EL GOBIERNO DE SAMPER: RUINA Y FELONÍA

alfonso Hernández

Colombia entró penosamente en el cuarto año de la presidencia de Ernesto Samper. Éste no sólo ha desvencijado la capacidad productiva del país, también hizo jirones su soberanía. Hay quienes dicen que mostró un gran aguante ante la acometida norteamericana, pues se mantiene en el cargo. No carecen de razón. Durante cerca de tres años el presidente viene soportando, sin una protesta, sin un gesto de dignidad, los oprobios con los que lo cubren los emisarios de la Casa Blanca. No renuncia porque apacigua a sus amos entregando día tras día el patrimonio material y moral de la república.

El Salto Social, un descalabro

La obra del Salto Social es evidente en los muchos descalabros que padece Colombia: los desafueros gringos han sobrepasado todos los límites previsibles; ante la competencia foránea y las medidas oficiales desfavorables, las actividades productivas acusan ruina; las condiciones de vida de la población se deterioran rápidamente, y la propia unidad de la nación está amenazada.

Héctor Valencia, secretario general del MOIR, lo enfatizó recién instaurado el nuevo gobierno: "Samper se declara entusiasta continuador de la apertura y reclama orgulloso el título de coautor en la instauración de dicha política, dejando así en claro que será un atento y seguro servidor de los mismos intereses servidos por Gaviria, sin que las variantes en el reparto económico y político establezcan ninguna diferencia sustancial".

Los hechos muestran la verdad de esta afirmación. Las dos últimas administraciones han tendido una auténtica emboscada a la economía nacional. Una de las principales promesas del candidato Samper fue abrirle campo al campo. Y a fe que la ha cumplido, lo está dejando yermo: en 1996 el país importó más de cinco millones de toneladas de alimentos, las que representaron erogaciones por cerca de un millón seiscientos mil dólares. Como consecuencia, más de 750 mil hectáreas de cultivos están convertidas en pastos y rastrojos, la desocupación es generalizada, las privaciones de los habitantes del agro se hacen cada día más intolerables y de las penurias no escapa ni la ganadería. En lo corrido del presente año la situación continúa agudizándose.

Aparte de la avalancha de productos alimenticios subsidiados, muchos de los cuales proceden de países con alto desarrollo industrial, el sector agropecuario ha tenido que padecer el agobio de las tasas de interés confiscatorias, los costos crecientes propios de la tendencia inflacionaria, la revaluación del peso y el debilitamiento, cierre o remate de las instituciones que le prestaban algún respaldo, ya fuera en lo financiero, lo tecnológico o lo comercial.

Los aperturistas ofrecen como panacea a los agricultores abandonar el cultivo de alimentos básicos y dedicarse a cosechar y a exportar especies que no se dan en las naciones capitalistas. La fórmula es claramente perniciosa, ya que el país queda a merced de las multinacionales que controlan los alimentos y toca venderles a precios irrisorios las frutas y demás productos tropicales, disputando con muchos cultivadores de otros Estados pobres. Por ello no es extraña la crisis en la que se debaten cafeteros y bananeros.

El panorama para la industria también es de quiebra. Las empresas textileras han mermado su participación en el mercado interno en cerca de 40%, a causa de la competencia foránea y sus exportaciones a Estados Unidos decrecieron en 66 %. Fabricato, una de las más importantes firmas del ramo, perdió en el primer semestre de este año más de 18 mil millones de pesos. Se cierran factorías de toda índole, incluso las claves como Paz del Río están al borde de la liquidación.

Durante 1996, sucumbieron más de 20 compañías del sector manufacturero, como Quintex, Croydon, Panam, Induacero, Indugraco y Colcurtidos, cuyos activos superaban los 170 mil millones de pesos. Su ruina se debió a la competencia de mercaderías del exterior, muchas de las cuales se venden con dumping, y a los golpes que les propinó la revaluación del peso. El país se desindustrializa rápidamente; desde 1991 las manufacturas redujeron su participación en el producto interno bruto en más de dos puntos, al pasar de 20% a menos de 18%, y el año pasado la producción industrial disminuyó 3%. El comercio se contrajo en medio punto y la construcción continuó su ciclo recesivo.

Junto con el desbarajuste económico, el desempleo alcanzó el 13.6%, y eso que las estadísticas oficiales registran como ocupado a quien labora unas pocas horas semanales. En esta materia, Samper cumplió con el guarismo, sólo que en vez de crear un millón y medio de puestos, como lo había ofrecido, lanzó tal número de colombianos a la desocupación.

Como salida a esos males, el primer mandatario propone la descaecida microempresa y la maquila , es decir, el tallercillo en vez de la industria, el ensamblaje de artículos producidos en el exterior en vez del desarrollo propio, y todo sobre la base de la esclavitud de la mano de obra.

El rápido incremento de las importaciones y la precaria situación de las exportaciones han aumentado el déficit de la balanza comercial, que llegó a 5.4% del PIB. El país está hipotecado. La deuda externa alcanzó 31 mil millones de dólares, de los cuales 18 mil millones debe el sector público y 13 mil millones el privado. Más de 25% del presupuesto nacional está dedicado al pago de los empréstitos.

La nación está entrampada. La apertura determina un auge de las importaciones, el desfallecimiento de la industria y la agricultura y un abultado déficit de la balanza comercial, el que pretende enjugarse con la entrada masiva de capitales, a los que hay que atraer ofreciéndoles cada día mayores gangas. En el momento en que se frene este flujo se produce una brusca devaluación, con el consecuente agigantamiento de la deuda, la inflación y la rebaja de los salarios. Así lo han demostrado los Tigres Asiáticos y México.

Cumpliendo con la promesa de continuar la apertura, y con desdén por las consecuencias para el país, en diciembre de 1994 Samper asistió a la Cumbre de Presidentes en Miami para comprometer a Colombia en la creación de un solo mercado de América, ALCA, el que deberá estar operando en un plazo de diez años. Los monopolios estadinenses necesitan de esa zona de libre comercio para vender sus mercaderías sin aduanas en todo el continente, disponer de mano de obra barata y hacer de América un puntal de su disputa con los rivales europeos y japoneses. En 1994, el gobierno del Salto Social había enviado mensaje de urgencia al Senado para que ratificara el acuerdo del G·3, compuesto por Colombia, Venezuela y México, el cual afecta la producción nacional no sólo por la competencia de las empresas de estas repúblicas, sino por el ingreso a través de ellas de productos de los países ricos a nuestro mercado, es decir, la triangulación.

También en 1994 se ratificó el ingreso de Colombia a la Organización Mundial de Comercio. Hoy el Ejecutivo se ocupa de abrirle paso a la unión entre el Pacto Andino y Mercosur que, según lo han expresado dirigentes empresariales, significará más quebrantos para renglones como el metalúrgico, el automotor y el agropecuario.

Los teóricos del neoliberalismo sostienen que los pueblos relegados sólo alcanzarán el desarrollo si logran halagar al capital extranjero, al cual deben ofrecerle todo tipo de exenciones y favorabilidades. El caso colombiano los desmiente, pues con el auge del ingreso de capitales, nuestra economía se empobrece rápidamente.

La inversión extranjera crece rápidamente. En 1992 ingresaron al país 338 millones de dólares. Según el ministro Ocampo, en 1996 subieron a 3.300 millones y en lo corrido del 97 sobrepasan los 4.000 millones. Al comenzar la década había 40 contratos de exploración y explotación petrolera entre Ecopetrol y las multinacionales. Hoy hay más de cien. Con el argumento de que el capital foráneo está en desventaja, el gobierno modificó los contratos y obligó a Ecopetrol a hacerse cargo de 50% de los costos de exploración, que antes corrían por cuenta de la asociada, y forzó a la estatal petrolera a vender sus acciones en Monómeros, los Terpel, Promigas, Colgas, Gas Natural y a empezar la entrega del manejo de los oleoductos. Pero los altos funcionarios continúan clamando por que se reformen los contratos a favor de los pulpos y se les rebajen los impuestos. Hasta dónde ha llegado la actitud antinacional del régimen lo mostró la maniobra que pretendía el entonces ministro de Minas, Rodrigo Villamizar, con la cual le obsequiaba a la British Petroleum la bicoca de dos mil millones de dólares.

En la feria de los bienes públicos entraron también las minas de carbón y níquel. En Cerro Matoso S.A., el Estado vendió sus acciones, avaluadas en 290 millones de dólares, por 180 millones. El gobierno acaba de lanzar una nueva ofensiva para desmembrar a Telecom y entregarle al capital extranjero el estratégico servicio de larga distancia nacional e internacional.

En el sector eléctrico se remataron Termotasajero, Termocartagena, EPSA, las hidroeléctricas de Chivor y de Betania y, en contubernio con la administración del Distrito, Samper acaba de hacer lo propio con la Empresa de Energía de Bogotá. Insatisfechas aún, las multinacionales que entran a la generación de energía obligan a la estatal Financiera Eléctrica Nacional, FEN, a pagarles unas tarifas fijas y a comprarles toda la producción. Así proceden los pregoneros del libre mercado. La Flota Mercante Grancolombiana fue debilitada y luego vendida. El Contralor General ha denunciado que estas empresas se negociaron por un precio bastante menor al real. De la misma forma fueron vendidos bancos como el Popular, y en el sector financiero se consolida el control de unos pocos grupos. La salud y las pensiones de jubilación están convertidas en botín de los especuladores, y hasta los hospitales públicos se volvieron objeto de negocio. Los aeropuertos, los acueductos y toda clase de obras de infraestructura completan el pastel que se brinda a los magnates. En medio de este festín, los conglomerados económicos y las facciones políticas neoliberales se disputan sórdidamente el control de las emisoras y de la televisión.

Mientras trata con manga ancha a los monopolios, Samper, alegando el crecimiento del déficit fiscal, originado en gran medida en las reducciones de impuestos a esos mismos potentados, exige el máximo de sacrificios a los colombianos. Cada año pretende rebajar sustancialmente los salarios y echar mano de las prestaciones de los trabajadores del Estado. El monto de los impuestos indirectos supera al de los directos y el gobierno procedió a aumentar el IVA en dos puntos. Con tretas como la reestratificación elevó las tarifas de los servicios públicos, y acaba de subir los precios de los combustibles, los que quiere ubicar al nivel de los internacionales. Los ministros de Hacienda de Samper, coreando la cantilena del FMI, han planteado la reducción de las transferencias a las entidades territoriales, después que el proceso descentralizador las cargó con toda clase de obligaciones.

Felonías en tropel

Ya en las postrimerías del gobierno de Gaviria, Norteamérica había resuelto cerrar el paso a cualquier posibilidad de sometimiento voluntario de los Rodríguez Orejuela a la justicia. En su agenda colonialista figuraba en primer orden mancillar y zaherir a Colombia. En la pasada Administración, después de un largo periodo de desangre y terror, ocasionado también por la cumplida aplicación de los planes antidrogas de los gringos, en nuestro país terminó imponiéndose una política de acuerdos con Pablo Escobar, con el aval de la superpotencia. De la noche a la mañana, las negociaciones tendientes a la entrega pactada de los capos a la justicia, conductas antes autorizadas se transmutaron en crímenes de lesa humanidad. Los héroes de la batalla contra el cartel de Medellín, es el caso de Maza Márquez y Vargas Silva, fueron acusados de ser testaferros del grupo de Cali. Colombia, con las heridas aún abiertas, pasó a ser señalada como guarida de malhechores.

Con la divulgación de los narcocasetes, en junio de 1994, la campaña imperial toma sus verdaderas dimensiones y la Casa Blanca reparte mandobles al país y al sumiso, resignado y aturdido presidente electo. Este corrió a Washington a dar explicaciones y a ofrecer lo posible y lo imposible. Por ese despeñadero lanzó a la nación desde antes de posesionarse. Fumigaciones con químicos cada vez más nocivos, abarcan crecientes extensiones del territorio patrio. Masas de campesinos que, ante la ruina de la producción agraria han acudido a sembrar matas de coca y amapola, ven, iracundas, cómo el gobierno arrasa su único medio de subsistencia.

La república se convierte en una especie de bien mostrenco, donde los agentes de inteligencia gringos graban conversaciones, censuran y afrentan públicamente a las autoridades e instituciones nacionales. En nuestros mares, debido al tratado de interdicción marítima firmado por el gobierno de Samper, las naves yanquis pueden abordar cuando les plazca embarcaciones de bandera colombiana. Nuestro espacio aéreo es surcado por sus aviones y, con descaro, operan sus radares en nuestra geografía.

A pesar del servilismo extremo, la Casa Blanca, que se arroga el derecho de calificar el desempeño de la actividad antinarcóticos de otros Estados, decidió dar, el primero de marzo de 1995, una certificación condicionada al gobierno de Colombia. Y luego, en los dos años subsiguientes, declaró que éste no había cooperado contra el mencionado delito. No contenta con ello, la administración de Clinton retiró la visa norteamericana a Samper y a otros funcionarios. Ni siquiera cuestionó el humillante proceso de certificación, en cambio movilizó hacia la capital del imperio una tropilla de funcionarios a mendigar perdón.

Como ninguna de sus obsequiosidades ha logrado ablandar la severa conducta de sus amos del Norte, Samper, argumentando que el trato degradante que recibe debe ser sobrellevado como una desavenencia conyugal, se encoge y arruma para que los Frechette y los Constantine decidan con quién se entienden, si con alguien de la policía, con la canciller, la ministra de Justicia o algún vocero de alguno de los gremios. Son ellos, los gringos, quienes determinan quién representa a Colombia.

So capa de combatir el delito, van eliminando de la legislación colombiana las más elementales garantías jurídicas. El Ejecutivo, bajo los apremios de Frechette, se sumó a los ataques de quienes llamaron narcomico a la posición que el Senado aprobó en diciembre de 1995, según la cual los ciudadanos sólo podían ser enjuiciados por enriquecimiento ilícito si antes existía una condena judicial por un delito del que derivaran las riquezas en cuestión. Como consecuencia de la actitud del gobierno, la Cámara echó atrás lo decidido por el Senado y así la carga de la prueba se pasó a los acusados.

La justicia sin rostro se ha mantenido, a pesar de las evidencias de la utilización turbia que se hace de ella. Con la activa participación del ministro Serpa, quien le pidió al legislativo dejar a un lado los escrúpulos jurídicos, el Congreso votó la ley de Extinción del Dominio, la cual consagra la aplicación de la retroactividad de la ley penal, violando un principio universal del derecho. Está en vías de imponerse la extradición de colombianos, y los funcionarios del Departamento de Estado, apoyados por Samper, exigen que se aplique sin retroactividad ni condición alguna, y que no se requiera que el delito esté tipificado en la legislación nacional de Colombia. Ya hicieron suprimir del texto del Senado la parte referente a que la extradición no procede cuando se trate de delitos conexos a los políticos. El Ejecutivo había sostenido, vale la pena recordarlo, que en su agenda no figuraba esta medida, pero, como es su costumbre, cedió ante la presión gringa. Sin embargo, como la cámara alta no ha accedido a aceptar la extradición con retroactividad, Frechette acusó a Samper de negligente y de incumplir los compromisos adquiridos y lo amenazó con procesarlo en Miami, como otro de los reos en la lista de «Piedra Angular». El manso Samper responde pidiendo que no se dude de su voluntad de «seguir adelante» y obedecer.

A propósito de las disposiciones que desconocen elementales derechos, ha de mencionarse la Ley 200 de 1995, sancionada en volandas por el ministro delegatario en funciones presidenciales, Horacio Serpa. Esta ley establece un código disciplinario único para los trabajadores del Estado y desconoce las conquistas convencionales a este respecto. Con ella se viola el debido proceso, y se eleva a los procuradores a la categoría de jueces de los trabajadores estatales, se incrementan las sanciones, se prohiben los paros y la ocupación de oficinas y se impide a los servidores oficiales su participación en política. El gobierno de Colombia debe dar cuenta al norteamericano sobre la Ley de televisión, la reforma política, el DAS y la policía, y los directores de estos entes sólo se nombran a satisfacción de la potencia.

No puede escapar al proletariado consciente el hecho de que la política norteamericana se dirige a la atomización del país. En la euforia de las nuevas condiciones internacionales, el imperio aspira a doblegar las fuerzas que históricamente han obstaculizado su hegemonía: el proletariado, al que pretende dispersar con la llamada fábrica mundial, y las naciones, a las que procura desintegrar, resquebrajando su unidad. A este nefasto propósito les ha contribuido Samper a través de Serpa, quien definió las funciones de su despacho como las de una cancillería entre el Ejecutivo central y las regiones. No ocultan sus propósitos de desgarrar la unidad nacional. Otro paso en esta dirección fue la Ley 191 de 1995, o de Fronteras, la cual debilita los nexos del conjunto del país con dichos territorios, en tanto que da entrada directa al capital extranjero para que negocie en ellas y establezca maquilas a su antojo. Además está pendiente el proyecto de ley de ordenamiento territorial, que acabará de debilitar los amarres de la nacionalidad.

Los agentes del coloso del Norte instigan enfrentamientos que distraigan a los pueblos del objetivo de su emancipación, por eso, y para darse al pillaje en medio de los conflictos, azuzan, con la aceptación tácita o explícita del gobierno, en temas como los derechos humanos, el medio ambiente, la lucha contra la corrupción, y tienen a las Fuerzas Armadas bajo una especie de monitoreo permanente.

Son tan grandes los peligros que se ciernen sobre Colombia, que Clinton y su embajador ante las Naciones Unidas buscan otro pretexto intervencionista metiendo baza en los problemas de la guerra y la paz de nuestra patria.

El pueblo enfrenta la traición

Contrasta la sumisión del samperismo con la rebeldía de las masas. En la presente administración se ha desplegado una oleada de protestas y movilizaciones cívicas que enfrentan las alzas en las tarifas de los servicios públicos y la estratificación, como el paro de los pobladores de Facatativá, los días 16, 17 y 18 de septiembre de 1996. El 19 de junio se había levantado la población del occidente de Bogotá para rechazar los planes de Mockus, quien pretendía arrasar miles de viviendas para adecuar, para la zona franca, la zona aledaña al río Bogotá. Casi a diario, los presos de las diferentes cárceles se amotinan para denunciar las precarias condiciones en que se les mantiene. Miles de cultivadores de café realizaron el 19 de julio de 1995 el paro nacional cafetero, preparado con múltiples y multitudinarias manifestaciones, el cual abarcó a más de cien municipios y preparó el camino para arrancarle al gobierno la anulación de las obligaciones bancarias de los pequeños caficultores. El campesinado de Caquetá, Putumayo, Guaviare y otros departamentos, luchó durante meses, a partir de julio de 1996, para impedir las fumigaciones con glifosato y otros tóxicos y para reclamar apoyo a la producción agropecuaria.

En el movimiento sindical son muchas e importantes las batallas libradas. Los trabajadores del SENA defienden el presupuesto de la institución. Los profesores universitarios combaten la política de asfixiar presupuestalmente la educación superior. Los jueces realizan paros para hacer respetar sus reivindicaciones. En Telecom, Ecopetrol, la Empresa de Teléfonos de Bogotá, la Caja Agraria, la salud y el magisterio, no se echa pie atrás en el rechazo a las privatizaciones.

Desde el comienzo, la CGTD denunció el engañoso Pacto Social con el que Samper pretendía que el obrerismo accediera a trabajar más por una remuneración menor. Posteriormente todas las centrales obreras se negaron a asistir al marrullero y desfavorable acuerdo.

Un significativo avance consiste en la unificación de las luchas, principalmente de los estatales, alrededor de objetivos patrióticos y reivindicativos, como oponerse a la venta del patrimonio nacional e impedir el deterioro de los salarios y de las conquistas laborales. Con tales propósitos se han dado las jornadas del Primero de Mayo, el paro nacional estatal de febrero y la protesta del 3 de septiembre.

Resumiendo lo obtenido en el paro de febrero, Yezid García, secretario adjunto de la CGTD, dijo: "La posición reaccionaria que pontificaba sobre lo anacrónico de la confrontación popular, de la marcha, del mitin o de la huelga, y que colocaba como alternativa el "sindicalismo propositivo" o el "gremialismo apolítico", es la gran derrotada en las filas de los trabajadores". García agregó: "Es la hora del fortalecimiento del sindicalismo en Colombia, la hora de recoger la cosecha sembrada en años de paciente labor de resistencia y combate contra el neoliberalismo y la dominación norteamericana".