"INMINENTE, BANCARROTA DE LA SALUD PÚBLICA"

Aldo Cadena

Sindess fue quizá el sindicato que más aguerridamente batalló a lo largo de 1997. Sus miles de afiliados, en unidad de acción con Anthoc y otros gremios, realizaron huelgas en febrero, junio y noviembre, y estuvieron a punto de irse a otro cese a comienzos de octubre. En las cuatro ocasiones, sus tenaces combates estuvieron enfilados a obtener la nivelación salarial, conquista que a la postre se ganó casi en todas partes, y a rechazar la privatización que se viene imponiendo, mediante la conversión de los hospitales en Empresas Sociales del Estado, ESE.

Aldo Cadena Rojas, presidente de Sindess, destacó que, como fruto de la lucha, la organización consiguió echar raíz en Bogotá, Boyacá y Caldas, donde nunca antes había tenido fuerza. En Bogotá coronó el año con más de mil afiliaciones, y en Caldas alcanzó a crear 27 subdirectivas.

En un sector en el cual la política oficial ha consistido en fragmentarlo buscando hacer de cada pequeño hospital una empresa, constituyó otro avance de enorme trascendencia haber impuesto la negociación nacional, según el dirigente.

Aldo Cadena, nacido en el Cesar, es miembro del comité ejecutivo de la CGTD, integrante de la Comisión Obrera Nacional del MOIR y uno de los candidatos de nuestro Partido al Senado de la República.

TR. ¿Cuáles fueron los objetivos que ustedes formularon al empezar 1997?

Aldo Cadena. Teníamos en mente una inquietud: ¿cómo unir al sector de la salud para atacar a fondo la Ley 100? Comenzamos por plantear una reivindicación básica: alcanzar la nivelación salarial. Había de por medio un gran obstáculo, el decreto 439 de 1995, que descargaba sobre departamentos y municipios la responsabilidad de ese incremento, liberando de sus obligaciones a la Nación. El decreto, además, les abría a los entes territoriales la posibilidad de no hacer efectivo el aumento cuando no hubiera "disponibilidad presupuestal". Y permitía, en caso de otorgarse, que las autoridades lo fijaran según los topes mínimos. La nivelación, por lo tanto, o no había llegado a materializarse, o sólo había sido parcial.

Convencimos a los trabajadores de que la única salida era luchar. Aclarando, eso sí, que la pelea meramente reivindicativa debe enmarcarse en otra mucho más crucial y de mayor alcance: derrotar la política privatizadora, punta de lanza de la apertura imperialista, cuya meta no es otra que traspasar a dos o tres consorcios extranjeros los recaudos de la seguridad y la asistencia social. Este segundo punto se ha venido entendiendo poco a poco, al calor de las movilizaciones.

TR. ¿Cuáles fueron las banderas de Sindess en el paro estatal?

Aldo Cadena. El año pasado hubo un hecho en Colombia tal vez sin precedentes: el paro nacional de los 800 mil trabajadores del Estado, del 11 al 18 de febrero. Nuestro sector figuró entre los más activos. Miles y miles de asalariados se sumaron a él en hospitales y centros de salud.

En lo tocante a nuestras exigencias, el acuerdo final suscrito con Samper consagraba que la nivelación salarial debía sujetarse a los topes máximos; que se negociaría para el orden nacional y no pueblo por pueblo, y, en tercer lugar, que a los intermediarios privados se les pondrían ciertos límites y controles. Es bien sabido que las ARS, o Administradoras del Régimen Subsidiado, creadas por la Ley 100, cuya función es manejar los dineros que se les descuentan a los asalariados con el supuesto propósito de subsidiar a los insolventes, se apropian el 60% o más de esos recursos, convirtiéndose en gabela tan suculenta, que allí es donde se concentra lo más jugoso del negocio para los monopolios particulares.

TR. En febrero, ustedes concurrieron al paro convocado por las centrales. En junio, en cambio, les tocó salir solos.

Aldo Cadena. Es cierto. Aunque la CUT, la CGTD y la CTC habían aprobado el paro desde mayo, el gobierno maniobró para aislarnos. En los días previos, el ministro de Hacienda anunció que iba a hacer efectivas adiciones presupuestales para ver de cumplir lo acordado en febrero. En ese momento, nuestra nivelación salarial costaba 154 mil millones. Al decretar las adiciones, el gobierno dejó por fuera a la salud.

¿Qué otra salida nos dejaba si no paralizar los hospitales? El 3 de junio dimos inicio al movimiento, el segundo del semestre. Duró quince días. El gobierno lo declaró ilegal en cuatro sitios, pero aun así, vimos que se fortalecía con decenas y centenares de activistas, incluso en municipios donde jamás había estado antes ni uno solo de nuestros dirigentes. En Caldas, por ejemplo, la gente nos llamaba mañana y tarde a pedirnos orientación. Allá dirigimos el paro a punta de teléfono. En Bogotá, en febrero, había un sector de trabajadores renuente a participar; en junio, hubo cese de actividades por lo menos en cinco hospitales.

La ministra de Salud se había dado la insólita licencia de marcharse de vacaciones, confiando en que la huelga muriera por sí misma antes de cuatro o cinco días. El de Trabajo, no menos displicente, empacó sus maletas y se marchó a Ginebra. Ambos tuvieron que volverse a toda prisa para hacer frente a la emergencia.

El acuerdo suscrito resultó favorable, con algunos avances de significación frente a lo convenido en febrero. En primer lugar, la Nación aportaba 75 mil millones; se le dio plazo para girarlos hasta el 30 de septiembre. Segundo, al personal de cierta antigüedad se le estipularon garantías para su posterior vinculación a la carrera administrativa. Tercero, se creó una comisión multilateral, con participación de gobernadores y alcaldes para discutir la descentralización. Y cuarto, se impusieron nuevos controles a las ARS. Cabe, entre ellos, destacar dos: plazo de 40 días para cancelar a las IPS (Instituciones Prestadoras de Salud) las cuentas facturadas, cuando antes se demoraban hasta seis meses, y obligación de asignar por lo menos 80% de los recaudos al pago de los servicios de salud de los usuarios, lo que permitirá ampliar el número de enfermedades cubiertas por el seguro subsidiado.

TR. ¿Cuáles fueron las razones que los llevaron en octubre a decretar un nuevo paro?

Aldo Cadena. Cuando el 30 de septiembre el gobierno procede a girar los 75 mil millones de pesos a los que se había comprometido en junio, ya el déficit de los hospitales iba en 120 mil millones. ¿Qué ocurrió entonces? Que en lugar de pagar con esas platas la nivelación salarial, las administraciones locales decidieron usarlas para medio salir de afugias. Ésta ha sido la eterna historia, que tiende a empeorar, pues antes la Nación podía recurrir por lo menos al situado fiscal para ayudar a municipios y departamentos a llenar los huecos. La ley 60 y la ley 100, alegando la descentralización, tapiaron esa puerta.

La manzana de la discordia, en el aspecto reivindicativo, seguía siendo entonces el punto de la nivelación, pues si no se materializaba este aumento, el gobierno nos impondría un incremento para 1998 sobre el salario de 1996, perdiendo lo conquistado.

De manera que aprobamos el paro en asamblea y nos pusimos a prepararlo. Logramos el acuerdo el 6 de octubre a la madrugada, es decir, poco antes de la hora cero. En él se comprometió el gobierno a aportar otros 25 mil millones, y a poner nuevos límites a las ARS, obligadas ahora a destinar a contratación 88% de sus recaudos, con lo cual volvió a ampliarse la gama de las patologías cubiertas por el régimen subsidiado.

Aunque Bromberg, el sucesor de Mockus, había señalado que los acuerdos pactados con la Nación no comprometían al Distrito, la presión de los trabajadores lo forzó a sentarse a la mesa de negociaciones y a firmar que la Alcaldía entregaría un peso por cada uno que diera la Nación.

TR. ¿Por qué tuvieron que parar en noviembre?

Aldo Cadena. La nivelación en el Distrito costaba 19 mil millones de pesos y la Nación había girado apenas un poco más de 3.900. Sobre los casi 16 mil restantes, el gobierno, días después, pagó los 8 mil que le correspondían. Quedaba faltando la mitad del alcalde.

Pero Bromberg aprovechó la coyuntura para tender sobre el camino una celada: se obstinó en que no giraría los dineros mientras no fueran convertidos en ESE todos los hospitales del Distrito.

Nosotros señalamos que la Empresa Social del Estado, ESE, representa una puerta trasera hacia la privatización total de la salud pública. Se trata de entidades autónomas financiera y jurídicamente, sobre las que el Estado no tiene obligación y que en forma exclusiva irán a depender de la venta de sus propios servicios. Nos vimos obligados a salir a la huelga, la tercera del año.

El paro en Bogotá, que duró más de un mes, se llevó a cabo en condiciones sumamente adversas, por la actitud cerril del alcalde Bromberg, las vacilaciones de la mayoría de concejales y la agresividad de la policía. En contraste, cabe resaltar la combatividad de los trabajadores y el solidario apoyo de las comunidades en los barrios. Aun cuando Bromberg amenazó a los activistas con hacerles perder el aumento si continuaban en la lucha, la gente no se dejó arredrar.

Fue el Concejo de Bogotá el que vino a la postre a desequilibrar el fiel de la balanza. Aunque las combativas movilizaciones habían logrado que el Concejo hundiera en cinco oportunidades la intentona privatizadora, los timoratos y asustadizos concejales cedieron ante el chantaje esgrimido por el alcalde, aprobando finalmente el proyecto que convertía en ESE los hospitales.

Aunque el hecho significa un duro revés, que no hace más que reflejar la desigual correlación de fuerzas entre los vendepatria que controlan el gobierno y los patriotas, en dos pequeños pero sustanciales aspectos se alcanzó a malograr la táctica de Bromberg: primero, el Distrito deberá asumir los déficit de los hospitales, y, segundo, se compromete a mantener la estabilidad de cada asalariado, a no tomar represalias y a suspender los procesos disciplinarios.

El problema continúa. En el oscuro porvenir no se vislumbra sino la bancarrota. A 200 mil millones de pesos asciende el déficit actual hospitalario en el país, que no hay forma de resolver mientras Samper no aporte los 300 mil millones que adeuda todavía el gobierno.

De manera que la pelea, esto es inevitable, tendrá que continuar.

Es tal la quiebra hospitalaria como secuela del alud privatizador, y tan grave la amenaza de total bancarrota, que plata que entra para nivelación salarial o para cumplir el resto de los pactos es plata que se gasta allí mismo en otras necesidades urgentes y elementales: pago a proveedores, instrumentos de aseo, material quirúrgico. Al paso que vamos esto se está convirtiendo en un barril sin fondo. Tal es la gran dificultad que seguimos enfrentando y que sólo tendrá solución con el combate nacional.