FRENTE COMÚN CONTRA PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 012

Por Raúl Arroyave A., fiscal de Fecode

Hace curso en el Congreso el proyecto de Acto Legislativo 012 que, de ser aprobado, traería graves repercusiones en los servicios de educación y salud para los sectores populares. Inició su trámite en la pasada legislatura y, sospechosamente, con gran rapidez tuvo voto positivo en las primeras cuatro votaciones, sin que el Congreso oyera las voces que desde las más diversas posiciones se han opuesto a su aprobación.

El debate que se avecina no es de poca monta. Como mostraremos en este artículo, es un enfrentamiento entre el régimen pastranista y todo el pueblo colombiano; el gobierno pugnará por sacar adelante sus antinacionales decisiones y el pueblo por impedir el golpe mortal a la educación y la salud públicas. De hecho, ésta, como casi todas las contradicciones que hoy afectan a la sociedad colombiana, reproduce la secular contradicción entre las imposiciones imperialistas y los intereses nacionales. Si se repasa el llamado Acuerdo Extendido con el Fondo Monetario Internacional, firmado entre el gobierno de Pastrana y ese organismo el 22 de diciembre de 1999, se lee a manera de diagnóstico que «las autoridades también han enfrentado dificultades en la administración fiscal, debido a la creciente participación de ingresos de destinación específica, y a que los acuerdos de distribución de ingresos corrientes que manda la Constitución no han estado debidamente acompañados de una reducción de los gastos del gobierno central». Para concluir: «El más importante de los esfuerzos para controlar el gasto público en el mediano plazo es el Acto Legislativo (una enmienda constitucional) que fue presentado al Congreso con el propósito de mantener constante en términos reales el valor de los fondos que se transferirán a los gobiernos locales bajo los acuerdos de participación en los ingresos corrientes de la Nación. Se espera que esta reforma que requiere la aprobación en dos sesiones del Congreso sea efectiva a partir de julio de 2001 y provea ahorros fiscales de 0.4% del PIB en el 2001, aumentando al 0.8% en el 2002».

Obedeciendo las órdenes del FMI, el proyecto de Acto Legislativo 012 pretende modificar los artículos 356 y 357 de la Constitución. Del 356 se elimina el situado fiscal y su destinación específica para «financiar adecuadamente los servicios de educación y salud», así como su concepción de ser un porcentaje creciente de los ingresos corrientes de la Nación. En su reemplazo se crea el Sistema General de Participaciones de las Entidades Territoriales, SGPT, y se equiparan, para efectos de su distribución, las funciones de los departamentos, distritos y municipios. Del artículo 357 se suprimen las participaciones de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación. Se establece que el SGPT ya no es un porcentaje sino una cifra fija, cuyo punto de partida son las transferencias actuales, incrementadas primero en la inflación causada más un porcentaje que va gradualmente de 1.5% a 2.5% en los próximos seis años, y, a partir de 2008, en el promedio del crecimiento de los ingresos corrientes de la Nación en los últimos cuatro años.

La reforma recorta drásticamente las transferencias a las regiones y elimina su destinación específica para salud y educación, desmontando así la responsabilidad del Estado en estas áreas fundamentales para el desarrollo del país. Todo para dedicar mayores recursos al pago de la deuda con que el capital financiero nacional e internacional y los organismos mundiales de crédito abruman a Colombia.

Con la creación del SGPT, y al transformarse las participaciones en una cifra fija, cuyo punto de partida es la suma de los rubros de las actuales transferencias, ya deficitarios, ese déficit existente se prolongará indefinidamente. Además, la distribución del SGTP quedará al arbitrio de una ley que anualmente podrá variar las asignaciones de acuerdo con los tejemanejes, el chantaje y el soborno que históricamente han caracterizado las relaciones del gobierno nacional con el Congreso.

La forma como está concebido el SGPT significa que en los próximos diez años las transferencias de la Nación a las entidades territoriales mermarán en 19 billones de pesos. «Este recorte de recursos traerá como consecuencia la limitación en 2.407.178 cupos en la expansión del régimen subsidiado de salud, equivalentes al 27% de su cobertura actual, y de 1.416.000 cupos en las escuelas públicas, reduciendo del 90% al 83% la tasa de cobertura esperada para el año 2010»,1 sumándose esto a los tres millones de niños y de jóvenes que hoy no atiende el sistema escolar colombiano, hecho que reconocen las propias estadísticas del Ministerio de Educación Nacional.

Con este nuevo atentado a la educación pública se pone en marcha el llamado «Nuevo sistema escolar», contrarreforma educativa del gobierno de Pastrana, financiada por el Banco Mundial, y cuyo campo de experimentación fue el destruido Eje Cafetero después del terremoto de 1999. Ahora se pretende que las escuelas y colegios se conviertan en empresas rentables, con autonomía administrativa, financiera y laboral, con rectores gerentes y con el principio de que, para poder subsistir, tienen que acudir a la venta de servicios. Ya no se habla de departamentalizar o municipalizar la educación, la nueva estrategia es la plantelización.

En desarrollo de las nuevas disposiciones constitucionales, los recursos del SGPT se distribuirán de acuerdo con los principios de «población atendida y por atender en los servicios de salud y educación; reparto entre la población urbana y rural y comunidades indígenas», 2 que intentan justificar el principio de subsidio a la demanda en contra de la financiación de la oferta. En la actualidad, aun con todos los problemas y limitaciones, la financiación del sistema educativo se sustenta en el pago de los costos; por ejemplo, la nómina de los maestros. En adelante, las transferencias de la Nación a las regiones se harán sobre la base de los pagos por capitación, los cuales pueden llegar a ser «focalizados» para atender a «los más pobres de los pobres», sumiendo la educación pública en profunda crisis, idéntica a la que afronta la salud, sector en el cual estas reformas se vienen aplicando desde 1994, con los desastrosos resultados de sobra padecidos por los sectores populares.

No contento con este golpe a las entidades territoriales, el gobierno impulsa otra reforma tributaria territorial, que unifica y eleva los cobros de los impuestos existentes y faculta a departamentos y municipios para crear nuevos tributos, que en su mayor parte irán a enjugar las voluminosa deuda que agobia a las entidades territoriales. Es el verdadero significado de la tan cacareada descentralización. Esto es muy grave, si se tienen en cuenta la pobreza y el desempleo que azotan a la población, la ruina de los sectores productivos provocada por diez años de modelo neoliberal y la quiebra de los entes territoriales, pues «aunque son solo siete los departamentos colombianos que hoy están en intervención económica, para fin de año podrán ser 20. El déficit de las regiones llegó a 1.440 millones de dólares».3 La situación es tan crítica que casi todos los departamentos tienen pignorados sus ingresos de los próximos diez o doce años, y esas deudas de los departamentos y ciudades obligarán a la mayoría de ellos a pagar entre uno y dos pesos por cada peso que tengan de ingresos. La propia estabilidad del sistema bancario está comprometida: «Si los entes territoriales declaran la moratoria de sus deudas, el sector financiero colapsa». 4

La reforma constitucional en ciernes crea el blindaje al drástico proceso de descentralización que descuaderna el país. Determina que la Nación no podrá reasumir competencias que hayan sido asignadas por la ley a los entes territoriales, ni tampoco podrá contribuir directa o indirectamente a su financiamiento. Pase lo que pase, cada departamento, municipio o plantel educativo se las tendrá que arreglar para resolver las estrecheces financieras que la reforma va a crear. Es la vía para que la educación y la salud dejen de ser un derecho para transformarse en bienes transables en el mercado, que sólo podrán ser adquiridos por quienes los paguen.

Para que el Acto Legislativo se convierta en reforma constitucional necesita una segunda vuelta a partir del 16 de marzo, fecha en la cual se reinician las labores del Congreso. Es por esto que la tarea del día para todos los sectores democráticos es la consolidación de un gran Frente Común para hundir este proyecto y arrancarle al gobierno la financiación adecuada para la educación y la salud públicas.

El proyecto de Acto Legislativo 012, sumado a las reformas pensional y laboral y a las demás situaciones explosivas de crisis social originadas por la apertura económica, hacen apremiante lograr una mayor unidad del pueblo en la defensa de sus intereses. El MOIR dedicará sin reservas todos sus esfuerzos a este patriótico propósito, tanto desde Fecode como desde todas las organizaciones de masas en las que ejerce su influencia. Con las demás fuerzas políticas, sindicales y populares, con las Centrales Obreras y el Comando Nacional Unitario y con todos los dirigentes democráticos y progresistas, engrosaremos el Frente Común contra la política neoliberal e impulsaremos una recia lucha de masas que desemboque en un gran paro nacional indefinido de los educadores colombianosw

NOTAS

1 Fescol-Federación Nacional de Concejales. El recorte a las transferencias a las entidades territoriales. 2 Proyecto de Acto Legislativo, art. 356. 3 El Tiempo. 18 de febrero, p. 1-4. 4 El Tiempo. Ibídem, página 1-5.