¡FUERA TROPAS GRINGAS DE COLOMBIA!

"Es evidente que lo que se adelanta en Colombia es una ocupación gradual pero descarada y un control en regla por parte de las fuerzas militares norteamericanas" dice el comunicado suscrito por los candidatos del MOIR .y el Bloque Democrático Regional. En 1942, el gobierno de Roosevelt le exigió al presidente Santos que autorizara la presencia de tropas norteamericanas en Colombia. Primero Santos y después López Pumarejo, en su segunda administración, se mostraron de acuerdo. Pero como el precepto constitucional exigía el consentimiento de los senadores, éste ideó la artimaña de que los documentos sólo mencionarían a las fuerzas aéreas y navales yanquis, pues el texto de la Carta únicamente prohibía el "tránsito de tropas".

Aun cuando el turbio asunto no pasó a mayores -como sí ocurrió en noviembre de 1903, cuando Estados Unidos, valiéndose de testaferros, le usurpó a Colombia la región de Panamá, que aún manipulaba a sus anchas-, sí resulta la anécdota ilustrativa de los tejemanejes altamente lesivos al interés de la nación, que se urden tras bambalinas para dar pronto cumplimiento a los dictados del imperio.

El arribo a Juanchaco y Bahía Málaga, a partir del 27 de diciembre, de 150 unidades del batallón de combate pesado número 46 de Fort Rucker, Alabama, perteneciente al cuerpo de ingenieros de la Marina y bajo el patrocinio del Comando Sur, con sede en Panamá, a todas luces y descaradamente pisotea la soberanía de Colombia. Al otorgar el visto bueno a la intromisión, Gaviria da pleno respaldo a los planes colonialistas de Clinton. Se trata nada menos que de legitimar una invasión a través de un par de memorandos suscritos el 29 de octubre de 1993 por Rafael Pardo Rueda, ministro de Defensa, y Morris Busby, embajador gringo. Ambos documentos, verdaderas cartas de piratería, constituyen prueba palmaria de que Gaviria y su ministro han incurrido en delito de lesa patria.

Los extraños sucesos que rodearon la firma de dichos testimonios dejan al descubierto el poder absoluto del que goza el representante diplomático de la Casa Blanca. El periodista Javier Darío Restrepo reveló que "hubo una prolongada y agitada visita del embajador de EU al ministro de Defensa"; y luego, "la reunión inmediata del ministro con los altos mandos, minutos antes de su fulminante trombosis".

No es la primera vez que tropas, barcos y aviones yanquis se pasean por territorio colombiano con patente de corso. Desde el comienzo mismo de su cuatrienio, Gaviria autorizó el ingreso de personal militar y el sobrevuelo de aeronaves pertenecientes a la Marina y a la Fuerza Aérea. En la actualidad, contingentes militares norteamericanos ocupan bases e instalaciones de radar en puntos estratégicos de la geografía nacional: una en San Andrés; otra en el resguardo de Monochoa, Araracuara; la tercera en Barrancón, junto a San José del Guaviare; otra en Leticia; dos en Puerto Asís y Puerto Leguízamo, sobre el río Putumayo; ahora en Bahía Málaga, emplazamiento estratégico del Pacífico suramericano, y varias más en algunos otros lugares, para un total de doce, según la cifra revelada por la Washington Office for Latin America, WOLA, citada por el periodista Germán Castro Caicedo. Se encuentran además construyendo una base fluvial en Puerto López, Meta -centro geográfico de Colombia, en vecindades de los enormes yacimientos de Cusiana y Cupiagua- y se proponen erigir otra en Magangué. Luego se viene inevitablemente un indefinido incremento de marines en los más disímiles lugares del país. Según la cifra admitida por el Ministerio de Defensa el 11 de enero, hay 259 soldados. Pero hay quienes afirman que el número de tales asciende por lo menos a un millar, sin contar a los agentes de la DEA que andan como Pedro por su casa en diversas ciudades. Su verdadero objetivo sería, según la WOLA, manejar a las fuerzas militares y a la policía y, además, completar una infraestructura básica y de comunicaciones controlada desde el Pentágono. A esto llama el diario El Tiempo "hechos baladíes".

Airadas voces de condena Los colombianos en su gran mayoría no tardaron en expresar su vibrante condena de la intrusión, que lleva trazas de convertirse en permanente.

Los precandidatos a la Presidencia Gabriel Melo Guevara, Rodolfo González, Rodrigo Marín Bernal, Enrique Parejo, Navarro Wolff y Maza Márquez hicieron público su repudio. Hasta el expresidente Misael Pastrana envió una carta al primer mandatario en que le expresa su inquietud porque el tránsito de tropas se cumpliera "sin sujeción a la Constitución".

El novelista Gustavo Álvarez Gardeazábal, alcalde de Tuluá pidió organizar comités de rechazo a la soldadesca.

Numerosos congresistas se mostraron "sorprendidos y consternados". El Partido Comunista y otros movimientos de oposición dejaron también sentada su enérgica voz de protesta.

La Confederación General de Trabajadores Democráticos CGTD, llamó a conformar un Frente por la Defensa de la Soberanía Nacional: "La opinión sabe muy bien cómo terminan la actividades de respaldo a la democracia que realiza Estado Unidos, desde Viet Nam, República Dominicana, Somalia y un aterrador etcétera".

El presidente de la Asamblea Departamental del Valle, Fredy Salas, así como varios concejales y organizaciones de Buenaventura, donde se halla situado el balneario de Juanchaco, repudiaron el acto de agresión.

Por su parte, López Michelsen como siempre, a su manera sibilna, buscando algo que no confiesa, respaldó a Gaviria en el argumento de que el TIAR no tenía nada que ver en la controvertida cuestión ni había que consultar, parlamento. Dijo: "Es lo que explica (...) que ejercicios militare semejantes a los que se están poniendo en práctica en la actualidad, hayan tenido ocurrencia por centenares de veces sin mayores polémicas".

Gaviria alegó que basaba su decisión en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, de 1947. Mas las versiones oficiales han sido tan encontradas que el columnista de El Tiempo, Armando Benedetti Jimeno, no vaciló en poner de manifiesto "los embustes y contradicciones del presidente". El 14 de diciembre de 1993, la embajada de Estados Unidos, antes incluso que el gobierno colombiano, anunció que en desarrollo de un ejercicio denominado Fuertes Caminos del Sur 94, tropas norteamericanas cumplirían labores de "asistencia cívica y humanitaria". El 21 de diciembre, en carta de respuesta a Misael Pastrana, el presidente Gaviria aseguró solemnemente que no había sido informado de la misión. El 5 de enero el mismo Gaviria notificó al país que los 150 soldados y las miles de toneladas de material servían al exclusivo propósito de construir una escuela y un puesto de salud. El 11 de enero, el Ministerio de Defensa admitió que los 259 soldados estaban en Colombia para combatir el narcotráfico y la guerrilla y prestando asistencia técnica a los radares instalados en diferentes sitios. Dos días después, el embajador colombiano en Washington, Gabriel Silva, explicó que "el objetivo es realizar ejercicios militares conjuntos en el área de ingeniería". El 20 de enero, Gaviria dijo que se trataba de construir "instalaciones civiles en apoyo a la comunidad de Juanchaco". El mismo día, el vocero del Pentágono, mayor Arnie Owens, informó que el ejercicio "demuestra el continuado respaldo al fortalecimiento de la democracia en Colombia" y que en ningún momento se trata de un operativo contra los narcotraficantes. Y finalmente, el primer magistrado habló de "operaciones, esas sí imprescindibles, para defendernos de la criminalidad y el narcotráfico".

El Consejo de Estado no admitió ninguna de estas argucias, y el 8 de febrero, por unanimidad, dictaminó que las tropas se encuentran en territorio colombiano desconociendo los requisitos previstos en la Constitución y hollando la soberanía. Y envió el prontuario a la Comisión de Acusaciones de la Cámara y a la Procuraduría. La nueva Carta, la de 1991, la surgida de un referendo anticonstitucional, la que dio pábulo a la imposición de la apertura económica, la que colmó al primer magistrado de mil facultades para exprimir al pueblo y cercenar los derechos de los trabajadores, también se ingenió los subterfugios para allanarle la senda en Colombia a las armas del imperialismo yanqui. Y esto último se desprende aun de la misma interpretación hecha por el relator de la reforma, el señor Gaviria.

Cabe agregar que dichas intervenciones vienen ocurriendo en casi todas las naciones de América, desde el asalto a Panamá en diciembre de 1989.

Mientras Colombia entera repudia al buzo de la Casa de Nariño, Washington lo considera su Quisling americano, viéndolo obviamente con buenos ojos como candidato a la secretaría de la OEA. El Colombiano, de Medellín, se interrogaba: "¿Vale la secretaría de la OEA una invasión norteamericana?" En contraste Francisco Santos, cavila: "¿Y para qué la soberanía?" Tal cual lo ha dicho el MOIR la lucha contra el narcotráfico fue y es un pretexto para invadirnos. Ahora la excusa son las escuelitas y los puestitos de salud.

Ante la farsa, acojamos el llamado de la CGTD: "Frente por la Defensa de la Soberanía nacional".


El 20 de enero La Prensa y El Espectador dieron a conocer el texto del Memorando de Entendimiento, firmado entre Morris Busby y Rafael Pardo Rueda el 29 de octubre de 1993. Miremos los apartes más elocuentes: Armas Según el artículo 19 del convenio, "el personal militar de Estados Unidos tendrá el mismo derecho de poseer y portar armas como lo tienen los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia". Nótese que Gaviria había negado en rueda de prensa que hubiera personal armado norteamericano.

Carácter de las fuerzas "Como se utiliza en este acuerdo, `personal de los Estados Unidos’ significa el personal militar de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos". El personal militar podrá llevar sus uniformes y tendrá rango diplomático. Los soldados no requerirán pasaporte ni visa para su estadía en Colombia, los conductores no necesitarán pases ni los vehículos matrícula.

Autorización de vuelos Estados Unidos podrá usar los aeropuertos y coordinará "el uso de las correspondientes instalaciones portuarias en Cali, Buenaventura y la base naval de Bahía Málaga o cualquier otro puerto que sea necesario, (...) el uso de las correspondientes pistas aéreas en Cali, Buenaventura, Juanchaco, y cualquier otra pista aérea que sea necesario". El memorando le permite a Estados Unidos suministrar el personal "para el control del tráfico aéreo (...) tanto para los aviones de ala fija como de ala giratoria" para manejar bandas preferenciales de radio. El compromiso faculta también a las fuerzas militares norteamericanas para realizar vuelos nocturnos de emergencia.

Plazo de la ocupación El término previsto para la presencia militar es "aproximadamente hacia el 28 de febrero", pero el acuerdo contempla una prórroga de seis meses.

Tarifas Los vehículos, barcos y aviones norteamericanos no pagarán tarifas de aterrizaje o portuarias ni peajes ni derechos de energía y anclaje. Tampoco cancelarán impuestos y no se admitirán inspecciones.

Basuras El artículo 20 del Memorando dispone que Colombia tendrá la obligación de eliminar "todas las basuras generadas por el ejercicio".