GANEMOS CON LA LUCHA LA DEROGATORIA DE LA LEY 100

Carta abierta del senador Jorge Enrique Robledo, en la que pasa revista a la situación de la salud pública en Colombia y llama a conformar un gran frente de lucha para salvarla.

Jorge Enrique Robledo, Senador de la República

Como han tenido que reconocerlo hasta connotados voceros del establecimiento, son tantos los sufrimientos que genera el Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia, que incluso constituye una escandalosa vergüenza nacional.

Entre las calamidades que origina este sistema sobresalen las siguientes:

¨Alrededor de 25 millones de hombres, mujeres, niños y ancianos no tienen ningún derecho en salud, porque por su falta de empleo formal o su pobreza no pueden pagarse la afiliación al régimen contributivo de las EPS o porque el Estado no ofrece los cupos suficientes en el régimen subsidiado de las ARS, los dos sistemas en los que, según la demagogia que se empleó para aprobar la Ley 100 de 1993, en este momento debía estar inscrito cada habitante del país; ¨La conversión de los insuficientes carnés del Sisben en un enorme instrumento de extorsión clientelista por parte de los mismos politiqueros que sostienen un sistema que excluye a más de la mitad de los colombianos; ¨La existencia de dos planes de atención a los enfermos según el tipo de intermediario de los recursos al que estén afiliados (los llamados POS): el de las EPS, de reconocida mediocridad, y el de las ARS, más deficiente aún, los cuales, en realidad, en su aplicación son peores que lo que dicen las normas que los rigen; ¨El escandaloso cierre de varios de los más importantes hospitales públicos, como el San Juan de Dios en Bogotá, el de Cartagena y el de Caldas, así como la grave crisis del resto de la Red Pública Hospitalaria, la cual funciona en medio de innumerables carencias y ha sido sentenciada a desaparecer o a acabar de convertirse en una caricatura de lo que debiera ser, a pesar de que en esos hospitales debe atenderse más del cincuenta por ciento de los colombianos que no se encuentran afiliados a las empresas que se enriquecen interme­diando la plata del sector; ¨El cada vez peor servicio que se les brinda a los pacientes en las clínicas del Instituto de Seguros Sociales (ISS), instituciones que podrían terminar por desaparecer; ¨El recrudecimiento de las enfermedades que como la tuberculosis y la fiebre amarilla llegaron a estar bajo control, reavivamiento que tiene como causas principales el empobrecimiento de los colombianos y la alarmante disminución de las medidas que previenen las enfermedades (incluidas las campañas de vacunación), a pesar de que la prevención es el fundamento de cualquier sistema de salud digno de ese nombre; ¨Y el establecimiento de la trampa como recurso de uso común de los intermediarios financieros (EPS y ARS) en las relaciones con sus afiliados y sus trabajadores, al igual que con las IPS públicas y privadas con las que, mediante acuerdos leoninos, contratan servicios hospitalarios y de laboratorio, entre otros.

También conspiran contra la salud de los colombianos las condiciones de trabajo que se vienen estableciendo en el sector, a partir de las retenciones de salarios y los despidos masivos en el ISS, las cajas y la red pública hospitalaria, así como la imposición en todas partes de un sistema de intermediarios con el que se oculta a los verdaderos patrones y se imponen los contratos a término fijo, el trabajo a destajo, la sobrecarga laboral, las bajas remuneraciones y la ausencia de prestaciones sociales, prácticas que les niegan a médicos, enfermeras y demás trabajadores del sector sus derechos laborales democráticos e incluso los presionan para que actúen en contra de los principios éticos que como profesionales de la salud juraron cumplir.

Las causas

Estas vergüenzas no ocurren porque sean insuficientes los dineros destinados a costear lo que podría ser la debida atención de la salud de los colombianos. No. Nunca en la historia del país había habido mayores recursos públicos y privados para atenderla. En efecto, tanto por las transferencias del presupuesto nacional, como por el incremento de los aportes de patrones y trabajadores –incluidas las cuotas moderadoras y los copagos que en la práctica les arrebatan los derechos de atención a muchos–, el gasto total en salud creció en términos reales en 39 por ciento entre 1994 y 2000 (Conpes 3204). Y la cobertura, que se usó de manera demagógica para embellecer en su momento la Ley 100, la norma que le dio origen al horror que se padece, es igual o menor ahora que antes de su vigencia, como lo muestran las cifras si se comparan sin astucias y no como suelen hacerlo quienes se benefician con lo que ocurre.

La explicación principal de por qué aumentaron los recursos y no mejoraron ni la cobertura ni la calidad del servicio carece de misterio. Antes de la Ley 100, cada centavo de origen público o privado que el país gastaba en salud (exceptuando la atención particular y la medicina prepagada) debía ir a médicos y otros especialistas, drogas y exámenes, hospitalizaciones y administración de los recursos. Pero con las normas neoliberales apareció un quinto costo que no existía: el privilegio que se le otorgó al capital financiero (EPS, ARS y ARP) para echarse al bolsillo, como utilidades y so pretexto de la administración de la plata, una suma enorme de dinero que se constituye en una especie de peaje que se le impone al sector y que de manera evidente hace falta para atender las necesidades nacionales en salud. Es tal el calibre del negocio creado, que se conoce el caso de una EPS que en diez años aumentó sus activos de 2.500 millones a 237 mil millones de pesos. Con razón, hace un lustro, los dirigentes de Fasecolda, la poderosa agremiación de las compañías de seguros, se relamían comentando que el negocio de la salud pasaría de representar el 2,5 al 39,2 por ciento en el total de sus ingresos.

La conversión del derecho a la salud de los colombianos en el negocio de unos cuantos que se lucran con el control monopolístico de lo que convirtieron en una vulgar mercancía que, como todas, tiene que venderse por más de lo que cuesta producirla, también explica el apare­cimiento de otras dos situaciones indeseables. Por un lado, el sinfín de prácticas maliciosas con las que EPS, ARS y ARP, fieles a la máxima de que mientras menos gasten más ganan, aumentan sus utilidades a costa del bienestar y la vida de los colombianos y de la propia estabilidad de las IPS que no les pertenecen, y, por el otro, unas condiciones laborales inicuas para quienes trabajan en el sector, condiciones que también imposibilitan la buena calidad de la atención a los enfermos.

La gravísima crisis en que se debaten las clínicas del ISS también puede explicarse sin dificultades. Es obvio que el negocio de la salud que se decidió montarle al capital financiero solo era viable si se golpeaba al ISS, arrebatándole sus cotizantes y, ojalá, dejándole iguales o incremen­tándole sus costos, de manera que se quebrara, realidades que con todo descaro se fueron definiendo desde la propia dirección del Estado. Por ejemplo, y cuando ya se conocen hasta los nombres de algunos de los corruptos que facilitaron el desastre, durante tres años y medio se le prohibió al Seguro hacer afiliaciones, mientras que simultáneamente se orquestó en su contra una campaña de desprestigio que facilitó que los intermediarios de la salud le sonsacaran buena parte de sus afiliados. Y en el colmo de la mala fe, al mismo tiempo se impuso una selección adversa de los afiliados, es decir, se organizaron las cosas para que la casi totalidad de los pacientes que padecen enfermedades de alto costo quedaran a cargo del Instituto.

La red pública hospitalaria hizo crisis porque el Estado le ha transferido al negocio de las ARS que manejan el Sisben recursos que ha debido trasladarle a dicha red y porque no les ha pagado a sus hospitales todos los costos que tienen por atender a los llamados «vinculado», como califican a los millones de colombianos que no están vinculados ni al régimen contributivo ni al subsidiado. Sus problemas también se explican porque ha sido víctima de las maniobras de las EPS y ARS en su contra, tanto porque no le cancelan como debieran los servicios que le contratan, como porque le contratan cada vez menos en la medida en que éstas se dotan de su propia infraestructura, integrándose verticalmente, lo que también afecta negativamente a las IPS privadas que no son de propiedad del capital financiero. Son tales las ambiciones de integración vertical de estos monopolios, que ya hay EPS que anunciaron su interés en crear su propias facultades de medicina. Y también cuenta en la tragedia de los hospitales públicos la decisión oficial, que retrata de cuerpo entero al uribismo, de tener billones de pesos del Fosyga invertidos en TES y CDT.

En conclusión, puede demostrarse que mueren más colombianos por causa de la Ley 100, que por todas las violencias que nos martirizan.

¿Qué hacer?

Ante el innegable deterioro de las condiciones de salud impuestas por el sistema vigente, hoy se contraponen dos posiciones principales. La que defiende el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien fuera ponente en el Senado de la Ley 100 hace una década, y que por representar los intereses de los intermediarios considera que la crisis debe aprovecharse para retocar las normas actuales en el sentido de profundizar la privatización y aumentar la concentración del negocio en manos del capital financiero, muy de acuerdo con las aspiraciones de las trasnacionales que operan en el sector y con una política que pretenden convertir en inmodificable mediante el TLC con Estados Unidos, acuerdo en el que, además, se pactarían normas contrarias a la producción de buenos y más baratos medicamentos genéricos. Y la que con cada vez mayor claridad venimos expresando los sectores democráticos del país, y en especial los trabajadores de la salud, que propone un cambio de fondo que debiera empezar por consagrar en la Constitución que la salud es un derecho fundamental, tal y como lo ha planteado la Federación Médica Colombiana.

De este cambio de fondo debiera derivarse que no podrá haber parasitismo financiero obteniendo ganancias de los aportes públicos y privados que hoy manejan EPS, ARS y ARP. Esa transformación implicaría, además, la derogatoria de la Ley 100 y su sustitución por otra que, entre otras cosas, garantice un sistema nacional de salud de cubrimiento universal y alta calidad, la defensa del ISS, de la Red Pública Hospitalaria y de las demás instituciones públicas que requiere el buen funcionamiento del sector, y que sus trabajadores tengan condiciones dignas de vida y de trabajo.

¿Cómo hacerlo?

Pero no es posible ninguna transformación positiva en este aspecto si no se empieza por entender que ella no podrá ser el producto de la simple presentación de un excelente proyecto de ley o de acto legislativo por parte de los parlamentarios progresistas. Porque no hay ni la menor posibilidad de que las mayorías en el Congreso, que son, de lejos, bien uribis­tas, vayan a someterse con toda mansedumbre a decidir en contra de los intereses que representa su jefe, que, se sabe, son los del capital financiero que se lucra a reventar con el negocio del que disfruta. Una propuesta legislativa que no se respalde con una enorme movilización ciudadana, tan grande que sea capaz de derrotar a los neoliberales en este caso, podrá servir para «hacer política», pero no para modificar a fondo el sistema de salud, que es a lo que debe apuntarse.

Mi invitación cordial, entonces, apreciados médicos, enfermeras y demás trabajadores de la salud, es que ustedes, a través de sus organizaciones, nos convoquen a una gran unidad de todos los demócratas de Colombia (sindicatos, agremiaciones, academias, organizaciones de pacientes, sectores políticos democráticos, congresistas, etc.) para llegar a acuerdos en, por lo menos, dos aspectos fundamentales cuyos términos habría que especificar. Primero: que de lo que se trata es de lograr un cambio de fondo, estructural, en las normas que rigen la salud en el país. Y segundo: que para lograr esa transformación profunda trabajaremos con la paciencia y persistencia que sean del caso para crear la organización y la fuerza social necesarias para derrotar, mediante la lucha civilizada y democrática, pero mediante la lucha al fin y al cabo, a quienes también en este aspecto representan intereses contrarios al progreso de la Nación.

Ya hay suficiente experiencia para entender que la Ley 100 se aprobó para montarle un negocio a un puñado a costa de la salud y la vida de los colombianos. Y ya se sabe también que las buenas ideas que no se respaldan con la suficiente fuerza social y política no pueden convertirse en normas legales en ninguna sociedad.