EL EJECUTIVO REVUELCA EL ERARIO

Utilizando una disposición transitoria que le permitía ordenar gastos electorales para la campaña de octubre de 1992, Gaviria, dice Juan Diego Jaramillo, "procedió a decretar 6000 millones de pesos para las elecciones, y mete un mico de 986.000 millones, en que van incluidos todo tipo de becas, auxilios y subsidios de los prohibidos..." (El Tiempo, mayo 12 de 1992).

Pero esto es apenas un indicio del sometimiento del tesoro público a los intereses familiares y políticos del actual mandatario. Ya en 1991, según lo denunciara la veeduría, la cartera de Gobierno en manos del hoy candidato oficial a la presidencia, Humberto de la Calle Lombana, por medio de resoluciones asignó recursos por más de 9.000 millones de pesos a diversas entidades municipales y fundaciones privadas, luego de que la nueva Constitución los proscribiera. Varias de las entidades favorecidas aparecen bajo el nombre de reconocidos congresistas y líderes políticos.

En entrevista con el director de La Clave, el Veedor García Hurtado sostiene: "El ministro Hommes maneja una cantidad de autorizaciones legales de recursos inmensos que distribuye a su antojo, a su amaño. El ministro de Hacienda, el presidente, el de planeación son parte de una dictadura fiscal muy bien organizada... Este ha sido uno de los gobiernos que ha manejado la hacienda pública con más indelicadeza en la historia de Colombia". Y más adelante: "Se repartieron más de 20.000 millones de pesos ilegalmente a fondos supuestamente para becas. Yo puse esta demanda ante la Fiscalía hace un año. Me tocó incluir muy a pesar mío, pero cumpliendo con mis deberes, al presidente César Gaviria, al ciudadano Gaviria, quien manejó también fondos de becas del Icetex".

Sostiene Rodrigo Marín Bernal que, entre 1991 y 1992, el mandatario actual dispuso, libérrimamente, y sin sujeción a las normas ordinarias ni intervención de los organimos de sumas que ascienden a 185.000 millones. Y concluye: "Nadie sabe hoy cómo y con cuáles criterios se adjudicaron los múltiples y cuantiosos contratos." (El Nuevo Siglo, marzo 19 de 1993). Por otra parte, en ese mismo período, afirma el representante Manuel Velásquez Arroyave, se gastaron "35.000 millones en viajes y viáticos del presidente Gaviria, la primera dama y los ministros, y 31.000 millones en ‘imagen’, publicidad y publicaciones." (El Nuevo Siglo, junio 26 de 1993).

Esta manipulación de ingentes sumas del presupuesto sin duda favorece a los candidatos oficiales con miras a perpetuar una casta de vendepatrias en el Palacio de Nariño, o sirve para compensar copiosas votaciones favorables al régimen en las corporaciones públicas. Y un bocado de ellas, simplemente, va a engrosar las arcas de la familia en el poder y de sus más allegados. De ahí que Jorge Ramírez Ocampo, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores, Analdex, dijera al clausurar el IX Congreso del gremio: "Las presiones políticas están convirtiendo al presupuesto nacional en un árbol de navidad lleno de regalos a costa de la coherencia de la política económica." En el editorial del 28 de agosto de 1992 del diario de los Santos se lee: "Al señor presidente Gaviria le faltó grandeza para seleccionar los nombres de quienes debían de ser llevados al Consejo Superior [de la Judicatura]... El episodio electorero, en el que sale muy mal librada la Justicia, tiene varios inconvenientes. Se corre el riesgo de que el presupuesto de cerca de 300.000 millones -que por ley deberá elaborar y administrar el Consejo- pueda quedar hipotecado a los intereses muy particulares de sus electores".

Juega la pirámide de la arrebatiña En la Ley de Apropiaciones vigente en 1993 se incluyen recursos por valor de 52.832 millones de pesos para el Fondo Especial de la Presidencia. En esa "caja menor" del clan gobernante se le asignan 9.000 millones a lo que en el mismo palacio se llama el presupuesto del despacho de la Primera Dama. Al informar sobre estas destinaciones, La República del 14 de enero de 1993, decía que el susodicho fondo se había convertido en un superministerio "con capacidad para invertir en absolutamente todas las actividades vitales del país". También señalaba cómo la Presidencia dispone de 22.688 millones adicionales, contando así, en realidad, con 75.520 millones reservados a salud rural, atención al menor y la familia, capacitación comunitaria y fomento al desarrollo, actividades que normalmente atienden diversas entidades estatales.

Gracias a los decretos expedidos el 29 de diciembre de 1992, con base en el artículo transitorio 20 de la nueva Constitución, dirigidos a la "modernización del Estado", se convirtió en establecimiento público el Fondo de Solidaridad y Emergencia Social de la Presidencia de la República. El nuevo organismo tendrá una asignación inicial de 200.000 millones de pesos. El manejo suelto de estos multimillonarios auxilios afirma la representante liberal María Cristina Ocampo, "quedó a cargo de un consejo directivo formado por el secretario general de la Presidencia y cinco amigos". (El Nuevo Siglo, abril 22 de 1993).

Preparando el terreno para el resto del cuatrienio Contando con que poco debe temer de un Congreso controlado merced a los desayunos de trabajo, el primer mandatario defiende, a través de sus subalternos, un proyecto de presupuesto para 1994 atiborrado de vicios constitucionales y legales que ha venido denunciando un sinnúmero de comentaristas, incluso los pertenecientes a la gran prensa. Así, el próximo año la Presidencia manejará de entrada partidas por valor de 70.000 millones de pesos, cifra muy superior a la designada, por ejemplo, para el DAS o aun para el ministerio de Desarrollo o el de Relaciones Exteriores. Al respecto, el Veedor en: su intervención ante el Congreso, el 24 de agosto último, insiste en que ni Gaviria ni Planeación Nacional pueden ser ejecutores del gasto. Asimismo se pregunta qué hace la Presidencia manejando decenas de miles de millones de pesos dedicados a la "defensa de los derechos humanos"; o a programas de "prevención y atención de enfermedades visuales, orales, auditivas y ortopédicas"; a "estudios especiales, asesorías y consultas", a "buscar y recuperar barcos que naufragaron".