Editorial: ¡BASTA!

Nunca hemos cortejado el respaldo de los votantes con el aliciente de realizar a través de unos comicios los vuelcos revolucionarios que acucia Colombia. Aunque no cejemos en explicar el fondo y los alcances de tales transformaciones consignadas en nuestro programa, lo cierto es que hartos esfuerzos se requieren para desvanecer las ilusiones que cual fiebres recurrentes atacan cada dos años el ánimo de los electores, a causa de las retocadas promesas de siempre de los candidatos del bipartidismo. Ayer encaramos la euforia levantada alrededor de los tres millones de sufragios del Mandato Claro que posteriormente desembocarían en la desbandada del continuismo; hoy nos batimos contra la avalancha embaucadora del Movimiento Nacional, cuyos demagógicos desplantes han cretinizado a mucha gente. Y nos hallamos en la recta final de la mitaca de 1984, un momento oportuno para que los estratos populares y las fuerzas democráticas y revolucionarias efectúen un riguroso examen de la labia y de los logros del cuatrienio iniciado el 7 de agosto de 1982. Nadie dirá que año y medio no abarca un plazo prudencial para juzgar la obra de una administración, así sea la de Belisario Betancur, quien, habiendo anunciado tantas ofertas a una nación tan menesterosa como la nuestra, se demorará su tiempo para desacreditarse por completo.

Sin embargo, despuntan en el horizonte signos alentadores. Crecen los incrédulos a medida que brotan los fiascos en los proyectos bandera del Ejecutivo.

Los sueños de poseer techo propio, con o sin cuota inicial, rápidamente se esfuman para la pobrería esperanzada en el "sí se puede", pues descubre que los terrenos urbanizables se hallan de antaño acaparados, las redes de los servicios no llegarán jamás hasta zonas marginadas, el Instituto de Crédito Territorial adolece de un déficit inextinguible, los costos de los préstamos de la Upac subieron por ley y sus míseros ingresos familiares encuéntranse lejos de los topes fijados a los adjudicatarios. Los pocos favorecidos por el gobierno se quejan de la pésima condición de las cajas de sardina que adquirieron por vivienda, y hasta organizan comités y movilizaciones a objeto de exigir la satisfacción de sus demandas y protestar por los incrementos decretados en los pagos al Inscredial.

La denominada Universidad a Distancia, otro de los caballitos de batalla del "cambio con equidad", se ve cada vez más distante, mientras los centros de la educación pública languidecen en medio de increíbles carencias y se continúa con la vertiginosa privatización de la enseñanza.

En puntos neurálgicos como los impuestos, la carestía y los altos intereses bancarios, las actuaciones del loado gobernante riñen abiertamente con lo que fuera su retórica electoral. A la oligarquía financiera, a los magnates de la industria y a los grandes terratenientes les alivió la carga tributaria aún más de cuanto lo hicieran en el pasado sus vituperados antecesores; entre tanto elevó casi todos los gravámenes indirectos, fundamentalmente al consumo, acentuando la índole regresiva y discriminatoria del sistema impositivo colombiano y obligando a la inmensa mayoría del pueblo a acrecentar sus aportes para el sostenimiento del Estado de los expoliadores. En abril comenzará a cobrarse el exótico Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplica ya no sólo a la venta de los productos, conforme lo ordenaban las viejas normas dirimidas, sino que afecta a cada uno de los diversos eslabones del proceso de producción y distribución de las mercancías. Fuera de que repercutirá nocivamente en el costo de la vida, la rebuscada y enmarañada disposición se traducirá en entrabamiento y merma de las operaciones comerciales y por ende de la actividad industrial.

Al trepar y convertir los reajustes anuales del impuesto predial en un medio de descongelación periódica del monto de los alquileres, a fin de que los arrendadores tributen más sí desean percibir más de sus inmuebles, el gobierno recurre a otro intrincado y tramposo mecanismo para conseguir mayores recursos a cargo de los sectores menos afortunados de la población y a costa de atizar la hoguera inflacionaria.

Y así, el vencedor del 30 de mayo, quien derrotara a López Michelsen con sus dadivosos juramentos formulados durante la justa electoral, entre los cuales subrayó el compromiso categórico de no agobiar a los contribuyentes con nuevos arbitrios, pues subsanaría las falencias presupuéstales mediante algunos correctivos dirigidos a encinturar a los evasores, terminó echando por el caño la palabra empeñada, primero, al declarar su emergencia económica hundida por la Corte, y luego, al convocar las sesiones extraordinarias del Congreso para que éste le resucitara su paquete de medidas fiscalistas. Respecto a las declaraciones de evitar las alzas y frenar la inflación, proferidas sin falta por quienes en nombre de los partidos tradicionales aspiran a la presidencia de la república, el señor Betancur se ha burlado también descaradamente de la masa anhelante que lo respaldó en las urnas. Las tarifas de los servicios públicos prosiguen su ascenso ininterrumpido y a tasas asfixiantes, generándose por doquier paros y conflictos de magnitudes regionales, como los realizados ya en dos ocasiones memorables y a "ritmo paisa" por cuenta de los propios coterráneos del primer mandatario.

No obstante venir disminuyendo los combustibles su cotización en los mercados internacionales, en Colombia acaba de autorizarse por resolución ejecutiva una adición del 16% a los precios de la gasolina, tras la mira de ampliar los recaudos del Fondo Vial Nacional y de fortalecer las rentas de los departamentos.

Con la supresión del subsidio a un porcentaje considerable del transporte urbano, se han aminorado en una cuantía relativamente módica las erogaciones del Estado, pero se les inflige un duro golpe a los esquilmados bolsillos de los desposeídos. Decisiones de este tenor, tan delicadas y lesivas desde el punto de vista social, las pueden adoptar con cierta holgura los regímenes antipopulares que gozan de algún crédito o capacidad de engaño.

Recurriendo al ardid aplicado unívocamente por las administraciones frentenacionalistas, la actual se valió asimismo de las festividades navideñas y de fin de año para soltar en diciembre la cascada de licencias encarecedoras de una multitud de artículos y servicios, alegando, con los datos amañados del DANE en la mano, que aquellos inevitables dictámenes no inciden en la canasta familiar o lo hacen en una proporción exigua. Se manipula la estadística para darle artificialmente fuerza a la negativa de los patronos a acceder a las justas peticiones de las masas laboriosas de la ciudad y el campo. Como pocas veces en la historia reciente o remota del país, en lo corrido del presente período se ha hecho manifiesta la tendencia inherente al capitalismo de colocar las entradas de los asalariados por debajo del nivel mínimo desubsistencia. Prueba de ello son la campaña de difamación orquestada contra los operarios de los puertos, quienes libraron durante varias semanas una heróica pelea para evitar el recorte de sus modestas remuneraciones; la ilegalización de la huelga de los obreros de Fabricato que rechazaban indignados el desconocimiento a la convención colectiva; las provocaciones sistemáticas contra la Unión Sindical Obrera (USO) encaminadas a debilitarla; la proliferación de los contrapliegos patronales en busca de la anulación de viejas y sentidas reivindicaciones, cual está aconteciendo en la Caja Agraria, y la ridícula propuesta de 18.5% de aumento salarial presentada a los trabajadores de las entidades del Estado y que ha desencadenado encendidas respuestas en Telecom, la Registraduría, la rama jurisdiccional, los establecimientos educativos y la Empresa de Teléfonos de Bogotá, para no citar más que algunos ejemplos. Muy aleccionador resulta para el porvenir de la revolución colombiana que sea la clase obrera la que, con su indomeñable resistencia, se ponga a la vanguardia en la tarea de desarmar el tinglado erigido en torno a la fachendosa figura del ex ministro de Trabajo del 23 de febrero de 1963.

A pesar de los fingidos zapateos del Ministro de Hacienda contra los financistas y las reiteradas amenazas presidenciales de reducir los índices del interés bancario, éstos se mantienen en los mismos topes de usura, si no se acrecientan como ene el caso de la Upac. Dicha meta se aleja cada día, pues toda la política económica al mando apunta en dirección opuesta. Al alto costo del dinero contribuyen el enorme déficit fiscal superior a los cien mil millones de pesos, las sucesivas emisiones de moneda sin respaldo prescritas para tapar los huecos del erario, la velocidad imprimida a la devaluación automática y los títulos ofrecidos a elevadas tasas por el Estado con el objeto de competir con las corporaciones particulares en la captación del ahorro de los ciudadanos. El régimen brama contra los crecidos intereses y actúa como puede para impedir su baja.

Sobre las caldeadas materias del capital financiero, la socaliña consiste en que cuando los emisarios de la ética belisarista reprimen o intervienen cualesquiera de las instituciones cogidas en franca violación de los códigos, lo llevan a cabo, según se afirma, en aras de remediar las fraudulencias y los demás desafueros característicos de las operaciones del aludido sector; empero, la inflexible severidad con que se sancionan los delitos de unos grupos, se torna en indulgencia infinita al tratarse de otros. ¿Acaso no ha planteado el gobierno la expropiación en parte de Michelsen Uribe, expresidente del Banco de Colombia, a tiempo que a los accionistas Sarmiento Angulo y Cortés del Banco de Bogotá, enredados también en prácticas dolosas de agio y especulación, les anticipó benévolamente 5.860 millones de pesos para salvarlos de la quiebra y a la espera de que el público compre una buena cantidad de sus acciones? En otras palabras, el señor Betancur, que sabe por dónde va el agua al molino, toma partida en la disputa entre los monopolios y de contera posa de juez moralizador en el turbulento mundo de los negocios. En cuanto a la prometida limpieza de la corrupción administrativa, que tantos votos reportara al triunfo del Movimiento Nacional en aquel domingo de mayo, en vez de registrarse avances durante el año y medio transcurrido desde entonces, se retrocede en múltiples aspectos. No olvidemos que de la primera nómina de dignatarios cercanos nombrados por Belisario Betancur, dos gobernadores no pudieron ni siquiera posesionarse debido a que sobre ellos pesaban sólidas sospechas por conductas punibles en sus desempeños de cargos anteriores, uno, en el ámbito público, y el otro, en la esfera privada; tres más fueron sindicados de graves irregularidades, entre los cuales el de Antioquia hubo de renunciar en las postrimerías de 1982.

El encargado de la cartera de justicia, Lara Bonilla, se vio envuelto en un escándalo mayúsculo al ser acusado de recibir un cheque por un millón de pesos como apoyo de los llamados "dineros calientes" a su participación en el penúltimo debate electoral. La denuncia se le comprobó plenamente y el ministro, pese a sus reiteradas embestidas verbales contra el narcotráfico, no consiguió en ningún momento refutar la inculpación.

Las investigaciones referentes al cinematográfico robo de los US$ 13.5 millones de un préstamo del Chase Manhattan Bank a Colombia, y a las cuales deberían estar vinculados aunque fuese por negligencia funcionarios de dirección y manejo de las dependencias respectivas, no pasan de configurar un novelón policíaco de pobrísima factura, en donde no hay pistas, ni presos, ni nada.

El favoritismo manifiesto en el reparto de los canales de la televisión y la consiguiente pésima programación de la misma, le valieron la caída al ministro de comunicaciones; y para colmo, en su reemplazo se designó a Nohemí Sanín Posada, persona de estrechos vínculos con tres programadoras, dos de las cuales, Cenpro y Promec, son contratistas del Estado.

La pequeña polémica sobre la licitación del Metro de Medellín, suscitada a raíz de las imputaciones hechas por una de las firmas perdedoras que señala sin ambages a la Empresa del Tren Metropolitano, y a través de ella al alto gobierno, de protuberantes trasgresiones y omisiones en el afán de otorgarle el contrato a un consorcio hispano-alemán, deja flotando en el ambiente un olorcillo a cosa podrida, porque los incriminados prácticamente no se dieron por aludidos, porque los integrante de la junta de la mencionada entidad dependen en forma directa de Palacio y porque no se ignoran las otrora relaciones económicas del Presidente con los españoles, Betancur Cuartas se limitó a solicitarle una “investigación” a Carlos Jiménez Gómez, cuyo nombramiento a la Procuraduría General de la Nación se lo debe exclusivamente a la amistad de años con el actual depositario del solio de Bolívar.

Dentro de su parasitismo las clases oligárquicas identifican al Estado como la fuente más expedita de enriquecimiento, para lo cual da lo mismo demandarle garantías, que exigirle protección, arrebatarle prebendas, o saquearlo simplemente. Por eso ni pensar que bajo la organización social reinante se alcance el saneamiento del aparato administrativo. Pero sí creemos útil conminar al movimiento que convirtió la lucha por la depuración en una consigna para escalar al Poder a que responda por la alarmante propagación de los gérmenes degenerativos detectados en los organismos oficiales, máxime cuando el Contralor acaba de notificarnos de que en 1983 los desfalcos, los sobornos y las coimas en el área pública arrojaron la inverosímil cifra de 65.000 millones de pesos.

Por todo lo señalado, a estas alturas del cuatrienio, comienza a propagarse la duda acerca de la verdadera índole del experimento belisarista, incluso entre las capas del pueblo que con mayor entusiasmo saludaron su arribo triunfal. Aun cuando en los pronunciamientos políticos las autoridades todavía se cuidan de conservar una imagen atractiva, y siguen halagando al oportunismo con las venias al bloque soviético y la búsqueda de una pacificación dialogada, las definiciones en el terreno económico ponen al desnudo el carácter real y las preferencias ciertas del régimen. No obstante criticar a los Estados Unidos y defender de dientes afuera el no alineamiento ante las superpotencias, la facción gobernante no tiene el menor reato de refrendar el plan de Reagan para la Cuenca del Caribe, aplaudir el informe de Kissinger sobre Centroamérica, recabar a través de los créditos externos una redoblada injerencia en el país de las agencias prestamistas internacionales, y sobre todo, ampliarle las ventajas a la inversión foránea, con lo que se le facilita a los monopolios, preferencialmente estadinenses, la explotación de los recursos naturales y del trabajo de los colombianos.

No obstante hablarse tanto de proteger a los indigentes, se colocan en provecho de la minoría opresora todas y cada una de las prerrogativas que la república neocolonial y semifeudal de Colombia está en condiciones de conferir en los dominios económico, cultural y militar. A los obreros se les recorta su paga o se les lanza a la calle a engrosar las filas de los millones de desempleados, y si no sé inclinan respetuosos ante los caprichos de sus esquilmadores, han de sufrir sin clemencia los rigores de la represión. Para los campesinos la acción estatal, en vez de significar educación, salud, tierra para el laboreo, se traduce en un violento y constante asedió, en una tragedia más de sus atormentadas existencias. El presupuesto no alcanza para el funcionamiento de los hospitales, ni cubre uno que otro subsidio en pro de las masas populares: pero en cambio el Ejecutivo, con gracias y subvenciones a montón, rescata de sus trances a los magnates de las finanzas, la industria y el agro. Nada distinto representan los fondos de "capitalización empresarial" y de "democratización de la banca", cada uno constituido por diez mil millones de pesos, así se arguya falazmente que con ellos principiará a desconcentrarse la propiedad accionaria en el país. ¿Y de dónde salen las sumas para enjugar las generosidades del señor Betancur, si persiste el déficit fiscal, si el Estado se halla tremendamente endeudado, si los desfalcos por motivo de la corrupción administrativa no se detienen y el gasto público se multiplica sin cesar? Sencillamente de las emisiones del Banco de la República. Emitir, emitir, emitir: en eso se resume la orientación económica del "sí se puede", un régimen de mentalidad desclasada que juega al azar con el destino de sus gobernados y pone al servicio de la fortuna de unos cuantos los haberes de la nación entera.

Por ello y por mucho más nuestro grito de guerra en esta confrontación electoral ha sido: ¡A combatir la demagogia oficial! No será solo la proclama para unos sufragios. En el futuro habremos de perseverar en la labor esclarecedora. Sin desenmascarar ante el pueblo las iniquidades y mentiras de las oligarquías, cometido prioritario de nuestra lucha política, jamás obtendremos desalojarlas del poder.