Del legado de Mosquera: SE APROVECHAN HASTA DE LOS ANHELOS DE CAMBIO

(Apartes del documento escrito por Francisco Mosquera bajo, el título "El 27de mayo, otro 11 de marzo", publicado en El Tiempo el 25 de mayo de 1990, y en el cual anunció que el MOIR se abstenía de concurrir a los comicios que le dieron el triunfo a César Gaviria)

Podemos decir que Estados Unidos recuperó en buena parte la iniciativa perdida dentro del ámbito de los negocios internacionales, mientras la Unión Soviética, en la recta final de su involución capitalista, ve disminuir aceleradamente la suya. Una variación de ciento ochenta grados en el curso de las contradicciones a nivel mundial. La humanidad se precipita hacia una guerra económica de extensión y proporciones no observadas desde los tiempos en que el trabajo forjó sobre la Tierra las primeras mercancías y el primer intercambio de éstas; unas colosales disputas que cobijarán a todos los continentes y a todas las razas, pero cuyos principales autores no serán ya exclusivamente las dos grandes naciones nombradas, sino que contarán también con la activa presencia de Europa y el Japón. El mundo dividido por dos se ha dividido por cuatro, y quizás se partiría en cinco, si China, con más de mil millones de seres, se acercara por su cuenta y riesgo al teatro de unos enfrentamientos hasta el presente "pacíficos", pero que cualquier desajuste en el complicado equilibrio bien podría encenderlos. Los planteamientos de que, para salir del atraso y la pobreza, Colombia debe tomar parte resueltamente en el actual proceso de internacionalización de la economía, y sobre los cuales tanto se especula, son apenas ecos ideológicos de las agrias contiendas que libran las metrópolis por el control de los mercados. A la par que pregonan la apertura para los países que giran en su órbita, los bloques imperialistas practican entre ellos el proteccionismo. Y ésta es la doble conducta que mantienen los consorcios estadinenses en sus relaciones con nosotros y el resto de Latinoamérica.

Siempre hemos insistido en la necesidad de efectuar rectificaciones en la conducción de la economía del país, algunas incluso de fondo. Jamás hemos sido partidarios de escudarnos en el aislamiento nacional como una forma de proteger nuestra incipiente industria. En suma, no creemos que haya fórmulas simples o fáciles en el intento titánico de propugnar el desarrollo. Pero de ahí a dejarnos arrastrar de la ternilla, o compartir la ingenua convicción de que basta con introducirnos en la retorta del comercio mundial para salir fortalecidos con la prueba de la competencia, hay un abismo muy considerable. A quienes les cuelan estos cuentos, o no son listos, o no son independientes. Cuando alguien se refiere a la apertura económica se entiende que habla de una política global, concreta y definida, la que en Fondo Internacional les está imponiendo a los países endeudados, con el propósito de convertirlos exclusiva y totalmente en feudatarios o tributarios de las economías de las repúblicas de los prestamistas del planeta, y en nuestro caso, de la norteamericana. Obviamente aquel enunciado no atañe a los esfuerzos que emprendan los exportadores o los comerciantes de un determinado pueblo tras el cometido de vender en el exterior los productos de éste e impulsar su progreso, contra lo cual ningún patriota consecuente habría de pronunciarse. La apertura que venimos reseñando y combatiendo implica no la modernización de las estructuras productivas de Colombia sino la quiebra de algunas de sus ramas industriales más antiguas, más sólidas y de mayor afluencia del capital nacional. El torrente de medidas económicas que, desde el segundo semestre de 1989, ha puesto precipitadamente en práctica el actual gobierno, ya en la penumbra de su decadencia, levantaron múltiples reclamos de los gremios industriales, las organizaciones sindicales y los frentes investigativos. Se derrumban las escasas barreras de protección e iníciase el alud indiscriminado de los productos extranjeros; el Estado pone en venta sus participaciones en las actividades productivas y se tramita la privatización de los servicios públicos; los créditos de fomento sufren drásticos recortes y los intereses bancarios llegan a índices realmente confiscatorios; los organismos de la planificación estudian el desmonte del control de cambios y el dólar continúa desplazando al peso en las transacciones internas. En fin, con sus reformas en los más variados campos, las autoridades colombianas alientan el proceso de colonización o apertura económica, que es lo mismo.

Mucho tememos que todo este revuelo armado en torno a la enmienda de la Constitución a través de la vía excepcional de un referendo y de una asamblea extraparlamentaria, obedezca a insistencias de Washington para que se efectúen cuanto antes los amoldamientos jurídicos sin los cuales no sería posible la santa misión de liberalizar a los países infieles de la época. La tormenta reformista que se ha desatado representaría entonces un gigantesco retroceso y no una innovación, cual lo proclaman los constitucionalistas del sistema. Estaríamos ante una conjura contra el país, que vería comprometido su futuro y aplastadas sus mejores tradiciones. Todo indica que es así, desafortunadamente.

Los ejecutores del peligroso proyecto se aprovecharán hasta de los anhelos de cambio de las masas. Cualquier factor puede servir: la deficiencia de los jueces, el anquilosamiento de las cámaras legislativas, la lucha sin cuartel contra el narcotráfico, la candidez virginal de los universitarios, el oportunismo de la extremaizquierda, los cálculos ilusos y egoístas de la burguesía, la división permanente de la clase obrera, los realinderamientos a escala internacional, el temor de las gentes y, sobre todo, la indiferencia política de vastos segmentos de la población que da pábulo a la labor diversionista del Ejecutivo, cuando casi todos los meses se escuchan desconcertantes noticias o rumores de que naves norteamericanas han vulnerado las aguas y los cielos de Colombia; incidentes gravísimos, frente a los cuales el presidente de la República ni siquiera se pronuncia. Y el día que por tal motivo llegó a salir un comunicado de alguna agencia gubernamental, fue para justificar las expediciones yanquis, por lo general fraguadas desde territorio panameño, convertido de hecho en el 52 estado de la Unión, luego del asalto de diciembre, con que se depuso a Noriega y se le secuestró.

Otro tanto ha acontecido con la muerte violenta de Rodríguez Gacha, alias El Mejicano. Voceros del Pentágono y del Congreso estadinense involucraron a agentes de la DEA en dicha operación, llevada a cabo en nuestra Costa Atlántica. La Cancillería colombiana les restó trascendencia a semejantes declaraciones que eran, o un infundio, o una infidencia, materia delicada en ambas eventualidades. Las ofensas contra la dignidad nacional ya no reciben ni el tratamiento reservado a las infracciones de inspección de policía. Si en el cuatrienio que concluye ha sido notoria esta tendencia, particularmente durante el último tramo, cuando se desnuda casi siempre el pleito de la sucesión presidencial, ¿qué puede esperar el pueblo colombiano de César Gaviria, ungido prácticamente desde el 11 de marzo, cuya buena estrella se la debe a Barco y a quien viene acompañando, sin interregnos ni deslealtades, aun antes del 7 de agosto de 1986?

El decreto con que se autoriza la consulta sobre la citación de una "Asamblea Constitucional" está redactado de tal modo que, en definitiva, se trata de un cheque en blanco girado a favor del próximo mandatario. Los partidos menores, e inclusive las fuerzas con raigambre electoral pero que no gozan de las simpatías del estrecho círculo dominante, al promover el referendo y la constituyente como los métodos democráticos jamás descubiertos; y creyendo, desde luego, que así cristalizan sus aspiraciones políticas, acabarán engañándose a sí mismos y de paso al pueblo. No en vano Rodrigo Lloreda insistió sobre la conveniencia de definir antes que nada tres aspectos consustanciales a la susodicha asamblea: la convocatoria, la composición y el temario; valga decir, quién la cita, quiénes la integran y sobre qué asuntos versa. Como ninguno de estos puntos se ha tocado, ni discutido, ni hay dónde hacerlo, ni con quién, pues el objetivo prioritario consiste en arrumbar el Congreso y la Corte, se supone que las decisiones fundamentales quedarán en manos del Ejecutivo. Y únicamente a los monopolios extranjeros, que se alampan por establecerse en tierras pródigas, pobladas por gentes que trabajen mucho y cobren poco, les interesa entenderse con una sola persona, o con un pequeño grupo de personas que no deban rendirle cuentas a nadie.

Éstos son los cambios planteados en la actualidad al pueblo colombiano, con el sarcástico aliciente de que conquistarán con ellos el reino de la democracia participativa. En razón a que habrá tantos derechos restringidos o conculcados, es de esperarse que avance más rápida y eficazmente el movimiento unitario por la salvación nacional, propuesto por el MOIR y por otros destacamentos patrióticos y democráticos.