EL FIASCO DE LA VIVIENDA POPULAR

El 19 de abril de 1982, en un discurso transmitido por televisión a millones de colombianos, el entonces candidato del Movimiento Nacional y hoy Presidente de la República expuso con algún detalle el programa de vivienda que aplicaría su gobierno. Para responder a las críticas de su principal contrincante en las urnas, Alfonso López Miechelsen, quien lo acusaba de tratar el problema "con cierta frivolidad, con. cierta superficialidad, con cierta ligereza", el señor Betancur reafirmó su compromiso de acabar con el 60 por ciento del déficit habitacional del país, estimado en un millón de unidades, y enumeró los diferentes mecanismos posibles para financiar la empresa: declaró que su administración adelantaría "planes masivos de carácter popular, por supuesto, y sin cuota inicial", y dijo que esto ayudaría a mejorar las condiciones de vida de los pobres e incluso a detener, al menos en parte, la emigración del campo a las ciudades.

Aunque el programa de vivienda que propuso Belisario Betancur en su campaña batía todas las marcas dé la demagogia y sólo estaba dirigido, como se ha podido comprobar fehacientemente después de año y medio de gobierno, a pescar en el río revuelto de las elecciones, lo cierto fue que sus ofertas de construir entre 100 mil y 150 mil alojamientos anuales contribuyeron de manera decisiva, con centenares de miles de votos, al triunfo de su candidatura. Sin embargo, además del llamado déficit cuantitativo urbano de un millón de unidades, que afecta al 25 por ciento de la población del país, se calcula que un 30 por ciento adicional de las familias colombianas habita en casas o apartamentos semiderruidos que requieren arreglos urgentes, ya sea porque están a punto de caerse, como suele pasar, o porque son edificaciones que atentan contra la salud y, con frecuencia contra la propia vida de sus moradores.

Del total de compatriotas que no tienen vivienda, dos terceras partes no ganan ni siquiera el salario mínimo. Cerca de la mitad de los habitantes de Bogotá se hacinan en barrios piratas, que cubren una extensión de casi trece mil hectáreas, y que en la mayoría de los casos no disponen de servicios públicos.

La política de Belisario Betancur en esta materia no se aparta, sustancialmente, de la línea seguida por los gobiernos anteriores, que consiste en colocar bajo el dominio directo del capital financiero, a través de las corporaciones de Ahorro y Vivienda, la mayor parte de la actividad constructora del país.

Sin embargo, si algo ha demostrado la experiencia de más de una década es que el sistema UPAC, que se iniciara, en el cuatrienio de Misael Pastrana Borrero, y cuyos intereses han sido incrementados en la actual administración, ni quiere ni puede resolverles el problema del techo a los sectores populares. Las corporaciones mencionadas tienden a invertir en residencias costosas, inaccesibles para los pobres, en las que obtienen altas tasas de rentabilidad, por lo general superiores al cien por ciento, y además tienen a su alcance muchos medios para eludir las timidísimas disposiciones oficiales que les ordenan destinar un cierto porcentaje de sus recursos a la construcción de "soluciones" baratas. A su turno, las diversas medidas de Belisario Betancur no han impedido que el ICT siga siendo lo que siempre ha sido: una entidad que se su crónica debilidad financiera, que se encuentra en un proceso de descapitalización creciente y que depende cada vez más de las emisiones del Banco de la República, de las inversiones forzosas de las compañías de seguros y de las cajas de ahorro, del "encaje" de los bancos comerciales y de los préstamos directos del sector privado, lo que encarece el dinero destinado a construir vivienda subsidiada para los que más la necesitan.

Los decretos del actual gobierno tuvieron también el efecto de elevar escandalosamente los precios de los lotes para este tipo de vivienda, muchas veces en beneficio de los grandes pulpos urbanizadores, y al mismo tiempo aumentaron en un 15 por ciento anual las cuotas mensuales que deberán pagar al Inscredial los adjudicatarios. El área de los alojamientos para las clases populares ha disminuido en casi 15 metros cuadrados por unidad, como lo denunció hace poco un alto funcionario del Departamento de Planeación Nacional, y las “ratoneras inconclusas” que construye el ICT, cuando no son lotes sin servicios, se entregan en obra negra para que sean terminadas por el mismo usuario.

En cuestiones de vivienda, como se ve, el régimen tampoco puede.