EL MAGISTERIO, NUEVAMENTE AL COMBATE

Raúl Arroyave, Ejecutivo de Fecode

Las juntas nacionales de Fecode del 2 de marzo y 11 y 12 de agosto aprobaron, por unanimidad, convocar al magisterio a un paro nacional indefinido. En agosto se presentó un pliego de peticiones, para el cual no ha habido respuesta alguna por parte del gobierno; al contrario, este llevó al Congreso un proyecto de Acto Legislativo que suprime los regímenes especiales, y ha tenido la pretensión de imponer un absurdo y antidemocrático concurso cuyo único fin es cercenar derechos adquiridos e imple­mentar por la fuerza el nuevo estatuto docente. Por ello, el Comité Ejecutivo debe po­ner­se a la cabeza de un paro nacional indefinido para los primeros días del mes de octubre, tal como quedó acordado en la última Junta Nacional de la Federación.

Al cabo de tres años largos de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2001 y de casi tres de expedida su norma reglamentaria, la ley 715 de 2001, a nadie le cabe duda de que estas dos normas eran la base de toda una contrarreforma educativa y que tanto el magisterio de base como sus dirección sindical deberían desechar cualquier ilusión sobre su contenido. Uribe continúa aplicando, con saña y desmesura, lo aprobado por el de Pastrana. Ha expedido casi una docena de decretos y resoluciones reglamentarias y sucesivas directivas ministeriales, que ahondan en los procesos de municipalización y privatización de la educación, engañan con el señuelo de la vinculación de los maestros provisionales, al tiempo que sus voceros repiten una y otra vez que la política no se negocia, se aplica.

En este periodo ha quedado claro que no se trata de «tener inteligencia para negociar» y de «ser propositivos y no contestatarios»,. Más allá de estos devaneos y pequeñas astucias, lo que resalta es la naturaleza de clase del gobierno de Uribe Vélez y su razón de ser en el control del Estado al servicio de una minoría pro imperialista que le acolita su apetito reeleccionista y que va en contra de las grandes mayorías de trabajadores, campesinos y capas medias de la población.

Objetivos del Paro

Como quedó consignado en el pliego, estos objetivos tienen que ver con:

? La defensa del régimen especial de los educadores colombianos, con la permanencia del régimen de excepción en pensiones, hoy amenazado por el proyecto de Acto Legislativo 127 de 2004. Y el rechazo al modelo de salud que el gobierno pretende imponer con el acuerdo 4 del 22 de julio, aprobado unilateralmente en el Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones del magisterio, y la defensa del régimen laboral contemplado en el estatuto docente 2277 de 1979, que buscan reemplazar con el nuevo estatuto docente o decreto 1278 de 2002. ? La exigencia de una efectiva gratuidad de la educación pública en Colombia, de tal manera que se garanticen el preescolar de tres niveles, las inversiones en infraestructura escolar y la calidad de la instituciones educativas oficiales, la financiación estatal de la capacitación docente y el cese de los procesos de racionalización, supresión y fusión de escuelas y colegios; así como la solución a todos los conflictos regionales. ? El respeto a la vida de los educadores, cese de los asesinatos contra los mismos y procedimientos expeditos para garantizar el oportuno traslado y reubicación de todos los educadores amenazados y desplazados, sin detrimento de sus derechos y, entre ellos, los de asociación y negociación , con las comisiones y permisos sindicales nacionales y regionales. ? Solución a los problemas financieros y operativos del Fondo de Prestaciones del Magisterio para garantizar la revisión del corte de cuentas del año 1990, la cancelación de los pasivos por concepto de cesantías parciales, la amortización del pasivo pensional y la expedición del decreto de salarios correspondientes al año 2004.

Boicot al antidemocrático concurso

Al anterior llamamiento se agrega la decisión de la Junta Nacional de Fecode de convocar al boicot contra el concurso que se viene preparando por parte del Ministerio de Educación Nacional.

El concurso de marras, de entrada excluye a todos los educadores vinculados por el sistema de OPS o temporales, que no reúnen los requisitos de poseer como mínimo el titulo de normalista superior; y niega el viejo escalafón a quienes se inscriban en tal concurso. Este no es para nombrar sino para conformar una lista de elegibles; toda su estructura, comenzando por el diseño de las pruebas y pasando por los instrumentos para las entrevistas y los análisis de los antecedentes, queda centralizada en la nación lo que rompe de manera absoluta con la autonomía de los entes territoriales. Después de establecida la lista de elegibles, su ubicación queda a discreción de la autoridad nominadora, configurándose una especie de paraíso para el tráfico de influencias, el clientelismo, la corrupción y el chantaje.

Los nombramientos que resulten de allí son para un año de período de prueba, al cabo del cual, para ser nombrado en propiedad, el maestro debe someterse a una nueva evaluación de competencias y aprobarla con un mínimo de 60%. En caso contrario será retirado del servicio. Si la nueva evaluación es superada, podrá inscribirse en el nivel A de alguno de los tres nuevos grados del escalafón docente, y luego el ascenso sólo podrá hacerse en un nuevo concurso, previa disponibilidad presu­puestal. Para ascender, el educador tendrá que ganar las evaluaciones de competencias con un mínimo de 80%.

Como se ve, el tan mentado concurso es para perder-perder, para arrebatar derechos adquiridos, desconocer títulos y escalafones legítimos e instaurar la más absoluta inestabilidad laboral en el magisterio, pues se mantiene a miles de maestros en «período de prueba», cada año, con la consecuente congelación vitalicia del escalafón y con total detrimento de la calidad de la educación, pues un componente esencial de esta es la estabilidad laboral y las buenas condiciones salariales de los maestros, que permitan la dedicación exclusiva a la docencia, a la investigación y a las innovaciones y proyectos pedagógicos.

Con estas banderas justas y democráticas vamos al paro nacional indefinido. Los educadores y demás estamentos de la comunidad educativa, estudiantes y padres de familia, saben que cuentan con los activistas, militantes y dirigentes del MOIR y del Frente de Educadores Tribuna Magis­terial para el desarrollo de las tareas. Contribuiremos con nuestros esfuerzos y recursos a la gran batalla de masas que se avecina, convencidos que el régimen de Uribe encontrará en nuestra patriótica lucha un verdadero escollo a su proyecto reeleccionista.