EDITORIAL: EL CONGRESO DE LA CSTC

Nos habíamos hecho el propósito de no referirnos de nuevo a los problemas de la unidad sindical sino hasta después del congreso de la CSTC, cuando podremos concretar un balance global y completo de los tres años de este riquísimo proceso unitario del movimiento obrero colombiano.

Esperábamos que los criterios precisados públicamente desde los editoriales de Tribuna Roja y la infinidad de reuniones obreras en las cuales el MOIR fijó sus puntos de vista a través de compañeros dirigentes sindicales, bastaban para dejar establecidas las cuestiones básicas que la clase obrera debe tener muy en cuenta si quiere culminar triunfalmente la tarea de la construcción de la central unitaria en el momento presente y en las condiciones de la política de alianza que seguimos propugnando con otros sectores políticos y, en particular, con el Partido Comunista de Colombia.

Sin embargo, en las últimas semanas se han presentado encadenados, unos tras otros, varios incidentes que han conmovido el campamento del sindicalismo independiente y hecho cundir la alarma entre sus filas. Son insucesos que merecen ser examinados y desentrañados por el fondo pernicioso que llevan; deben analizarse a la luz de la política de "Unidad y Combate" que estamos defendiendo, y antes del congreso, por lo que puedan influir perturbadoramente en él.

De tal modo que hoy, a escasos días del congreso del 4 de marzo de la CSTC, de pronto, nos vemos en la urgencia de insistir una vez más en los principios tal vez más debatidos a lo largo de la lucha por la unidad revolucionaria del proletariado colombiano.

ATAQUES Y DEFENSA DEL CONGRESO UNITARIO

El congreso de la CSTC es todo un acontecimiento. En una forma u otra las diversas clases y partidos han tenido algo que ver con él, o se han pronunciado abiertamente con su modo particular de interpretarlo.

Dentro del vasto archipiélago de organizaciones en que se halla atomizada la pequeña burguesía socialista enemiga de la política de la unidad obrera, se han presentado por culpa del congreso nuevas fracciones que, en lo que se refiere a esta política, como a la permisibilidad de la participación en la lucha electoral, han levantado rancho aparte, con sus propios argumentos, desde luego, y con esa visión estrecha y recortada de ver el mundo y la lucha de clases.

El imperialismo yanqui y la coalición burgués-terrateniente proimperialista también tomaron posición. En nombre de estas fuerzas habló el gobierno, y el gobierno se expresó por boca de la señora de Crovo. Sus declaraciones tienen especial importancia porque la señora de Crovo es la figura notable del gabinete, no sólo por ser la única mujer elevada al rango ministerial, con la cartera del Trabajo, dentro de la promoción lopista de defenasa de los "derechos femeninos", a la manera como fue promocionado Antonio Díaz, esquirol de la UTC, para defender desde el Ministerio de Comunicaciones los "derechos obreros", por orden de un gobierno de menor sensibilidad social que el actual, sino porque la ministra, que no alcanzó a salir elegida al Parlamento el 21 de abril, tiene una destacada trayectoria de "centro-izquierda", desde los tiempos del MRL. Los pronunciamientos oficiales fueron un verdadero ataque de histerismo. El país recibió la noticia de que la tranquilidad pública, estaba amenazada por la nueva central. Que la CSTC, por inspiración del comunismo internacional, fraguaba una conspiración para derrocar al gobierno. Que el congreso obrero hacía parte de un llamado "Plan de Marzo" que sumiría a la nación en la "anarquía" y la "aventura". Tal pareciera que la ministra, con acusaciones de este calibre, quisiera enmendar su más imperdonable error como mandataria, arrepentida de haber concedido la personería jurídica a la CSTC. En todo caso el gobierno está rabiosamente en contra del congreso unitario y de la CSTC, y con pánico ve en el desarrollo de la conciencia, de la lucha y de la organización independiente de la clase obrera un serio peligro, no tanto para la supervivencia de sus centrales de bolsillo, UTC y CTC, lo que sería grave, como para la supervivencia del orden establecido, lo que sería fatal. Por eso el presidente López ha decidido destapar la carta de su ministra en el juego de la división obrera, viejo juego del imperialismo yanqui, tan viejo como su existencia.

En esta forma, y al igual que los sucesivos gobiernos del Frente Nacional, la actual administración hereda la misión de acicatear la división de la clase obrera, mediante el mecanismo de favorecer a las centrales patronales UTC y CTC y prolongarles la vida, así sea artificialmente, mientras dispone de los instrumentos del Estado, de los más idóneos y de los más violentos, para ilegalizar, perseguir y golpear a las organizaciones proletarias leales a sus intereses de clase. A esta táctica obedece la cruzada macartista montada por la señora de Crovo y por el equipo ministerial contra la CSTC y su congreso. Además, el gobierno requiere crear una opinión pública y un ambiente hostil tales que permitan adoptar medidas mucho más drásticas contra el avance revolucionario y la protesta insubordinada de la clase obrera. A la campaña anticomunista oficial han hecho coro los partidos tradicionales, la prensa reaccionaria y, por supuesto, las camarillas amarillas de la UTC y CTC.

Finalmente, y del lado opuesto, las fuerzas revolucionarias del proletariado, del campesinado y de las otras clases explotadas y oprimidas de la nación colombiana han saludado alborozadamente el congreso unitario de la CSTC. Los partidos comprometidos con la política de impulsar la construcción de una central unitaria, y entre ellos el Partido Comunista y el MOIR, han venido trabajando, a veces de común acuerdo y a veces por su cuenta, pero siempre teniendo en mente la realización exitosa del congreso de unidad obrera. Estas fuerzas han contribuído a revitalizar a la CSTC con su lucha por lograr la afiliación de un sinnúmero de sindicatos y federaciones a la nueva central. En la interpretación de estos hechos no debieran presentarse discrepancias entre las corrientes políticas por cuya mayor o menor actividad fue posible el proceso unitario revolucionario de los tres últimos años. Para el MOIR no cabe duda de la necesidad de desplegar una cerrada y firme ofensiva tendiente a denunciar y desenmascarar la acción macartista y anticomunista del imperialismo y sus testaferros criollos, que al mismo tiempo destaque el papel de primera importancia desempeñado por la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia como la organización aglutinante del sindicalismo independiente.

LA UNIDAD, UNA POLITICA REVOLUCIONARIA

Sobre todas estas cuestiones se ha escrito y hablado recientemente, a raíz del congreso del 4 de marzo: sobre la persecución oficial; sobre el oportunismo de la pequeña burguesía socialista; sobre los beneficiosos resultados de la unidad de acción; sobre las luchas de la CSTC, su línea unitaria y la atracción que ejerce en las organizaciones sindicales que aún no han ingresado a sus dominios. Pero ha habido un silencio, que se siente, alrededor de un punto básico, debatido a profundidad por los obreros avanzados, en congresos y asambleas sindicales, no de ahora sino de hace mucho tiempo, que remachó la unidad alcanzada en los encuentros unitarios de 1972 y 1973, convocados por la CSTC y los entonces llamados sindicatos independientes, y que despejó el camino hacia el congreso del 4 de marzo: que la unidad obrera es producto auténtico del desarrollo ideológico y político de la clase obrera y que el congreso unitario, que hoy celebramos como una victoria es producto, a su vez, de claros y perentorios acuerdos políticos que sintetizan y expresan básicamente el avance del proletariado colombiano. El reconocimiento de este punto no lo exigimos, como pueden estar pensando ahora quienes nos aconsejaban no hacer alianzas con el Partido Comunista, porque el MOIR haya sido burlado o excluido a la hora de festejar el triunfo. Todo eso es vano y superfluo. El proletariado está en medio del campo de batalla combatiendo a brazo partido para reagrupar sus fuerzas, organizarlas, y poder tomar la plaza enemiga, al frente del pueblo, como jefe indiscutible de la revolución. A esa gran tarea está el MOIR destinando todas sus energías. Parte de ella ha sido la política de "Unidad y Combate". Y eso es lo que verdaderamente cuenta. Pero, además, nunca dijimos que la política de "Unidad y Combate", propuesta por el MOIR a la clase obrera a finales de 1972, después de sopesar todos y cada uno de los elementos de la situación, fuera únicamente alianza, sin lucha. La experiencia de la Unión Nacional de Oposición y del movimiento sindical prueban lo contrario.

La exigencia del reconocimiento de la unidad alcanzada como producto, y sólo como producto de acuerdos políticos que compendian los pasos hacia adelante dados por el proletariado en su lucha y en su conciencia, significa no solamente la lealtad al proceso unitario vivido en estos tres últimos años, del cual hemos sido actores destacados, no solamente la comprensión de cuáles constituyeron las conquistas más importantes de la clase obrera durante este tramo de su historia, sino que significa la garantía de que el rumbo de la nave se mantendrá con buena o mala mar.

¿Cuál es la razón de la negativa a mencionar y reconocer cosas que son evidentes para la mayoría de los compañeros sindicalistas que participaron activamente en los encuentros unitarios y en los actos y luchas programados por los UNIR? ¿Por qué el silencio sobre los acuerdos? ¿Será por la vieja convicción de que la política no debe entrar ni gobernar las organizaciones gremiales de los obreros? ¿0 será una simple y pasajera táctica para preservar la Confederación, ahora que arrecia el temporal macartista y anticomunista? ¿0 será porque el congreso unitario ya no es un congreso constitutivo en esencia de una nueva central, con el mismo nombre, no importa, pero más amplia, más fuerte, más promisoria, debido a que la personería jurídica concedida a la CSTC tan sorpresiva y demagógicamente por el gobierno, arruinó los planes del congreso unitario del 6 de diciembre, citado por el Encuentro Nacional Obrero del 12 de octubre de 1973, y que después el Comité Ejecutivo de la Confederación trasladó para el 4 de marzo? Con relación a estos interrogantes se presentará un profuso debate, pero las cosas se irán decantando con el paso del tiempo. No sobra agregar que si hemos sido leales a los acuerdos, lo seremos también en la discusión, y en el reconocimiento de afirmaciones o insinuaciones que no correspondan por completo a la realidad. ¡Ojalá estemos prejuzgando!

Pero tenemos otra pregunta para formular: ¿La actual conjura del silencio será provocada acaso por el hecho de que todavía se le atribuye a la consigna de la unidad de acción más poderes mágicos de los que en verdad posee, como los de unir a la clase obrera de Colombia y del mundo entero, frente a lo cual es insustancial, dogmático y extremista cualquier explicación diferente que se pretenda dar de nuestro proceso sindical unitario? Entonces sí estaremos ante una cuestión de principios, a la que no hay más remedio que salirle al paso.

No se puede analizar el avance unitario de la clase obrera de estos años simplemente a través de las acciones conjuntas por alzas de salarios, mejores condiciones de existencia, o por cualquier otra reivindicación económica o gremial, haciendo caso omiso de qué política está al mando, qué clases y partidos se favorecen con determinadas orientaciones estratégicas y tácticas, cuáles son los programas que arman y cohesionan al proletariado.

Sabemos que para salir del paso se volverá al estribillo de que el MOIR desprecia las luchas económicas llevadas a cabo por las masas trabajadoras, y coloca la unidad ideológica y política como premisa para adelantar las acciones conjuntas reivindicativas. Nada más falso. La lucha económica y sindical en todos sus matices y manifestaciones es una escuela insustituíble de la clase obrera. Nadie como el MOIR comprende la importancia real de estas luchas que libran los obreros de todas las centrales sindicales, al margen del color de sus banderas, casi siempre espontáneamente, como parte de la natural resistencia de clase frente a sus explotadores. Es justo, desde luego, que los obreros de distintas denominaciones políticas concreten acciones unitarias en defensa de sus intereses económicos y gremiales. Y es un deber de la vanguardia proletaria propiciar este tipo de alianzas por las reivindicaciones inmediatas y más sentidas de los asalariados, así éstas sean pasajeras y limitadas. Sin embargo, esas acciones son necesarias pero no suficientes para generar y explicar el torrente unitario que desembocará en el congreso del 4 de marzo.

Es inconcebible que a estas alturas de la vida se quiera hacer creer que la unidad lograda por el sindicalismo independiente haya brotado de la unidad de acción entre nuevas y viejas fuerzas políticas que tienen influencia en el movimiento obrero, sin previos acuerdos, ni programas, ni derroteros fijos, o que hayamos recorrido todo ese trecho de reuniones, discusiones, combates contra los enemigos tanto de derecha como de "izquierda" de la unidad obrera, simple y llanamente para poder realizar acciones unitarias, aun cuando hayamos realizado estas acciones.

Cuando el Partido Comunista sugirió a mediados de 1972 un realinderamiento dentro del movimiento sindical colombiano con base en "la existencia de muy diversos matices y tendencias políticas dentro de cada sindicato en particular y dentro del conjunto del movimiento a escala regional y nacional", era porque en la realidad el movimiento obrero se estaba realinderando, y realinderando políticamente. Hay que tener en cuenta que se había presentado un hecho muy importante, que le dio un vuelco a las perspectivas de la unidad sindical, porque las otras, las de la unidad de acción se mantuvieron y en general continúan inalteradas. Este hecho fue el siguiente.

Mientras “comunistas" y "moiristas" se daban palo en las calles, durante el debate electoral de 1972, un buen día del mes de marzo, desde el Palacio de San Carlos, el presidente Pastrana, con las manos puestas en los hombros de Tulio y Raquel, le notificaba a la clase obrera que la UTC y CTC iniciaban su proceso unitario, con miras a un congreso unitario, que fundaría una central unitaria. Después de las acciones conjuntas del 22 de enero de 1969 y del 8 de marzo de 1971, realizadas con variada fortuna, tal como lo hemos señalado y reconocido, las posibilidades de la unidad sindical con la UTC, o con la CTC, quedaron, luego del anuncio presidencial, definitivamente tendidas en el suelo. No porque el resto del movimiento sindical, y sobre todo la CSTC, hubiese sido marginada, sino porque el anuncio oficial de la unificación de las dos centrales patronales, a su vez era una pérfida amenaza de muerte contra el sindicalismo independiente. El gobierno de Pastrana, que fue fruto de un golpe de Estado y no del "libre" sufragio universal, del cual salió maltrecho y derrotado por la ANAPO en 1970, tenía que echar mano de todas sus reservas para pasar indemne la prueba de las elecciones del 72. Con el pretexto de la unidad sindical, se recurría al apoyo de Tulio y Raquel, desnudándolos de un tajo como traidores ante la clase obrera, pero prometiéndoseles al mismo tiempo y como recompensa el apoyo del Estado para restaurar sus aparatos sindicales, menguados y destartalados por la ola antiutecista y anticetecista, y para sofocar al sindicalismo independiente. En estas condiciones el realinderamiento no sólo era obvio sino indispensable.

Al MOIR, que venía combatiendo desde su nacimiento con la idea de que en el actual período de la revolución colombiana, la unidad sindical requiere desenmascarar y apartar a quienes son los principales instrumentos de la división, las camarillas dirigentes de UTC y CTC, manipuladas por la coalición oligárquica proimperialista, y que tenía bajo su dirección un número no muy grande de sindicatos pero de todas maneras importantes, le caía de perlas el realinderamiento.

El realinderamiento que se dio en las filas obreras no fue más que la versión sindical del replanteamiento que se desarrollaba a su turno en el campo político propiamente dicho, por el cual se hizo posible la creación de la UNO y la realización de la campaña electoral de izquierda, y que escindió al país en dos bandos claramente definidos. De un lado, la oligarquía burgués-terrateniente lacaya del imperialismo yanqui, cuyos partidos políticos defendían la prolongación del Frente Nacional con sus viejos programas liberal y conservador, y, del otro, el frente de izquierda, cuyos partidos políticos coincidían en la conveniencia de concentrar fuerzas contra el enemigo principal, aliados alrededor de un programa nacional y democrático.

Todo este proceso ha sido altamente positivo para las fuerzas revolucionarias. En la campaña electoral, la UNO logró hacer una profunda y extensa propaganda revolucionaria, y si no obtuvo lo que se suele catalogar de una victoria contundente, los guarismos obtenidos son altamente favorables. Los partidos que la integran crecieron sensiblemente. En el terreno sindical el balance es, si se quiere, mucho más satisfactorio. Las camarillas de UTC y CTC aumentaron su soledad, mientras la CSTC ha visto incrementar sus efectivos con "60 organizaciones que agrupan más de 150 mil trabajadores de diferentes ramas de la economía"[1], como lo informó textualmente su Comité Ejecutivo en mensaje de fin de año de diciembre pasado.

Pero lo que merece reseñarse destacadamente es que en el proceso unitario el proletariado colombiano fue desbrozando una serie de principios que con absoluta seguridad guiarán su acción en el futuro. Estos principios son puntos programáticos y políticos que hacen parte ya del arsenal ideológico de la clase obrera. En multitud de encuentros, en actos preparatorios del congreso, en decenas de resoluciones quedaron registrados esos puntos que bien podemos sintetizar en tres grandes directivas para la nueva central unitaria: 1) Estará al servicio del proletariado y del pueblo colombiano, 2) combatirá y aislará a las camarillas de la UTC y CTC y 3) se regirá por la "democracia sindical". El congreso de la CSTC deberá refrendar estas orientaciones fundamentales, en lo que ellas valen y representan para la clase obrera.

El 4 de marzo está cronológicamente al final de todo un período revolucionario. El MOIR espera fervorosamente que sea su culminación apoteósica y no su negación.

UNA CALAMIDAD HISTÓRICA DE NUESTRO PUEBLO

Los acontecimientos anteriormente analizados reclaman un estudio más pormenorizado, pero confiemos en que sobrarán oportunidades para hacerlo. Por ahora contentémonos con que ha quedado planteada nuestra posición en sus rasgos esenciales. Los problemas teóricos y prácticos esbozados son de máxima trascendencia para la clase obrera y lógicamente para el marxismo-leninismo. No obstante, aquellos hechos no son los únicos que, en vísperas del congreso sindical, arrojan discrepancias entre el MOIR y el Partido Comunista.

Desde el mismo 7 de agosto de 1974 se vio que el gobierno de López Michelsen sería una de las grandes calamidades históricas del pueblo colombiano. A lo largo y ancho de Colombia, el MOIR y la UNO fueron explicando a las masas populares, en desarrollo de la campaña electoral pasada, que cualquiera de los dos candidatos oficiales en puja, que resultare ungido por el imperialismo y sus intermediarios para dirigir el país desde el más alto cargo de la democracia oligárquica, sería en el fondo una idéntica desgracia, en consideración a que estaba determinado que el liberalismo y el conservatismo continuarían coligados y compartiendo el poder paritariamente. Conocido el resultado de las elecciones se fue propagando como pólvora por toda la sociedad, y alentado especialmente por la pequeña burguesía, un sentimiento de que tal vez sí López era el mal menor. Pero la coalición burgués-terrateniente proimperialista interpretó los tres millones de votos contabilizados al liberalismo como un designio providencial que indicaba que había llegado la hora de exprimirle a la nación hasta el último peso.

Así fue como López inició su obra macabra, autorizando la orgía de alzas, centuplicando los impuestos al pueblo, garantizando el saqueo imperialista. Su primer acto de gobierno consistió en establecer la emergencia económica, estrenando el artículo 122 de la Constitución que él mismo había propuesto y luego negociado con Lleras Restrepo en la reforma de 1968. Mediante esta norma de excepción se instauró una legislación tributaria regresiva, que acentúa aún más la tradicional política oligárquica de los impuestos indirectos y grava ruinosamente a los pequeños y medianos productores, mientras aligera los tributos de los consorcios industriales, sobre todo de los extranjeros; se consolidaron y aumentaron los privilegios que el gobierno de Pastrana había concedido con largueza al sector financiero de la gran burguesía, se derrumbaron talanqueras legales para facilitar a los monopolios norteamericanos el robo de los recursos naturales del país; se reajustó escandalosamente el impuesto a las ventas; se recortaron gastos y se ordenaron emisiones inflacionarias para proteger las partidas que el Estado presupuesta cada año con el fin de subsidiar al gran capital colombiano e internacional. Durante 45 días y 45 noches el señor López legisló sobre lo habido y por haber, echando a un lado el Parlamento, al que le tenía preservada la vergüenza pública de obligarlo a cambiar de opinión en menos de 24 horas, cuando éste se atrevió en un arranque de independencia frente al Ejecutivo a empantanar la ley de aparcería, reclamada con tanto interés por los terratenientes. Claro está que el Parlamento cambió su opinión, y su pudor, por el aumento de las dietas que el presidente igualmente amenazaba con empantanar.

La flamante política de “ingresos y salarios" propalada a los cuatro vientos con bombo y platillos por el candidato López, resultó ser a la postre la vulgar "economía concertada", que consiste en pedir a las masas trabajadoras que se aprieten el cinturón, algunas veces a través de pactos suscritos entre gobierno, patronos y sindicatos como en la Argentina, en nombre del "desarrollo", de la "convivencia", de la "paz social" y de otras chácharas.

En relación a la política internacional, el presidente López se inventó una hipotética cuarta posición, que se la explicó en detalle al príncipe Bernardo de Holanda cuando éste visitó a Colombia, y cuya aspiración sublime se compendia en: "no queremos la confrontación entre países ricos y países pobres"[2]. Tal cuarta posición, mientras en el planeta, como dicen los camaradas chinos, "hay un gran desorden bajo los cielos” es una forma ladina, muy lopista, de apoyar el imperialismo que se debate herido de muerte en medio de una crisis económica y política irreversible, y de traicionar la lucha portentosa de los países del Tercer Mundo por sus derechos, por su independencia y por su soberanía, y a los cuales pertenece Colombia.

Pero, definitivamente, la característica más peculiar de este gobierno es su incapacidad de negarse cuando los gremios poderosos tocan a su despacho en solicitud de decretos para subir los precios.

En realidad no es sectaria la afirmación de que el gobierno de López es una de las grandes calamidades históricas del pueblo colombiano.

Dentro del sistema neocolonial y semifeudal que ha imperado en Colombia desde comienzos del siglo, las masas populares han llevado siempre una vida miserable, llena de privaciones y humillaciones. Los regímenes reaccionarios y apátridas que se han sucedido durante décadas, no han hecho más que agudizar los sufrimientos del pueblo. En la actualidad, las contradicciones sociales llegan a un extremo jamás conocido. Las medidas adoptadas por el gobierno de López han tenido ya repercusiones supremamente claras, como mayor parálisis de la producción, aumento del desempleo, encarecimiento desbordado del costo de la vida, hambruna en el campo y en la ciudad. Mucho antes de lo que esperaban los plumíferos de la gran prensa, la protesta popular comenzó a desatarse en todas partes, desde Riohacha hasta Puerto Asís. Los trabajadores de las distintas ramas de la economía han manifestado su firme y rotundo rechazo a la política de explotación y represión del mandato de hambre, y han realizado paros, huelgas y luchas varias, o las están anunciando.

El paro nacional bancario de enero hace parte de la actual escalada combativa de las masas asalariadas y explotadas. El gobierno, como proceden todos los gobiernos antipopulares que están al borde de recibir severa reprimenda de sus gobernados, corrió a explicar que todo mundo estaba feliz, que las dificultades serían llevaderas, que la lucha de los bancarios y del resto de trabajadores se reducía a un plan subversivo preparado por minorías anárquicas controladas desde el exterior. Y la ministra del Trabajo, como ya dijimos, acusó a la CSTC de estar involucrada en semejante plan.

Entonces se presentaron dos hechos protagonizados por la dirección de la CSTC, sobre los cuales vale la pena hacer algunas consideraciones, porque son episodios de un solo drama, unidos entre sí por el mismo comportamiento político, y ambos íntimamente relacionados con la cuestión de cómo librar consecuentemente la lucha contra el régimen. Dos hechos en los cuales no hemos tenido participación, a pesar de nuestra condición de aliados cercanos de sus ejecutores. El uno no nos fue consultado; el otro hace parte de la guerra no declarada del Partido Comunista contra nuestro Partido.

El 21 de enero, el Comité Ejecutivo de la CSTC elevó ante el presidente de la Cámara de Representantes una demanda penal contra la ministra del Trabajo, "por los delitos contra la libertad de asociación, falsas imputaciones y calumnia, así como los demás que pudieren resultar comprobados como infracciones de la ley penal dentro del proceso"[3]. Y el 24 de enero, los mismos dirigentes de la CSTC produjeron una declaración, en la cual, después de acomodar los acontecimientos a sus deseos, amparar a unos cuantos esquiroles, atacar al MOIR y darle un puntillazo al movimiento bancario, se formula esta reconvención: "Hacemos un llamamiento a los trabajadores bancarios para que defiendan su unidad, para que rechacen todo método aventurero y anarquista de grupos que llevados por la desesperación facilitan la acción de los enemigos de los trabajadores"[4].

LA TRASCENDENCIA DE UNA DEMANDA PENAL

Empecemos por el primero. En el texto de la denuncia publicado íntegramente por "Voz Proletaria", se leen cosas de este tenor:

"Se han difundido por medio de órganos de expresión con circulación intensa en todo el país afirmaciones que riñen con la verdad, sobre las cuales no existe ninguna prueba y que además causan perjuicios a la central obrera CSTC, ya que la afectan directamente por el simple hecho de ejercer facultades legales y derechos constitucionales".

"Ello implica en consecuencia que se ha violado la ley, se ha atentado contra la libertad de asociación, se pretende intimidarnos en nuestros derechos y se nos han imputado falsas afirmaciones, cayendo en el terreno de la calumnia"[5].

Varios artículos de la Constitución y del Código Penal se acopian para que la Cámara de Representantes los tenga en cuenta, y los aplique en el juicio del siglo contra la ministra. Agrega la demanda:

"a) El artículo 16 de la Constitución Nacional ordena que las autoridades de la República están instituídas precisamente para proteger a todas las personas y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares;

"b) El artículo 17 de la Constitución determina que el trabajo es una obligación social y que ’gozará’ de la especial protección del Estado;

"c) El artículo 309 del Código Penal dice: ’El que impida materialmente o turbe una reunión o asociación lícita o el ejercicio de los derechos que conceden las leyes sobre sindicatos o huelgas, o use represalias con motivo de huelgas legítimas incurrirá en arresto de dos meses a un año y en multa de cincuenta a dos mil pesos. Si el hecho de que trata el inciso anterior fuere cometido por funcionario o empleado público se le impondrá además la privación del cargo que ejerza;

"d) El artículo 337 del mismo Código señala que quien por cualquier medio eficaz para divulgar el pensamiento ataque el honor, la reputación o la dignidad de una persona estará sujeto al arresto de tres días a diez y ocho meses y multa de cincuenta mil pesos"[6].

Tanta inocencia mueve a compasión. No se sabe qué es más ingenuo en la demanda: si la creencia de que la ley del Estado oligárquico respeta la "libertad de asociación", presta "especial protección al trabajo", o ha sido instituida para "asegurar el cumplimiento de los deberes sociales", o la sorpresa porque los funcionarios de ese Estado violen las leyes que ellos fabrican. Sin embargo, el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Aléguese el móvil que quiera, pero una denuncia presentada al Congreso de Colombia, ante la faz del país, acusando a un miembro del gabinete ministerial, en representación de la clase obrera, y esgrimiendo la Constitución y las leyes de la República, es defender, o dar a entender que se defiende y se cree en el derecho burgués con que las clases dominantes apalean a los esclavos de hoy, y, lo que es peor, reclamar, o dar a entender que se reclama que ese derecho continúe vigente. Y no se vaya a justificar el asunto alegando que los "extremo-izquierdistas" decimos todas estas sandeces porque no sabemos que los trabajadores y los sindicatos tienen que recurrir a menudo al derecho burgués, y presentan demandas en los tribunales en defensa de sus intereses. Pero una cosa es que un trabajador, obligado por las circunstancias, o convencido todavía de que las leyes son para todo el pueblo por igual, entre a una oficina de Trabajo, con el Código Laboral bajo el brazo, y reclame en su propio interés. Y otra cosa muy distinta es que los generales de los obreros entren al Capitolio Nacional, caigan de rodillas ante la Constitución y los códigos, como cualquier leguleyo de trece por docena, y coloquen la política revolucionaria del proletariado a la altura de los tribunales laborales.

Mucho más cándida es la pretensión de que un Parlamento lacayuno, de aplastantes mayorías frentenacionalistas y convertido en rey de burlas, vaya a tener la osadía de tocarle un pelo al más intonso de los ministros de Alfonso López, aunque este ministro sea la señora de Crovo. Del hecho de que la CSTC, después de diez años de combate, haya recibido la personería jurídica, no se desprende tampoco que el gobierno que se la concedió esté dispuesto a aceptar un juego en el cual los "subversivos" y los "anarquistas" aparezcan como partidarios de la legalidad y el orden, y los encargados de mantenerlos como sus infractores. Este juego le conviene menos a la clase obrera, que no podrá jamás emanciparse, ni liberar a Colombia, sino a condición de que esta legalidad y este orden sean quebrantados y sepultados para siempre.

Pero, si el Parlamento no sancionará a la señora de Crovo, ni la destituirá, ni la multará, ni la arrestará, ¿qué utilidad puede tener esta comedia? Dejemos que Voz Proletaria lo explique: "Al recurrir ante el Congreso de la nación la clase obrera demuestra, de manera trascendental, que es la abanderada de la democracia y del respeto a los derechos ciudadanos"[7].

De tal forma que con el proceso penal contra la ministra del Trabajo, o ministra del capital, se absolvió fue a la clase obrera. Pero este veredicto, proferido de manera tan trascendental, será rechazado por el proletariado colombiano. Los obreros demostrarán ante sí mismos y ante el pueblo, no el respeto, sino la profunda repugnancia que les produce la democracia oligárquica, con sus derechos y libertades para matar de hambre a los desposeídos; con sus leyes y jueces para hacer del pillaje un negocio lucrativo y honrado; con sus cárceles y verdugos uniformados para mantener la santa paz social; con sus sabios y doctores para embaucar a los humildes, y con su señora de Crovo.

EL TRISTE FINAL DE UNA DISPUTA PUBLICA

Pasemos al segundo episodio de este drama. En la declaración del 24 de enero de la CSTC se afirma:

"Entre estas luchas (las de los trabajadores de los bancos) tuvo lugar un paro de solidaridad el 17 de enero, cuyo éxito fue posible por la participación unitaria de las diversas organizaciones de los bancarios. Posteriormente algunos sectores plantearon transformar este paro de solidaridad de 24 horas en un movimiento huelguístico nacional indefinido, con la cual se le hacía el juego y se daba el pretexto que buscaban empresarios y gobierno para efectuar despidos, aplicar medidas represivas y, llegado el caso, imponer de nuevo el estado de sitio, que le facilite más a la clase dominante dificultar el proceso unitario que ha venido encausando la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia"[8].

El argumento central de la dirección de la CSTC en la condena que hace del movimiento bancario como producto de un "método aventurero y anarquista", se resume en que un paro indefinido era incorrecto, pero un paro de solidaridad, definido, no lo era. No vamos a discutir ahora la diferencia táctica de uno u otro paro, ni el resto de problemas que se precipitaron aceleradamente en el seno de los trabajadores bancarios durante las jornadas de enero. Lo haremos en próxima ocasión. Hoy queremos sólo destacar algo de bulto: el Comité Ejecutivo de la Confederación alteró a su acomodo los hechos, y para proteger a los esquiroles del movimiento, dio a entender que éstos se opusieron siempre al paro indefinido. Absolutamente falso. Los esquiroles estuvieron de acuerdo con el paro indefinido, le hicieron propaganda, hablaron de él favorablemente por la prensa y la radio, hasta el día 22 de enero, cuando lo levantaron unilateralmente, a espaldas de los trabajadores, mediante una resolución que la derecha aplaudió. Después inventaron la diferencia tan radical, tan intransigente, tan insalvable, tan antagónica, del paro indefinido. La dirección de la CSTC se plegó a este invento, o lo urdió. En todo caso, el paro bancario, que tenía enormes dificultades, es cierto, quedó definitivamente aplastado por el gobierno ese día, con las consecuencias por todos conocidas.

Por otra parte, la declaración del Comité Ejecutivo de la CSTC coincidió en el fondo con un comunicado emitido por el Ministerio de Gobierno y difundido por la prensa en la misma fecha, el 24 de enero. La CSTC señalaba con nombres propios a dirigentes bancarios como miembros de nuestro Partido y los culpaba de la lucha "aventurera" y "anárquica". El ministro de Gobierno decía: el paro bancario "es un movimiento político que el MOIR ha confesado que ha tomado bajo su dirección, con fines subversivos"[9].

Además resulta inaudito que el Comité Ejecutivo de la Confederación, entre las muchas desventuras que pinta de mano maestra, mencione que con los métodos "anárquicos" de los bancarios se le estuvo facilitando el pretexto al gobierno para "imponer el estado de sitio". Y llama aún más la atención la forma como relaciona la amenaza del estado de sitio con las facilidades que tendrán las clases dominantes para "dificultar el proceso unitario". Claro está que toda esa metafísica es para acusar al MOIR de atentar contra la política de unidad obrera: si los paros "aventureros" del MOIR son pretexto para el estado de sitio, y el estado de sitio facilita a las clases dominantes el dificultar el proceso unitario, luego el MOIR es enemigo de la unidad obrera. La clase trabajadora se ríe de estos sofismas del padre Faría.

Se cae de su peso que si el gobierno busca imponer el estado de sitio, siempre encontrará mil pretextos. Como tales le servirán, no sólo una u otra huelga, sino también las justas invasiones de los campesinos a las fincas de los grandes terratenientes, o los paros cívicos de ciudades que como Barrancabermeja solicitan servicios públicos elementales, o las movilizaciones de los estudiantes en defensa de sus derechos y de la nueva cultura colombiana, o cualquier otro ataque de histeria ministerial. La clase obrera que combate el estado de sitio y todas las demás medidas antidemocráticas de sus explotadores, no se amedrentará por esta amenaza, ni dejará de combatir, ni paralizará el proceso unitario que tantas luchas abnegadas y duras le ha costado, y le costará en el futuro.

Lo que perjudica a la unidad obrera son los embelecos sectarios, las vacilaciones en el permanente combate contra sus enemigos principales, los métodos burocráticos de sus cuadros directivos para resolver los problemas, la ausencia de crítica y de ánimo para corregir los errores. Pero el proletariado colombiano ya encontró el camino de su unidad de clase, y nada ni nadie podrá apartarlo de él.

El epílogo de toda esta tragicomedia fue que la señora de Crovo pudo al fin dormir tranquila. Ella, que el 10 de enero bautizó de anárquico el paro bancario, acusándolo de hacer parte de un complot de la CSTC para derrocar el gobierno, ella, que había hablado de la "guerrilla sindical", ilegalizado el movimiento de los bancarios, autorizado a la banca el despido masivo de los huelguistas, pudo exclamar el 7 de febrero, con una sarcástica sonrisa en los labios: "la opinión pública se enteró de cómo la CSTC calificó de aventurismo la orden de paro indefinido"[10].

Comprendemos que ha quedado abierta una gran polémica entre el MOIR y sus aliados. Polémica, que nos llevará necesariamente a algunos replanteamientos sobre las actuales condiciones, no con el objeto de desbaratar la alianza, sino a fin de proyectarla con más sólidas y amplias perspectivas. Para el movimiento obrero colombiano será de enorme utilidad una discusión acerca de las cuestiones de principio de su política de clase. Y las fuerzas revolucionarias colombianas ganarán con el avance de la ideología del proletariado, el marxismo-leninismo, que sólo se ha desarrollado allí donde hay lucha, discusión y movimiento.

* * * NOTAS

[1] Voz Proletaria, enero 9 de 1975. [2] Del discurso de López Michelsen en el banquete al príncipe Bernardo de Holanda, El Tiempo, enero 29 de 1975. [3] Del texto de la demanda, Voz Proletaria, enero 16 de 1975. [4] Declaración CSTC, Voz Proletaria, enero 30 de 1975. [5] De la demanda citada. [6] Idem. [7] Del editorial de Voz Proletaria, enero 23 de 1975. [8] Declaración citada. [9] Del comunicado del ministro de Gobierno, Cornelio Reyes, El Tiempo, enero 24 de 1975. [10] Del reportaje a la ministra del Trabajo, María Helena de Crovo, en "El Espectador", febrero 7 de 1975.