El concejal de Bogotá Francisco Pareja: MI VOTO CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LA ETB

(Constancia ante la Corporación Distrital el pasado 12 de mayo)

Ha llegado la hora de las definiciones. Espero que este Concejo tome la mejor decisión para bien de la patria y de la ciudad. Quiero explicar mi voto.

Políticamente considero, como muchas de las personas que han participado en las discusiones estos días, que las telecomunicaciones y la energía eléctrica son servicios estratégicos, en los cuales se concentra el esfuerzo de varias generaciones por construir una infraestructura que los convierta en verdaderas palancas del progreso nacional. En tal sentido, su control es un problema de soberanía.

El proceso de internacionalización debería obligarnos a tener en cuenta las tendencias mundiales tras la culminación de la guerra fría y el surgimiento del hegemonismo norteamericano. Sabemos por experiencia que la tendencia no es hacia la libre competencia, como se conoció en los albores del capitalismo, en los días en que Adam Smith escribiera La riqueza de las naciones, sino hacia el monopolio de gigantescas trasnacionales cuyas fusiones y alianzas plantean una concentración de capitales sin precedentes, frente a la cual la soberanía económica de los países en desarrollo y una verdadera integración que obedezca a sus intereses es la única posibilidad de defensa.

Hace unos días los medios informaban que durante las pasadas negociaciones en las que los Estados Unidos le impusieron al Japón importaciones millonarias de autopartes, los primeros espiaron las conversaciones de los segundos. ¿Qué les esperaría a los productores colombianos de flores, banano o café, entre otros, contra quienes los norteamericanos ávidos de ventajas acuden al chantaje, si entregamos a las multinacionales de ese país nuestras telecomunicaciones? En un mundo en el que la información se ha convertido en arma vital para cualquier actividad, ¿podemos dejar en manos ajenas el medio principal para su control? Ante los insistentes rumores del interés norteamericano por la zona de Urabá, y sobre una posible intervención militar en nuestro territorio, ¿no es menester asegurar celosamente el dominio sobre nuestras telecomunicaciones? ¿No debe llamar la atención el que organismos de seguridad como la CIA y la DEA hayan espiado telefónicamente la pasada campaña liberal?

El otro aspecto de carácter político que nos preocupa tiene que ver con la prestación del servicio allí donde no es rentable. Cuando en 1990 Gaviria planteó por primera vez la privatización de Telecom, el presidente de la empresa, Emilio Saravia Bravo, rechazó patrióticamente las medidas señalando que aquello sería "desaprovechar una infraestructura montada por el Estado durante cuarenta años", y puntualizó: "Lloverán propuestas para prestar los servicios rentables, pero se dejarán de lado las comunidades que no disponen siquiera de un teléfono y a las que se llega con pérdidas". La Ley 142 habla de la universalización, pero no brinda las herramientas para lograrla, por lo que el ex gerente de la ETB. Antonio Galán, afirmó en el foro de la semana pasada que se trataba de mera "retórica". Desde que Telecom puso al mando el criterio de la rentabilidad en sus operaciones, se han desconectado cerca de 400 oficinas rurales y de pequeñas localidades. Bien sabemos, por ejemplo, que no basta con la formulación constitucional del derecho al trabajo para que desaparezca el desempleo.

La Ley 142 es una camisa de fuerza para obligar a que se privaticen los servicios públicos. Su artículo 17 define la naturaleza de las empresas como "sociedades por acciones". y sólo excepcionalmente podrán "adoptar la forma de empresas industriales y comerciales del Estado". La competencia que supuestamente conducirá a la "eficiencia" está concebida para que se dé entre empresas privadas. Las comisiones reguladoras y la superintendencia son, entre otras, para empujar la privatización. He aquí uno de los puntos fuertes de quienes se empeñan en subastar a toda costa el patrimonio público. El documento Conpes 2760, de enero de 1995, trazó el Plan de Desarrollo para el sector de telecomunicaciones, en el que la estrategia es fortalecer a Telecom en detrimento de las telefónicas locales, no con miras a crear una empresa única y poderosa al servicio del interés nacional, sino para facilitar la toma del sector por los grandes consorcios, pues la política de privatizar a Telecom jamás ha sido abandonada. Para lograr tal cometido, la Comisión Reguladora ha expedido resoluciones como la 028 de 1995 y la 033 de 1996 que, so pretexto de "impedir abusos de posición dominante y proteger al usuario", obliga a las empresas municipales a entregar parte de su mercado. Uno de los principales argumentos del alcalde y del gerente de la ETB en el debate que se ha venido adelantando es precisamente el plan de Telecom para instalar 550 mil líneas en Bogotá. Sin caer en regionalismos, y más bien con ánimo patriótico, son completamente justas las exigencias que 43 concejales de Cali; Medellín y Bogotá formularon en una carta fechada el 11 de abril al presidente Samper, para que se revisen las resoluciones mencionadas, y "con carácter urgente modificar la estructura, la composición y la forma de operar de las comisiones de regulación de los servicios públicos domiciliarios".

La Ley 142 pone demasiado énfasis en quebrar los monopolios. Es un absurdo que se busque eliminar monopolios donde no existen, pues no merecen el calificativo de tales sino aquellos del orden nacional o los que han alcanzado el ámbito planetario. Las empresas locales no lo son v únicamente Telecom ostenta el monopolio de la larga distancia nacional e internacional. El Tiempo, el 11 de mayo nos muestra que después de haberse producido la privatización en 1987, se llegó a que una empresa, la Compañía de Telecomunicaciones de Chile, controle 95% del tráfico local. Además, la eliminación de los subsidios ha encarecido el servicio, pues el solo cargo fijo equivale a $ 14 mil pesos colombianos.

El alcalde Mockus y el doctor Regueros, gerente de la ETB, junto con todos los defensores de la privatización, han utilizado como artillería pesada el argumento de que la empresa se desvaloriza con cada día que pasa, mientras auguran que no podrá sobrevivir a la competencia. Nunca pudimos saber por qué se propuso primero que el producto de la venta de la ETB se les entregara a los acreedores de la Empresa de Energía, y luego que éste tuviera una destinación social en escuelas de salud y vías: algo así como cambiar el "rigor científico" del profesor Mockus por el populismo de un Salinas de Gortari. En el debate, el sindicato y voces autorizadas como la del ex gerente Antonio Galán, lograron demostrar que la ETB sí puede ser eficiente, como lo son las Empresas Públicas de Medellín. En la actualidad la empresa posee el mercado más grande del país, el mayor índice de líneas instaladas por cada 100 habitantes y el personal mejor calificado: se están incorporando tecnologías de punta como la generalización de la conmutación digitalizada, la utilización de troncales de fibra óptica y el Simra (sistema automatizado para detectar fallas), que entrará a operar en el segundo semestre de 1996.

No nos dejemos arrastrar por las modas que se nos imponen desde afuera. Jorge Castañeda, que comenzó pregonando una izquierda que se amoldase al neoliberalismo, escribió recientemente en El Nacional de Venezuela: “Las modas son pésimas consejeras: hoy que el afán privatizador se desvanece, es tiempo de sacar cuentas, evitar empecinamientos y recordar que hasta las modas parisinas cambian con el tiempo”.