Declaración del MOIR: PONER FIN AL INTERVENCIONISMO YANQUI EN COLOMBIA

Colombia ha sido conducida a la que, sin duda, es su más honda y compleja situación crítica. Esto indica el alto grado de agudización que han alcanzado sus contradicciones sociales y las que como nación tiene con la política que le ha dictado e impuesto Estados Unidos. Ocasión más que propicia, entonces, para que las clases populares desentrañen la causa real y los promotores, internos y externos, de sus males; se prevengan del letargo y la confusión en que las quieren sumir e inicien la forja de un gran movimiento de resistencia y salvación nacionales.

En lo que constituye diferentes fases de una misma política, los gobiernos de Barco, Gaviria y Samper han apuntalado en el país la apertura económica, de la que el "salto social" es a la vez un aditamento y un cosmético, acogiendo así el plan diseñado por Washington para la conquista de los mercados y la expoliación de los recursos, ahorro y trabajo de las naciones latinoamericanas. La realización pronta y eficaz de este designio es una cuestión imperiosa para Estados Unidos, pues precisa del engrosamiento de sus arcas a fin de enfrentar con cierta holgura la competencia de sus rivales económicos y comerciales, principalmente Japón y la Comunidad Europea, y consolidar su prepotencia global. Se explica así que, en asunto que le es tan vital, Norteamérica ponga en juego todo su poderío y recurra a toda suerte de medios, incluidos los más siniestros.

Poca cosa le importan, salvo para enmascarar sus funestos propósitos, la soberanía y la autodeterminación de las naciones, ni su desarrollo económico y social, y mucho menos la democracia, la moral y el respeto a las leyes o a los llamados derechos humanos. Aún más, no sólo no le importan, sino que de su permanente desprecio y violación depende la supervivencia de su imperialismo, como lo demuestra su historial a lo largo del siglo XX. Ha invadido y asolado naciones, complotado para poner y deponer mandatarios y ha perseguido o se ha aliado con las más diversas organizaciones criminales, todo según sus conveniencias que, por su naturaleza, excluyen consideraciones democráticas o éticas.

El narcotráfico y sus múltiples secuelas ha sido elevado por la Casa Blanca a la categoría de problema de seguridad nacional y de objetivo estratégico. Más que a contrarrestarlo efectivamente, semejante presentación está destinada a reforzar el pretexto para intervenir política y militarmente en todos los países que tengan que ver con la producción y comercio de narcóticos. Al respecto, Colombia es un blanco preferido, a la que, si su gobierno lo permite, como ha sido el caso, se le puede aplicar con especial intensidad toda la gama de medidas intervencionistas en los diversos aspectos de su organización social.

No es de extrañar entonces que, aun contando con el beneplácito y la complicidad de quienes han venido gobernando el país, el imperialismo norteamericano haya implantado de manera burda y arbitraria sus disposiciones en el manejo de nuestra economía y comercio. Como resultado, avanza el ingreso de productos a nuestro mercado y el asalto del capital financiero a los renglones más rentables, mientras se presenta agostamiento o quiebra de los sectores industriales y la producción agraria entra en plena bancarrota, ocasionando la pauperización de sectores enteros de la población sometidos al desempleo, el incremento del costo de vida y la caída de los salarios. Esta verdadera crisis revela el objetivo fundamental de la política de recolonización emprendida por Estados Unidos.

Sobre ella se alza la crisis política e institucional. Para quitar del camino toda persona, organización o entidad social que obstaculice sus intereses o que, sirviéndolos, no lo haga con la debida fidelidad y eficacia, y para eliminar del ordenamiento jurídico e institucional toda traba para su dominación, el imperialismo yanqui ejerce contra la nación un salvaje intervencionismo. Recurre a la coacción y el chantaje para que las medidas económicas cumplan con los condicionamientos de las grandes agencias prestamistas como el Banco Mundial y el BID, y satisfagan los apetitos de las multinacionales; introduce a voluntad en el territorio nacional tropas y naves militares; instala sofisticados equipos de vigilancia e inteligencia en puntos claves de nuestra geografía, e incrusta en los organismos estatales a agentes de la DEA, la CIA y el FBI -todas famosas por sus infamias-, que participan y ocupan puestos de comando en operativos de orden público. A esto se suma la intromisión del embajador Frechette en los asuntos internos y la manera prepotente como califica y descalifica las conductas oficiales o privadas que no consulten a plenitud los dictados imperiales de su país.

Tan repudiable intervencionismo está enmarcado en la política de recolonización emprendida por el imperialismo estadinense. Es el principal problema que enfrenta Colombia y como tal preside todas y cada una de sus contradicciones internas. A ello se suma el hecho aberrante de que se practica con la complacencia y el respaldo del gobierno de Samper Pizano, dando lugar a una política de sumisión nacional.

Con todo, esto no le ha bastado al imperialismo. Contando con la abyección de un organismo que tiene tan amplios poderes coactivos y policíacos como la Fiscalía General al mando de Alfonso Valdivieso y con la obediencia debida de la Policía Nacional presidida por el general Serrano Cadena, los utiliza como demoledores arietes para, bajo el manto de una hipócrita cruzada contra la criminalidad y la corrupción, desprestigiar y apabullar a quienes considera indeseables aunque hayan sido obsecuentes con su hegemonía, someter a través de un basto terrorismo judicial a miembros de la clase política que no sean absolutamente adictos a sus intereses, en fin, para tener en sus manos el reajuste a discreción de los dirigentes públicos y privados del país. En esta estratagema ha alineado o puesto a su servicio buena parte de los medios de comunicación, ha recibido refuerzos de los moralistas de cuño viejo, como los que siguieron al desaparecido líder Galán, o de nuevo cuño, como el aparecido Bernardo Hoyos, y, en lo que constituye una demostración tanto de su poder intimidatorio como de la pusilanimidad de Samper y su gabinete, ha recibido el apoyo y el encomio del gobierno.

Al entredicho en que hoy se encuentra Ernesto Samper, debido al financiamiento de su campaña electoral por parte de agrupaciones delincuenciales, se le agrega el que corresponde al hecho, no menos grave, de que esa misma campaña haya recibido dineros de las multinacionales norte americanas y de poderosos grupos financieros nacionales. Se configura así un problema que, en el contexto del antagonismo entre los intereses de la nación y el imperialismo, saca el entredicho del ámbito jurídico y lo eleva a la categoría de la legitimidad política de Samper para seguir siendo presidente de Colombia. La solución del problema y de la actual crisis no depende entonces de su absolución o condena judicial, sino del rechazo radical al intervencionismo imperialista y de la defensa firme y plena de la soberanía económica nacional.

Le encrucijada en que el imperialismo yanqui ha colocado a la nación hace aparecer una línea divisoria entre quienes secundan, alcahuetean o consienten su continuado intervencionismo y quienes le oponen resistencia, lo condenan o rechazan. Esa línea debe resaltarse, puesto que define los dos bandos cuyo enfrentamiento antagónico le da una forma particular a la lucha de clases en la hora actual. Asumiendo la posición de los trabajadores, el MOIR pondrá todos sus cuadros y militantes al lado de las clases o sus sectores, organizaciones políticas y sociales, y personas civiles, militares o religiosas que repudien y resistan la injerencia imperialista, y emprenderá con ellos la formidable e histórica brega por la soberanía en todos los órdenes de la vida nacional.

Movimiento Obrero Independiente Revolucionario (MOIR) Comité Ejecutivo Central Héctor Valencia, Secretario General.