Editorial: DESDE LA IZQUIERDA

Héctor Valencia H., secretario general del MOIR

A pesar de que los grandes medios de comunicación las silencian o las desvirtúan en su mezquino registro, las recientes protestas desplegadas por diversos sectores de la población contra el mandato uribista configuran el fenómeno político más importante en la actual situación nacional. Así lo evidencia el resuelto espíritu que caracterizó las nutridas movilizaciones que se efectuaron en Bogotá y las principales ciudades del país, la masiva marcha de las comunidades indígenas en el Cauca, el Valle y otras regiones, así como la protesta de más de ochen­ta mil camioneros en paro. Y, en íntima ligazón con tal ánimo combativo, el es­tar dirigidas acertadamente contra facetas medulares de la política que impulsa Uribe Vélez: su reelección, la firma del Tratado de Libre Comercio, la expedición de medidas que vulneran aún más las libertades y derechos democráticos y la aprobación de reformas que intensifican la exacción y expoliación de las gentes.

Al constituir así, en armonía con postulados de la Gran Coalición Democrática, vivas expresiones de la creciente resistencia civil, bien cabe examinar algunos de sus rasgos.

En las presentes condiciones del país, toda actividad consecuentemente patriótica y democrática se enmarca, sean de ello conscientes o no sus protagonistas, en la urdim­bre de la izquierda, connotación que adquiere al estar contrapuesta a la política de derecha que encarna y aplica Uribe. De allí que las organizaciones y dirigentes que desde una expresa posición de izquierda tienen ascendiente entre abigarrados estamen­tos de la población, no necesiten desplazarse de su avanzada postura política para acrecentar su influencia predicando un real cambio de la situación prevaleciente. Por el contrario, arraigados en la izquierda es como esa labor puede ser más amplia y eficaz. No existe pues razón alguna para, por ejemplo, desplazarse hacia el centro, ya que esto implicaría un tránsito hacia el extremo contrario, en este caso hacia la derecha. Al respecto no deja de ser aleccionador lo expresado por el propuesto candidato presidencial de Alternativa Democrática, senador Carlos Gaviria, al reivindicar la dignidad que entraña ser de izquierda: «Saber para dónde vamos, cuál es nuestra propuesta y si es una propuesta sensata tengan ustedes la certeza que mucha gente que no se atreve a llamarse de esa manera va a estar con nosotros, pero eso sí, sin renunciar a nuestra postura, sin disfrazarnos; no hay nada más indigno que tenerse uno que mimetizar». Y para ser coherentes con lo antes aseverado, bien puede la izquierda saludar los desplazamientos que hacia sus posiciones se efectúen desde la derecha, una vez descartado que no se trate del «viejo truco de presentarse como ‘de centro izquierda’», al que se refería el columnista Antonio Caballero. Lo cual sería algo tan trasnochado como arroparse con un «pacto social», estratagema a la que recurrió Cesar Gaviria, luego trató de reeditar Samper y ahora hasta Uribe intenta remozarla.

Otra peculiaridad de los eventos desarrollados es que corroboran la movilización de las gentes como la forma más adecuada y eficaz de la resistencia civil, convirtiéndose las calles y vías en su principal escenario. Allí, directamente, sectores avanzados de masas ejercen su crítica y repudio a las condiciones económicas y sociales que los agobian, adquieren por su propia experiencia comprensión de su formidable fuerza y erigen con su acción el más aleccionador ejemplo para que el conjunto de la población emprenda igualmente caminos de unidad y lucha. Si se quiere, lo que así se revela puede denominarse como una real concreción de la tan mencionada democracia participativa.

Simultáneamente, no hay política del gobierno que preside Uribe Vélez que no experimente reveses y atoramientos, incluidos los que le origina el destape de su politiquería. En la ya larga lista aparecen las reticencias europeas ante su política de seguridad y las conminatorias observaciones de la ONU y otras organizaciones serias respecto a sus desmadres con los derechos y libertades de los ciudadanos; las negativas evaluaciones que sobre su gestión gubernamental emiten diversos organismos internacionales, a lo cual se suman los análisis críticos de respetables organizaciones y personalidades del país; las sentencias judiciales que le salen al paso a su autoritarismo tachando de ilegítimas un buen número de sus disposiciones y medidas; la obligada salida de funcionarios íntimos del mandatario que han sido ética y legalmente cuestionados y algunos de ellos penalizados; el rechazo que han recibido las mañas para perpetuase en el poder, su obstinación en favorecer a los magnates y golpear a las capas laboriosas, y su incursión en juicios a priori y pataletas a posteriori ante episodios que contrarían sus planes.

De esa lista, y por lo que tipifica, merece destacarse la inexequibilidad que le decretó la Corte Constitucional a su estatuto de seguridad, en razón de que los representantes uribistas violaron normas estatuidas para la aprobación de las leyes. Aún más escandaloso que haber sido cogidos in fraganti haciéndolo, fue el embate contra la Corte emprendido por parlamentarios, funcionarios y personajes uribistas, sin que faltaran algunos editorialistas. Le achacaban haberse detenido en un formalismo en lugar de pronunciarse sobre el contenido del proyecto de ley, omitiendo que si incluso en las actividades de carácter lúdico lo hecho con fullerías simplemente no es admisible, menos aún puede serlo en las conducentes a instaurar preceptos legales para toda la sociedad. Pero más que a una omisión, esas reacciones obedecen al desprecio por la observancia de las normas que dentro del sistema político dominante se le han fijado al funcionamiento del Estado, desprecio que es la puerta de entrada hacia la supresión de todo vestigio de democracia. Tiene la misma naturaleza del desdén por las reglas del juego político que ha hecho ostensible Uribe al aprovecharse del poder que detenta para legalizar su enquistamiento en la jefatura del gobierno, al intentar torcer los resultados negativos que tuvo su refe­ren­do, así como al desvirtuar los pronunciamientos de las Cortes y gestionar el marchitamiento de sus funciones de control jurídico y constitucional.

En síntesis, al examinar los principales aspectos que definen la situación política nacional, es incontrastable que esta experimenta un importante viraje, pues mientras el absolutismo proimperialista de Uribe está pasando del auge a la decadencia, la resistencia civil en su contra cobra cada día mayor vigor.

Mas hay que tener presente que cuando Uribe Vélez recurre a políticas y medidas de corte fascista, desfogando de paso mezquinas obsesiones, tal proceder se debe a que sólo así puede satisfacer a cabalidad los intereses imperialistas, en especial las concernientes a la implementación de los postulados neoliberales. En realidad, su única y consentida opción, la misma que lo catapultó a la jefatura del Estado, fue su disposición a no escatimar en la represión y el abatimiento económico y social que la implantación de esos intereses precisa. Y es frente a este carácter del gobierno que no cabe oponerle como alternativa cambios de forma o de énfasis respecto al componente absolutista de su política, ni escurrirse en llamados a amorosas reconciliaciones y tiernos coloquios soslayando la crítica y el rechazo, de obra y de hecho, a las medidas que conducen al apa­bullamiento de la nación.

En esencia, es mero ilusionismo especular sobre el cambio del modelo económico y social, sin proponerse primordialmente el de la política proimperialista que lo sustenta e impulsa. Debe entenderse que sin imperialismo no hay neolibera­lismo y que el avance de este, principalmente en el libre comercio, es imprescindible para aquel en su estrategia de dominio económico y militar en el planeta. De allí que para la inmensa mayoría de compatriotas, tanto los millones sumidos en la pobreza y la miseria como los otros tantos sometidos al arrollador deterioro en su condiciones sociales, laborales y productivas, la no reelección de Uribe debe equivaler a la no continuidad de la política proimperialista causante de sus males. Y no es muy inteligente hacerse ilusiones en que se transarán por menos.

Tal razonamiento será un punto básico en todo acuerdo programático que se proponga para aglutinar las fuerzas sociales y políticas contrarias a la prolongación del gobierno uribista. Lo por frustrar es tanto el apetito reeleccionista del mandatario como el contenido político de su mandato. De poco valdría lograr lo primero si lo segundo se mantiene cambiando sólo la puesta en escena y los actores. De ser positivo el resultado de la lucha contra la reelección, la consecuencia inmediata sería cortar raíces con la política neoliberal, sin que de esta, al igual que en la reproducción biológica, quepa preten­derse que se está embarazado sólo en cierto grado. De no serlo, los sectores de la población que en los términos antes señalados hayan dirigido la flecha de su agitación y movilización hacia el corazón de la política y la administración de Uribe, habrán adquirido una comprensión política que las capacitará para una resistencia civil de mayor envergadura. Más allá de la actual coyuntura, este sería de por sí el más valioso e indispensable logro político en una lucha que, dados los poderosos enemigos internos y externos a vencer, tiene un carácter prolongado.

Héctor Valencia H. Secretario general del MOIR