El TRATADO SOBRE LOS CAYOS: NEGOCIADA LA SOBERANÍA NACIONAL

En el despacho de la Presidencia de la República y con la presencia de Pastrana, el pasado 8 de septiembre, complaciente dobló la cerviz el Canciller Alfredo Vásquez Carrizosa para firmar un tratado con el embajador de los Estados Unidos Leonard J. Saccio, sobre la soberanía del banco Quitasueño y los cayos Roncador y Serrana, situados a 35 y 75 millas respectivamente, de las islas de San Andrés y Providencia.

Mediante este indigno y vergonzoso tratado el gobierno aceptó sin remilgos la posición neocolonialista de los Estado Unidos, que se abrogó plenos derechos y exclusividades para explotar todo lo que se encuentre en la zona del banco y los cayos. Desde la flora y la fauna, de las más ricas y variadas del mundo, hasta el subsuelo, que según investigaciones puede contener petróleo.

En “compensación” a esta entrega de la soberanía del país, el gobierno de Pastrana aceptó correr con los costos de mantenimiento de los faros instalados allí por el gobierno norteamericano y se comprometió a trazar y desarrollar planes que permitan el saqueo a las compañías pesqueras de los Estados Unidos.

Esta alta traición a los intereses de la nación colombiana la presentó Pastrana como “... hecho de resonancia para América, que tiene que registrar complacida como sin falsos nacionalismos, dentro del espíritu del diálogo es posible llegar... a acuerdos justos”. Después de titular que Colombia había reconquistado su soberanía en el banco y los cayos después de 44 años. “El Tiempo” editorializó con desvergüenza que “... los Estados Unidos han devuelto a Colombia el goce pleno de su jurisdicción territorial sobre los cayos. Un imperio tan poderoso como los Estados Unidos ha podido alegar cualquier razón para imponer allí su dominio. No lo ha hecho, sin embargo, y ello demuestra como la voluntad imperial no se ejercita cuando de por medio hay claros fundamentos de derecho... Todo ello demuestra cómo los Estados Unidos carecen de toda ambición territorial y que si en el pasado la tuvieron, ahora se contentan con lo que es de su auténtica posesión. No hay a este respecto afán imperialista alguno, como ocurre en la guerra de Vietnam, -absurda y deplorable guerra- en la que los Estados Unidos se han visto vitalmente comprometidos por su deseo de asistir con su fuerza a una nación débil, Vietnam del Sur, que se hallaba en crítica situación ante la ofensiva de un enemigo poderoso”.

Pero es evidente cual es el juego del imperialismo. De una parte, mientras dice reconocer la soberanía colombiana sobre el banco y los cayos, exige que solo sus monopolios pueden explotar todas las riquezas naturales de la zona. Este es el “goce pleno” del saqueo que encabeza el neocolonialismo contemporáneo.

Rebosante de alegría, el embajador J. Saccio expresó su “gran satisfacción” y tributó su “especial reconocimiento a Vásquez Carrizosa”. No era para menos. De acuerdo al boletín de la embajada de los Estados Unidos, “ambos países señalan la libertad de navegación y pesca de la otra parte en el área, según reglamentación anexa al tratado, sobre derechos de pesca”.

En otras palabras, de boca el gobierno de Nixon “reconoció” que Quitasueño, Roncador y Serrana son de Colombia pero que solo deben ser explotados por los monopolios norteamericanos, o sea que en definitiva su valiosa riqueza pertenece a los Estados Unidos. Esta es la ausencia de “afán imperialista alguno”.

Más adelante, el 26 de septiembre, una declaración del Departamento de Estado de los Estados Unidos dejó al descubierto la “voluntad imperial”. Mientras el representante de Nixon en Bogotá aseguraba la soberanía de Colombia sobre Quitasueño, en Washington el Departamento de Estado declaró que “por estar sumergido se considera como alta mar y no sujeto a reclamación de ninguna soberanía territorial”.

Bien sabe el gobierno de Nixon que está tratando con sus más fieles e incondicionales perros falderos, sempiternos negociadores de la soberanía colombiana. Que estando de por medio estos traficantes poco valdría la firme posición de defensa de la total soberanía que reclama el pueblo colombiano en base a los documentos que ratifican la pertenencia de Quitasueño, Roncador y Serrana a la patria. Desde la Real Orden del Rey de España del 30 de noviembre de 1803, el Tratado entre Colombia y las Provincias Unidas de Centroamérica del 15 de marzo de 1825, el Laudo Arbitral proferido por el Presidente de Francia, Emile Lubet el 11 de septiembre de 1900 en desarrollo de la Convención suscrita en París entre Colombia y Costa Rica el 20 de enero de 1886, hasta el antipatriótico tratado de 1928 en Colombia y Nicaragua. Este Tratado, aunque dejó muy en claro que aquella zona no pertenecía a Nicaragua aceptó que estaba en “litigio” entre Colombia y los Estados Unidos. Además, cedió extensos territorios con la firma del lacayo Olaya Herrera, por entonces Ministro Plenipotenciario y Enviado Extraordinario del gobierno de Abadía Méndez.

Como en 1928, en 1972 el gobierno títere de Pastrana entregó la soberanía nacional refrendando el chantaje que mantenía Estados Unidos. Bastó que en 1869 el comerciante norteamericano J. W. Jennett cavara un pozo de agua y levantara una empalizada en un desaparecido islote de Quitasueño, para que 59 años más tarde, en 1928, Estados Unidos se sintiera dueño de la mayoría de los islotes y bancos de esta extensa área del Caribe.

Jennett posó como “descubridor” de los cayos y consiguió del gobierno norteamericano un permiso para saquear el guano y la fauna. Se amparó en la arbitraria ley norteamericana del 18 de agosto de 1856 que autorizó al Presidente de los Estados Unidos para declarar posesión norteamericana a cuanta isla, cayo o banco se le antojara.

Desde entonces Estados Unidos se consideró dueño de los cayos, ignorando los justos reclamos de Colombia.

En 1854, 15 años antes del “descubrimiento” de Jennett, Rafael Nuñez, gobernador de la Provincia de Cartagena, conocedor de las andanzas por la zona de otro comerciante norteamericano, S.R. Kimball, prohibió la explotación del guano en Providencia y el resto de islas y cayos, incluido Roncador. Esta medida se comunicó al Cónsul de Estados Unidos en Cartagena, León Sánchez, el 22 de noviembre de 1854.

37 años después, el 8 de enero de 1891 el gobierno colombiano reclamó a Estados Unidos la presencia de Jennett, que violaba la soberanía del país”.... y el entonces Secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos en nota que no hace mucho honor al Derecho Internacional, adujo argumentos livianos para sostener los pretendidos derechos de su país sobre los cayos de Roncador y Quitasueño que el denominó “islas” (Guillermo Ruiz Rivas en el libro “El Archipiélago Lejano”).

Pero el gobierno norteamericano insistió en sentirse “descubridor” de una zona que ya hacía muchos años había sido revelada -se cree que fue avistada por Colón en su primer viaje- de la cual existían ya mapas, elaborados por una comisión de la Nueva Granada, que encabezó don Miguel Patiño, y que fue incluida en las delimitaciones hechas en virtud del “Uti Possidetis Juris” de 1810, delimitaciones que conservaron las nuevas repúblicas una vez liberadas del colonialismo español.

En 1919 Estados Unidos desalojó a un colombiano que con una “autorización de privilegios exclusivos” concedida por el gobierno colombiano en 1915 en base a la soberanía del país sobre la zona, explotaba el guano de los cayos.

El gobierno norteamericano desplegó imponente la Proclamación Presidencial N° 1512, por medio de la cual se anexó los cayos “aduciendo propósitos de ayudas a la navegación y establecimiento de faros”.

Con la firma del Tratado de Barcenas-Esguerra del 24 de marzo de 1928, se cerró este primer capítulo del despojo de nuestro territorio. Estados Unidos contó entonces con la fiel complicidad del despótico régimen militar nicaragüense del general José Bonilla. El 8 de febrero de 1913 Estados Unidos y Bonilla firmaron una convención secreta (Chamorro-Weitzel) que, a cambio de la construcción de un canal interoceánico, arrendaba a Estados Unidos por 99 años islas pertenecientes a Colombia.

El 8 de abril de 1970, López Michelsen, entonces Ministro de Relaciones Exteriores, inició un intercambio de notas con la embajada norteamericana para adelantar conversaciones tendientes a descongelar el supuesto condominio existente en Quitasueño, Roncador y Serrana. Como bien lo dice en carta dirigida por él al Ministro de Defensa de Currea Cubides, la “captura” de un pesquero norteamericano en la zona cercana a los cayos probaba que “La Armada Nacional... ya estaba en capacidad de patrullar... y mantener en funcionamiento sus faros...” (El Tiempo, 10 de septiembre de 1972).

Ante la nota colombiana en medio de la dura presión internacional de la lucha de los pueblos latinoamericanos por las 200 millas de mar territorial, Estados Unidos se sentó rápidamente ante la mesa de conversaciones. En menos de un año, a partir de junio del año pasado, de aclaró “la revisión de la situación jurídica suscitada por la Armada” (carta de López) y se firmó el entreguista tratado Vásquez-Saccio, que continúa siendo un secreto para todo mundo.

Desde entonces el perpetuo y genocida dictador nicaragüense Anastasio “Tachito” Somoza, se lanzó de manera oportunista a pretender disputarle a Colombia la soberanía de los cayos. En burda pugna, calificada por “El Tiempo” como “juego de corresponsables sin tema” y por un periódico de Managua como “guerra de banderas”, Somoza intentó repetir el negociado Chamorro-Weitzel, mientras su nuevo canciller -el anterior fue destituido por no prestarse al juego- viajaba a España a conocer por primera vez en su vida los contenidos del Archivo de Indias en relación a la Real Orden de 1803 y el Tratado de 1825, el gobierno nicaragüense “consideraba garantizar concesiones a compañías petroleras extranjeras con el propósito de reforzar sus derechos en el área” (“Time”, noviembre 15 de 1972).

Para no quedarse atrás de la opereta de muecas protagonizada por Somoza, Pastrana mandó a su ministro de defensa, Currea Cubides, a la cabeza de una denominada “operación soberanía” encargada de enarbolar la bandera nacional en Quitasueño. Cuando el ministro y sus pelotones se acercaban a los cayos en dos destructores, retrocedieron aterrorizados ante la visión de lo que les pareció una formación naval del enemigo: los mástiles oxidados del cementerio de buques estrellados en Quitasueño.

Más adelante en una nueva misión de “soberanía”, los funcionarios de Pastrana fueron recibidos por un multimillonario norteamericano que cómodamente tenía anclado su yate en medio de los cayos.

Todas estas burdas maniobras no hacían más que pretender ocultar a los ojos de los pueblos de Nicaragua y de Colombia y del resto de América Latina, la presencia opresora y saqueadora del imperialismo norteamericano.

Pero el pueblo colombiano ha rechazado toda esta farsa. El pueblo y la nación colombianos, hacen causa común con el resto de pueblos y naciones de América Latina y el mundo en su lucha por la liberación nacional del yugo del imperialismo norteamericano.

El proletariado colombiano y el resto de clases populares del país apoyan decididamente la lucha que libran pueblos y gobiernos de América Latina por las 200 millas, en contra de la posición neocolonialista del “mar patrimonial”, tesis que cocinó el imperialismo norteamericano con el apoyo del socialimperialismo soviético y que tiene como máximo abogado al gobierno colombiano, con el vendepatria Vásquez Carrizosa a la cabeza.

El proletariado y el pueblo colombiano sostienen además la posición firme de que toda diferencia por límites territoriales entre las naciones, debe ser solucionada de común acuerdo y de manera pacífica, atendiendo las razones de las partes y sin la interferencia de ninguna superpotencia.

El despojo de que ha sido blanco Colombia, tiene un solo responsable: el imperialismo norteamericano. En menos de 50 años de este siglo, a Colombia se le han arrebatado miles de kilómetros cuadrados. Este saqueo territorial, así como la entrega de recursos materiales del país, han sido repetidamente denunciados. Recientemente, estudiantes de la Universidad Santo Tomás rechazaron esta política neocolonialista, expresada en el acuerdo Vásquez-Saccio.

Nunca olvidarán la clase obrera y el pueblo colombiano estos crímenes contra la patria. Con justificada ira y con indignación, recordarán estas entregas. Y como se levantaron en el pasado a combatir contra el colonialismo por la independencia nacional, se levantarán ahora a luchar hasta el final por la liberación nacional y contra el imperialismo norteamericano.