EN ESTADOS UNIDOS: EJEMPLAR CONTIENDA DE LOS MINEROS DE CARBÓN

El 6 de diciembre de 1977, 165.000 afiliados al sindicato de Trabajadores Mineros Unidos de América (TMUA) iniciaron una tempestuosa huelga que duró tres meses y medio, que puso en jaque a la Asociación de Empresarios del Carbón Bituminoso (AECB) y que desafió beligerantemente la autoridad del Presidente de los Estados Unidos. Al repudiar sucesivamente dos acuerdos que la directiva nacional había ya aprobado, la base de TMUA demostró que, a pesar de las posiciones entreguistas de algunos de sus dirigentes, estaba resuelta a defender sus derechos a como diera lugar.

Tradición de rebeldía Desde su creación, en enero de 1890, la organización sindical TMUA ha combatido con espíritu indoblegable a las bandas de asesinos a sueldo de los patronos y ha librado cruentas batallas contra el ejército norteamericano. Uno de los primeros levantamientos fue la rebelión de Coal Creek, en 1981, de mano de obra cautiva, que permitía el arriendo, a bajo precio, de reos, para emplearlos en cualquier actividad. En defensa de sus prerrogativas laborales, los trabajadores organizados decidieron actuar. Se tomaron varios campamentos, liberaron a los penados, los embarcaron en trenes y luego incendiaron las empalizadas que servían de cárcel.

Varios regimientos del ejército, con destacamentos de artillería, recibieron orden de movilizarse para reprimir a los amotinados. Pero los ferroviarios se negaron a transportarlos y fue necesario militarizar la vía para que la soldadesca llegara a Coal Creek. Allí se produjo una recia batalla, y aunque la tropa los superaba en número los mineros, mal armados, ofrecieron una valerosa resistencia. Al tener que replegarse, la gente de la región los escondió en sus casas para evitar que fueran capturados. Gracias a acciones como éstas los obreros lograron que en 1986 se eliminara la contratación de condenados.

La primera huelga exitosa del sindicato como organización nacional comenzó el 4 de julio de 1897. En un movimiento que se conoció como “el levantamiento espontáneo de un pueblo esclavizado“, más de 200.000 hombres de las minas en los estados de Pennsylvania, Virginia, Virginia Occidental, Ohio, Indiana e Illinois paralizaron la producción del 70% de carbón suave del país. Luego de 12 semanas de cese y no obstante la persecución y los intentos de sabotaje, una buena parte de los trabajadores logró reducir su jornada de 10 a 8 horas y consiguió un aumento del 33% con respecto a los salarios vigentes cuatro años atrás.

Sin embargo, las condiciones oprobiosas se mantienen para la mayoría de los mineros. Por ejemplo, las explotaciones de carbón de antracita en Pennsylvania, pertenecientes a las compañías ferrocarrileras controladas por el magnate J. P. Morgan, no habían aumentado jornales en 20 años y los empresarios restringían el número de días al mes que cada obrero tenía derecho a laborar. Esto obligaba a que muchos menores de edad fueran enviados por sus padres a los tajos para compensar la pérdida en los ingresos de la familia. Además, en el pesaje del mineral extraído, la romana amañada exigía entre 2.600 y 3.200 libras para marcar solamente 2.240. Los capataces, por su parte, hacían deducciones arbitrarias por supuestas impurezas. Las tiendas de las compañías ferrocarrileras, únicas permitidas en la zona, cobraban precios exorbitantes por los artículos y mantenían a la población en un total endeudamiento.

Nuevas conquistas En agosto de 1900, TMUA presentó un pliego de peticiones en que exigía: el reconocimiento de la organización, el aumento del 10% en los sueldos, el derecho a emplear sus representantes en la supervisión de las pesas, el uso de la tonelada inglesa como unidad de medida, la reducción de horas laborales y la eliminación de las tiendas de las empresas. Los propietarios rechazaron de plano todas las exigencias y la huelga estalló. En dos semanas, el 90% de los asalariados había acatado el llamado.

Puesto que en noviembre se celebran las elecciones para presidente del país, los dirigentes del Partido Republicano convencieron a las compañías ferrocarrileras para que llegaran a un arreglo. Así, TMUA logró que sus demandas fueran aceptadas, excepto el reconocimiento del sindicato. Sin ser un triunfo total, la fuerza de TMUA creció de 9.000 a 100.000 afiliados durante el conflicto.

En 1902 los patronos rescindieron el acuerdo. Inmediatamente, 140.000 mineros suspendieron labores en espera de la determinación final de la asamblea. No obstante que el presidente de la agremiación era partidario de levantar el paro, el movimiento prosiguió y a él se sumaron ingenieros, maquinistas, bomberos y muchos de quienes tenían relación con la brega del carbón. En otros estados, pararon en solidaridad por reivindicaciones propias, y el número de huelguistas ascendió a 184.000.

Ante estas presiones, el presidente Teodoro Roosevelt se vio obligado a intervenir personalmente para proponer una comisión de arbitramento. Siguiendo las instrucciones de J.P. Morgan, los empresarios prometieron acatar el fallo, a sabiendas de que les sería favorable. La asamblea de mineros aceptó el tribunal y votó por reanudar labores. En su informe, la comisión ordenó un aumento del 10% en los salarios, una jornada de 9 horas y la creación de un consejo de conciliación con representantes de los trabajadores, pero sin reconocer de manera directa a la organización obrera. Aunque estos resultados fueron tildados de “victoria moral” por la dirección sindical, la mayoría de los afiliados los rechazó. De esta manera, al cabo de 5 meses, se puso fin a una de las más prolongadas huelgas en la historia del proletariado carbonero norteamericano.

La última contienda Al expirar a fines de 1977 la convención suscrita por TMUA, la Asociación de Empresarios del Carbón Bituminoso, AECB, que agremia 130 firmas, pretendió aprovechar el entreguismo del actual presidente nacional del sindicato, Arnold Miller, para imponer un nuevo contrato que desconocía importantes reivindicaciones alcanzadas. Con esto se intentó ilegalizar los paros intempestivos, ceses relámpago que no requieren de la aprobación en asamblea y que son arma eficaz de lucha del proletariado norteamericano. Además, la atención médica gratuita para los mineros y sus familias fue eliminada al implantarse un cobro máximo anual de 500 dólares por servicios prestados. Al mismo tiempo, se estableció una desigualdad en el pago de pensiones, beneficiando solamente a los 7.100 jubilados de los últimos años, en detrimento de los 81.600 restantes.

Agotados los procedimientos de conciliación, TMUA decretó la huelga. Brigadas de trabajadores de las 789 subdirectivas se desplazaron para conseguir el apoyo de los mineros y transportadores del carbón no sindicalizados, así como la solidaridad de las amplias masas obreras y populares. En muchos lugares se levantaron barricadas en las carreteras y en las vías férreas para bloquear el abastecimiento del carbón a los usuarios industriales. Fueron necesarios convoyes blindados, protegidos por la Guardia Nacional, para asegurar que el mineral se le suministrara a las grandes compañías.

El paro se mantuvo incólume a pesar de las intimidaciones del gobierno, veladas primero y desembozadas, luego del empleo de rompehuelgas y de las amenazas de invocar la Ley Taft-Hartley, por medio de la cual el presidente de los Estados Unidos puede declarar ilegal cualquier huelga con el pretexto que amenaza la seguridad y la salud de la nación.

Granjeros de las diversas zonas enviaron alimentos a los huelguistas; el sindicato de los Trabajadores Automotrices Unidos contribuyó con 2 millones de dólares y organizó caravanas con comida; los Trabajadores Unidos del Acero donaron un millón de dólares para ayudar a los pensionados; muchas otras organizaciones se hicieron presentes con su ayuda proletaria.

El 12 de febrero, la propuesta inicial de los empresarios fue rechazada por el Consejo de Negociación, a pesar de haber sido firmada por Miller. Un mes después, la segunda oferta, que contenía variaciones sustanciales, fue impugnada airadamente por las bases, quines quemaron miles de copias de la propuesta ante la dirigencia sindical vendida. El presidente Jimmy Carter, que había puesto de por medio su más menguado prestigio para que este acuerdo se lograra, fue estruendosamente derrotado.

Merecida victoria Firme en todo momento, el ánimo de los mineros se resume en estas palabras de un dirigente de Pennsylvania: “Nos podrán perseguir, matar o encarcelar; algunos podremos incluso morir. Pero es preferible perecer en la superficie y no en las minas bajo este contrato”.

Acosado por la crisis, Carter declaró en peligro “la seguridad y la salud de la nación”, con tal mala fortuna que, por tercera vez en la historia, los mineros se negaron a obedecer la ley Taft-Hartley.

En vista de la persistencia y tenacidad del movimiento, la AECB retiró la cláusula que prohíbe los paros intempestivos, redujo el cobro máximo anual por salud a menos de la mitad, aumentó en 50 dólares mensuales los pagos a los viejos pensionados y ofreció un reajuste salarial entre el 25 y el 31% en los próximos tres años. La última propuesta fue aprobada por 58.380 votos contra 44.210, el pasado 24 de marzo.

Esta contienda, que pone de relieve la decisión de las bases mineras norteamericanas para el combate, es apenas una muestra de los conflictos que le esperan al atribulado gobierno del señor Carter. Ya se aprestan a pelear los ferroviarios, los trabajadores del acero y de la industria automotriz, los empleados postales y los camioneros, en el desarrollo de un proceso que golpea al imperialismo en sus arterias económicas vitales.

El MOIR respalda las luchas de los oprimidos de todos los países en contra de sus opresores, por erradicar para siempre la explotación del hombre por el hombre.