EN LA AGENDA GRINGA, PRIVATIZACIÓN DE ECOPETROL

Gustavo Triana

La crisis política del proceso 8.000 fue creada por el imperio para chantajear a Samper e imponerle con mayor facilidad toda su política de recolonización. Quien tenga ojos para ver, puede encontrar las órdenes al respecto en las múltiples entrevistas montadas por Myles Frechette en los principales medios de comunicación. En ellas hay un común denominador: que Estados Unidos quiere el petróleo, el gas y el carbón de Colombia. Reiteradamente exigió una mayor apertura, que permitiera a las multinacionales tener cada vez más utilidades y mayor control sobre nuestros recursos energéticos. Para ello objetó la obligación que tienen las multinacionales de asociarse con Ecopetrol para explotar hidrocarburos y volver a las concesiones; se quejó de una supuesta alta carga fiscal; pidió rebajar las regalías, que hoy son de 20%, y eliminar el tope de 20% de personal extranjero en la administración y operación de las actividades petroleras.

El creciente recorte presupuestal a Ecopetrol, los altos impuestos que se le aplican y las diferentes reformas a las reglas sobre la participación extranjera en el negocio de los hidrocarburos han llevado a la postración el desarrollo de la estatal petrolera y abonan el terreno para su privatización. Hoy los neoliberales pretextan un bajo rendimiento de la empresa y los requerimientos de inversión de la misma para, como Pilatos, decretar la más entreguista y antinacional apertura del sector.

Las reformas a los contratos de asociación hechas en febrero y octubre de 1995 y las recientes que presentó el gobierno en el pasado noviembre, son completamente regresivas. Antes que mejorar la situación de finanzas de la empresa y de la nación, las empeora a favor de las multinacionales. Ecopetrol deberá participar con más capital, pagar en menos tiempo, recibirá una menor parte de la producción y permitirá que el asociado permanezca hasta el agotamiento total del pozo.

Enumeremos las reformas:

a) A las multinacionales habrá que reembolsarles 50% de los costos de exploración, es decir, la sísmica y los pozos exploratorios secos, cuando se descubra un campo comercial. Desde 1974 esa etapa estaba, al menos en teoría, exclusivamente a cargo de las empresas extranjeras. Hoy no se contentan con lo que sacan; en la época de la apertura y la ofensiva imperialistas quieren más. b) Ecopetrol deberá desembolsar más rápido y con corrección monetaria los dólares que debe aportar para la exploración y desarrollo del yacimiento. Antes se pagaban dichos gastos con el 50% de la producción de Ecopetrol y al valor del dólar en el momento de declaratoria de la comercialidad. Hoy se hará con 100% de la producción de Ecopetrol y en dólares corrientes de Estados Unidos. c) La participación estatal en la producción podrá disminuir hasta 25%. El período de retención en yacimientos de gas será de cuatro años, el de explotación de 30 y el de exploración de seis, para un total de 40 años de duración del contrato. En los yacimientos de crudo la exploración se amplía a ocho años y la explotación a 27, cuando antes eran 6 y 22 años, respectivamente. d) Se hará renegociación en la fase terminal del contrato, pues se alega que la extracción del remanente es costosa para el asociado. Será una distribución, en favor de éste, superior a la de los términos acordados originalmente. O sea, una prórroga disfrazada del contrato de asociación. e) Habrá contratos para producción incremental en campos propios de Ecopetrol, donde la estatal dejaría de operar directamente, como se pretende hacer en el Catatumbo. El asociado participará en un porcentaje del incremento y operará el campo.

Además, la producción no se distribuirá sobre el área contratada, sino sobre cada yacimiento; cuestión que le facilitaría a la BP burlar la distribución escalonada que se pactó en el contrato Piedemonte. Esta medida busca hacerle el quite al decreto 2782 de 1989, que estipula que contratos con depósitos de crudo superiores a 160 millones de barriles darán 70% a Ecopetrol y 30% al asociado. Los yacimientos de Pauto, Floreña y Volcanera deberían distribuirse de esta forma. La BP exige que cada uno se evalúe por separado, violentando los términos originales del contrato.

Gobierno impide que se desarrolle Ecopetrol

Los trabajadores vemos con rabia cómo el gobierno acude a toda clase de maniobras y subterfugios para debilitar la empresa, y así justificar su entrega, en vez de fortalecerla, como es su obligación.

Desde el ministerio de Jorge Cock, por ejemplo, existe el compromiso con el país, y con nuestro sindicato, de adelantar una serie de proyectos para modernizar las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena. Sin embargo, eso está hoy más lejos que nunca de concretarse, por la descapitalización de la empresa y por las presiones permanentes de las multinacionales de la refinación y la petroquímica, que buscan mantener ese mercado para sus productos.

Las demoras en la modernización de las plantas productoras de gasolina y propano de Barranca y Cartagena y en la construcción de una nueva Unidad de Crudos, no permiten mejorar los rendimientos de las refinerías, y obstaculizan el aprovechamiento del crudo de Cusiana y la disminución de las importaciones de gasolina. A la vez, por la tardanza en las ampliaciones de las plantas de polietileno y aromáticos de la Refinería de Barranca, se desmejoran materias primas como etileno, butano, propano, naftas vírgenes, etc. Los faltantes en el mercado nacional se vienen abasteciendo con importaciones de Venezuela y México, las que en septiembre de 1997 costaron 32 millones de dólares, dinero que podría ahorrarse si dichos combustibles se produjeran en Colombia.

En exploración y producción, lo que se vive es mucho más preocupante: Ecopetrol solamente extrae 20% de la producción total nacional, a pesar de que los tres últimos ministros de Minas y Energía, Guido Amín, Jorge Cock y Rodrigo Villamizar, insistían mentirosamente, junto con Gaviria y Samper, en que la empresa debería dedicarse a buscar crudo como su actividad principal. Pero han hecho todo lo contrario: alegando falta de presupuesto, han aplazado continuamente las perforaciones exploratorias en pozos como los de Luciérnaga en Puerto Wilches, el Retorno en Sabana de Torres, dos más en Llanito (Barrancabermeja), el 1649 en el Centro, otros dos en Zulia y Cúcuta: con sólo 19 pozos, la actividad exploratoria de los últimos cinco años ha sido la más baja desde 1974, año en que se establecieron los contratos de asociación. Pero es más grave si tenemos en cuenta que la tendencia es negativa: en 1996 se hizo un pozo y en 1997 no hubo exploración. Y Planeación Nacional acaba de reducir, de los 180 mil millones de pesos que se requerían para exploración, la suma de 80 mil millones.

El país no puede sacar adelante una altiva política de negociación petrolera con las multinacionales si la empresa estatal es cada vez más débil operativa, tecnológica y financieramente. Vamos rumbo a ver a Ecopetrol, soporte de buena parte del desarrollo económico de la nación, convertida en una simple oficina administradora de contratos, atendida por unos cuantos abogadillos con despacho en un cubículo del Ministerio de Minas.

La intención del gobierno no es otra que continuar transfiriendo extraordinariamente los recursos de Ecopetrol para cubrir cuentas de la nación, asaltar las prestaciones de los trabajadores y dejar a la empresa en una situación financiera aún más comprometida. Como no hay con qué financiar las actividades de exploración, explotación, refinación, transporte y petroquímica, éstas se debilitan y la empresa no da los rendimientos esperados. Así se prepara el terreno para la privatización.

Las prestaciones en la mira del régimen

Otro sofisma que se ha lanzado con fuerza sobre Ecopetrol es el de las prestaciones sociales de sus trabajadores. Las cifras que se presentan sobre las obligaciones pensionales de Ecopetrol son amañadas y deforman la realidad. Dicen que la previsión de pensiones para Ecopetrol llega en 1977 a 2.523 millones de dólares. Lo que no se dice es que ésa es la totalización, en un solo contado, de los recursos que se necesitarían si hubiera que cumplir simultáneamente, con todos los pensionados de la empresa durante los 46 años de su existencia; con todos los actuales trabajadores si se pensionaran hoy y disfrutaran su pensión durante 35 años, y con el bono pensional a todos los temporales que han sido explotados inmisericordemente durante 46 años, pero que no tienen derecho a pensión, ni por Ecopetrol ni por el ISS.

La realidad es que dicha suma se difiere a veinte o más años, su desembolso es gradual y nunca ha sido una amenaza para las finanzas de la empresa. En 1995 fue realmente de 65.256 millones de pesos, y en 1996 de 88.605 millones, sumas que representan solamente 2.13 y 2.20% de los ingresos operacionales de Ecopetrol en esos años. Si existiera un fondo de pensiones, sus rendimientos financieros cubrirían perfectamente los gastos anuales de los pensionados. No puede culparse al sindicato y a los trabajadores de no haber hecho anualmente dicha previsión. Y mucho menos del atropello que se está cometiendo contra los derechos de pensión y salud de más de cuatro mil trabajadores temporales en todo el país. A lo anterior debemos agregar el incremento del trabajo temporal y de contratistas, lo cual burla la estabilidad laboral, el derecho a la pensión y las prestaciones sociales. Se están imponiendo el salario mínimo y el integral en actividades propias de la industria del petróleo. Hoy la nómina de temporales y contratistas sobrepasa los 7 mil trabajadores, cuando la empresa sólo cuenta con 6 mil indefinidos. Los costos de las actividades contratadas con los denominados "chupasangre" llegan a 400 mil millones de pesos anuales, y en 1996 crecieron 24% con respecto al año anterior.

La huelga, necesaria e inaplazable

La USO viene intensificando su denuncia de la política antinacional del gobierno, y organiza a los trabajadores buscando coordinar sus actividades con el resto del movimiento obrero para defender el petróleo, garantizar la permanencia de Ecopetrol y derrotar la política de penalización y persecución que, a través de la Fiscalía y la Procuraduría, se adelanta contra los dirigentes del sindicato, con encarcelamientos, suspensiones y multas.

El compañero Hernando Hernández, presidente de la USO, ha convocado a todo el país a respaldar esta justa patriótica por la soberanía nacional. Es deber de todos los revolucionarios y demócratas rodear a los sindicatos del petróleo, las telecomunicaciones, la salud y los servicios públicos, para mantener el carácter estatal de las empresas, patrimonio de los colombianos.