EL ASALTO FINAL A LAS TRANSFERENCIAS TERRITORIALES

Raúl Arroyave

Con la abolición del situado fiscal y las participaciones de los municipios en los ingresos corrientes de la nación perpetrada en 2001 con el Acto Legislativo 01, se inició el desmonte exigido por el Fondo Monetario Internacional, de las transferencias territoriales para el financiamiento de la salud y la educación.

A partir de entonces dejaron de ser un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación para transformarse en una cifra fija que, con el nombre de Sistema General de Participaciones (SGP), sufrirá sucesivos y sistemáticos recortes a través de la ley 715 de 2001 y de los documentos Conpes aprobados desde enero de 2002.

El SGP, que para el año 2001 era de 10.962 billones de pesos, fue cercenado en 4% (438 mil millones de pesos) con destino a los municipios ribereños del río Magdalena, los resguardos indígenas, los programas marginales de alimentación escolar y el Fonpet. La misma ley 715 asignó para educación el 58,5% del disminuido SGP, a pesar de que durante la vigencia del situado fiscal la asignación para educación correspondía a 60% del mismo.

Con esta premisa, el Conpes empezó a distribuir el presupuesto con el método de once doceavas, para birlarles a las entidades territoriales la última doceava, en virtud de lo exigido por las políticas de recorte de las plantas de personal o, de no ser posible, cargársela al presupuesto de la vigencia siguiente.

Bajo estos parámetros poco auspiciosos se fue aplicando toda la política de recorte en los años 2002 y 2003. Con las decisiones presupuestales y las definiciones en materia de política educativa se da inicio a la escalada de normas y nuevos documentos Conpes que han conducido al actual proceso de ajuste y a la escalada sin precedentes en contra de la estabilidad laboral y los históricos derechos del magisterio.

Todo esto, sumado a arbitrarias directivas ministeriales, terminó hacinando a los estudiantes en las aulas; recargó de trabajo a docentes y directivos; sacó a miles de maestros de sus tradicionales puestos de trabajo, abolió áreas y procesos académicos claves para una educación de calidad y para una formación integral y amenazó con traslados discrecionales y masivos.

Además, el gobierno levantó la espada de Damocles de la evaluación-sanción y afinó un perverso mecanismo de concurso para impedir la vinculación en propiedad de los maestros; congeló los salarios, no sólo por los montos irrisorios de los incrementos forzados sino por la vía de negar un régimen de escalafón que sea estímulo para la labor de los docentes; burló la vinculación en propiedad de los educadores provisionales y en fin, confinó la educación pública a la marginalidad, reduciendo su calidad y lanzando absurdas y oprobiosas prohibiciones contra los menores de cinco años y mayores de 16 para que hagan parte del sistema formal educativo, todo en aras de la radical "racionalización" exigida por el FMI y el Banco Mundial.

Y en la misma medida en que avanza el recorte de las transferencias territoriales, se presiona que concluya el proceso de certificación de los municipios en los marcos de la nefasta ley 715. En esa perspectiva se inscribe la última reforma a las transferencias propuesta al Congreso a finales del año pasado y que se hundió en la segunda votación, como parte de la derrota que le propinó a Uribe la abstención activa al referendo. El mismo día de su hundimiento, el ministro del Interior anunció su nueva presentación en próximas legislaturas.

El proyecto congela hasta el año 2008 las transferencias territoriales, al suprimirse su crecimiento real del 2 y 2,5%; se eleva a norma constitucional el embeleco de las regiones formadas por varios departamentos y las provincias conformadas por un grupo de municipios; se establece que estos sean los responsables de la prestación de los servicios básicos como la educación, salud, vivienda, saneamiento ambiental, seguridad, tránsito e infraestructura básica, mientras que la responsabilidad de la nación pasa a ser residual; se estipula que el cofinanciamiento de la nación hacia los entes territoriales siga sólo hasta que ellos generen sus propios recursos y que las Asambleas Departamentales pueden establecer dentro de su territorio sobretasas a los impuestos nacionales o departamentales en los términos y hasta los límites que determine la ley, lo que implica recortar y suprimir las transferencias y delegar en los entes territoriales, por primera vez en la historia republicana, la facultad de decretar nuevos tributos, lo que era privativo del Congreso.

Establecía que el gobierno les puede suprimir las participaciones y regalías, intervenir en su manejo y destinación, y declarar la inexistencia de rentas de destinación específica, con lo cual la educación y la salud quedan a merced de los ordenadores del gasto. Se deja sentado que el monto de las transferencias queda sujeto a las limitaciones y «equilibrios» de la ley de presupuesto y a las políticas de ajuste exigidas por el FMI para garantizar a el pago de la deuda pública.

Estas, entre otras, son las razones que condujeron el 2 de marzo a Fecode a convocar al magisterio a un paro nacional indefinido en defensa de las transferencias territoriales y del régimen prestacional especial. Los militantes y activistas del MOIR y de Tribuna Magisterial estaremos en la primera línea de esta justa lucha.