El Congreso de Fecode en Villavicencio: UNA GRAN VICTORIA DE LAS FUERZAS AVANZADAS

José Fernando Ocampo

La defensa de los elementos más avanzados de la reforma educativa de 1994, el rechazo a la Ley 200 con la exigencia de la recuperación del régimen especial para los educadores, la denuncia de la privatización de la educación, la condena del sindicalismo sociopolítico, el rechazo de la reglamentación de la Ley General de Educación, la conquista de un salario digno para el magisterio, constituyeron los pilares de la victoria obtenida en el Congreso de Fecode celebrado en Villavicencio, contra la política del gobierno samperista y contra la traición del grupo de Jaime Dussán y sus conmilitones.

La hegemonía del dussanismo en la Federación Colombiana de Educadores durante este período le abrió paso a una contrarreforma reaccionaria patrocinada por el Ministerio de Educación, le permitió al gobierno cometer toda clase de atropellos contra el magisterio, les dejó manos libres a mandatarios seccionales como Álvaro Uribe Vélez, de Antioquia, y Antanas Mockus, de Bogotá, de cuyas administraciones él hace parte, para desarrollar una agresiva política privatizadora de la educación, y permitió que la Ley General de Educación se reglamentara en contravención de sus principios más progresistas. En una palabra, condujo a Fecode a la peor crisis de sus treinta y cinco años de historia.

Cuatro fuerzas de izquierda se aliaron para iniciar un proceso de recuperar la Federación: el frente de Tribuna Magisterial dirigido por el MOIR, Maestros Unitarios, Unidad Democrática y el frente de Educadores Luis Felipe Vélez. Con una posición democrática y la concepción de un sindicalismo clasista, conscientes del embate feroz del imperialismo norteamericano contra la soberanía nacional y de su injerencia directa en el campo educativo, lograron hacer aprobar más de veinte proyectos, a los cuales deberá ceñirse el nuevo Comité Ejecutivo que salga de la elección directa el próximo 3 de octubre.

Una victoria en el campo de la ideología

En el país se libra una intensa batalla ideológica en el campo educativo. Su origen es la Ley General de Educación. En ella se introdujo la autonomía escolar de las instituciones, que es la piedra de toque de toda la reforma educativa de 1994, complementada con la libertad de cátedra tal como se introdujo en la Constitución de 1991. No es una automía financiera y administrativa, como la concibe la ideología neoliberal, según la cual el Estado controla los contenidos de la educación, pero los planteles, convertidos en empresas de producción, se las tienen que arreglar para conseguir los recursos y en aplicar las técnicas de administración empresariales. Es, en esencia, la educación como mercancía, sometida a las leyes de la oferta y la demanda en medio de la competencia del libre mercado.

En cambio, la reforma lo que plantea es la autonomía escolar aplicada al currículo y a los planes de estudio, que despoja al Estado del control de los contenidos y lo obliga a financiar el servicio educativo con una administración descentralizada. Se trata de una solución opuesta. En consecuencia, todas las posiciones y tendencias pedagógicas pugnan por abrirse campo y ganar en la gran batalla ideológica. Ahí radica el fondo de esta revolución educativa; fue lo que defendió una de las resoluciones más importantes del Congreso.

Contra una educación para pobres

Por su condición de neoliberal, el gobierno de Samper hace alarde de considerar prioritaria la educación. Pero es pura demagogia. Sometido a los dictámenes del Banco Mundial y al chantaje de sus créditos condicionados, el Ministerio de Educación propugna una educación para pobres. Sus fórmulas consisten en el año cero, la promoción automática, los hogares comunitarios y la escuela nueva, plasmados todos en el Plan Decadal de Educación durante el Ministerio de María Emma Mejía. Se trata de recetas para una educación sin calidad, totalmente ajena a los contenidos científicos y técnicos, en completo hacinamiento en las aulas de clase, con la promoción de los estudiantes sin esfuerzo ni aprendizaje. Se propicia así una educación de buena calidad para un puñado de ricos y totalmente deficiente para la mayoría de la población.

Pero al mismo tiempo, estas medidas se disfrazan con documentos y resoluciones de jerga ininteligible, con lenguaje farragoso y plagado de circunloquios como la resolución 2343 sobre lineamientos generales del currículo. Y se confunde al magisterio con criterios de evaluación constructivistas que nadie entiende: ni los estudiantes, ni los padres de familia, ni los mismos educadores. El Congreso de Fecode se ocupó de esta problemática, rechazó toda esa parafernalia y definió medidas de lucha contra semejante política, a favor de una educación de la más alta calidad científica. Por eso defendió los preescolares de tres años, la obligación de rendimiento académico, las guarderías infantiles con personal capacitado, el restablecimiento de la jornada diurna única bajo las condiciones de aumento de la planta física y de un salario digno para los educadores, el aumento del presupuesto para vinculación de maestros con cargo al situado fiscal, y la capacitación gratuita de la más alta calidad científica para el magisterio.

Rechazo al neoliberalismo

Detrás de todas las políticas reaccionarias están el neoliberalismo y una teoría pedagógica denominada constructivismo que, como ocurre con su base material económica, rezuma individualismo y subjetivismo. Es una de esas concepciones ideológicas diseñadas para mantener los pueblos subdesarrollados en la ignorancia, al margen del desarrollo autónomo en ciencia y tecnología, entre el énfasis axiológico de la pedagogía y el abandono del estudiante a su propia suerte. Como dice el documento del salto educativo, "no se trata de enseñar, sino de aprender", porque concibe al maestro como simple guía que sólo requiere método pero no contenidos y al estudiante como su propio maestro, con la ilusión imposible de que por sí mismo descubra lo que la humanidad a duras penas ha logrado entender en miles de años. A esta presunción dogmática del profundo desprecio por el educador y por su tarea fundamental, también le salió al paso el Congreso, rechazando la promoción automática y la resolución de lineamientos generales del currículo, y en pro de una capacitación permanente, gratuita y dirigida a las áreas de conocimiento con énfasis en los contenidos que garanticen la posibilidad del ascenso en el escalafón.

El gobierno de Samper también está aplicando el neoliberalismo al servicio educativo. Ha intentado en todas las formas volver a municipalizar la educación, procurando descargarles el peso de la vinculación de nuevos educadores. Han sido dos entidades territoriales, Antioquia y Bogotá, los modelos de privatización mediante el programa Paces, los subsidios, los contratos con entidades privadas o cooperativas, todo en detrimento de la educación pública. En Villavicencio, el Congreso fue tajante en exigir el aumento del situado fiscal y el alivio a los municipios del peso de la vinculación de educadores, una vez aprobado por mayoría el rechazo a los métodos privatizadores. El dussanismo, acogiéndose a la política neoliberal, votó en contra de esta resolución, tal vez la de mayor significado del Congreso.

Por la recuperación del régimen especial

Como a todos los empleados del Estado, la Ley 200 de 1995 o Código Único Disciplinario también se les aplica a los educadores. Ésta es una norma que afina los trámites del debido proceso para apretar el gatillo de las causales de mala conducta y violar los derechos fundamentales. Para el magisterio significa la eliminación del régimen disciplinario especial, conquistado tras veinte años de luchas en las décadas de los años sesenta y setenta. El senador Dussán defendió la Ley 200 en su famosa carta al magisterio del país, publicada en Fecode Informa, y sus áulicos recorrieron el país haciéndole eco. Pero desesperados por el repudio del magisterio, prefirieron refugiarse en el Parlamento con la ilusión de que una maniobra de su senador resolviera tamaña fechoría. En Villavicencio también fue rechazado su proyecto de ley, porque somete a los maestros a dos regímenes en lugar de uno, al Estatuto Docente disminuido y al Régimen Único Disciplinario. Por eso se aprobó la unión con los empleados estatales, para luchar por la derogatoria de la Ley 200 y la recuperación del régimen especial para los educadores del sector público.

Lo que se respiró en Villavicencio fue el repudio al sindicalismo sociopolítico, practicado por la camarilla dirigente de Fecode con el único propósito de convertir los sindicatos en trampolines para escalar posiciones en el gobierno, tanto el nacional como el de las entidades territoriales.

El sindicalismo sociopolítico trata de convertir las organizaciones gremiales en correas de transmisión de las políticas oficiales. Por supuesto, es la resultante de una concepción desclasada de la sociedad, en la que se quiere hacer creer que el Estado somos todos, donde la dominación y la explotación de clase no existen, y haciendo aparecer el régimen gubernamental como el principal benefactor del pueblo oprimido.

Las consecuencias de semejante teoría y práctica están a la vista en la peor crisis de la historia de la organización sindical del magisterio colombiano. Por eso recibió el rechazo de la mayoría del Congreso.

Hacia una nueva victoria: las elecciones del Comité Ejecutivo

Contra la camarilla dussanista que detenta la mayoría de la dirección de Fecode, hemos logrado una victoria, con la posición consecuente defendida sin vacilaciones por el frente de educadores Tribuna Magisterial y los demás aliados del Bloque Alternativo de Oposición. Ha sido una lucha sin cuartel a lo largo de este período convulsionado y crítico.

Lo que viene de aquí en adelante es la elección del Comité Ejecutivo en forma directa. Los educadores de Tribuna Magisterial, dirigidos por el MOIR, presentarán tres listas: una en el norte del país, por la Costa Atlántica, encabezada por Luis Carlos Fuentes; otra por Antioquia y el nororiente, desde el Cesar y La Guajira hasta Arauca, con el primer renglón de Raúl Arroyave, y una tercera en el centro y sur del país, presidida por Álvaro Morales Sánchez.

Durante estos cuatro años, Tribuna Magisterial no ha cejado un solo instante en la lucha por la independencia de la Federación Colombiana de Educadores y en defensa de los intereses más sentidos de los educadores. Los tres candidatos que presentamos a consideración del magisterio son una garantía para el gremio, en pro de sus reivindicaciones fundamentales, pero también para la nación colombiana en la salvaguardia de la soberanía nacional, en un momento en que afronta la mayor ofensiva histórica del imperialismo norteamericano. Por esa razón esperamos el apoyo decidido del magisterio para nuestras listas en las elecciones del 3 de octubre al Comité Ejecutivo Nacional de Fecode.