULSAR LA RESISTENCIA CIVIL PARA SALVAR A COLOMBIA DEL ESTRAGO QUE CAUSAN BUSH Y URIBE

Cuando los esforzados pueblos de la tierra van adentrándose en el tercer milenio de su transcurrir histórico, el de Colombia, a casi dos siglos de haberse independizado del colonialismo español, enfrenta múltiples y rampantes actos de intervencionismo por parte de Estados Unidos que coartan su autodeterminación y quebrantan la soberanía de la nación. Dirigido a una moderna recolonización, semejante embate, cohonestado y apuntalado por la oligarquía que se ha enseñoreado del país, viene envolviendo a los más de cuarenta millones de compatriotas en una implacable espiral de desastres económicos y sociales que abruman y marchitan sus vidas, si es que la violencia no aparece segándolas.

Los cada vez más frecuentes artificios que tanto el gobierno como los grupos financieros montan con las estadísticas a fin de desfigurar la real situación que atraviesa el país, encuentran su contundente refutación al confrontarlas con la palpable realidad. Por campos y ciudades, masas de población tienen carencias, a veces casi absolutas, de comida, vestido, techo, salud, educación y servicios; masas a las que se les niegan elementales derechos democráticos y políticos o, si formalmente se les asignan, no tienen posibilidad alguna de ejercerlos, lo que iguala esa negación; mientras millones carecen de empleo, quienes logran vender su fuerza de trabajo reciben salarios de hambre y sus derechos laborales son exiguos, situación que los condena junto a su prole a un atroz despojo material y cultural; masas de seres violentados en su integridad física y espiritual, multitudes forzadas al cruel desarraigo o miles de gentes de bien e indefensas son eliminadas a sangre y fuego; trabajadores y empresarios nacionales son víctimas de que la producción industrial vaya del estancamiento a la quiebra y la agrícola esté lanzada a la ruina, fenómeno que postra a la nación y extiende el pauperismo a toda la población.

Esta insoportable realidad socioeconómica no precisa demostración. Respecto a ella, renqueando, vienen a diario las cifras y sus análisis. Unos cuantos las examinan con rigor y honestidad, y, adhiriéndose al criterio válido de que la economía política es primero política que economía, se esfuerzan por interpretarlas integralmente. Pero muchos las utilizan para el engaño: funcionarios del gobierno para justificar políticas antipopulares e investigadores subvencionados por el capital monopolista y financiero para sustentar el aumento al máximo de los márgenes de ganancia y la usura del capital monopolista. El gobierno de Uribe ha apelado a revelar algunas cifras crudas, pero se cuida de señalar la política que llevó al desastre nacional que ellas reflejan, ya que la que se apresta a aplicar tiene la misma naturaleza, y tampoco menciona a quienes las ejecutaron, pues con muchos de ellos oficiando de ministros y altos asesores se dispone a desarrollarla. La motivación central de sus revelaciones no es dar una prueba de “transparencia”, como aduce, sino fundamentar la adopción de nuevas y más severas medidas económicas neoliberales, una mayor expoliación de las gentes y la introducción de cambios retardatarios en la superestructura de la sociedad, todo acorde con su designio de reacondicionar el país para satisfacer las apremiantes demandas de la globalización norteamericana.

En manos de investigadores honestos esas cifras se convierten en un medio necesario no sólo para analizar la realidad económica sino para llegar a síntesis que sirvan a un propósito político de signo contrario al de Uribe: fundamentar la necesidad de la resistencia a las políticas que vienen rigiendo y que él se propone ahondar. No es vano entonces asomarse con este enfoque a unas cuantas de ellas, escardadas de documentos de entidades oficiales e instituciones privadas de distinto género:

Tomando como base una población de 42 millones de colombianos, 27 millones se encuentran por debajo de la línea de pobreza (en el campo, cuatro de cada cinco personas están en esa situación). Por debajo de la línea de indigencia existen once millones (de la población campesina la mitad son indigentes). Carecen de empleo siete millones y los subempleados suman trece millones, y 61% del empleo urbano es informal. Casi dos terceras partes de quienes tienen empleo ganan menos del salario mínimo ($309.000 al mes). El 75% de los préstamos del sistema financiero fueron para 1.500 personas o entidades. Diez grandes empresas absorben tres cuartas partes del mercado accionario. El 53% de la tierra está en manos de 1% de los propietarios. Más de dos millones y medio de personas víctimas de la violencia económica y el fuego cruzado son desplazados. De los niños, tres y medio millones no tienen escuela, y dos millones y medio trabajan en oficios que van desde la minería hasta las ventas informales y la prostitución. Entre 1998 y 2001 el ingreso por habitante disminuyó en más de 500 dólares, pues el Producto Interno Bruto (PIB) ha crecido a un ritmo menor que el de la población. En ese mismo período el servicio de la deuda externa en dólares por habitante creció 10%. El país tiene hoy una deuda que equivale a más de la mitad de todo lo que produce y el costo de su servicio se ha triplicado en una década: en 1991, por cada 100 pesos adeudados se pagaban $8,60 y en el año 2000 se pagan $30. La deuda pública total está en 55% del Producto Interno Bruto, casi igual al 57% en que está la de Argentina.

Continuismo con diligencia suma

La presentación falaz de la gestión cumplida por los recientes gobiernos es algo recurrente. Desde la cínica justificación ensayada por los integrantes de la panda gavirista de la Universidad de los Andes sobre los males que engendraron cuando se encaramaron al Poder a principios de los años 90– excelente credencial para que Uribe los integrara a su equipo de gobierno— pasando por los lastimosos y evasivos pretextos de Samper por haberle dado continuidad a la apertura, hasta el vulgar balance que hizo recientemente Pastrana de su administración, una aberración hoy al desnudo por no disfrutar del margen de olvido que tienen sus antecesores respecto a su responsabilidad en lo que padece la nación. La verdad sin embargo es que Pastrana, personaje curtido en majaderías, y superior en servilismo a quienes lo precedieron en la aplicación de la política de apertura, satisfizo las expectativas de quienes lo respaldaron: los Estados Unidos, los detentadores del poder económico y político, y las fuerzas que a última hora le brindaron un calculado empujón a su candidatura. Así lo demuestran sus gestiones en un proceso de paz que tanto en su instauración como en su colapso contó con el aliento de Washington, su manejo de las relaciones exteriores al estrechar lazos con el gobierno gringo cediendo a todas sus políticas de subyugación y la conducción de la economía cumpliendo los mandatos del Fondo Monetario Internacional (FMI), no solo fielmente sino con creces, pues no dudó en utilizar dineros del tesoro público para favorecer y salvar de la quiebra al sector financiero.

Uribe Vélez le reservó algunas agradecidas palabras, pues la política que anunció y ya comenzó a aplicar es una continuación, no por perfilada menos ordinaria, de la desarrollada por la administración Pastrana, como lo prueba fehacientemente, entre otras cosas, su confirmación de Luis Alberto Moreno como embajador en los Estados Unidos, pues ella implica el reforzamiento de la apertura y los lineamientos del Plan Colombia. Es evidente que si bien ante las innegables desidias de Pastrana aparece como un contraste el talante de trabajador sin reposo de Uribe, esto, que se exhibe como virtud cardinal, adquiere un sórdido significado: la obsesiva laboriosidad en intensificar las políticas que han venido derrumbando la nación.

Quiénes son los responsables de la crisis y qué intereses representan

En diversos estudios, artículos y editoriales de prensa, en discursos y declaraciones de políticos y dirigentes de Estado, proliferan obligadas alusiones a la hecatombe social y económica en que se ha sumido al país. Pero estas se limitan a los síntomas del mal, evitando describir su verdadera naturaleza y guardándose de identificar a quienes la generaron o transmitieron. En sus referencias al gran daño, no mencionan que este emana de la imposición de intereses de clase específicos y de políticas concretas que con ese fin se adoptan, ni señalan a quienes las ejecutan. Ocurre igual cuando miembros de la oposición al traer a colación que las medidas neoliberales y la política de globalización son factores de peso en el problema nacional, lo que es un avance, circunscriben su censura al “modelo neoliberal”, dándole a este un carácter abstracto como si careciera de promotores, ejecutores y beneficiarios. Cuando lo cierto es que estos “innombrables” conforman una abigarrada galería de poseedores del capital financiero que, con los magnates y ejecutivos norteamericanos como siniestra cúpula, presiden un extendido séquito de gobernantes, políticos y profesionales a su servicio, sin que falte su cuota de intelectuales. En escala descendente, allí figuran desde los grandes amos de las multinacionales y monopolios alistados en la revista Fortune hasta nuestros solapados “cacaos” financieros, desde Bush y Cheney hasta los desapacibles Uribe y Londoño Hoyos, desde el patrón del FMI, Köhler, hasta su dependiente Junguito, desde Friedman y Sachs hasta obsesos neoliberales como los veteranos Hommes y Juan Luis Londoño y los iluminados Humberto Botero y Santiago Montenegro.

Mediante el poder estatal que de manera cada vez más directa y férrea ponen a su servicio, y propagando sus torcidos puntos de vista a través de los grandes medios de comunicación que poseen o supeditan, esta logia se esfuerza en cada país por presentar sus intereses como los correspondientes al interés general de la nación y, en el caso de la plutocracia financiera imperialista, a los de la humanidad. Pero cuando la riqueza se concentra en muy pocas manos y la pobreza se extiende a más seres, al intensificarse la política de globalización, a masas cada vez más amplias se les facilita comprender que esas elites no solo han venido cabalgando sobre sus espaldas sino que pretenden proyectar ad infinitum su expoliación, y que en todos los países del planeta, por igual en los sumidos en el atraso como en los desarrollados, la gran división sigue siendo entre los millones de gentes industriosas inmersas en la esfera de las actividades productivas y el puñado que se embolsa las rentas. Este conocimiento político, de calidad superior, las capacita para avizorar y emprender la solución de sus problemas.

Les servirá también para desentrañar las estratagemas que urden organizaciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional cuando, partiendo de que lo que está en entredicho no es la globalización sino los “indeseables perjuicios” que ella ha causado, emprenden planes de “atención a las desigualdades sociales” y “luchas contra la pobreza”, mientras no cesan de promover, refinándolas, las mismas políticas que han generado la actual pandemia económica. Sabrán que estas artimañas no obedecen a que a los miembros del imperio financiero se les haya agrandado el corazón con sentimientos de fraternidad, igualdad y libertad hacia los modernos miserables de la tierra, que su avaricia hace brotar por millonadas, sino porque los extremos a que han llegado las condiciones de estos producen atascamientos y menguas en la necesaria expansión e intensificación de su saqueo. Al fin y al cabo su función no es recoger sombreros de sectores enteros de población ahogados sino explotar al máximo a los vivos antes de ahogarlos. Pero recurren a esas artimañas, principalmente, porque esas condiciones están conduciendo a que cada día más lesionados se estén poniendo en pie y se dispongan, en masa, a entrar en liza contra las políticas que ese imperio impone.

Confusión de las capas medias

A más del abatimiento económico y la intimidación que les producen los proliferantes actos de violencia, numerosos sectores de clase media se ven sometidos a las tergiversaciones y argucias en la información que destilan incesantemente los medios de comunicación que están al arbitrio del gran capital. Oscilando entre la desesperanza y las ilusiones, se les extravía la comprensión del agobiante presente y terminan apoyando a quienes les glorifican el mañana, así persistan en aplicar las mismas políticas que son la causa de sus males. Se les escapa que ese presente es la resultante de medidas neoliberales impuestas por Estados Unidos y que, proclamadas por Gaviria hace doce años con un siniestro “bienvenidos al futuro”, han sido ratificadas y desarrolladas por los presidentes elegidos desde entonces. Incluso por Uribe Vélez, quien las contempla en los 100 puntos de su programa y ha iniciado su consolidación con sus ministros duchos en apertura, confirmando su notoria adicción al neoliberalismo y su sumisión a la política norteamericana. Son esas mismas políticas las que presidirán el agravamiento de las penurias de los mencionados sectores medios, no obstante que de estos provino el más alto porcentaje de sus votos y que su objetivo onírico es convertirlos en su base social y política: “Sueño con una Colombia con predominio de una clase media”. Mas cuando estos perciban las depredaciones que trae consigo el cumplimiento del mandato que presuntamente le otorgaron a Uribe, y las padezcan, como ya empezó a suceder, será una buena ocasión para desechar de una vez por todas sus falsas ilusiones y para que se dispongan a resistir, única manera de crearse sus propias esperanzas.

Es evidente que el aturdimiento a que ha sido sometida buena parte de la clase media es una de las causas de que esté expuesta a ser captada por partidos y dirigentes que encarnan intereses que les son antagónicos. La atracción que Uribe ha ejercido sobre este sector de la sociedad pone de manifiesto los esfuerzos pacientes y persuasivos que deben hacer sus elementos más avanzados, así como las fuerzas sociales con las que tiene intereses comunes, para encauzarlo hacia posiciones democráticas y antiimperialistas.

Serpa y Sanín en la pasada campaña presidencial

Para la pasada campaña electoral a la presidencia, los Estados Unidos y la oligarquía financiera colombiana tenían en el conjunto de candidatos con mayor figuración una mano de buenas cartas, pues ninguna de ellas dañaba su juego. Horacio Serpa le había dado pruebas a Washington de su condescendencia proclamando su aprobación al contenido en versión inglesa, la original, del Plan Colombia y aceptando el ALCA como una “oportunidad” ofrecida al país. Complementó esta posición apadrinando políticas impulsadas por el gobierno pastranista tan nocivas como las contenidas en la ley de transferencias y la frustrada reforma política, o avalando las alcaldadas de Mockus para sus imposiciones tributarias en Bogotá. Mientras daba respaldo a tales medidas de nítido sello neoliberal, no tuvo empacho en exclamar que “sepultaría” el neoliberalismo, ambigüedad que creó inquietud entre los poderes decisorios en Estados Unidos y Colombia y desconfianza entre el electorado, suficientes para que su candidatura entrara en un irreversible declive. Su falta de seriedad quedó de nuevo expuesta cuando, tras secundar la política sobre la paz de Pastrana, se entregó a escenificar una danza de inconsistencias mostrándose ya conciliador, ya beligerante ante las agrupaciones armadas. Errante entre tantos disparates, debió presenciar el oportunismo de numerosos liberales que se escurrían para enroscarse en la arboleda política de Uribe Vélez, más tardíamente que los integrantes de la esfumada Alianza para el Cambio. Aunque dadas y recibidas con explicable gozo, parva compensación a tan cerril huída fueron las adhesiones de unos pocos que, tras largo viaje desde la izquierda, semejaban desfallecientes buzos llegando al hundimiento del barco que venía suministrándoles el oxígeno.

Noemí Sanín, luego de ponerse a la moda recibiendo adoctrinamiento en las universidades norteamericanas durante más de dos años, aglutinó a ejecutivos extraídos de la célebre panda gavirista, o afines a ella, quienes le confeccionaron lo que se consideró, gracias a sus excelencias neoliberales, “un impecable programa económico”. Pero la candidata, luego de negar que el neoliberalismo existiera y quizás temiendo contradecirse, ni se preocupó por exponerlo en cristiano. Se dedicó entonces a sus obsesiones políticas repitiendo la monserga contra la corrupción y el clientelismo, que veía encarnados en Serpa. Cuando se percató de que su candidatura se iba a quedar con los crespos neoliberales hechos, se puso a remedar, con su tinte feminista, la impasible machacadera de Uribe contra la violencia y las elucubraciones de Serpa alrededor de la manoseada y socorrida “justicia social”. Al final, y no obstante no haber podido ni siquiera jugar su predecible y aprovechado papel de apuntalar a Uribe en una eventual segunda vuelta, le entregó con desparpajo al nuevo gobierno todos sus trastos políticos, incluidos sus programas neoliberales y los miembros de su equipo de campaña, expertos en aplicarlos. Esta entrega se hizo, por supuesto, a cambio de ministerios en el nuevo gobierno y de la Embajada en España para la mudable aspirante presidencial.

Uribe, el apropiado para Estados Unidos

Uribe ostentaba dos credenciales al postularse a la presidencia. Primero, la de pernicioso pionero en la elaboración, promoción y aprobación de leyes que introdujeron los catálogos neoliberales en Colombia. A saber: la ley 71 de 1988, que desmejoró derechos de los trabajadores a la jubilación y encauzó hacia los monopolios financieros sus pensiones y cesantías; la ley 50 de 1990, ese sórdido expediente que permite a los patronos recortar a su antojo las remuneraciones salariales y arrasar conquistas laborales arrancadas en largos lustros de lucha; y la ley 100 de 1993, que va a cumplir una década satisfaciendo el lucro privado a costa de las carencias de atención a la salud de la mayoría de población y que promovió la entrega de las pensiones de los trabajadores a los fondos privados.

Segundo, la de haber estado al mando de la Gobernación de Antioquia, donde recurrió a un estiramiento de las leyes para darles curso a disposiciones que, por la intolerancia y el autoritarismo que envolvían, eran verdaderos ucases destinados a que la administración adquiriera mayor eficiencia en ejecutorias neoliberales como la privatización de la educación, la entrega al capital privado de jugosas empresas departamentales, arrojando así a la calle a miles de trabajadores, y manejara los problemas de orden público organizando a miembros de la población para involucrarlos en el conflicto armado. Esa gestión departamental, tan elogiada en su momento por la casta social de la provincia antioqueña, contiene las bases de lo que hoy con contumacia se quiere proyectar en el ámbito nacional. Para sellar semejantes aptitudes, Uribe había ido en busca de la “excelencia” asimilando las ideologías y políticas que sustentan la globalización y los métodos para resolver los conflictos que ella crea o intensifica; ingresó entonces a sendos cursos veraniegos que dos universidades célebres por su fama -la británica Oxford y la norteamericana Harvard- ofrecen como créditos de tinte académico para aspirantes a gerencias financieras y altos cargos gubernamentales.

Por su parte, Estados Unidos necesitaba asegurar la continuidad de su política de apertura, ahora más intensa en la perspectiva del ALCA, y de sujeción a los parámetros monetarios y fiscales dictados por el FMI; demandaba permanencia en las medidas de su “guerra contra las drogas” consignadas en su Plan Colombia; exigía, en una muestra de la elasticidad que precisa para sacar adelante sus intereses geopolíticos imperiales, respaldo a su actual énfasis en endurecer las acciones militares contra los grupos armados luego de haber condescendido con las peripecias de Pastrana en el Proceso de Paz, y reclamaba que se recompusiera el país mediante reformas política, laboral, judicial, estatal, educativa, y hasta constitucional. Todas estas condiciones—que en diversas formas de conminación se desgranan en los documentos y pronunciamientos oficiales de Washington, y que aquí han contado con el debido acatamiento de los grupos financieros y el gobierno—apuntan a que Colombia tenga primero lo que Uribe llama “seguridad democrática”, esa llave que la haría viable para el libre comercio, con su pieza clave: la inversión de capitales, pues estos, como se lo remachó al nuevo gobierno el Representante de Comercio de Estados Unidos, Zoellick, son cobardes para llegar allí donde encuentren riesgos económicos y políticos.

Entre la larga lista de batidas centenarias que Estados Unidos ha dado a fin de imponer sus intereses en todos los confines de la tierra, se cuentan sus intervenciones en países de América Latina, a la que considera su coto de caza. Y la experiencia muestra que cuando no ha encontrado perros de presa, como son los dictadores militares, para rastrear en busca de recursos, plusvalía y mercados, nunca ha dudado en recurrir a montear con gatos, tipo Color de Mello, Betancur o Menem.

Con semejante pragmatismo para lograr sus propósitos, nunca ha renunciado a instalar en estas naciones mandatarios que cumplan como sonámbulos sus mandatos, en cuyo caso Uribe era un personaje relativamente descartable. Pero en Colombia -un país con potenciales resistencias ante el efecto devastador de su globalización neoliberal y ya plagado de violencias, fenómeno que teme haga metástasis en la región andina y amazónica- Washington precisaba un gobierno imbuido de cipayismo y de un buen grado de despotismo, atributos que Uribe podía imprimirle, y estos sí eran indispensables. Aparecía pues como el personaje apropiado, en el lugar adecuado y en la coyuntura oportuna. Contando con el suficiente beneplácito de los poderes económicos y políticos decisivos en Estados Unidos y Colombia, el resto se reducía a someterlo a una operación política que, calcada de lo practicado en el mercado como “presentación y venta del producto”, lo encumbrara ante la opinión pública. Aparte de las habilidades que en manipulación de propaganda exhiben los especialistas gringos, por lo que a ellos se volvió a acudir, existía aquí ya una “exitosa” experiencia: en las últimas décadas algunos personajes, desde candidatos presidenciales, ya fueran estos oficiales, disidentes o de oposición, hasta unas cuantas figuras “independientes” y de “izquierda”, han sido creaciones de los medios de comunicación, tanto los de propiedad de la oligarquía financiera como los que ésta somete mediante sus pautas comerciales. Y a esa práctica también se recurrió. Con miras a obtener el perfil de un candidato que como presidente fuera capaz de ejercer funciones de comandante militar y juez de la moral y de no pararse en pelillos para imponer la ley y el orden, Uribe empezó por dirigir su discurso contra los blancos que un sector considerable de la población ya percibía, previa inducción de esos mismos medios, como origen de todas sus desgracias, entre ellas la corrupción generalizada, la ineficacia del Estado, y las fallas de la justicia.

Ese discurso terminó bruñido con otro aún más rentable en votos, el referente a la guerra y la paz, el orden público y la seguridad ciudadana. Repitiendo sin cansancio sus simplificaciones sobre estos asuntos, mientras simultáneamente capoteaba los espinosos temas sobre sus pasadas gestiones legislativas y administrativas, Uribe pasó de ser un liviano político, a duras penas conocido fuera de sus amadas montañas antioqueñas, a renombrado y tenaz aspirante a la presidencia. Tamaña transformación se aligeró, primero, al levantar duros juicios contra el infructuoso proceso de paz que emprendió y desarrolló Pastrana con el amén y apoyo del gobierno norteamericano y la oligarquía. Y, segundo, luego del abrupto desenlace de ese proceso, al sintonizar sus discursos, cual machacón populista, con la corriente de repudio que se creó entre vastos sectores de la población hacia posturas y acciones ominosas de las agrupaciones armadas, principalmente las de las FARC.

Es evidente que los Estados Unidos detectaron temprano las inclinaciones hacia el despotismo que lucía Uribe, las que, sumadas a la cuestión básica, sus posiciones fehacientemente demostradas en pro del neoliberalismo y la globalización, lo prefiguraban como la horma para su bota. Teniendo en consideración los factores anteriormente mencionados que dan razón de su triunfo electoral, nada tiene de extraño que en Washington consideren a Uribe como “la escogencia que mejor armoniza con Estados Unidos y sus nuevas prioridades antiterroristas”, ni que éste, en reciprocidad y mientras andaba como es usual brujuleando en Washington, haya descrito la relación con ellos como de “integración permanente”.

La “seguridad democrática” de Uribe, un mandato imperialista

Uribe ha iniciado su mandato emitiendo una serie de disposiciones dirigidas a la incorporación de gran cantidad de compatriotas al conflicto, lo que conduciría a descargar sobre la población nuevas borrascas de violencia. En su primer acto de gobierno, la presentación del referendo ante el Congreso, Uribe incluyó un punto, luego descartado pero que revelaba sus propósitos, en el que establecía un servicio social obligatorio, que no reemplazaba al militar sino que lo refinaba, ya que a los reclutados, luego de recibir la dosis “básica” de entrenamiento militar e instrucción en defensa y seguridad, se les incrustaba en la población con la excusa de hacer trabajo “social” o “comunitario”. Luego, como si siempre llevara un policía en el corazón que lo espolea a crear condiciones para que operen formas abiertas o veladas de la justicia privada, Uribe se madrugó para Valledupar a poner en funcionamiento una red de informantes pagados para espiar entre la población, acudiendo así a una tradicional práctica fascista de naturaleza semejante a la que también hoy quiere implantar Bush sobre la población norteamericana. Y para rematar, se propone reclutar y entrenar a miles de campesinos que luego serán asentados en sus hogares para que cumplan el papel de guardias armados en sus respectivos municipios y veredas.

Para llevar a cabo esta militarización destinada a ser pieza fundamental de su plan de “seguridad democrática”, Uribe, quien no es propiamente Hércules, recurrirá a medidas que, en su estilo campestre, semejarán inútiles machetazos a una hidra de mil cabezas que harán brotar nuevos y mayores problemas económicos y sociales. Aumentará los gastos presupuestarios, que se cubrirán, para gozo de los prestamistas extranjeros y locales, con mayor endeudamiento, así como con mayores cargas impositivas sobre la población; reducirá las partidas para los servicios y obras sociales a cargo del Estado y desviará a otros renglones las ya asignadas; despedirá miles de empleados estatales y eliminará o fusionará instituciones oficiales en busca de un ahorro tan mezquino como primitivo; dará pábulo al incremento de la intervención política y militar de Estados Unidos, que ya anunció su lógico respaldo tanto a la intensificación del Plan Colombia como a las “mejoras” que satisfaciendo sus exigencias le está introduciendo Uribe, y pisoteará derechos y libertades de la ciudadanía para tratar de frenar la oposición y la resistencia que surjan, todo lo cual postrará aún más la nación ante el asalto colonizador de Estados Unidos. Para acelerar todos estos planes de corte dictatorial, acudió a decretar el estado de Conmoción Interior y, a su amparo, ha desatado medidas que expolian a la ciudadanía y le vulneran derechos y libertades.

Respecto a estos designios del gobierno, no deja de ser sintomático que dos renombrados periódicos, The Washington Post y The New York Times, que acostumbran respaldar la globalización sin escatimarle a esta sus “críticas constructivas”, tampoco, y con el mismo sentido, se las quieran negar a Uribe. Empiezan por recordar que “como gobernador creó milicias que cultivaron lazos con violentos paramilitares de derecha”, y quizás tomando a la letra su confesión de que “no se las sabe todas”, han aprovechado para espetarle que al hacer la guera y restaurar el orden, actúe limpiamente, “sin ponerle un sello gubernamental a escuadrones de la muerte sueltos y desaforados por los campos de Colombia”. Luego de aconsejarle que “su más grande desafío es resistir la tentación de librar la guerra a través de medios ilegales o autocráticos” y que “las necesidades militares tampoco son excusa para debilitar los importantes controles democráticos”, rematan sentenciosamente: “no es fácil saber qué es más espeluznante, si el espectro del terrorismo urbano o el del autoritarismo. Los colombianos necesitan unirse y lograr protegerse contra ambos.”

Poner en ejecución toda esta parafernalia absolutista no será fácil tarea, pues el pueblo colombiano está asimilando rápidamente algo que Uribe no sabe y que los editorialistas estadounidenses apenas vislumbran: que solo desplegando en resistencia la preciada reserva de redaños con que cuenta podrá impedir el apabullamiento económico y social.

Entre los ingentes problemas que aquejan a Colombia, la política de Uribe, que aparece como la solución, representa uno de los más graves. Sus planes de orden y seguridad y eficacia del Estado, tan aplaudidos por la oligarquía financiera a través de los directivos de los gremios, y que tantas ilusiones despiertan en algunos sectores de la población que abatidos por las estrecheces y la violencia caen en la estupefacción política, responden a un categórico pedido hecho por el gobierno norteamericano en busca de mejores condiciones para afincar aquí sus intereses económicos. Se presenta así otro buen ejemplo de clara y directa determinación de la política por parte de la economía, y de la importante influencia que aquella, a la vez, puede ejercer sobre la suerte de ésta. Al respecto es muy significativo que en su primera semana el gobierno haya atendido reuniones con delegados del Fondo Monetario Internacional y el secretario norteamericano de Comercio, Robert Zoellik, y, simultáneamente, con el jefe de la DEA, Walters, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Marc Grossman, y la embajadora norteamericana quien, exultante, fue tan acuciosa en correr a abrazar a Uribe el día de su elección como en dictarle públicamente lo que debía hacer.

En este entorno político, y soslayado el criterio de que en toda sociedad de clases el orden “no es armonía social sino dominación política”, la búsqueda que de éste se hace bajo el mote de “seguridad democrática” se presenta como una necesaria gestión gubernamental que beneficiará al país y a sus millones de lesionados en lo económico y social. Al emprenderla, Uribe, en un malabarismo político, proclama que cumple con un mandato de seis millones de votos, haciendo caso omiso de que fueron conseguidos apelando a las tradicionales estratagemas electorales y a una aparatosa propaganda rica no sólo en los dineros que le llovieron a porrillo para montarla sino en argucias, sin que faltasen las prácticas clientelistas de caciques electorales, afectadas de la “politiquería y corrupción” que él mismo de manera maniquea les venía endilgando. Puesto que lo practicado por estos últimos iba a favor de Uribe, quien aceptó lo cobrado sin importarle el color del cazador, los medios de comunicación y los falsos guardianes de la moral le extendieron su bendición. Según cuentas ese mandato está expuesto en el manifiesto de 100 puntos de Uribe, un popurrí en donde, en medio de paparruchadas revestidas de sensatez, aparecen los criterios sobre la organización del Estado y el rumbo de la economía, salpicados de la intolerancia y autoritarismo con que se ejecutarán.

Referendo y Conmoción Interior, expedientes antidemocráticos

Para Uribe, las normas y derechos con aspectos democráticos que persisten en Colombia tienen legitimidad y validez dependiendo de si facilitan o no sus designios políticos, cuestión que hoy, sin los ocultamientos propios de su plan para alcanzar la dirección del Estado, expresa e impone principalmente a través de su alter ego, Londoño Hoyos, cuya retorcida grandilocuencia es un complemento de su abogacía torticera y antinacional, ahora ejercida como ministro del Interior. Aprovechando el justo malestar que abruma a los ciudadanos ante las inequidades a que inveteradamente los ha sometido la clase dominante, y cuya responsabilidad ella descarga mediante orquestadas campañas en sectores o miembros de la casta política que bien le han servido, Uribe prefiere recurrir al referendo para suprimir o modificar las que no le sirven y establecer las que requiere. Este instrumento, especie de la “democracia directa” tan socorrida por dictadores y regímenes despóticos, lo pusieron de moda los gaviristas y sus congéneres, ahora redivivos en el gobierno de Uribe, para crearle el marco constitucional a la instauración de la apertura económica. Contentos con la fórmula plebiscitaria que les permitió hacer y deshacer con la legalidad que venía rigiendo, los constituyentes de 1991 legitimaron la futura utilización del referendo, cuya peculiaridad radica en presentar maliciosas simplificaciones para que la población, aturdida por la artillería de la propaganda oficial, las refrende. Típico de semejante expediente, recientemente aplicado por el peón de Bush en su “guerra antiterrorista”, el dictador paquistaní Pervez Musharraf, ha sido facilitar en tiempos de convulsiones la manipulación política que emprenden gobernantes enajenados por ejercer liderazgos y ofrecer soluciones que intentan causar estupor en las gentes revistiéndolas de un carácter heroico.

No obstante sus superficiales y acomodaticias reminiscencias de famosos próceres, lo que alcanza a representar Uribe es bien precario, pues está ceñido a los artificios “democráticos” que demanda su sumisión a Estados Unidos. En realidad, el suyo es un desabrido liderato dedicado a refaccionar el raído modelo de democracia que exige Washington, en tanto que sus “soluciones” a la insoportable situación vendrán acompañadas de medidas paladina e impúdicamente anunciadas como acarreadoras de más sudor y más lágrimas. No pasa de ser una mediocre astucia aprovecharse de la creciente zozobra social para obtener apoyo a salidas absolutistas, adobadas con alucinantes referencias a la solidaridad, el respeto al estado de derecho y la tolerancia, lemas proclamados por el liberalismo tradicional pero que desecharon hace rato los miembros de las nuevas corrientes liberales. El carácter hazañoso que Uribe pretende atribuirles a su estilo y a sus actos de gobierno, solamente podrán poseerlo las acciones que emprendan quienes se resistan a su política gubernamental.

El mandato que Uribe reivindica haber recibido viene envuelto en uno mayor, dictado desde Washington: poner orden y disciplina en el Estado y la sociedad, no con miras a solucionar los graves problemas de los colombianos sino a crear condiciones para que la nación pueda ser incrustada de manera rentable en la globalización norteamericana. Todas las medidas anunciadas están bañadas por ese fin. Para la aceptación del referendo por parte del Congreso se utilizó un trato acorde con la llamada austeridad en el gasto: se calculó que resultaba más barato no comprarles a los parlamentarios su aprobación sino arrancársela gratis mediante la amenaza de quitarles tanto los privilegios como sus curules. Luego de que en los trueques políticos se descartó la Cámara única y se atenuó la amenaza de la revocatoria, el gobierno sacó adelante la sustancia de su proyecto: la reducción de los miembros del Senado y la Cámara y nuevas normas dirigidas a impedir el acceso a él de las verdaderas fuerzas de oposición e independientes, por definición minoritarias. Cualquiera sea en últimas el contenido del referendo, se procederá a montar un órgano legislativo que se quiere aún más elitista y más fácil de tener en el bolsillo del Ejecutivo.

En el crucial período que atraviesa el país, con una clase dirigente que, a pesar de su histórico fracaso en lo que atañe al progreso de la nación, se empeña ahora con Uribe en seguir imponiendo sus antidemocráticas tendencias, unas instituciones representativas con menos miembros, a las que de hecho solo pueden llegar aquellos que posean poder político, enormes patrocinios e influencia o gran capital, implica que los sectores populares no podrán llevar a ellas a sus auténticos voceros. Les quedará cercado así, con alambradas difíciles de allanar, uno de los pocos espacios que en el sistema político vigente podían utilizar para denunciar al imperialismo, ampliar la comprensión de los males que aquejan a la nación y vigorizar su resistencia contra todos ellos. Si, según un atinado criterio, en las condiciones de Colombia los plebiscitos equivalen a un golpe de Estado, los referendos, al tener la misma naturaleza, cumplen en diverso grado el mismo cometido.

E igual ocurre con la implantación del Estado de Conmoción Interior, pues si se aceptan las razones aducidas por el gobierno en su exposición de motivos y, dado que la casi totalidad de las condiciones allí alegadas persistirán en el país durante un buen tiempo, lo podrá decretar cuantas veces quiera y mediante extensiones de su vigencia volver casi permanentes las normas expedidas bajo su amparo, normas que además podrán versar sobre cuestiones que abarcan prácticamente todo el universo constitucional y legal. Una verdadera concentración de poderes que equivale a una nuda dictadura. Aparece así de manifiesto la creciente necesidad que tienen el imperialismo y la oligarquía financiera de contar con regímenes cada vez más absolutistas para poder avanzar en la aplicación de las políticas de globalización y neoliberalismo. Solo que para cubrir el flanco de la palabrería sobre su adhesión a la democracia y a las libertades civiles, optan por reemplazar en estas naciones las desprestigiadas dictaduras militares, nunca descartadas, por remozadas dictaduras de hombres pulcramente chapados de trajes de civil.

Lo cierto es que al considerar esta propuesta que trae el referendo, el Congreso se verá enfrentado a un reto cuyo proceso y desenlace servirán para evidenciar cuántos de sus miembros responden a una condición de demócratas y patriotas. Se pondrá así nuevamente de presente la gran división que desde hace tiempos tiene planteado el país entre quienes alientan dicha calidad, la gran mayoría de los colombianos, y el puñado de miembros de fuerzas económicas y políticas que se han puesto en contra de los intereses nacionales y populares.

La resistencia es el lenguaje común para la lucha común en América Latina

Con muchas de las reformas anunciadas por el gobierno, así como con diversos decretos que se expidan bajo la Conmoción Interior, se busca allegar fondos para cubrir el déficit presupuestal y así pagar deudas e intereses a los usureros de los organismos de crédito y los bancos internacionales y, además, financiar la política de militarización y seguridad que se comenzó a implantar. La cruzada por recolectarlos se adobará con planes de austeridad en el funcionamiento de los organismos gubernamentales, el cierre o fusión de algunos de estos y la recuperación de bienes y tierras que estuvieron bajo el dominio de antiguos narcotraficantes. Pero su más copiosa fuente estará en el mayor endeudamiento público, tanto interno como externo, las mayores exacciones tributarias a la ciudadanía, los recortes en salarios, la baja en costos de la administración, la disminución en el monto de las pensiones, las alzas de tarifas de los servicios públicos y la reducción del presupuesto para servicios sociales como educación y salud. Todas estas medidas corresponden al desvelo de Uribe por observar las conminaciones norteamericanas a tener unas finanzas “saneadas”, el funcionamiento del Estado aceitado y el orden público normalizado, cuestiones que, como ilusamente cree, bastarían para que fluyan a chorros los préstamos y las inversiones del capital financiero nacional e internacional, se expandan las redes comerciales extranjeras y se instalen a tutiplén las multinacionales. Ignora que a pesar de todos sus desvelos, lo más probable es que esas expectativas se trunquen y, aunque sean satisfechas en algún grado, no sólo no solucionarán los graves problemas que enfrenta el país sino que prolongarán la intensa expoliación por parte del imperialismo. Lo cierto es que hoy, a pesar de los esfuerzos del gobierno por cumplir con sus recetas, el Fondo Monetario Internacional lo está sometiendo a exigencias y controles más severos, mientras que el gobierno de Bush recibió impasible las ofrendas que le acaba de llevar personalmente Uribe -entre ellas las medidas y reformas en los campos político y económico, junto a la entrega de los intereses de la industria farmacéutica nacional y la concesión de impunidad para los delitos que personal norteamericano perpetre en nuestro suelo- sin que las expresiones de respaldo se tradujeran en concretar las ayudas que tan ansiosamente le está implorando.

Para justificar todas las disposiciones económicas y políticas en curso, se arguye que son necesarias porque el país no puede sustraerse al fenómeno de la globalización ya que este, como lo prueba su presencia en el resto de naciones, “llegó para quedarse”. Si tal es la presunción soberbia que se tiene, acogiendo la falsa permanencia histórica que le atribuyen los monopolios imperialistas a esta modalidad de su dominación, los pueblos pueden responder con verdadera razón que, dada su naturaleza opresiva, esa globalización siempre estará acompañada de la resistencia, como lo prueban las diversas manifestaciones de rechazo que también en todas las naciones ha despertado desde que se empezó a instaurar. Responderán que su resistencia, que consigna en su haber todas y cada una de las oposiciones que se presentan en el mundo contra la globalización, no limita su acción a la mera crítica, a enmendarle “deficiencias” o atenuarle sus nefastos efectos con expedientes “propositivos”, lo cual equivaldría a apañarla, cuando de lo que se trata es de extirparla.

En la última década, paralelamente con las luchas libradas en Colombia por importantes sectores de la población contra las políticas neoliberales, entre las cuales se destacan los paros obreros y el formidable paro agrario de julio de 2001, en América Latina han abundado las batallas de signo semejante. En su sencilla concreción, dos de ellas encierran un gran significado y revelan el potencial de la resistencia:

Encabezadas por un frente cívico que tenía a Arequipa como centro, poblaciones de cinco departamentos sureños del Perú entraron en paro durante varios días para impedir la privatización que de dos empresas de electricidad pretendía hacer el gobierno que preside Toledo, otro que también pasó por Harvard. Luego de la recia lucha sostenida, el gobierno central en Lima, con caída del ministro del Interior incluida, debió reversar la medida de claro sello neoliberal. Alejandro Pacheco, uno de los líderes de la batalla, resumió su triunfal desenlace: “Gracias a nuestra lucha, a nuestra perseverancia en ella, el gobierno echó para atrás. Ahora lo que necesitamos es hacer lo mismo en el resto del Perú”.

En San Salvador Atenco, precisamente en los suburbios de la capital mejicana, centenares de desarrapados campesinos se levantaron en resistencia contra la determinación del gobierno de Fox de expropiar sus tierras para construir allí un gigantesco aeropuerto alterno al metropolitano. Machete y palos en mano, se convirtieron en una inexpugnable muralla humana y con ella como soporte de su lucha procedieron a entrar en conversaciones con las autoridades: debatieron sobre sus derechos y no conciliaron; discutieron sus razones y no concertaron; se sentaron a negociar sobre sus justos reclamos y no se vendieron ni aceptaron vender a ningún precio sus ejidos. El gobierno tuvo que abandonar sus pretensiones. Algunos periodistas se asombraron de que harapientos y pacíficos campesinos se tornaran en rebeldes, y que “personas pequeñas” detuvieran la realización de un colosal proyecto. Al entrevistar a uno de los dirigentes, en un escenario que tenía como fondo un gran mural de Emiliano Zapata, el líder campesino cuya memoria ha sido tan lastimosamente manoseada, le escucharon decir escuetamente a la manera de los personajes de Rulfo: “Pues el gobierno no tiene ningún derecho a sacarnos de las tierras conquistadas en la revolución mejicana por nuestros padres y abuelos”.

En la línea de que en presencia de un enemigo común debe haber un lenguaje común y una lucha común, cual lo preconizaba Francisco Mosquera, combates como estos, de naturaleza similar a los que se han librado en todo el continente, los más recientes en Argentina, Paraguay y Bolivia, sintetizan y pregonan formas, contenidos y metas de la resistencia civil.

Sumada a la anterior perspectiva, es notable la actividad de diversas iglesias cristianas y otras organizaciones religiosas haciéndole frente a la globalización. En lo que respecta a la iglesia católica, viene al caso una acotación. Es natural y explicable que el Papa pida bendiciones a Dios para poder cumplir el apostolado católico que se le ha encomendado, e igualmente lo es que Uribe se eche bendiciones en público y pida de esa misma divinidad otras tantas que lo ayuden a ejercer sus funciones como presidente. Pero mientras el primero incluye en su misión llamados para el “rechazo a toda forma de imperialismo”, como el que hizo expresamente hace cuatro meses en Bakú, el segundo incluye en su tarea de gobierno llamados de respaldo al imperialismo y a sus políticas, tales como las contenidas en el Plan Colombia, las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, el ALCA, etc. Los millones de colombianos católicos que hoy sufren opresión y detrimento extremos están inexorablemente abocados a acoger el llamado papal y rechazar el presidencial y, al hacerlo, seguramente esperarán de parte de sus prelados un evangelio acorde con su situación. Que no debe ser distinto del impartido por el cardenal arzobispo de Aparecida (Brasil), Alosio Lorscheider, quien luego de exclamar que los intereses de la población tienen que estar por encima de los asuntos privados y que su patria “tiene que tornarse libre de las grandes potencias”, obra en consecuencia al presidir misas de 150.000 personas que bajo el lema de “La soberanía no se negocia” protestan contra el proyecto del ALCA promovido por Estados Unidos. Ni distinto tampoco del ejemplarmente difundido por la Conferencia de Obispos Católicos de Canadá al denunciar el ALCA como "el tratado de comercio y de inversión más arrollador de la historia".

La oligarquía no ceja en su lucha de clases

No se podrían haber asentado en nuestro suelo las políticas que sirven a los intereses de Estados Unidos, y que son la causa principal del desastre que vive la nación, sin la existencia aquí de una aristocracia financiera, que las fomenta y apuntala a través del Estado. Lo primero que esta asegura, al igual que toda clase en el poder, es seguir teniendo a su disposición ese instrumento de dominación. De allí que, una vez seleccionado Uribe, haya volcado su poder económico en ponerlo en la jefatura estatal, al igual que hizo con Bush la poderosa oligarquía financiera norteamericana, incorporándole el distintivo rasgo de que al ser este un hombre salido directamente de su seno, más parecía un nombramiento gerencial. La armonía de intereses que se establece entre las oligarquías financieras, una verdadera internacionalización que no siempre precisa formulaciones al estilo del Consenso de Washington, permite que de manera natural se vayan encabando puntos de vista y decisiones políticas y emparentando sus ideologías, sin que en esto último falte el acoplamiento de sus manifestaciones culturales, tan semejantes a los mefíticos vapores que exhalan las aguas estancadas. Los hilos de esta simbiosis son múltiples y, empezando por el ejército de funcionarios que tienen poder de decisión en las ramas de sus respectivos Estados, cuentan con los servicios o el acatamiento de un sinnúmero de dirigentes de diverso rango incrustados en todo tipo de organizaciones e instituciones sociales.

Tampoco las clases que integran la mayoría de la población estarían arrojadas a la presente condición calamitosa sin que la oligarquía dominante no hubiese lanzado contra ellas, desde siempre, pero más en los últimos lustros, su propia y enardecida lucha de clases. El proceso de empobrecimiento y crecientes carencias de servicios sociales que soportan capas enteras de población, el detrimento en las condiciones de vida de quienes laboran en el campo y los que venden su fuerza de trabajo en las ciudades, y la bancarrota y ruina de empresarios industriales y agrícolas, son fenómenos entrelazados que se dan como resultante de la insaciable sed de ganancias de los grupos financieros y su estrecho círculo de beneficiarios. A la inopia de decenas de millones de seres corresponde, como la otra cara de la moneda, la opulencia de estos. Cada una de las medidas de importancia económica y social que han aplicado los gobiernos a su servicio son embates contra las mayorías, presentadas siempre como obedeciendo al interés general de la nación, y no pocas veces como directamente en interés y beneficio de ellas mismas. Tal como ocurre por ejemplo con las que se dispone a imponerles el nuevo gobierno: la reforma tributaria que los ahoga en impuestos y tributos, la pensional que les aumenta el tiempo bajo yugo de la explotación mientras les reduce y esquilma sus ahorros de retiro, y la laboral que les recorta derechos y reivindicaciones. Y sobre ellas, la imposición de leyes y medidas coercitivas que tornan más implacable la mencionada lucha contra las clases mayoritarias. Dirigidas a la negación de derechos, atropellos, cacerías, discriminaciones y persecuciones de las gentes de bien, constituyen el umbral de un régimen de terror establecido en aras de combatir el terror. Uribe es simplemente el ejecutor, y en esa condición no podrá seguir pretendiendo que es “el presidente de todos los colombianos”. Si este es el marco en el que la oligarquía financiera y el imperialismo quieren situar la crisis de la nación, las mayorías de nuestra población deben alistarse para redoblar su acción en defensa de sus libertades hasta crear condiciones que les permitan vislumbrar una nueva democracia y el cese de la supeditación del país a la voluntad de los Estados Unidos.

Los nefastos efectos del terrorismo

Cuando una fuerza que se opone a un gobierno tiene su política pervertida por enunciados exorbitantes -ya en su radicalismo, ya en su prudencia- y trata de ponerlos en práctica sin tener en cuenta la situación, el estado de ánimo y la voluntad de las mayorías de la población, ingresa a un terreno político en el que tarde o temprano lo absurdo marcará implacablemente su accionar y sus argumentos, con ambos moviéndose siempre entre los extremos, a la izquierda o la derecha, del péndulo político. En Colombia hasta se ha llegado al colmo de movimientos que fueron calificados como de izquierda por tener el peculiar don de encarnar ambos extremos: prédica de alta prudencia ante los aspectos y personajes decisivos en la política imperante y práctica terrorista de secuestros, robos, asaltos y el bárbaro ajusticiamiento a nombre de la “justicia social”. Cuando en algún sector de la pequeña burguesía se puso de moda elogiar y apadrinar esas “hazañas”, presentadas como novedosas genialidades que se apartaban de los “dogmas de la izquierda”, no dudamos en elevar nuestra crítica contra tales necedades.

Hoy en día adquiere enorme importancia que intelectuales, tanto de la vieja como de la nueva generación, estén denunciando con ardor las tropelías del gobierno norteamericano y propugnando la defensa de los valores democráticos, pues ésta es una labor indispensable en la gran tarea de infundir entre la población la necesidad de crear corrientes de resistencia contra los males que asedian a la nación.

Estamos convencidos de que no hay causa justa que merezca su nombre si se la trata de impulsar con los mismos métodos a los que de manera natural recurren los opresores. Medidas represivas y métodos atroces son medios, muchos de ellos debidamente legalizados, que se utilizan comúnmente para imponer el orden que precisa el círculo de dueños del capital monopolista. Los cada vez más amplios sectores de la población que son víctimas de inicuos atropellos comprenden bien y pronto, por experiencia propia, que si quieren transformar el régimen político en el que esas minorías pelechan, los medios apropiados deben ser los que emanen de las necesidades de la lucha colectiva, que a ella sirvan y a ella correspondan. De allí que su rechazo al terrorismo, lejos de las sensiblerías y la falsa moral que exudan quienes fomentan el terror que les conviene y condenan el que los afecta, denota el más sabio, ético y pragmático de los sentidos: categóricamente rehúsan y abominan utilizarlo simplemente porque menoscaba, desvía y degenera su justa lucha.

Desde que nos constituimos en partido político, en ninguna circunstancia hemos practicado ni cohonestado métodos terroristas. Por el contrario, contradictores de diversa naturaleza sí han recurrido a utilizarlos en nuestra contra. Hemos sido víctimas de estigmatizaciones por parte de algunas autoridades y de uno que otro sujeto intolerante, y tanto elementos recalcitrantes de la reacción como miembros de agrupaciones armadas afectados de innombrable sectarismo, le han segado la vida a una pléyade de valiosos compañeros. No obstante, nunca hemos doblegado nuestra posición de repudio al terrorismo y, como es de público conocimiento, jamás hemos desviado nuestra conducta acudiendo a métodos que dañen la integridad o el patrimonio de los colombianos. Mas no por eso renunciamos a ninguna lucha a favor de los intereses de la nación y de la mayoría de gentes de bien—patriotas y demócratas—que la integran. Es esta una firme posición de principios que determina que la batalla por la nueva democracia en Colombia no sólo debe ser democrática por los fines que persigue sino por sus métodos, siempre ligados a la situación política de las mayorías de la población y a su estado de ánimo, y sometidos a la refrendación constante —libre y autónoma— que ellas les impartan.

Sobre la democracia que rige en Colombia

A la oligarquía financiera y al imperialismo, empeñados en intensificar las medidas que les dan curso a la globalización y al neoliberalismo, se les vuelve indispensable adecuar constantemente sus medios e instrumentos de dominación. Proceden entonces a recortarle a la tradicional y añeja democracia los escasos elementos auténticamente democráticos que aún perviven en ella. Sin embargo, en Colombia esta amputación política todavía deja márgenes para la elección, principalmente en las corporaciones públicas, de personas que en diverso grado representan intereses de vastos sectores de la población.

Aun dentro de un contexto electoral, en el que cada día va siendo más patente que el gran elector es el mayor comprador -condición esta que encarna la gran burguesía financiera al invertir parte de sus caudales en donaciones a campañas y candidatos, otorgarles a éstos concesiones de espacios en sus medios para que explayen su propaganda y, para remate, patrocinar las manipuladas encuestas- las elecciones que se verifican en Colombia, así como las corporaciones representativas que surgen de ellas, aún ofrecen una posibilidad de participación política que las gentes no descartan. El hecho de que opten por reconocer sus formas y resultados no obstante los elementos antidemocráticos que las desvirtúan, le imprime a esas elecciones un reconocido valor político. Con todo y sus aberraciones, y mientras no se conquiste una nueva democracia, al sistema que rige la gente le aprovecha algunos aspectos para evitar su completo avasallamiento, desenmascarar a los causantes del destrozo de la nación y crearse espacios que complementen sus resistencias. Ni siquiera la oligarquía, con todo y tener a su servicio el instrumento del Estado, puede impedir por entero ese ejercicio político, pues al hacerlo renegaría de un aspecto esencial de su forma de dominación que la mantiene alejada del pleno absolutismo. Menos pueden otras fuerzas que se rijan por criterios democráticos, cualesquiera sean las razones que esgriman, impedirle a la población esa práctica eleccionaria o paralizar mediante la coacción o la exclusión forzada a quienes mediante ella resulten elegidos.

El ALCA culminará la devastación de la producción nacional

El cumplimiento de las condiciones impuestas por Estados Unidos implica consolidar en Colombia el incesante trabamiento de sus fuerzas productivas en ciudades y campos, lo que equivale a volver permanente el derrumbe económico. A medida que la ausencia de capacitación, la legislación antilaboral y el alto desempleo, todos a una, extremen aún más la baratura de la fuerza de trabajo, la producción se destinará a renglones industriales menores y a determinados productos agrarios, en nuestro caso los llamados tropicales, que llegarán a precios de ganga a los mercados de Estados Unidos y de otras naciones desarrolladas. Y eso contando con que la “libre competencia” con las mercancías de deprimido valor procedentes de otros países de producción más raquítica que la nuestra, como dice un ansioso dirigente de los exportadores, no nos “gane la pelea”. A este destino de estancamiento económico y social le calza como guante esa estrategia de lo pequeño que llena las ilusiones de Uribe Vélez: bajo formas cooperativas, comunitarias o familiares, impulsar la pequeña producción realizada por parte de unidades empresariales pequeñas y distribuida a través de pequeños establecimientos comerciales para darle forma a un país de pequeños propietarios. Si se tiene en cuenta que en la gran división internacional del trabajo entre las naciones que entraña la política de globalización, Colombia queda en general excluida de los gigantescos y modernos avances industriales y tecnológicos mediante el expediente de confinarla a una economía cuya producción tenga el prefijo micro como distintivo, y en la que se expandan los tipos artesanales e informales del trabajo, el sueño que desvela a Uribe es la esclavización del país.

Como complemento de tal embotellamiento de la producción nacional, los monopolios norteamericanos, en una implacable toma, inundan el mercado nacional con sus mercancías salidas de los laboratorios, fábricas y granjas en Estados Unidos o de sus plantas y maquiladoras ubicadas en otros países y se apoderan de los grandes establecimientos y redes comerciales. Queda servido así el país para que el capital financiero de las multinacionales le aplique en grande la modalidad de la maquila en algunos sectores o industrias seleccionados. La cual no se limitará a las zonas especiales, ya que en armonía con el “manifiesto democrático” de Uribe, operará en toda la geografía nacional. Colombia recolonizada será una nación-maquila que terminará compitiendo con las semejantes extendidas en todo el mundo. Como las de Blangadesh, donde se paga a 220 pesos la hora de trabajo; o las de China, donde un obrero fabril recibe por dos días de trabajo lo que su similar japonés se gana en una hora, por lo que ya están venciendo a punta de salarios de hambruna a las de México, con la natural corrida de capitales hacia países como esos. Y a propósito, ese México así vencido, que fue pionero en tratados de libre comercio con Estados Unidos, refleja de cuerpo entero el futuro que se nos anuncia: allí, 97% de los componentes que utilizan en sus “maquilas” todavía hoy son importados y, como anotaba un obrero, “a pesar de que México ha albergado muchas fábricas de carros, nosotros no sabemos cómo hacer uno”.

Todo este proceso neoliberal lleva en nuestro país tres lustros y sigue en marcha causando la mencionada hecatombe social. Para intensificarlo y consolidarlo, no sólo en Colombia sino en todo el hemisferio, el imperio norteamericano tiene como política central la imposición del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Con esta se intenta coronar el proceso de apertura abriendo plenamente los mercados al capital financiero y a los productos norteamericanos, lo que llevará a la pérdida del mercado nacional, a la carencia de seguridad alimentaria y a la postración de la industria y la agricultura, seguida de su suplantación por las de origen foráneo. Así, a la nación no solo le estará vedado el desarrollo sino que se le hará retroceder a sombrías épocas de atraso. En las determinaciones sobre economía y comercio que finalmente contengan lo acordado se patentizará la recolonización que enfrenta Colombia.

Para la constitución del ALCA, proyectada para el final del año 2005, Estados Unidos ha manifestado que está dispuesto a llegar a ella a través de negociaciones con grupos subregionales ya existentes, tales como el formado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, el Mercosur, Caricom y la Comunidad Andina de Naciones, de la cual hace parte Colombia. Pero simultáneamente se empeña en alcanzar acuerdos mediante negociaciones bilaterales con los países que así lo deseen, como es el caso de las que está a punto de culminar con Chile, o con aquellos que considere necesario, “dependiendo de las condiciones prevalecientes en el momento dado”, según expresa el subsecretario de Estado de EE.UU., Otto J. Reich. De todos modos, sean multilaterales o bilaterales las negociaciones, el imperio norteamericano ya cuenta con una situación de supremacía que le permitiría imponer su voluntad. No obstante, es innegable que esa supremacía sería apabullante para el país que entre en tratos bilaterales. Como se ve, la división que utiliza Washington para reinar en los treinta y tres países de América Latina, empieza por la actual división para negociar.

Como lo más previsible es que el gobierno de Bush imponga mediante el ALCA su ley en la economía del continente y el de Uribe la acate e inicie su ejecución, se abrirá entonces un prolongado período en el que los millones de compatriotas vulnerados a causa de esa política solo tendrán una genuina alternativa: desplegar los valores patrióticos y democráticos que atesoran a fin de emprender múltiples acciones de resistencia contra este intento de consumar la recolonización.

Los trabajadores aquilatarán la táctica de sus luchas

Puesto que expedientes como el ALCA son punta de lanza de la política que al servicio del capital financiero norteamericano lleva a cabo el gobierno de Bush, los trabajadores deben librar junto al resto de la población una lucha igualmente política y a fondo en su contra. Máxime cuando, como elemento esencial de la intensificación de la apertura neoliberal que esa política exige, el gobierno uribista está gestionando ante el Congreso reformas que arrasarán con más derechos laborales y escamotearán las pensiones de los trabajadores. De allí que, con la mira puesta en la ineluctable batalla, la clase obrera, en particular su movimiento sindical, al examinar las distintas modalidades que adoptó la aplicación de esa apertura, deberá analizar rigurosamente las no menos variadas resistencias que se le opusieron. En la síntesis de tales experiencias aparecerá sin duda la necesidad de cambiar enfoques y conductas que han estorbado la eficacia de su acción.

No han sido pocas las ocasiones en que la lucha se ha desvirtuado debido a la figuración de un puñado de dirigentes sindicales que siempre están en plan de abandonar furtivamente las posiciones de combate para ameritar así las gratificaciones de variada especie que otorgan funcionarios y patronos. No es extraño que al conocerse estas rentables fugas, sus palabras suenen como monedas de palo en recintos, calles y plazas cuando los trabajadores exponen y discuten sus derechos, celebran sus paros o conmemoran sus luchas. Igualmente dañina ha sido la tendencia de algunos directivos de las centrales y federaciones sindicales a convertirse en funcionarios del gobierno de turno, ¡preferentemente en el Ministerio de Trabajo!, o de instituciones afines, como emulando la conducta antipatriótica de gentes tipo Hommes y Junguito quienes, cual si se moviesen graciosamente entre los caballitos de un tiovivo, van y vienen cínicamente de cargos en ramas del Estado a los de las organizaciones financieras o sus gremios y, lo que es más abyecto, a los de organismos internacionales que se ensañan en el país. Con la diferencia de que, al hacerlo, estos no se salen de los circuitos del poder financiero o imperialista, mientras que aquellos ingresan a ellos.

La necesidad de orientar y educar a las bases de los trabajadores sobre la táctica adoptada ante cada acometida del gobierno, labor que corresponde a las direcciones sindicales, se ve a menudo socavada por declaraciones, tanto escritas como orales, en las que gastadas quejumbres reemplazan la denuncia y se esquivan con insulsas expresiones los llamados concretos a la lucha, como si la intención fuera escenificar simulaciones de oposición. Actitud que se desprende de la tendencia a centrar la defensa de los intereses de los trabajadores en melifluas posiciones de concertación y reconciliación. Se abre campo así la indigna rutina de llegar a las lamidas oficinas de funcionarios y gerentes a imprimirle la dosis de “controversia” que precisan las medidas y disposiciones antiobreras y antinacionales, episodios que estos aprovechan para presentarlas como resultantes de un proceso de discusión democrática. Es obvio que en estas circunstancias la desviación no reside en que se tengan las necesarias conversaciones y debates con funcionarios y patronos, sino en que se celebren con las fronteras de los contrapuestos intereses borradas y creyendo que la mesura y la concertación son más efectivas que las protestas, movilizaciones, huelgas y paros, las preciadas armas en manos de las bases sindicales que en tales casos se dejan en los anaqueles antes de cruzar la puerta de entrada a las reuniones de concertantes.

Hoy más que nunca, todos los trabajadores precisan un cabal conocimiento del contenido y los fines de las políticas que la globalización neoliberal descarga sobre la producción y el trabajo nacionales, pues esa comprensión es un componente necesario del ánimo que les es menester para disponerse a las batallas, darlas a tiempo y afrontar sus peripecias y altibajos. Durante la última década los sindicatos han hecho reales progresos en superar el recortado ámbito de lo meramente gremial a fin de convertirse en destacamentos vivos, capaces de enfrentar las amenazas que se ciernen sobre ellos. Las opresivas disposiciones que rebajan salarios, esquilman prestaciones, raponean pensiones y niegan derechos de organización, tienen un carácter político estampado por el imperialismo y la burguesía financiera, por lo que necesariamente antiimperialista y obrera debe ser su respuesta, allanando las tendencias ideológicas y partidistas presentes en las organizaciones sindicales. A la orden del día se pondrá la urgencia de dar esa respuesta teniendo en cuenta que tan importante como combatir a los ensoberbecidos funcionarios uribistas que impulsan esas políticas, así como a los altaneros presidentes de gremios que les hacen coro, es examinar constantemente hacia dónde se inclinan quienes vacilan frente a ellas y apoyar franca y resueltamente a quienes en cualquier grado lo hacen hacia la resistencia.

El imperialismo y la oligarquía ganan con la crisis que causan

Es necesario reiterar que el aspecto clave de la crisis de Colombia es su pérdida de soberanía económica y su manifestación más evidente es el atraso de la producción fabril y agrícola. Como fatal secuela, cada vez es más azarosa la situación de las personas afectadas: trabajadores con su energía y capacidad desechadas y empresarios no monopolistas con sus capitales en continuo detrimento; gentes que por oleadas son compelidas a desplazarse hacia los suburbios urbanos huyendo del marchitamiento agrario y las implacables ráfagas de la violencia, y familias que en los asentamientos urbanos se les deteriora y agota la vida a medida que los ingresos salariales se les reducen y los servicios públicos, en funesta hora entregados a la codicia privada, tanto nacional como extranjera, se les encarecen o simplemente se les niegan. Estas facetas de la situación, desprendidas todas de las políticas propugnadas e impuestas por Washington, revelan que el imperialismo, innombrable por algunos al apartarse de la izquierda y empezado a nombrar por otros al adquirir sensatez, es hoy el principal enemigo a enfrentar. Mas como en la globalización, que es su política, no hay crisis sin ganadores, a sus nefastos efectos sobre el país y las mayorías que lo habitan corresponde la bonanza monetaria para los bancos y corporaciones financieras gringas y la consabida tajada para la oligarquía financiera criolla.

Basta mirar el monto de la deuda pública, el cual es un haber en la bolsa de los prestamistas, y el monto del servicio en intereses que demanda, para saber a manos de quién van a parar los valores de la producción y el trabajo que se les despojan a más de 40 millones de colombianos cuya situación se degrada a diario. No tiene nada de extraño que sobre esta realidad, al comparársela con la que soportan otros países, se registre que Colombia retrocedió a los niveles económicos que tenía hace dos décadas y que, como lo señala un índice de desarrollo humano elaborado por las Naciones Unidas, las condiciones de vida de la población han descendido debido principalmente a la disminución del ingreso por habitante.

Cuando se menciona que a la economía, entendida como la que impone y aprovecha la élite financiera, le va bien mientras al país le va mal, no puede quedar oculto que el bienestar de aquella se engendra a costa de los reveses de la nación. De allí que los índices sobre mejoras o recuperaciones de la economía, que se esfuerzan los funcionarios del gobierno y los presidentes de los gremios por anunciar, vienen acompañados, en caso de ser ciertos, del agostamiento de los sectores productivos nacionales.

Al cese del enfrentamiento armado se debe llegar mediante una solución política negociada

A la comprometida situación económica la viene acompañando una desaforada violencia que la empuja a insoportables extremos. Desde las trasnochadas elucubraciones de Belisario Betancur sobre las “condiciones objetivas” que la generaban, y que dieron pie a muchas de las irracionalidades de su nefasta administración, la violencia ha sido tratada de manera acomodaticia por los diversos gobiernos. Sacando a relucir sus bárbaros rasgos y el tremendo impacto que produce en la opinión pública, la presentación que de ella se hace ahora como germen de todos los males del país, tiene el doble propósito de ocultar el hecho de que la causa motriz de la debacle económica y social de la nación ha sido la política neoliberal impuesta por Estados Unidos y servir de pretexto, tanto a este, que se ha apresurado a encuadrarla dentro de su cruzada mundial contra el terrorismo, como al gobierno de Uribe, para justificar los planes antidemocráticos y antinacionales que están implantando. Negar tales artilugios que conducen a confundir los principales blancos de la resistencia civil, no implica desconocer que la violencia, principalmente la generada en el enfrentamiento armado de agrupaciones insurgentes con las fuerzas militares del Estado, se ha venido convirtiendo en un factor político de gran incidencia en la vida nacional, puesto que sus secuelas exacerban la crisis de la ya debilitada estructura económica de la nación.

Ha sido siempre nuestro criterio que a ese enfrentamiento se le debe buscar una solución política negociada. Pero esta posición del MOIR, si bien coincide en su formulación general con lo expresado por las más disímiles fuerzas políticas, tiene fundamentos y propósitos que la diferencian de todas ellas. Lo que motiva al gobierno norteamericano y a la oligarquía colombiana a querer que cese el conflicto es garantizar ganancias en una calmada situación de “seguridad democrática” que haga viable en el país la expedita aplicación del recetario neoliberal del libre comercio, ahora empacado en ese súmmum de la apertura que es el ALCA. Por su parte, lo que anhelan las fuerzas y estamentos patrióticos y democráticos es que al cesar el violento enfrentamiento se extinga el azote que soportan amplios sectores de la población, se detengan los graves daños ocasionados a la producción nacional y se suprima el pretexto que -enmarcado en una amalgama de “luchas”, la vieja contra el narcotráfico y la más reciente contra el terrorismo- el imperio norteamericano aduce para su intervencionismo recolonizador en Colombia. Pretexto que la elite financiera nativa, ahora con el gobierno de Uribe a la cabeza, alcahuetea y aprovecha para marchitar derechos democráticos que la ciudadanía requiere a fin de sacudirse la opresión política y económica a que la tienen sometida ambos. Establecida la diferencia entre los diversos propósitos, el hecho es que con tal cese amplios sectores de la población tendrán mejores condiciones políticas y sociales para desarrollar su resistencia contra quienes constituyen la génesis de sus males.

Esa resistencia por parte de las clases mayoritarias, incluidos los sectores de la burguesía nacional en quienes aliente una posición patriótica y democrática, deberá adquirir un desarrollo que ocupe cada vez mayores espacios políticos, cualifique la lucha de clases al concentrar esfuerzos en la lucha contra la globalización norteamericana y unifique con tal propósito a todo el país. Convencidos de que sólo la marcha que en esta dirección emprendan las mayorías puede proporcionar una salida salvadora a la nación, hemos rechazado las pretensiones de involucrar forzadamente a la población en el actual enfrentamiento bélico, ya que es al Estado y a las organizaciones insurgentes a quienes les corresponde dirimirlo. Cuestión esta confirmada por los intentos militares y diplomáticos, así desafortunadamente hayan sido infructuosos, que ambos han hecho durante lustros buscando una solución.

Los colombianos, de tiempo atrás víctimas de los aguijonazos de la desaforada violencia, se ven sometidos ahora por el gobierno de Uribe Vélez a medidas económicas que desgracian aún más su existencia y a decretos que restringen y pisotean sus ya reducidos derechos y libertades democráticos, como los expedidos al amparo del Estado de Conmoción Interior. Y para redondear esta embestida, ese gobierno se empeña en convertirlos en sujetos de guerra, lo que significaría que a la política de sudor y lágrimas que tan expresamente anunció y tan acuciosamente les está haciendo sufrir, le quiere agregar ahora la sangre, como si no bastase con la que han venido regando aun estando al margen del enfrentamiento armado. No tiene ninguna razón legítima –ni ética, ni política, ni constitucional- un gobierno como el de Uribe, que se rige por una política antinacional y antipopular, para forzar a los nacionales, ya abiertamente ya mediante artilugios, a que se conviertan en cruzados de su belicismo, mientras les coarta las condiciones económicas y los espacios democráticos que precisan para empezar a sacudirse, con sus propios esfuerzos y respondiendo a sus propios y caros intereses, todas y cada una de las violencias que los agobian.

Nuestra presencia en el Senado

La campaña electoral para elegir el nuevo Congreso nos permitió exponer ante un mayor número de gentes que sólo la resistencia civil por la soberanía, el trabajo y la producción que ellas mismas forjen podrá extirpar sus crecientes adversidades. Y les expusimos también que su apoyo electoral a la candidatura del compañero Jorge Enrique Robledo nos permitiría introducir en una importante rama del Estado a un impecable vocero de esa resistencia. Al depositar su voto, más de 45.000 personas posibilitaron la conquista de la curul en el Senado y demostraron así su consecuencia en la defensa de los intereses de la nación y de los principios democráticos que deben regir en la sociedad. La votación obtenida por la Unidad Cívica y Agraria-MOIR posee un contenido que trasciende las comparaciones meramente cuantitativas y refleja la existencia de un núcleo avanzado de colombianos que jugaron un papel activo en ella. Por los nítidos perfiles de la campaña que la obtuvo y los escasos recursos con que se realizó, constituye un éxito político que, inscrito en el contexto de la prolongada marcha de la resistencia, sobrepasa con creces las adhesiones personalistas y clientelistas de muchas de las candidaturas a los cuerpos legislativos. Sus rasgos distintivos se conservarán en la actividad parlamentaria del compañero Robledo, sin que este hecho excluya, y más bien sirva de confiable y firme base, a la necesaria confluencia con otras fuerzas políticas en defensas concretas de los intereses nacionales.

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El mal del imperio está en sus entrañas

El imperialismo norteamericano, al que inexorablemente le brotan en su interior más aspectos corrosivos, va encontrando, junto a la intensificación de las antiguas, nuevas contradicciones con todos los pueblos. De allí que tenga que emprender exasperados forcejeos tratando de conservar su poderío económico y militar. El gran capital monopolista de los Estados Unidos sigue sometido a su fatal ley de ir siempre en busca de la máxima ganancia, al paso que la tasa promedio de ésta siempre tiende a descender.

El “milagro” atribuido a la prosperidad y crecimiento de la economía norteamericana en la última década fue todo un fraude que terminó en el estallido de su supuesto auge. Se había nutrido principalmente de flujos de capital extranjero equivalentes a 1.200 millones de dólares diarios, y fue en buena medida debido a esto que los índices de inflación y las tasas de interés no se hayan disparado y que el consumo, un factor clave, se haya mantenido. Últimamente la economía gringa está acosada por fenómenos como la persistencia de la recesión, un enorme déficit fiscal que va en aumento, la más baja utilización de su capacidad productiva en veinte años, un déficit en su comercio exterior que alcanza un promedio anual de casi 500 mil millones de dólares y una alta cifra de desempleo. Asimismo, se ha visto aquejada por desplomes bursátiles, grandes caídas de las acciones de empresas de alta tecnología, quiebras y bancarrotas sin precedentes en un buen número de sus poderosos monopolios, mayor vulnerabilidad del dólar, altos niveles de deuda y, llevando al colmo la avaricia connatural al capitalismo, la fiera competencia entre los monopolios se ha venido zanjando recurriendo al salvajismo de las prácticas más corruptas.

Ante tan graves y agudos problemas en su producción y en sus negocios, la política de globalización, que aparece como una necesidad forzosa para el imperialismo, es impulsada cada día con más ímpetu por el gobierno de Bush. Destinada a que se le abran las fronteras de las otros países a fin de inundarlos con sus productos y darle curso a la inversión de capitales para el saqueo de sus recursos naturales, la explotación de su fuerza de trabajo y el despojo de su producción, esa globalización prescribe recetas neoliberales que no admiten ningún tipo de medidas estatales que protejan la producción y el trabajo nacionales, y sus lineamientos son verdaderos ucases para el resto de naciones, con su carga de chantajes políticos y económicos, sin que falten las abiertas o veladas amenazas de intervención militar. El método acorde con estos expedientes que la administración Bush no ha dudado en utilizar es el de una abierta unilateralidad.

Corrupción e irrefrenable declive del imperialismo norteamericano

Ninguna de las desaforadas políticas del imperialismo, ni los modos como se deciden y aplican, empezando por el talante fascista y el estilo ramplón de Bush, pueden parecer extraños si se tiene en cuenta que satisfacen directamente el apetito financiero de las multinacionales gringas. Mas como la sed de ganancias se genera primero en casa, las grandes compañías, como ha ocurrido en otros períodos, se desmadraron allí en su afán de saciarla. Delictuosas rapacidades y arterías de los avariciosos ejecutivos financieros salieron a flote en el caótico piélago de negocios, fusiones y despojos que llevan a cabo los grandes monopolios y corporaciones financieras. Característicos escándalos estos que, si bien ya aparecían en los albores del capitalismo, hoy, en su fase imperialista, adquieren modalidades y montos exorbitantes. A su medida, pero de igual naturaleza, son los escándalos de corrupción financiera que se presentan en la mayoría del resto de naciones, sin que Colombia, como se ha visto en los negociados de la oligarquía y sus áulicos con el Estado, sea una excepción.

Robos y desfalcos son algo endémico en el capitalismo monopolista y los sucios recursos a través de los cuales se cometen los utilizó ya hace un siglo la Standard Oil de John D. Rockefeller: fraude, engaño, privilegios particulares, ilegalidad crasa, soborno, coerción, corrupción, intimidación, espionaje o palmario terror, los mismos que hoy se emplean sin recato en el mundo financiero norteamericano. Tan endémico, que muchas de esas prácticas están legitimadas, ya sea porque las leyes no contemplan sanciones para ellas, ya porque expresamente las permiten, por lo que siempre que se destapan son pocos los enjuiciados y muy raros los condenados. Lo nuevo es que esta vez fueron tan numerosas, y tan inmensos los caudales birlados, que quedó al desnudo la podredumbre no ya de unas cuantas manzanas sino de todo el sistema que hoy domina al capitalismo financiero, sin que notorios magnates, grandes ejecutivos y altos funcionarios gubernamentales que lo dirigen y aprovechan alcanzaran a enmascararse. Una de las razones principales para que estos personajes no hubiesen podido evitar que los escándalos apareciesen como la masa emergente de un iceberg, radica en que no lo podían divisar ya que, enfrascados en su desaforada competencia, “estaban parados en su cúspide”, como se anotó en The Financial Times.

La lista de estos reos es larga, sigue aumentando hoy y aumentará mañana, pues como afirma el decano de la Escuela de Administración de la Universidad de Yale, J. Garten, “creo honesto decir que no hubo nadie en la comunidad de los negocios que de alguna manera no estuviera involucrado en esto”. Los más nombrados van desde el presidente Bush con su negociado en la Harken Energy Corporation y el vicepresidente Cheney con los fraudes en Halliburton Co., hasta los corruptos ejecutivos y miembros de las juntas directivas de compañías gigantescas como Enron, WorldCom, Tycos Global Crossing, Adelphia, ImClone, Tyco, Merrill Lynch, Martha Stewart Living Omnimedia. Y junto a ellos aparecen sus abogados, auditores internos y externos, y los analistas de valores de Wall Street, funcionarios de agencias evaluadoras y los grandes accionistas dueños de las empresas. Pero la mayor parte de los escándalos, como ocurre en todo iceberg, quedarán ocultos. Por más impactante que sea esta revelación de la corruptela que acompaña desde sus orígenes la formación de las grandes y “respetables” fortunas financieras -corruptela que denunciada por demócratas se considera como devaneos y si lo hacen los marxistas se desprecia como “discurso tradicional de la izquierda”- su ocurrencia no es insólita, pues siempre ha estado ahí, como lo confirma alguien que tiene por qué saberlo, el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, al explicar que el fenómeno no obedece a que sus autores “se hayan vuelto más avariciosos que en las pasadas generaciones sino a que las vías para que se exteriorice la avaricia han aumentado enormemente”.

No es extraño entonces que gentes de las más disímiles posiciones y tendencias políticas, incluso nefandos funcionarios, expresen verdades sobre los escándalos financieros en Estados Unidos, así como sobre sus promotores y beneficiarios. Así, se puede escuchar al secretario del Tesoro de EE.UU., Paul O´Neill, decir que "en su avaricia y su gula, estos forajidos sacrificaron los años de retiro pertenecientes a maestros, camioneros, enfermeras y agricultores para enriquecerse”; al economista Paul Krugman afirmar que "Bush se lucró personalmente a partir de una agresiva maniobra contable idéntica a las recientes estafas que provocaron conmoción en los Estados Unidos. La fortuna personal de Bush se fundamentó en privilegios y tratos con socios de confianza... se volvió rico gracias enteramente a patrocinios y buenas conexiones”. Y The Mirror señala que “los grandes perdedores son gentes sencillas, con enormes recortes en sus ahorros y pensiones”.

Las recurrentes crisis inherentes al capitalismo monopolista no se limitan a registrar alteraciones de magnitud, sino que su repetición termina produciendo cambios en sus elementos esenciales en un proceso de disolución. Ante la equivocada percepción del imperialismo como irresistible coloso, dada su enorme concentración de poder económico y militar, pocas veces ha sido tan evidente su precaria permanencia histórica: las arenas movedizas en las que se mantiene condicionan que cada uno de sus movimientos expansionistas le ocasionen un hundimiento más profundo en ellas. Como en esencia esta característica es estructural, el alto grado de absurdidad que han alcanzado sus métodos de adquisición, una especie de moderna “acumulación primitiva” de enormes proporciones, indica que el imperialismo de Estados Unidos puede estarse asomando a estadios de irrefrenable declive.

Durante más de un siglo los dueños del gran capital monopolista han venido tratando de espantar del alma de sus negocios la crítica de la economía política capitalista realizada por Carlos Marx. Y han recurrido a todo para impedir que los trabajadores y las gentes oprimidas la asimilen y la conviertan en fuerza. Su argumento más ordinario, y más generalizado, es que sus “profecías” no se cumplieron, ignorando que Marx simplemente analizó de manera dialéctica y materialista las leyes propias del capitalismo -económicas y políticas-, que determinan su desarrollo y su fenecimiento como corresponde a la naturaleza históricamente perecedera de todo modo de producción, sin que nunca “profetizara” nada sobre las formas y el tiempo de duración de este proceso. Sus verdades, como lo recordaba Francisco Mosquera, lejos de marchitarse, se avivarán constantemente. Verdades confirmadas por los hechos y corroboradas por abigarrados conceptos que hoy proliferan sobre las actuales falencias del capitalismo financiero. Luego de registrar que las numerosas libertades escrituradas y adquiridas habían sido sustituidas “por la única y desalmada libertad de comercio” y de expresar que “la competencia ilimitada conduce a un derroche de trabajo y a amputar la conciencia social de los individuos”, Marx, a propósito de la corrupción, dejó estampadas como marca indeleble en el ostentoso lomo de los amos modernos afirmaciones como esta, que le calzan perfectamente a la cúpula que en nuestro tiempo abandera la globalización y el neoliberalismo:

"Mientras la aristocracia financiera hacía las leyes, regentaba la administración del Estado, disponía de todos los poderes públicos organizados y dominaba a la opinión pública mediante la situación de hecho y mediante la prensa, se repetía en todas las esferas, desde la corte hasta el Café Borgne (Nota: cafetín de mala fama), la misma prostitución, el mismo fraude descarado, el mismo afán por enriquecerse, no mediante la producción, sino mediante el escamoteo de la riqueza ajena ya creada. Y señaladamente en las cumbres de la sociedad burguesa se propagó el desenfreno por la satisfacción de los apetitos más malsanos y desordenados, que a cada paso chocaban con las mismas leyes de la burguesía; desenfreno en el que, por ley natural, va a buscar su satisfacción la riqueza procedente del juego, desenfreno por el que el placer se convierte en crápula y en el que confluyen el dinero, el lodo y la sangre. La aristocracia financiera, lo mismo en sus métodos de adquisición, que en sus placeres, no es más que el renacimiento del lumpemproletariado en las cumbres de la sociedad burguesa". (Carlos Marx: La lucha de clases en Francia de 1848 a 1850).

No es la seguridad, es el despojo económico

La política que corresponde a un funcionamiento de la economía imperialista girando sobre tan descompuestos ejes no puede ser sino una de exorbitantes antidemocracia e intolerancia internas simultáneas con bárbaros zarpazos comerciales y desenfrenados asaltos militares sobre diversas naciones, dependiendo del grado de contradicción con ellas. La globalización de los capitales financieros, pues de esto se trata, no puede realizarse sino acompañada de la globalización de estas vituperables formas de la política.

La tragedia de los ataques terroristas en Nueva York y Washington fue plenamente aprovechada por el gobierno de Bush para intensificar la política que desde su instauración venía preconizando. En efecto, luego de señalar a Al Quaeda como su fuente y de lanzarse a cazar a sus cabezas dirigentes en sus sedes en Afganistán, como primer acto de la guerra contra el terrorismo, aumentó su presupuesto militar con el que llenó las arcas de las grandes compañías relacionadas con la fabricación de armamentos; alineó temporalmente a la mayoría de gobiernos de las otras naciones a su alrededor, obteniendo de ellos una relativa permisividad con su estrategia global; sometió a chantajes en asuntos políticos, militares y económicos, escudándose en presuntas amenazas a su seguridad, a naciones que se mostraban reticentes con sus designios; levantó oleadas de patriotería, xenofobia y discriminación en Estados Unidos, que le sirvieron de asidero para introducir medidas en beneficio de los monopolios estadounidenses, exacerbar su política de intolerancia interna y recortar libertades y derechos caros para el pueblo estadounidense.

Luego de asolar con bombardeos y bárbaras masacres la nación afgana, instaló allí como gobernantes a degenerados caudillos militares de tipo feudal y, con el rancio concurso de su eunuco británico, Tony Blair, la convirtió en su ambicionado enclave en el Asia Central. Además de lograr con esta intervención alzarse con valiosos recursos petroleros y minerales, Afganistán le sirve de cabeza de puente para la expansión de sus intereses geoestratégicos en la región y de plataforma militar para la ya considerada toma de Irán y eventuales enfrentamientos con China, mientras tiene en su mira a todos los países de esa vasta región. Apuntaló más firmemente a Israel como su destacamento político y militar en el corazón de las naciones árabes, y lo azuzó para embestir al pueblo palestino en un intento por crear condiciones que, socavando la solidaridad que se ha creado entre las naciones árabes alrededor del derecho de este heroico pueblo a constituir un Estado autónomo, le permitiera entrar a saco en las reservas y producción petroleras del Medio Oriente.

Escogió como punto más vulnerable a Iraq y, luego de pintar a Hussein como el más bandido y ficharlo como el más buscado, tiene planes para entrar a sangre y fuego, y sin ninguna consideración por la opinión mundial, en la conquista, y reparto posterior, de un jugoso botín: sus reservas probadas de petróleo, las mayores del mundo después de las de Arabia Saudita. Es obvio que si somete a Iraq, las de ésta y sus otros vecinos, Kuwait e Irán, las tendrá a tiro. Hoy no es necesario conminar a nadie, por estúpido que sea, para que entienda que entre la cortina de humo de la defensa de la democracia y la prevención de potenciales ataques a la seguridad de Estados Unidos, de lo que se trata primordialmente en la guerra esgrimida por Bush contra Iraq es de la economía, en este caso la imperialista.

Estrategia unilateral para la dominación militar mundial

A partir de la primacía que atribuye a la defensa de los intereses imperialistas, la cual disfraza de interés nacional de los norteamericanos, el gobierno de Bush tiene como actitud básica la sospecha y el rechazo ante toda iniciativa o acuerdo de carácter internacional y no sentirse atado por ningún tratado, convención u organismo que limite su poder, sin que importe mayor cosa su anterior adhesión a ellos. De allí su reluctancia a comprometerse con iniciativas sobre temas tan diversos como el clima y el medio ambiente, la guerra biológica, la justicia penal, los derechos y la no discriminación de las mujeres, los derechos de los niños y la prohibición de involucrarlos en los conflictos armados; su desprecio a los organismos de las Naciones Unidas y a sus resoluciones y, significativamente, haberse desligado de la Convención de Viena sobre la Legislación de los Tratados, en la cual se establece la obligación que tienen los Estados de atenerse a los tratados aunque ellos aún no los hayan ratificado.

Mas es en la utilización de su poderío militar en donde esa cerril unilateralidad adquiere su forma imperialista más acabada. Con el pretexto de velar por la seguridad de Estados Unidos ante los eventuales ataques de agrupaciones terroristas, el gobierno de Bush, mientras mantiene a la población norteamericana entre el asombro y la intimidación mediante medidas policivas y de inteligencia, se ha atribuido el derecho a desplegar y apuntalar sus fuerzas militares por todo el globo a fin de controlar regiones ricas en recursos que le son esenciales y acceder por la fuerza, si es necesario, a los países que los poseen pero cuyos gobiernos se rehúsan a facilitárselos; combatir las fuerzas internas nacionales que oponen resistencia a sus políticas; situarse en puestos de avanzada ante potenciales enemigos; mantener una supremacía en armamentos, tanto defensiva como ofensiva, respecto a naciones que cuentan con considerable desarrollo militar y con las que tiene contradicciones. También es su manera de responder a la desconfianza y hostilidad que se ha despertado en todo el mundo contra Estados Unidos, una creciente opinión antiimperialista que Bush presenta como “antiamericanismo”, tratando de infundir en la población la mentalidad esquizofrénica de sentirse rechazada y amenazada, acondicionándola así para que le apruebe todas sus políticas.

Para convertir su belicismo a ultranza en una conducta permanente de los Estados Unidos, Bush acaba de exponer la Estrategia de Seguridad Nacional fundamentada en una teoría de “autodefensa preventiva unilateralmente determinada”, con la que se otorga el derecho de lanzar a discreción ataques en donde considere que exista una amenaza contra los “primordiales” intereses y seguridad de Estados Unidos. Al anunciar que “no tiene la intención de permitir que ninguna potencia extranjera alcance la inmensa ventaja que Estados Unidos ha obtenido desde la caída de la Unión Soviética”, y que tendrá unas fuerzas armadas “suficientemente poderosas” para que ningún posible contendiente se atreva a "impulsar un desarrollo militar con la esperanza de sobrepasar, o igualar, el poder de Estados Unidos", lo que pretende el imperialismo norteamericano es establecer un permanente dominio militar sobre todas las naciones. En medio de cínicas expresiones sobre las virtudes del “mundo libre”en cuanto a democracia y desarrollo, el documento que contiene la nueva estrategia consigna los fines a los que apuntan sus propósitos guerreristas: “aprovechar este momento de oportunidad” para trabajar activamente en llevar “los mercados libres y el libre comercio a todos los rincones del mundo”. Es decir, la globalización neoliberal en plena marcha. Se le da concreción así a lo que un avisado columnista definió hace más de un año: “El nuevo unilateralismo busca fortalecer el poder norteamericano y desplegarlo desvergonzadamente a nombre de metas globales autodefinidas”.

Con la anunciada ronda militar que se propone hacer por todo el mundo asaltando a mano armada territorios, el imperialismo se crea más contradicciones y les abre a los pueblos más frentes de batalla, por lo que el avance de su ofensiva le va generando de inmediato una situación defensiva cada vez más precaria. Son pues los pueblos los que aprovecharán el momento para apreciar y explotar con su resistencia las debilidades de un imperio que comienza a atravesar etapas agónicas en donde lo único incierto es su duración, no su diagnóstico.

La infinita soberbia de Bush como presidente de Estados Unidos refleja la forma que ha tomado la política imperialista. Alecciona a las naciones sobre la extensión del libre comercio mientras dicta medidas para proteger la producción norteamericana de cereales, maderas y acero; anda en persecución en todo el mundo de quienes considera delincuentes, incluso sancionando la legalidad de su asesinato o reclamando que los extraditen para juzgarlos en cortes norteamericanas, y promueve juicios arbitrarios contra quienes se enfrentaron a su intervencionismo, como Slobodan Milosevic, para cuya entrega sobornó con millones de dólares al gobierno de Belgrado, mientras exige inmunidad para los militares y funcionarios norteamericanos que perpetren delitos en cumplimiento de misiones imperiales por todo el planeta y rechaza su enjuiciamiento por tribunales de las naciones en donde esos delitos fueron cometidos; proclama la defensa de los derechos humanos mientras los viola con aprehensiones -que van desde las realizadas en Afganistán hasta las hechas en los propios Estados Unidos- de quienes considera sospechosos y, sin ninguna fórmula de juicio, los confina en absoluto aislamiento en bases militares como Guantánamo, recintos penales como los del Distrito de Nueva York o en lugares secretos, negándoles todo derecho de defensa y respeto a su integridad; llama a la lucha contra el terrorismo mientras se entrega a masacres terroristas de sectores civiles en Afganistán y promueve los genocidios igualmente terroristas a manos del sionista Sharon contra la población civil palestina; reclama el combate contra la corrupción y lo pone como requisito de sus relaciones políticas y económicas, mientras se muestra permisivo con la que cometen los consentidos ejecutivos de los monopolios gringos en perjuicio del patrimonio de millones de norteamericanos, los mismos ejecutivos de las compañías que subvencionaron su encumbramiento a la presidencia, y mientras justifica y esconde la que él mismo consumó en empresas de las que era socio. Es decir, todo un sumario de procacidades que no se circunscribe a la arbitrariedad política de un hombre, por lo demás mediocre, sino que corresponde a la del sistema imperialista de dominación que preside. Tras escuchar a Bush declarar recientemente en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible que Estados Unidos “guiará con su ejemplo”, el sentido de esa “guía” lo contiene una frase que fue puesta en sus labios para describir la exigencia que el imperialismo norteamericano le espeta a todo el mundo sobre todos los asuntos: “Hagan como digo y no como hago”.

Tras el caos, un advenimiento histórico

Hace una docena de años el MOIR, en cabeza de Francisco Mosquera, su extinto líder ideológico y político, denunció públicamente la conjura que se tramaba contra el país al aplicarle las fórmulas neoliberales definidas en el Consenso de Washington, esa especie de contrato consensual de plutócratas incubado en la capital norteamericana. A partir de entonces, advertidos de que el país iba “hacia una emboscada mortal”, ha sido incesante nuestra crítica al neoliberalismo y, lo que es más importante, la hemos acompañado de una consecuente conducta política. De manera paralela a la acogida que un creciente número de personas le da a nuestras denuncias y posiciones, ha sido manifiesta la actitud de desvirtuarlas o ponerles sordina por parte de funcionarios estatales y directores de medios de comunicación al servicio de la clase dirigente, como si quisieran “matar al mensajero” que pone en guardia a la población sobre la tragedia que se viene provocando.

No obstante, cada día les será más difícil hacer caso omiso de ese mensaje crítico, pues crecen los compatriotas que lo toman como guía de su actividad, dándole vigencia a las clarividentes y radicales razones de Mosquera contra el neoliberalismo y la globalización que le sirven de áncora a la orientación política del MOIR.

Las grandes contradicciones manifiestas en las catástrofes económicas y sociales que está generando la política de globalización de los Estados Unidos, pueden caracterizarse como un “gran caos bajo los cielos”, según la expresión utilizada por Mao para fenómenos de igual naturaleza. La intensificada lucha de los pueblos contra esa política, anuncia el advenimiento de un nuevo período histórico.

Los millones de colombianos demócratas y patriotas ingresarán a él esparciendo las mejores esencias de su lucha de resistencia civil, pues de manera progresiva han venido comprendiendo que no tienen más alternativa que recurrir a sus propias y preciadas energías y empeñarlas en ella a fin de salir del actual estrago y romper el proceso de subyugación que lo acompaña. Es inexorable que las rebeldías ante cada uno de los males que los asedian, ya notorias pero aún sin alcanzar su pleno despliegue, acaben confluyendo en un amplio y vigoroso movimiento de salvación nacional. Sólo así tendrán su destino en sus propias manos.

Movimiento Obrero, Independiente y Revolucionario (MOIR)

Comité Ejecutivo Central

Héctor Valencia, secretario general

Bogotá, octubre 4 de 2002