En la crisis aumenta el saqueo de los recursos naturales


Mario Alejandro Valencia, Tribuna Roja Nº 111, enero 13 de 2011

La política minera colombiana se desarrolla en medio de una disputa global de las viejas y nuevas potencias por el control de los mercados y los recursos naturales, y por la posesión física del suelo y el subsuelo para sostener su aparato productivo y financiero. Contienda que les impone a los países dominados reformas regresivas en sus constituciones, códigos mineros y la firma de tratados de libre comercio.

En este contexto, durante los últimos veinte años, como en ningún otro periodo en la historia de la República, una parte importante del territorio colombiano, de sus recursos y de su capacidad de producción agraria, minera e industrial cayeron bajo el control de los monopolios y del capital financiero, especialmente de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Se valieron de sustanciales reformas, entre ellas al régimen de inversiones, que les brindaron enormes beneficios y gabelas.

Entre 1994 y 2009 ingresaron a Colombia 90 mil millones de dólares en inversión extranjera directa. Hoy más de la mitad de las cien principales empresas son extranjeras o con fuerte presencia de capital foráneo, cuyas utilidades no se quedan en Colombia, sino que retornan a sus accionistas extranjeros. En ese mismo periodo, la renta de los factores, que mide la entrada y salida de ganancias del capital invertido en Colombia, fue negativa en 68 mil millones de dólares. En el año 2009, como caso puntual, ingresaron 7.201 millones de dólares por concepto de inversión, pero salieron 7.719 millones por giros de dividendos. Por cada 0,93 dólares que entraron, salió un dólar, lo que convierte al país en un exportador neto de capitales.

Durante la primera década del siglo XXI la actividad minera ha experimentando un crecimiento significativo. Entre 2000 y 2008 creció al 7,5% promedio anual, mientras que la economía sólo lo hizo al 4,6%. En el segundo trimestre de 2010 fue peor: la economía creció al 4,5% y la minería al 15%. En el gobierno de Uribe (2002-2009) la participación minera en las exportaciones totales pasó de 13% a 25% y sus ventas se multiplicaron por cinco, con un crecimiento promedio anual de 28%, el más alto de todos los productos colombianos. El petróleo y la minería representaron 56% de las exportaciones totales en el año 2009.

La inversión extranjera y el negocio especulativo

Tras la debacle de 2008, la minería se ha convertido en uno de los mayores negocios de especulación financiera en el mundo, y cuanto más se profundiza la crisis más se incrementa el auge minero. Ante la devaluación del dólar y los embates contra su permanencia como patrón de cambio mundial, esa rama y en especial los metales precios, terminó siendo refugio de los especuladores. El precio del oro hoy registra sus niveles más altos en la historia, superando la barrera de los 1.400 dólares por onza.

Colombia no escapa a este fenómeno: al país llegan los dólares del capital financiero que necesitan colocarse a tasas de interés superiores a las que encuentra en las potencias. La incontenible oferta de dólares, emitidos sin ningún control desde la Reserva Federal estadounidense, a la postre genera que a cambio de nuestros recursos naturales nos están dando papel, ¡ni siquiera espejitos! En 1996 la inversión extranjera en minería era del 2,2% del total y para el año 2009 subió al 41%. Dicha inversión proviene de reconocidos paraísos fiscales, usados por las trasnacionales para evadir impuestos.

A partir de la obtención de títulos mineros se realizan múltiples formas de especulación financiera en las distintas fases del proyecto, desde la exploración hasta la explotación. Greystar Resources tiene 36 mil hectáreas en el páramo de Santurbán, cuyas reservas se estiman en 9 millones de onzas de oro y 59 millones de onzas de plata. Esa empresa lleva 15 años en Colombia y ha invertido 140 millones de dólares sin haber extraído un solo gramo de oro. Pero entre el 1º de enero y el 30 de septiembre de 2010 sus acciones tenían ganancias en la bolsa valoradas en 266 millones de dólares, que para colmo no pagan regalías ni impuestos. Greystar no está en el negocio de la explotación minera sino en el de la especulación financiera.

Para atraer al capital, el uribismo elaboró la “Política de promoción del país minero”, en la que afirma que en el contexto de la globalización y de los tratados de libre comercio “es quizás el sector que mejores posibilidades puede tener en el mercado internacional” y para ello la estrategia es incrementar la participación de reconocidas compañías mineras globales.

En respuesta al frenesí de Uribe Vélez por entregar el país, se desató un banquete de las trasnacionales por hacerse al control del territorio y con él a la soberanía colombiana. Hoy tienen en concesión más de siete millones de hectáreas de nuestro territorio y las solicitudes abarcan más de 40% del país.

El saqueo de los recursos naturales

Bajo la actual política minera, nuestros recursos naturales no renovables se han convertido en una maldición. Existe una relación directa entre los proyectos de las multinacionales y la miseria de los pobladores vecinos a la explotación. Tal es el caso de La Guajira y Cesar, los mayores productores de carbón y los primeros en necesidades básicas insatisfechas, enclaves coloniales que agravan las oprobiosas condiciones de comunidades, trabajadores y productores nacionales, que se ven irremediablemente desplazados de sus tierras.

La causa principal del desastre que sufre la nación en materia minera, es la política que la rige, diseñada para satisfacer intereses foráneos. El Estado fue llevado a abandonar la participación directa en la actividad y en la renta minera y se le relegó al papel de regulador y fiscalizador. Función que tampoco cumple, como lo expresa la misma Contraloría General; en un informe de 2009 advierte que “la información proveniente de los titulares mineros en el tema de regalías es en un alto porcentaje de buena fe, por cuanto [Ingeominas] no cuenta con elementos suficientes desde el punto de vista técnico y legal para controvertir o rechazar las liquidaciones de producción y cálculo de regalías que reportan los titulares mineros”. En estas condiciones, se revivió el colonialista contrato de concesión y se vendieron a menos precio las empresas mineras estatales.

La renta minera, migajas que dejan las trasnacionales

En el negocio minero, las compañías extranjeras siempre han tenido mayor participación que el Estado, dueño del recurso. Las regalías que deben pagar los privados por los recursos no renovables del subsuelo nacional son ridículas si se comparan con las que se pagan en otros países: en Bolivia son del 18% más un impuesto del 32%. En Chile la renta minera es del 50%. En Perú del 25%. En Colombia las regalías del carbón están entre 5 y 10%, las del níquel son de 12% y las efectivas en el caso del oro son de 3,2%.

El régimen de inversión extranjera especial con que cuenta la minería, otorga exenciones en materia tributaria tan altas que hacen de Colombia el país en América Latina con los costos de operación más bajos, y lo sitúan como el quinto país que mejor protege al inversionista a nivel global, según el Banco Mundial. Todo el poder del Estado está dirigido a proteger la inversión, con el artificio de que su mera llegada al país se traduce en beneficio y prosperidad para los colombianos. Asunto que ratifica el Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, cuando dice que la inversión extranjera “a menudo sólo florece merced a privilegios especiales arrancados a los Estados. (…) Privilegios que con frecuencia son el resultado de la corrupción, del soborno a funcionarios del gobierno. La inversión extranjera directa solo llega al precio de socavar los procesos democráticos”.

Santos aumentará el asalto a las riquezas nacionales

La minería es una de las cinco “locomotoras” que, según Juan Manuel Santos, “van a dinamizar el crecimiento económico y jalonar el resto de la economía”. En concordancia con lo establecido por su antecesor, la orientación de la política minera consiste en allanar el camino a los monopolios, al tiempo que se vale de ejército y policía para criminalizar a los pequeños y medianos mineros y despojar comunidades.

Informes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional destacan cómo las exportaciones de materias primas desde Latinoamérica se han convertido en la salvación del desempeño económico mundial y la razón por la cual la crisis de las potencias no ha sido peor: “El desafío a largo plazo es administrar bien esa bonanza y destinar esos beneficios en invertir en capital humano, construir infraestructura mejor y promover la innovación, elementos fundamentales del crecimiento sostenido”. Afirmación coincidente con las “locomotoras” de Santos y evidencia de que la salvación para las economías del Norte depende del mayor esfuerzo de las economías empobrecidas del Sur, con la profundización de las políticas neoliberales que son justamente la causa de la crisis.

Unidad de los colombianos para detener esta política

Las imposiciones económicas y militares de las potencias envilecen aún más las condiciones sociales y económicas de los colombianos. El cacareado crecimiento no es otra cosa que la despiadada extracción de la riqueza nacional.

El gobierno de Santos ahonda la “confianza inversionista”, lo que tiene de plácemes a las trasnacionales. León Teicher, presidente de El Cerrejón afirmó: “Así como el país fue afortunado de tener al presidente Uribe durante tantos años, también lo somos de tener al presidente Santos como gobernante (…) Yo creo que se nos volvió a aparecer la Virgen”.

Esas empresas sustraen los beneficios económicos, destruyen las comunidades, arruinan los sectores productivos y causan una grave afectación ambiental. La minería a cielo abierto es aún más rentable y más lesiva: En el entorno no puede existir una actividad diferente: donde hay minería a cielo abierto sólo puede haber minería a cielo abierto. No puede haber agricultura, ganadería o pesca, ni oportunidad para distinta los obreros. Una vez culminan los proyectos, se van del país sin responder por los inmensos daños que causan.

Las implicaciones de la minería a cielo abierto y las actuaciones de las trasnacionales vienen despertando cada vez más protestas de amplios sectores de la población colombiana; tanto en las regiones que ya sufren su presencia y como donde amenazan con llegar. Es urgente avanzar en la unidad de trabajadores, comunidades afectadas, pequeños y medianos mineros, comités ambientales, estudiantes e intelectuales, para incrementar la resistencia y la movilización que frene el avance de esta nefasta política minera y recupere el control soberano de las riquezas y del territorio para beneficio de las mayorías de los colombianos.