El informe Kissinger: SE ENDURECE POLÍTICA YANQUI EN CENTROAMÉRICA

El tan esperado informe de la Comisión Bipartidista Nacional sobre América Central, más conocida con el nombre de Comisión Kissinger, fue presentado al jefe de Estado norteamericano el 11 de enero. Todo parece indicar que las recomendaciones del documento de 132 páginas constituyeron un triunfo notable para el presidente Reagan, pues, salvo uno que otro punto de discrepancia, coinciden en lo fundamental con la línea trazada por la Casa Blanca para el problema centroamericano en los últimos tres años. En otras palabras, la política de Reagan y de sus asesores recibió un fuerte respaldo, precisamente en la recta final de la campaña presidencial en los Estados Unidos y poco antes que el Congreso acometa la discusión de las propuestas del Ejecutivo sobre la crisis en su tradicional zona de dominación. Aunque ya se vislumbra una aguda polémica en torno del informe, especialmente en la Cámara de Representantes, el carácter bipartidista y la identidad de los miembros de la Comisión colocan a Reagan en una posición ventajosa frente a sus opositoras.

Kissinger vuelve a la escena

En vista del sistemático entorpecimiento a que estaban siendo sometidas sus iniciativas políticas, económicas y militares en el área centroamericana por parte de los demócratas, Reagan decidió crear una comisión integrada por personalidades de los dos partidos tradicionales de los Estados Unidos y vinculados a la política, a la empresa privada, al sindicalismo y a la universidad. El propósito de dicho comité era formular una serie de recomendaciones al presidente para que éste las tomara como punto de partida de su estrategia hacia Centroamérica. Desde luego que lo que buscaba Reagan era acallar a sus críticos apoyándose en el testimonio de un grupo de individuos de diversa procedencia, cuyas opiniones fueran más presentables ante el Congreso y el público en general.

A la cabeza de la comisión, Reagan paso a un republicano, a un reconocido ideólogo del imperialismo, el ex-Secretario de Estado Henry Kissinger, experto diplomático y "halcón" de larga trayectoria, quien no dejaría de influir en las determinaciones adoptadas por el grupo bajo su mando. Entre los otros once miembros figuraban Lane Kirkland, presidente de la AFLCIO, la mayor confederación sindical de los Estados Unidos; Henry Cisneros, alcalde de San Antonio, Texas; Carlos Díaz-Alejandro, profesor de la Universidad de Yale; Nicnolas Brady, ex-senador republicano y director administrativo de la compañía Dillon & Read; Wilson Johnson, presidente de la Federación Nacional Independiente de Negocios, y Potter Stewart, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Desde el momento mismo en que fue integrada, en julio de 1983, la Comisión Kissinger comenzó sus labores. Durante agosto y septiembre se entrevistó con importantes personajes de la política estadinense, entre ellos tres ex - presidentes – Jimmy Carter, Gerald Ford y Richard Nixon- y cuatro ex – secretarios del Estado – Alexander Haig, Cyrus Vance, William Royers y Dean Rusk-, los cuales emitieron sus conceptos acerca de lo que Estados Unidos debería hacer en América Central. Posteriormente, la Comisión se trasladó a la región en conflicto, donde visitó Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. Allí se reunió con multitud de personas, particularmente con representantes de los gobiernos, del gran capital, de la Iglesia y del ejército. Después de haber recogido los testimonios de cerca de 500 individuos, la Comisión redactó el informe para el presidente.

Balas y dólares para Centroamérica "Independientemente de las condiciones económicas y sociales que generaron la insurgencia en la región, la intervención extranjera es lo que le da al conflicto su carácter actual", indica el informe, al tiempo que señala que la penetración soviético-cubana en Centroamérica constituye una amenaza para los intereses estratégicos de los Estados Unidos. El documento advierte que "nuestra credibilidad a nivel global está siendo puesta a prueba; el triunfo de fuerzas hostiles en lo que la Unión Soviética denomina la retaguardia estratégica de Estados Unidos sería visto como un signo de la impotencia norteamericana". La Comisión afirma que Washington seria forzado a distraer parte de su poderío militar para defender su flanco meridional, lo cual minaría su capacidad para proteger sus intereses a escala mundial. "La crisis de Centroamérica es nuestra crisis", declara enfáticamente el informe y acusa a Cuba, "respaldada por la URSS y ahora operando a través de Nicaragua", de aprovechar las condiciones de miseria de la zona para promover el establecimiento de regímenes peleles de Moscú.

Kissinger y sus colegas recomiendan en primera instancia destinar unos 20.000 millones de dólares hasta 1990 en ayuda económica y militar a los gobiernos amigos de Centroamérica, 8.000 millones de los cuales deberían apropiarse para los próximos cuatro años. Asimismo, se propone aumentar a 600 millones de dólares los aportes militares a El Salvador y se condiciona la ayuda económica a Nicaragua a los cambios políticos internos que la Casa Blanca ha venido exigiendo al gobierno sandinista.

En lo que se ha considerado uno de los puntos en el que mejor se aprecia el apoyo brindado por la Comisión a la política de Reagan, aquella pide que se continúe brindando asistencia bélica y financiera a los grupos rebeldes que combaten al régimen de Managua, sobre la base de que dicha campaña "es un incentivo en favor de una solución negociada" y que por lo tanto no sería conveniente "desmantelar dicho incentivo". (El señor Carlos Díaz-Alejandro fue el único miembro del grupo que se opuso a la inclusión de esta recomendación). Uno de los aspectos más discutidos del informe fue el relacionado con la ayuda militar al gobierno de El Salvador. Con la única excepción de Kissinger, todos los demás integrantes de la Comisión fueron partidarios de hacer depender tal ayuda de la situación de los llamados derechos humanos en ese país. Cabe anotar que a finales del año pasado Reagan ya había vetado una determinación del Congreso en el sentido de que el presidente debería rendir al organismo legislativo informes periódicos acerca de los "escuadrones de la muerte" y otros aspectos concernientes a los derechos civiles en El Salvador.

Aparte de este punto, el único en el que discrepa la Comisión de las concepciones de la Casa Blanca, el documento rechaza de plano la posibilidad de poner fin a la guerra en El Salvador dando una participación en el gobierno a las organizaciones rebeldes. "Compartir el Poder, tal como lo proponen los insurgentes -indica el informe- no constituye una solución política honesta para El Salvador. En efecto, ciertos precedentes señalan que ello sólo seria el preludio de una toma del Poder por parte de los guerrilleros".

Por último, la Comisión Kissinger descarta al Grupo de Contadora como instrumento por medio del cual los Estados Unidos lleguen a un arreglo satisfactorio de la crisis centroamericana. El reporte concluye que Norteamérica "no puede usar el proceso de Contadora como una sustitución a su propia política". Y luego explica que "los intereses y las actitudes de esos cuatro países no son siempre idénticas, ni siempre coinciden con las nuestras".

La línea dura se abre paso El indiscutible triunfo de las tesis de Reagan sobre cómo afrontar el problema centroamericano indica a las claras que el imperialismo yanqui está hoy más dispuesto que nunca a pelear por sus posesiones, incluso, si llega el caso, apelando a la fuerza militar, como lo hizo en Granada. Es apenas obvio que tratándose de una región de vital importancia para los Estados Unidos, Washington no va a dejar la iniciativa de la solución de la crisis en manos de los países de Contadora, los cuales, además, no están muy decididos a encolerizar al Tío Sam; por el contrario, no obstante una que otra declaración irreverente, dichos gobiernos dependen para su subsistencia de los dólares provenientes del Norte. Luce tan enérgica la actitud asumida por la Comisión Kissinger, que el canciller colombiano, Rodrigo Lloreda, no tuvo otra alternativa que salir a defenderla, a pesar del compromiso del régimen colombiano con el Grupo de Contadora. Tan pronto como se conoció el informe, Lloreda dijo que éste era "un paso positivo desde el punto de vista de la política de Estados Unidos frente a Centroamérica y puede constituir en un momento dado un cambio en la orientación que tradicionalmente ha tenido Norteamérica frente a esta región". Tal la fragilidad y la doblez de la posición de la Casa de Nariño en el desenvolvimiento de la crisis centroamericana. La inconsistencia de Betancur quedó asimismo manifiesta a raíz del problema de San Andrés y Providencia. Ante la conducta abiertamente provocadora de Nicaragua en sus pretensiones sobre el archipiélago, el gobierno colombiano optó por ocultar a la opinión nacional los más recientes hechos con el propósito de que su empresa mediadora no sufriera contratiempo alguno, aún a riesgo de contemporizar con los reclamos aventureros del sandinismo en contra de nuestra integridad territorial.

Las conclusiones de la Comisión, que han sido presentadas a nombre del Ejecutivo a las sesiones del Congreso estadinense, todavía tendrán que pasar por un largo debate político y económico. Se espera una fuerte oposición demócrata a los costos del programa para Centroamérica. Así, el líder de la minoría en el Senado, Robert Byrd, expresó que "es altamente cuestionable para un país que está llegando a los 200.000 millones de dólares de déficit anual considerar la donación de 8.000 millones a América Central". Otros líderes demócratas han criticado el documento afirmando que lo que éste busca es solucionar el problema enviando armas a regímenes impopulares. Por ejemplo, los ocho precandidatos demócratas coinciden en reconocer que Centroamérica es un área prioritaria para los intereses de Estados Unidos, pero, al mismo tiempo, se oponen a cualquier tipo de intervención de su país en los eventos que allí tienen lugar. Mas a pesar del debate, el hecho de que la Comisión haya sido integrada por importantes personalidades de los dos partidos le da a su informe un peso muy grande.

Luego de la invasión a Granada y de las declaraciones de Fidel Castro notificando que si Estados Unidos llegase a atacar a Nicaragua, Cuba no estaría en condiciones de acudir en su ayuda, los sandinistas adoptaron actitudes francamente conciliadoras, todas en la dirección de las demandas planteadas a Managua por la administración Reagan y sintomáticas de que la presión de Washington está causando sus estropicios. Entre las concesiones más notables de Nicaragua figuran la convocatoria a elecciones generales para 1985; la salida de un par de miles de asesores cubanos y de un puñado de dirigentes de la guerrilla salvadoreña; el anuncio hecho por la junta de gobierno en el sentido de que está dispuesta a suspender su apoyo a los rebeldes de El Salvador, y cierta tolerancia a los sectores de la oposición, en especial en lo que a la libertad de prensa se refiere. De todos modos la confrontación de las dos superpotencias en Centroamérica seguirá tostando enormes sacrificios a los pueblos de la zona, los cuales no conquistarán su libertad y el goce pleno de sus derechos hasta tanto no tomen en sus manos sus destinos, sin interferencias foráneas de ninguna clase, provengan éstas de Washington, de La Habana o de la remota Moscú.

Últimamente es muy notoria la agudización de las contradicciones con la Unión Soviética en todo el mundo. Y el informe Kissinger lo que demuestra es el endurecimiento de la postura norteamericana. El documento ni siquiera entra a discutir el hecho de si América Central es un área de influencia estadinense y más bien expone las medidas de fuerza que el imperio deberá tomar para mantener en cintura a sus vasallos y alejar de sus fronteras el peligro del avance de sus rivales. Todo esto no obstante las fórmulas de apaciguamiento que, como las de Belisario Betancur y sus socios de Contadora, se dejan oír cada vez más esporádica y tímidamente.