Editorial: COMBATIR INTEGRALMENTE LA DICTADURA

Héctor Valencia H., secretario general del MOIR

1. Entre mediocres mañas alternadas con cínicas intolerancias, los actos de gobierno que durante veinticuatro meses ha aplicado Uribe Vélez han mostrado palmariamente que están dirigidos a la instauración de una dictadura. Señalar que su contenido es de derecha, es decir, contra los intereses de la nación y sus mayorías, es indispensable, ya que del reconocimiento cabal y a fondo de esa naturaleza política depende el acierto en la política –posición y métodos– que se debe asumir frente a ella. Tal definición, lejos de obedecer a una adjetivación esquemática o redundante, es cuestión primordial dada la capital gravedad del desafío que la oligarquía pro imperialista les ha lanzado a los colombianos sobre su destino y el de la nación. Para contrarrestar inadmisibles laxitudes ideológicas y políticas a ese respecto, adquiere suma importancia que la mencionada apreciación impere entre todos los compatriotas, pero primeramente entre las personalidades y dirigentes que tienen ascendiente entre la población.

Ninguna dictadura es neutra. Desde el Estado, que es su instrumento, está al servicio de una dominación e interés de clase, en nuestro caso los de la oligarquía financiera criolla y la cúpula financiera imperialista y, por lo tanto, es por completo antagónica con los del pueblo colombiano. No cabe entonces tener ante ella actitudes de conciliación cuando quienes la están cimentando desatan su implacable lucha de clases contra los sectores populares, ni exhibir docilidad disfrazada de sensatez cuando quienes detentan el poder aducen las más dogmáticas ideas y proceden con el mayor sectarismo.

A medida que se entroniza el despotismo va haciéndose más evidente la necesidad de desechar algunos lemas que rondan entre organizaciones y movimientos que en diversos grados han venido oponiéndosele. Tal es el caso de la «oposición constructiva», que en sus mismos términos envuelve la cooperación; la disposición «propositiva», que llama a plantear ideas alternativas dentro de la política del régimen; la política de concertación, que implica tratar como entre iguales y con intereses comunes la relación entre sojuzgadores y sojuzgados; la consigna de la reconciliación que atribuye la polarización de la sociedad no a las arbitrariedades estatales, sino a la justa resistencia que se les opone. Posiciones y talantes políticos como estos no sólo no le hacen mella a la política del gobierno, sino que terminan remozando su índole dictatorial.

2. En las diversas actividades y expresiones que afloraron durante el pasado semestre para rechazar las políticas propias del neoliberalismo y la globalización norteamericana que cerrilmente aplica Uribe Vélez, se hizo patente una vez más el espíritu patriótico y democrático que pervive entre los colombianos, corroborándose así que este constituye un básico factor político a desarrollar en una batalla que se avizora como prolongada. Fueron paros cívicos, huelgas, jornadas y manifestaciones de protesta que, junto a los debates de las minorías parlamentarias contra la política gubernamental, la labor crítica de intelectuales y personalidades progresistas y las múltiples actividades de organizaciones políticas y sociales, van aquilatando el rumbo acertado y los métodos correctos para enfrentar la generalizada acometida.

Son todas luchas y posiciones con la formidable perspectiva de contrarrestar y, finalmente, derrotar la que seguramente pasará a la historia como la más desaforada agresión contra el país y sus gentes emprendida por el imperialismo norteamericano (hoy asediado, debido a la globalización del repudio que suscitan sus criminales tropelías), y por la oligarquía financiera colombiana que, «castrada de todo patriotismo y democracia», tiene a Uribe Vélez como su valido en la jefatura del gobierno.

Resaltan entre ellas la huelga de alto contenido político que durante 35 días libraron los trabajadores de Ecopetrol, erigiendo con ella una pauta en el movimiento obrero sobre la necesidad de ligar la lucha sindical con la defensa de los intereses nacionales y reafirmando la posición de dignidad y osadía de las organizaciones obreras frente al asedio de las amenazas y sobornos para que concilien la entrega de sus intereses y consientan su degeneración y marchitamiento; la abigarrada y combativa manifestación en contra del ALCA y el TLC que, enfrentando la brutal represión del gobierno, realizaron sectores populares de Cartagena acompañados de dirigentes y trabajadores de las centrales sindicales y de las organizaciones agrarias, indígenas procedentes de todo el país y un puñado de parlamentarios de oposición y de izquierda, y, por último, la recia resistencia de los habitantes de Girardota, Copacabana, Barbosa y Bello, durante el paro cívico en rechazo a la exacción, que por cobro de valorización y de un oneroso «peajito social», pretende hacerles el gobierno. Fueron tres trincheras que en su particularidad encarnan la guía de combate para toda la población.

3. La aplicación de su nefaria política sin sujeción a reglas, leyes o control alguno es manifiesta en las recurrentes acometidas del uribismo contra las demás ramas del Estado (ya nos referimos en editorial anterior a lo que pretende contra la rama Judicial: Tribuna Roja No. 95). Al no poder cerrar el Congreso, se dedicó a denigrarlo con malicia o ensalzarlo con zalamerías, según cumpliera o no su voluntad; a apoderarse de la iniciativa parlamentaria, presentando por interpuestos congresistas todo tipo de proyectos de ley y a utilizar la vulgar politiquería para comprar voluntades y votos. Como resultado, las así adobadas mayorías parlamentarias, que componen un corro de liberales y conservadores ya desnaturalizados con un rampante uribismo, han conseguido revelar la corporación legislativa como un establo en donde el gobierno oficia de mayoral, algo que la valerosa actitud de crítica y denuncia desplegada allí por los congresistas de las minorías políticas hace más ostensible.

No es de extrañar que esas mayorías, arrimadas en el palacio presidencial, impongan la aprobación en serie de leyes que recortan o suprimen libertades y derechos democráticos, de lo cual es ominosa muestra el «estatuto antiterrorista»; normas dirigidas a que se nieguen o escatimen a la mayoría de la población servicios tan vitales como los de la salud, generando un real holocausto que cobra miles de veces más víctimas que las que arroja el conjunto de violencias y terror; mandatos que le dejan a los linces del capital privado la prestación de otros servicios públicos para que se lucren con la más despiadada expoliación de las gentes; disposiciones que despojan a los trabajadores de conquistas laborales y derechos pensionales, y arrojan de continuo pesadas cargas tributarias sobre las agobiadas capas populares, mientras llenan de privilegios y exenciones tributarias a la plutocracia financiera; preceptos que autorizan la entrega barata a las multinacionales de empresas y recursos públicos que hacían parte de nuestro patrimonio y les dan garantías para la toma de nuestro mercado interno, ahora a punto de rematarse mediante expedientes como el Tratado de Libre Comercio; en fin, leyes que, al igual que las que presentará el gobierno en la próxima legislatura, responden a los ucases del gobierno norteamericano y los organismos financieros internacionales. Se le concede así a los Estados Unidos una plataforma política y económica para su total recolonización del país.

Menos cabe sorprenderse de que, so capa de la «seguridad democrática», pero en realidad con el señalado propósito de poner cabalmente en ejecución la política antipopular y antinacional a la que se le viene otorgando estatus legal y constitucional mediante esa sucesión de leyes, las mayorías uribistas en el Congreso sigan aprobando la ley que facilita la reelección de Uribe Vélez, rompiendo adrede las reglas del juego del Estado de Derecho que rige bajo el régimen imperante, para pasar a consolidar uno de hecho, el dictatorial.

Dentro de la lógica propia de la manía presuntamente redentora del país con la que actúa Uribe, es tan cierto como siniestro que queda todavía mucho por arrasar en la base y en la superestructura de la nación, así como mucho por doblegar en la gente de bien, demócratas y patriotas, que mora en ella, antes de poder entregarla por completo a la voracidad de los dueños del capital financiero internacional y doméstico. Tal pretensión es el sentido escueto de la reelección.

Uribe ha logrado en la época moderna conjugar los elementos más eficaces para la destrucción de Colombia. El otro aspecto, la negación de tan sombrío proceso, está en gestación con la gama de oposiciones y combates que se ha venido desplegando. Advendrá pleno con el despertar ineluctable de las clases populares.

Héctor Valencia H. Secretario general del MOIR