LA FARSA DEL REAJUSTE DEL SALARIO MÍNIMO

En un vano intento por disminuir los efectos políticos de la carestía, el régimen turbayista reservó para el 2 de enero la divulgación del decreto acerca del nuevo salario mínimo, definido desde mediados de diciembre, y anunció un ridículo aumento del 18% en los sueldos de empleados públicos y maestros. Pero ni los ministros ni los editorialistas de la gran prensa engañaron a nadie: para la inmensa mayoría de la población es evidente que los reajustes se esfumaron apenas decretados, y no hay quien crea en la demagógica campaña presidencial de “control” a unos especuladores que, si se quisiera corregir el mal, deberían ser buscados no en las tiendas de barriada, sino en las juntas directivas de los pulpos financieros.

El DANE admite que entre enero de 1978 y enero de 1979, el costo de la vida aumentó en un 21.3%. Pero los colombianos saben por experiencia que los datos oficiales son acomodados. La inflación cobra proporciones alarmantes, y en los últimos cinco años, la capacidad adquisitiva del ingreso real del trabajador colombiano se ha reducido en más del 50%.

Triste papel de algunas centrales A comienzos del año pasado, las cuatro centrales obreras (UTC, CTC, CSTC, y CGT), informaron que se proponían exigir un alza general de salarios del 60%. En junio difundieron la noticia de que presentarían al nuevo gobierno un pliego nacional de peticiones; en agosto, ya posesionado Turbay, lo repitieron; en septiembre proclamaron la necesidad de un salario mínimo único, y en octubre, cuando se produjo el alza en los combustibles y el transporte, declararon una “emergencia obrera” y demandaron nacionalización del transporte, tarifas diferenciales en la gasolina, aumentos en el subsidio para obreros y empleados y congelación del valor de 20 artículos de consumo básico. Pero todo era ruido de latón. Manuel Felipe Hurtado, presidente de la CTC, afirmaba al mismo tiempo que había “un buen entendimiento con el gobierno. Y vino el anuncio de la UTC y la CTC de que asistirían a la reunión cumbre tripartita” con el gobierno y los patronos “sin estériles prevenciones”, y que sólo debatirían el jornal mínimo, porque el Ejecutivo “no tiene facultades” para decretar un alza general de salarios.

Al llegar el 23 de noviembre, fecha de instalación del Consejo Nacional de Salarios, los restantes componentes del denominado Consejo Nacional Sindical aceptaron de hecho que al Palacio asistieran solamente las centrales de trayectoria patronal y gobernista. Y así comenzaron las negociaciones “tripartitas”, bajo la batuta de los patronos, con el gobierno de los patronos y los agentes sindicales de los patronos, en trío de alabanzas a la política de “concertación”de Turbay Ayala.

Avivatada de Anif Días antes de la instalación del Consejo salarial, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, que agrupa las entidades más poderosas del país, dejó filtrar a la prensa un informe “confidencial, en el cual se consideraba que para que una familia de cinco personas “adquiera los bienes y servicios mínimos deseables de bienestar”, sus ingresos “ideales” deberían ser de $11.780. No obstante, el documento decía que “el 75% de hogares bogotanos no tiene acceso a la canasta familiar para obreros, que es en la actualidad de $7.200 mensuales”, y que los trabajadores habían perdido, en siete años, 71 del poder adquisitivo de sus ingresos diarios, a pesar de haber sido reajustados en 3.5 veces durante el mismo lapso.

Una vez divulgado el informe, algunos sectores empresariales que creyeron que Anif estaba proponiendo un salario mínimo de $11.780 pusieron el grito en el cielo. De inmediato el presidente de la Asociación, Ernesto Samper Pizano, aclaró el embrollo que produjo su infidencia, explicando que él se refería a un “salario familiar” consistente en que para el sostenimiento de una familia no basta el ingreso de uno de sus miembros, sino que es necesario que trabajen tres. Con esa lógica no habría que subir los jornales sino obligar a que labore toda la familia; y ello en un país donde la cuarta parte de la fuerza de trabajo no encuentra empleo.

Los verdaderos beneficiados Después de haberle hecho el juego a la oligarquía vendepatria, dentro de la consabida pantomima de tire y afloje, de declaraciones altisonantes y actitudes rodillonas, estos profesionales del esquirolaje, los voceros de la UTC y CTC, optaron, al término de la función, por retirarse del Consejo de Salarios, convencidos de que en esta forma la clase obrera no calaría la componenda. Poco después se notificó oficialmente que el salario mínimo quedó, para las capitales, en $115 diarios, y para las ciudades intermedias y el campo, en $105. La medida presentó un contraste brutal con la sanción presidencial del reajuste para los parlamentarios en un 100%. Turbay se excusó arguyendo que aunque no se tomaron en cuenta sus sugerencias, el alza de las dietas al fin y al cabo “no es inconstitucional”. Además, se trata de un “congreso admirable” – como lo bautizó -, que había aprobado sin chistar los proyectos del gobierno.

A todas éstas los magnates se frotaban las manos de dicha. Mientras declaraban a la prensa que el nuevo salario era “muy justo”, los presidentes de la Andi, Afidro, Fedemetal, Cotelco, Fenalco, Fasecolda, Confecámaras, Analdex, Anif, la Sac y la Asociación Bancaria reconocían que en 1978 había sido, en lo económico, “un año excelente”. Y no sólo ese año. En 1977, por ejemplo, las corporaciones financieras, las sociedades de capitalización, las compañías de seguros y la banca, vale decir, los grandes usureros del país, dependientes del imperialismo norteamericano, obtuvieron utilidades por cerca de 4.500 millones de pesos, según sus estadísticas públicas, que ocultan ganancias para evadir impuestos.

Perspectivas de combate El “nuevo salario mínimo”, con todo y lo irrisorio que es, en la mayoría de los casos no se hará efectivo porque los patronos – y en especial los terratenientes - conocen de una y mil triquiñuelas para escamotearlo. Pero pretenderán utilizarlo para explicar el alud inflacionario con que se quiere sepultar al pueblo. Desde cuando subió la gasolina, por exigencias de los monopolios petroleros yanquis, era previsible la racha de alzas que ahora vive el país. Enero lo confirmó. Y las alzas son el despojo generalizado a las masas trabajadoras. Los obreros, campesinos y gentes del pueblo, sumidos en la pobreza y agobiados por las necesidades, condenados por el imperialismo y la oligarquía a un mísero nivel de vida, han empezado a comprender que para defender sus intereses no existe otro camino que la lucha. Tal y como ocurrió en 1978 y en los años anteriores, 1979 será para Colombia un nuevo período de combate de los oprimidos contra los opresores.