El problema agrario en Colombia


Francisco Mosquera, Somos fogoneros de la revolución, en Colombia camino al socialismo, 1976

“Las reivindicaciones del movimiento campesino constituyen parte sustancial de nuestro programa revolucionario. Ya hemos dicho que Colombia tiene un problema agrario que debe resolver. ¿Cómo se expresa? Antes que nada en la estructura de la tenencia de la tierra y en las formas atrasadas de producción. Al lado de los grandes latifundios que abarcan la mayor cantidad de las mejores tierras, pulula el minifundio.

Tanto una como otra forma de propiedad materializan frenos a la producción agropecuaria Los campesinos carecen de tierra para laborar y los terratenientes explotan sus grandes fincas recurriendo a la mano de obra campesina, mediante las más variadas manifestaciones de servidumbre, a menudo ocultas bajo transacciones en dinero, arrendamientos, contratos diversos, pero de todos modos de servidumbre. La tierra que se utiliza de manera moderna, capitalista avanzada, es una mínima porción..., y su aporte al producto nacional también es insignificante. Así que el campo colombiano demanda una transformación radical de esta situación, secularmente aplazada, o mejor, entorpecida por las fuerzas políticas gobernantes, la cual puede ser otra distinta a la de la eliminación del régimen de explotación terrateniente, a través de la confiscación de las grandes propiedades y su reparto entre los campesinos que la trabajen. Siendo Colombia un país eminentemente agrícola y atrasado, semejante transformación significaría un tremendo salto hacia adelante en su desarrollo histórico y económico. Se liberarían las fuerzas productivas en el campo y las masas campesinas estarían en condiciones de aportar decisivamente al progreso del país, a la tarea de echar las bases de una economía autosuficiente y próspera, lo que sólo se logrará con su concurso.

... Existe otra atadura y otro fardo que no son secundarios, como lo hemos denunciado multitud de veces: la dominación y explotación del imperialismo norteamericano. Por medio del control del comercio interno y externo del país, de las inversiones, de los préstamos, del saqueo de materias primas básicas, de la venta subsidiada por el Estado colombiano de excedentes agrícolas traídos de los Estados Unidos, etc., el imperialismo arruina la economía colombiana. Es más, el gobierno estadinense se preocupa por la cuestión agraria de sus neocolonias y en reuniones internacionales a nivel oficial, como la de Punta del Este en 1961, que instauró la llamada Alianza para el Progreso, ha prospectado las pautas de una política agraria que los mandatarios colombianos siguen al pie de la letra.

La reforma agraria propuesta por el imperialismo tiende hacia dos objetivos centrales: a facilitar la penetración del capital extranjero y la venta de productos de la industria norteamericana y a afianzar las caducas relaciones de producción en el campo. Desde la expedición de la Ley 135 de 1961, que dio creación al Incora y puso en funcionamiento las tan trilladas reformas del agro colombiano, auspiciadas por el Frente Nacional, han transcurrido quince años. Un tiempo prudencial para juzgar los frutos de cualquier política. Se puede concluir a ciencia cierta que en tal lapso no ha disminuido en un ápice el poder terrateniente, mientras la situación de los campesinos es cada vez más inclemente y ruinosa.

La nación ha sido endeudada en varios cientos de millones de dólares por concepto de la reforma agraria, ya que ésta se adelanta a punta de préstamos despachados en su casi totalidad por la agencias financieras norteamericanas. La adquisición de tierras a cargo del Estado configura un jugoso negocio de compraventa en beneficio de los grandes señores. A las escasísimas familias campesinas, a las que el Incora adjudica pequeñas parcelas con fines de propaganda, no se les permite disponer libremente de éstas.

Los planes de adecuación de tierras y de distritos de riego terminan favoreciendo a la clase terrateniente, así como los programas de irrigación de créditos que con frecuencia la banca oficial o semioficial confecciona para el fomento de las actividades agropecuarias. En síntesis, mientras subsiste el sistema de explotación típicamente terrateniente y los campesinos continúen sometidos a las más disímiles formas de servidumbre, las inversiones y mejoras de cualquier especie que la minoría dominante proyecte para las zonas rurales desembocarán inexorablemente en las arcas caudales de los dueños de los grandes fondos.

Con su política de impedir a todo trance el desarrollo económico de Colombia, el imperialismo norteamericano acude a preservar en lo sustancial intacto el poder terrateniente. Se fantasea con el crédito, la colonización, la venta de insumos, la adecuación de fincas, el riego, las comunicaciones y hasta con obras sociales y de caridad. Todo menos modificar las relaciones de propiedad en el campo. A los campesinos se les promete hasta el cielo pero se les niega la tierra. Uno de los últimos inventos, por ejemplo, el de las empresas comunitarias, incubado por el imperialismo y puesto en práctica por sus testaferros en Colombia, procura, con el señuelo de la colectivización, instalar la mayor cantidad de familias campesinas en la menor extensión de tierra posible.

Con tal de proteger el latifundio se ha hecho un inusitado despliegue en pro de la socialización de la producción agraria, de las ventajas de la propiedad colectiva y de la vida comunal, de la necesidad de educar al campesino en el espíritu asociativo. Y de estas tesis con que se promueven las empresas comunitarias, se han declarado fervorosos partidarios López Michelsen, Álvaro Gómez y demás personeros de los partidos tradicionales, las agremiaciones patronales, los dirigentes de UTC y CTC y el alto clero. Eso sí es el diablo metido a predicador. Con tal de privar a los campesinos del derecho a la tenencia de la tierra, hoy ociosa o deficientemente utilizada en manos de los grandes terratenientes, la más oscura reacción de Colombia inculca al campesinado un socialismo a deshoras.

Pero lo que impulsa la lucha de clases en el campo colombiano es la demanda de los campesinos por la tierra, por el derecho a usufructuarla, poseerla y disponer de ella libremente. Tras esa exigencia se han lanzado a invadir las fincas de sus amos, a organizar sus fuerzas independientemente del tutelaje de sus tradicionales enemigos y a requerir el apoyo del resto de las fuerzas revolucionarias. Las aspiraciones de los campesinos concuerdan con la tendencia histórica del desarrollo de las fuerzas productivas colombianas y la victoria de sus luchas repercutirá en un gran salto hacia adelante en el proceso del país.

El proletariado consciente apoya incondicionalmente las luchas de las masas campesinas y se desvela por consolidar cada día la estrecha alianza obrero-campesina, base del frente único antiimperialista. Las apoya en el entendimiento de que son luchas de carácter democrático y no socialista. Parlotear de socialismo a un campesinado aprisionado aún en los vestigios de la servidumbre, sin plantearse ni haberse resuelto el problema de demoler hasta los cimientos el régimen de explotación terrateniente, es un imperdonable desconocimiento del asunto, cuando no un vulgar engaño. Para las fuerzas revolucionarias y en particular para el marxismo-leninismo, la revolución agraria campesina encierra una importancia decisiva, ya que el filo de ésta se dirige no sólo contra la clase terrateniente, sino necesaria y primordialmente contra el imperialismo que la sustenta”.