El Cuarto Protocolo de la OMC: A PUNTO DE LIQUIDAR EMPRESAS NACIONALES DE TELECOMUNICACIONES

Por Ramón Barrios Iriarte

Tras diez años de apertura y privatización en las telecomunicaciones, Telecom y los demás operadores nacionales acaban de recibir el golpe definitivo, con la ratificación por parte del Congreso colombiano del Cuarto Protocolo anexo al Acuerdo General de la OMC sobre el Comercio de Servicios de Telecomunicaciones suscrito por el gobierno de Samper en febrero de 1997. El Protocolo acelera la liquidación de Telecom, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, Orbitel, Empresas Públicas de Medellín y las compañías telefónicas locales. Tan estratégico servicio será entregado a las trasnacionales, principalmente norteamericanas, lo cual creará una mayor dependencia del país frente al imperialismo.

Antecedentes

La apertura de las telecomunicaciones comenzó con la ley 72 de 1989, expedida al término de la administración Barco, en los albores de la apertura general de la economía. Dicha ley se anticipó, junto con los decretos 1900 y 1901 de 1990, a la Constitución de 1991 en conceptos como privatización, desmonopolización, competencia, servicios públicos domiciliarios, sistemas de concesiones, etc.

La ley 72 suprimió el control de Telecom sobre servicios como informática, telemática y valor agregado, adscribiéndolo al Ministerio de Comunicaciones. Definió las telecomunicaciones como un servicio público y permitió su prestación por particulares a través del sistema de concesión, mediante contratos o licencias y el pago de derechos, tasa o tarifas.

En virtud de las facultades de la ley 72, fue expedido el decreto 1900 de 1990 , a los doce días de instalada la administración Gaviria, que otorgó amplias potestades al Ministerio de Comunicaciones y estableció el régimen para usuarios y operadores.

Al definir como operador a toda persona natural o jurídica, pública o privada, que gestione servicio de telecomunicaciones, suprimió la exigencia de la nacionalidad colombiana que se había establecido para poder serlo. Además, definió que las telecomunicaciones pueden ser prestadas por particulares en forma directa o mediante concesión.

El decreto 1980 de 1990 abrió la prestación de todos los servicios al capital privado, excepto el básico de telecomunicación internacional, el cual sería mantenido para Telecom.

El Cuarto Protocolo

El paso más nefasto para los intereses nacionales, dentro de este proceso de apertura, acaba de darse con la ratificación del Cuarto Protocolo por el Congreso, por cuanto su aplicación acarrea para el país las siguientes consecuencias:

- Las multinacionales se toman el servicio portador nacional e internacional, llegando al usuario final y explotando los servicios básicos.

- Se apoderan igualmente de servicios que presta Telecom, como arrendamiento de pares aislados, y de circuitos dedicados a la prestación de los servicios de cable submarino, redes satelitales y redes terrestres.

- Se le quita a Telecom la ventaja de ser el único operador del servicio portador internacional autorizado por el Ministerio.

- Se acrecienta el fraude en la prestación de los servicios, dado que el servicio portador es la base de todos los demás. La violación las normas en materia de licencia y de tipo de servicio se va a generalizar, causando pérdidas a los operadores de telefonía pública y de larga distancia internacional y a los operadores locales. Y para mayor deterioro del interés nacional, el arrendamiento de los canales soportados en cable submarino, por su calidad y capacidad frente a las redes satelitales, será un medio que facilitará el fraude, desde el punto de vista técnico y financiero.

- El Protocolo acelera la liquidación de Telecom, por cuanto al acabar con el concepto de local extendida, servicio que cobra la empresa por dejar que otros operadores utilicen su infraestructura a nivel departamental y que le representa aproximadamente el 22% de sus ingresos totales, permite la interconexión en los nodos técnicamente viables, sin cancelarle un centavo a la empresa estatal.

Estados Unidos, único beneficiado

Es importante destacar que la aprobación de este Protocolo fue considerado por Clinton, en su momento, como un «acuerdo histórico», ya que le permitió el primer paso a Estados Unidos para tomarse monopólicamente las telecomunicaciones mundiales, en contra de los países que protegían sus empresas telefónicas, resaltando que el convenio en mención se formalizó dentro del marco de fuertes presiones ejercidas contra países que trataron de preservar su red nacional, entre ellos, Canadá, Japón, México, España, Portugal e Italia, que resistieron, pero acabaron cediendo.

La política de desregulación o apertura se ha venido imponiendo en América Latina con casos extremos como los de Chile o Argentina, donde la apropiación extranjera de las empresas de telecomunicaciones llegó al ciento por ciento.

En Colombia, este proceso está bien avanzado. La permanente expedición de normas por parte de la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones, CRT, tiene a Telecom a punto de su ruina definitiva. Los estragos privatizadores quedan a la vista con indicadores deficitarios en todos sus rubros de ingresos. Es tan inminente la bancarrota que, al final del presente año, Telecom va a arrastrar pérdidas por encima de los 700 mil millones de pesos, y quedará en cero el rubro de inversiones para los próximos cinco años. A lo anterior se suma el robo perpetrado contra la empresa a través de las ampliaciones telefónicas con varias multinacionales por el sistema de los «contratos de asociación a riesgo compartido» o joint venture, cuyo monto se calcula, entre lo ya pagado y lo que pretenden los «socios extranjeros», en más de 2.5 billones de pesos.

Con la liquidación de las empresas estatales de telecomunicaciones, los primeros afectados serán la mayoría de los municipios y las comunidades del país, cuya comunicación hoy se presta dentro del marco de la telefonía social. Son más de setecientas localidades y más de mil municipios que se cubren con telefonía local. Esta tiene un gran contenido social, en cuanto integra el mercado interior del país, apalanca el desarrollo y cohesiona a la población. Cabe anotar que este mercado, por debajo de las tres mil líneas telefónicas por localidad, es poco atractivo para el capital privado nacional y extranjero por sus bajos márgenes de utilidades, altos costos de instalación, administración, operación y mantenimiento. Es decir, volvemos a los años cuarentas, cuando había una empresa multinacional norteamericana que tenía interconectada a las principales capitales, pero el resto del país se hallaba incomunicado telefónicamente.

Ante este nuevo raponazo contra nuestra soberanía económica, la única alternativa es la batalla unificada en defensa del interés de la nación. Convocamos a todos los patriotas a que acompañen la resistencia civil de los trabajadores de las telecomunicaciones.