Editorial: CONTRA EL ABSOLUTISMO DE URIBE VÉLEZ

Héctor Valencia H., secretario general del MOIR

A cien años del asalto imperialista que despojó a Colombia de Panamá, es evidente que el esforzado recorrido histórico de varias generaciones de colombianos en busca del desarrollo material y espiritual que haga más satisfactoria su residencia en la tierra, ha estado bloqueado por las políticas sucesivamente impuestas por la oligarquía pro-imperialista de turno. Aunque para ese estancamiento económico y democrático ésta siempre contó con los partidos liberal y conservador como instrumentos principales, el hecho de que ellos conservaran ascendencia en considerables sectores sociales y todavía tuvieran algunos escasos miramientos respecto al patriotismo y la democracia que alienta en la población, constituía un estorbo para la aplicación más expedita de la política de recolonización imperialista emprendida en las últimas décadas del siglo pasado por Estados Unidos, política a la cual estaba subordinada la dominación que la oligarquía, ahora embebida en el capital financiero, tenía sobre el Estado. Recurrieron entonces, imperialismo y oligarquía, a desplazar a esos partidos de su consuetudinario papel y para ello impulsaron el montaje de agrupaciones, movimientos o partidos disidentes encabezados por personajes cuyas características más apropiadas para el servilismo que precisaban ambos fuesen la mediocridad y la pusilanimidad.

El propósito era otro despojo, no ya de un pedazo de su territorio como hace un siglo, sino de la nación entera, de su soberanía, de los frutos de la producción y el trabajo, de su comercio y de sus valores culturales. Y en la procesión de gobernantes con la mencionada caracterización, que han venido acondicionando a la nación como una republiqueta de fácil abordaje para ese avasallamiento, el turno le correspondió a Álvaro Uribe Vélez. Tiene plena lógica, entonces, que sus actos de gobierno durante el año que lleva en la Presidencia hayan quebrantado tan gravemente la autonomía y consistencia del país y acogotado tan intensamente a la mayoría de los compatriotas, conduciéndolos a la mayor encrucijada de su historia.

Aunque siempre indispensable, la cuestión hoy no radica en registrar los numerosos hechos oficiales que a diario corroboran esa riesgosa situación del país, sino en dilucidar sus causas principales a fin de poder enfrentar eficazmente la tenaz embestida de Uribe y el imperialismo. Aunque por lo que se vive, nadie debería llamarse a engaño sobre los funestos alcances que tienen esos obsesivos empeños, no sobran para la tan necesaria como inevitable lid unas cuantas precisiones.

La resistencia en ascenso contra los planes de recolonización puestos en ejecución por los de Estados Unidos, similares en su naturaleza a los tramados para el resto de países de América Latina, así como contra los métodos que se utilizan para imponerla, es la forma concreta que ha adquirido en los últimos tres lustros la moderna lucha de clases en Colombia. El encumbramiento de Uribe Vélez a la jefatura del gobierno obedece a las circunstancias generadas por esa lucha. Igualmente, las que hoy sigue generando permiten calibrar el sentido y alcance de cada uno de sus actos de gobierno. Al ser un presidente cuyo mandato y cuya gestión son “ocasionados” por tales circunstancias, la crítica y oposición a Uribe, para ser verdaderas y acertadas, no se pueden desligar de los intereses imperialistas y oligárquicos que él representa en la lucha de clases.

De allí que la táctica de la resistencia civil contra la política del gobierno uribista deba determinarse con base en este criterio. Porque si bien es natural que esa ligazón sea maliciosamente callada, cuando no negada u ocultada, por los neoliberales en defensa de esos intereses, cual lo hacen, por ejemplo, dirigentes de los gremios económicos como el peripatético presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas, y el no menos estrafalario directivo de Fenalco, Sabas Pretel, no se entendería que hicieran otro tanto dirigentes de izquierda e independientes, que para merecer tal título deben defender intereses de la población antagónicos con aquellos, o, en una actitud política vergonzante, eludieran entre chascarrillos e ideas necias señalar nítidamente la relación entre la políticas de Washington y Bogotá, y soslayaran explicar pacientemente a las gentes que la política encarnada por Uribe Vélez cae como rayo abrasador sobre la nación por gestarse en el convulsionado cielo que crean a diario las imposiciones imperialistas y que su dañino efecto, aunque históricamente fugaz, durará tanto cuanto duren éstas. Por todo esto, quienes crean ilusiones —por ilusos ellos mismos, por encantados o por tener recónditas apetencias— de que se pueden amortiguar, o incluso suprimir los males que causa esa política, sin dirigir su crítica y su acción contra las negras nubes imperiales que los generan, enturbian con su conducta la solución más segura hacia una patria con plena soberanía y nueva democracia.

Entre las execrables acciones gubernamentales se destacan las dirigidas a debilitar a los trabajadores y golpear vastos sectores populares. Mediante la liquidación o el cambio de naturaleza de las empresas públicas, patrimonios de la nación creados con el ahorro al que contribuyeron durante décadas sus trabajadores y todos los colombianos, barre de un plumazo con derechos laborales y conquistas salariales estipulados en leyes y convenciones. Su propósito es limpiarlas de obstáculos financieros, disolver sus organizaciones sindicales y socavar la voluntad de lucha de los trabajadores, para así poder proceder a entregarlas como trofeo al gran capital privado, preferentemente el financiero y foráneo. Con igual fin, y como sórdida alternativa, en otras empresas se chantajea a los sindicatos para que, previo cambio de su espíritu de combate por un lamentable animo de “concertación”, cedan voluntariamente sus conquistas, en cuyos casos, como se ha visto, la vergonzosa entrega es aprovechada por el gobierno para presentarla ante los trabajadores y la opinión pública como paradigma de sensatez y patriotismo.

A grandes núcleos de la población ciudadana, incluidos los de clase media que Uribe considera su base social y política, aún carentes de la organización que los capacite para dar respuestas colectivas y vigorosas, se les estropea su frágil nivel de vida abrumándolos con abultadas cargas impositivas, costos usureros de los servicios públicos, alto desempleo, carencia de servicios médicos y hospitalarios, negación del acceso a una educación ya de por sí sometida a la constante baja de su calidad y cuya degradación va de la mano con la bazofia que so capa de información y cultura trasmiten los medios de comunicación en manos de los monopolios domésticos y extranjeros. Mientras todos estos atentados arrojan implacablemente a sectores de la pequeña burguesía a la proletarización, Uribe alucina a grupos de proletarios alienados para que se titulen como pequeños propietarios burgueses invirtiendo las prestaciones y pensiones que se les adeudan, más parte de los flacos y congelados salarios que en adelante reciban, en capital que salve a las empresas de la quiebra provocada por la desidia y la corrupción estatal y privada. Como en la obra del Dante, unos y otros ambulan entre los círculos del mismo infierno que les crea Uribe con su política neoliberal.

Si se parte de que el cumplimiento efectivo de su política tiene como necesario resultado los daños que inflige al país y las desgracias que le ocasiona a la población, tienen abundantes pruebas los áulicos de Uribe para atribuirle dotes de incansable estadista por el éxito obtenido en su primer año de gobierno. Pero lo más seguro es que en este caso la pleitesía de sus favoritos corresponda a planes debidamente acordados con las grandes empresarios en busca de darle pie al mandatario para protagonizar un grotesco coqueteo con su reelección, salpicado de picardías que van desde las veladas negativas hasta las claras insinuaciones de que al final cederá a la tentación y no le negará sus fatales favores al país. Y para redondear la trama, simultáneamente se publican las mil veces manipuladas encuestas en donde el emperador recibe altos índices de aceptación, no obstante su tétrica desnudez de causante de todos los actuales estragos sociales y económicos. Pareciera que estas, precedidas de la abrumadora y altisonante figuración de Uribe en los grandes medios de comunicación, midieran no opiniones sino sonidos, pues como dice el refrán “la lata vacía es la que hace más ruido”.

Nadie ha formulado y aplicado una política de entrega de la soberanía colombiana a los Estados Unidos más desaforadamente que Uribe. Con siniestra actitud sigue aprovechando los hastíos y afanes de la población respecto a las prácticas terroristas que asolan al país como excusa para avalarle a Bush su pertinaz intervencionismo en todos los terrenos de la vida nacional. Ambos pretenden que el quebrantamiento de la autonomía, a fuerza de perpetrarse, sea aceptado por los colombianos como normal y necesario. No lo lograrán. Porque es creciente la resistencia que suscita, a pesar de que la continuada tropelía es consentida, cuando no saludada, por encumbrados dirigentes políticos y sociales, silenciada o excusada por los poderosos órganos de opinión y admitida por instituciones públicas y representativas. Las gentes de bien repudian las múltiples manifestaciones de intervención de Estados Unidos en nuestro país: la presencia y actividades de su camada de mercenarios y agentes de inteligencia; las funciones de sus asesores e instructores militares; su alcahueteada y determinante intromisión en las actividades y organización de la Fiscalía, el DAS y las fuerzas militares y policiales, así como su arbitraria política de extradición de nacionales para ser arrojados en manos del sistema judicial y policial norteamericano que, con el atroz trato dado a los reos hacinados en la ergástula de Guantánamo sin importarle un higo la opinión mundial, evidenció poseer rasgos que pertenecen más al salvajismo que a la civilización.

Está en marcha una avalancha de reformas destinadas a revestir de carácter constitucional y legal el absolutismo uribista. Si junto al del referendo se examina el contenido de las ya aprobadas por un Congreso con mayorías cómplices y el de la cascada de proyectos para otras nuevas que se han puesto a consideración de la actual legislatura, se tendrá el cuadro casi acabado de un Estado y un sistema político ajustados para el ejercicio de la dictadura. De hecho, ya estamos asistiendo a sus primeras manifestaciones. No otra cosa es arrasar con derechos civiles y reprimir con medidas militares y policíacas las libertades individuales y los derechos laborales; atosigar con insoportables cargas impositivas a los sectores más necesitados; promover, en buena liga con el tan impasible como desapacible Fiscal, Camilo Osorio, una justicia parcializada que a discreción estigmatiza, persigue y castiga con mano férrea a todo tipo de opositores del gobierno, mientras con gran corazón tolera y absuelve a sus más vehementes adictos; arrojar a la calle sin miramiento alguno a empleados y trabajadores oficiales y arrinconar a los que ya están en ella tratando de sobrevivir; involucrar a la población civil en el conflicto armado reclutando campesinos a montón para que sirvan de guardias en el campo y creando redes de insidiosos informantes dentro de pacíficos núcleos ciudadanos, y denigrar de jueces y fallos cuando sus pronunciamientos son adversos al gobierno.

En cuanto a las reformas propuestas en el referendo —el esperpento que sirve como muestra de la tendencia de Uribe hacia el bonapartismo, más el de Luis, el pequeño, por supuesto, que el de Napoleón—, una digresión del Procurador General, consignada en el documento donde le hizo una rigurosa disección jurídica para pedirle a la Corte Constitucional que declarara inexequibles 15 de los 19 artículos que lo componían, viene al caso para señalar, aunque no fuese esa expresamente la intención del funcionario, lo que pretende Uribe: “más que la aprobación o derogación de una norma, lo que se busca por parte del gobernante que lo promueve, es que se avale una política determinada, y en muchos eventos, su propia legitimación. Por ello, algunos doctrinantes afirman que el plebiscito puede tornase en un mecanismo dictatorial aprobado por el pueblo”. Que esta es precisamente la cuestión, lo corrobora la denuncia de quien ocupa el más alto cargo del poder judicial al rechazar la reforma de la justicia propuesta por Uribe a través de su escudero Londoño Hoyos. En efecto, expresa el presidente de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre: “…todo va tras un modelo de Estado diferente…El ministro quiere una monarquía. Quiere un Estado sin controles reales…esta reforma significa un retroceso de más de cien años en la administración de justicia”.

Basta observar algunas de las conductas de Uribe como jefe del gobierno —sus sumisas peregrinaciones a Washington, el celoso otorgamiento de salvaguardias y ventajas al capital monopolista norteamericano, su labor de zapa respecto a las actitudes que mal que bien ensayan otras naciones latinoamericanas frente a las imposiciones estadounidenses, y su afrentoso respaldo al criminal asalto que luego de mil infundios y patrañas perpetró contra Irak el gobierno de Bush burlándose de la ONU y violando tratados y normas internacionales—para comprobar que si en algún sentido es un gobernante que cumple lo que promete, es por acatar con fidelidad primero que todo el mandato del imperio, resumido cínica y perentoriamente por su secretario de Comercio Zoellick (a quien, de visita por estos días, le rendirá cuentas Uribe), al advertir que “el libre comercio con los Estados Unidos no es un derecho, tiene que ser ganado” y al precisar que entre la docena de criterios de lealtad que sus socios comerciales deben cumplir está el de “la cooperación, o algo más que eso, en política extranjera y política de seguridad”. Es evidente la obsesión de Uribe por hacerse con ese triste derecho llevando a su colmo la entrega de la soberanía económica a través del ALCA, el expediente que constituye hoy el mayor peligro para la nación, así como su enfermiza propensión a dar, obsequioso, mucho más de lo que le piden para satisfacer los requisitos que lo titulen como leal socio político y comercial de la potencia imperialista.

Cual iluminado, Uribe, soberbio ante el país y manso ante Estados Unidos, ha puesto en marcha una política de entrega de los valores e intereses nacionales y de agostamiento del trabajo y la producción, al tiempo que arrasa con derechos democráticos, esparce penurias económicas y agobia con medidas represivas. Qué duda cabe que con ella le ha lanzado un provocador reto a la nación. Reto que las organizaciones democráticas y progresistas no pueden menos que aceptar sin vacilaciones ni esguinces, de acuerdo con el sentir y la voluntad de la mayoría de la población que rechaza con altiva dignidad cualquier imposición foránea y repudia con ardor el autoritarismo, la intolerancia y toda forma de opresión y discriminación en los diversos campos de la vida social.

En particular, las fuerzas con diversas concepciones situadas en el borde izquierdo del espectro político, están llamadas a adoptar en estos momentos cruciales para el destino autónomo y democrático de la nación, una posición radical frente al gobierno de Uribe Vélez. Posición que, exenta del sentido peyorativo que le atribuye la reacción para denigrar de sus contrarios, significa ir a las raíces de la política uribista para no correr el riesgo de reducirse a revoletear entre sus síntomas proponiendo vanas enmiendas y recogiendo sus “aspectos positivos”, esas sobras que luego del banquete de imposiciones van quedando esparcidas en las llamadas mesas de concertación. Una actitud radical frente al uribismo significa desnudar su servicio y defensa de los intereses del imperialismo y la oligarquía financiera cuando acepta las imposiciones del ALCA; criticar a fondo el contenido antidemocrático que tiene el referendo y su servil apartado para satisfacer exigencias económicas y monetarias del Fondo Monetario Internacional; denunciar el populismo al detal de las intervenciones presidenciales, como el envuelto en su grotescas charlas “comunitarias” de cada semana; rechazar de plano el carácter antipopular y antinacional de la cascada de reformas legislativas y las medidas de militarización del país que, so capa de combatir las infaustas acciones terroristas y eludiendo la búsqueda de una solución política con quienes han recurrido a la violencia de las armas, sumirán a toda la sociedad en un mar de sangre y fuego.

Tal actitud radical entraña el rotundo y concreto NO a todas y cada una de las políticas que lanza el gobierno norteamericano en su plan de recolonización y las que el de Colombia aplica en su papel de infatigable coadyuvante. Esa negación no es un vacío o esquemático rechazo; es la proposición de mayor valor, pues contiene en sí, negado, todo lo afirmado por el imperialismo y Uribe. En esencia, constituye en su desarrollo la más integral y significativa propuesta de las fuerzas democráticas y patrióticas. Además, la naturaleza de esta actitud es la misma que en todo el mundo y a través de la historia han asumido los pueblos y sus organizaciones al rebelarse, con razones acompañadas de las consecuentes acciones, contra la injusticia y la opresión, aportando así su decisiva y valiosa cuota al progreso y civilización de la sociedad humana. La que presidió la gesta de independencia de los pueblos de América, incluido el combativo e industrioso pueblo norteamericano. La única que, asida firmemente y puesta en práctica por los millones de compatriotas inmersos en la producción y el trabajo nacionales —obreros, empresarios, empleados, campesinos, intelectuales, indígenas — podrá sacar a Colombia de la difícil y comprometida situación en que la han sumido los enemigos de su progreso económico, político y cultural.

El MOIR, dentro de su estrategia de transformar realmente la sociedad en todos sus aspectos, hará causa común con quienes comparten ese propósito de salvación nacional y, para culminarlo, perseverará en la indispensable creación y consolidación de una gran unión de fuerzas democráticas y patrióticas.