LA FLEXIBILIDAD LABORAL, PATRAÑA IMPERIALISTA.


Carlos Valverde

El gobierno ha lanzado el más grave desafío a la clase obrera colombiana. Mediante tres proyectos de ley -el de reforma del Código Sustantivo del Trabajo, el que compendia normas sobre empresas asociativas y cooperativas, y el de racionalización del gasto público-, pretende envilecer los salarios y arrasar las convenciones colectivas y todo vestigio de estabilidad laboral. Con la realización del Paro Cívico Nacional, convocado por las centrales y otras organizaciones el próximo 31 de agosto, el movimiento obrero se prepara a rechazar tan siniestra ofensiva.

Las reformas buscan eliminar el pago del salario mínimo legal, las prestaciones sociales y la jornada máxima a los jóvenes, a través de los llamados contratos de aprendizaje, que antes se pactaban solamente por intermedio del Sena y que ahora se permitirá hacerlo a cualquier empleador. De esta manera se golpea al Sena, mientras el gobierno y sus aúlicos parlotean sobre la importancia de capacitar la mano de obra y de formar «capital humano». Una vez terminado el periodo de aprendizaje, el trabajador no tendrá derecho a devengar el sueldo mínimo establecido en la convención de la empresa, sino sólo el de ley.

Con la mira de lograr una más intensa explotación y a menores costos, se establece una jornada de 18 horas, que se distribuirán a voluntad del patrón, a lo largo de la semana, incluyendo los domingos y las horas nocturnas, sin el pago de prestaciones ni recargos. Este tipo de jornada laboral se autoriza también para los menores de edad.

Las medidas pastranistas buscan también permitir contratos de trabajo temporal en los días domingos, por el salario mínimo y sin ningún tipo de recargo. La jornada diurna se prolonga hasta las ocho de la noche para eliminar el pago del trabajo nocturno a un gran número de asalariados.

El proyecto de reforma del Código dispone que las nuevas empresas gozarán de una rebaja de 50% de las cargas parafiscales que se pagan a las Cajas de Compensación, al Sena y a los Seguros Sociales, que verán severamente disminuidos sus ingresos.

Todas las convenciones colectivas quedan en entredicho. Éstas se pueden «revisar» cuando se presente a la empresa o al empleador cualquier «anormalidad». Si los trabajadores no aceptan, lo podrá hacer un tribunal de arbitramento. Con el mismo propósito, se permite el cierre y liquidación de empresas y la suspensión de actividades hasta por 120 días, sin autorización del Ministerio del Trabajo.

Se elimina la unidad de empresa, con lo cual los monopolios podrán abrir plantas en las que no regirá la convención, mientras van desmontando las unidades en las que hay sindicato y convenciones vigentes.

Los trabajadores con más de diez años de antigüedad son uno de los blancos del nefasto paquete. Ellos podrían ser despedidos con el pago de una indemnización de 20 días por año laborado, la mitad de lo establecido actualmente.

Las llamadas empresas asociativas y cooperativas, a las que se les permitiría desempeñarse en todo tipo de actividades, contratarían trabajadores que no hagan parte de las cooperativas, y no regiría para ellos el Código Sustantivo, sino los estatutos de la empresa. Con ese mascarón, las compañías de trabajo temporal podrán eludir cualquier norma de protección laboral que aún persista.

Mediante el proyecto de Ley 219, que cursa en el Senado, el régimen se propone eliminar la retroactividad de las cesantías y pensiones especiales que todavía conservan importantes sectores del proletariado.

Todo lo anterior hace parte de las exigencias del FMI que buscan rebajar el costo de la mano de obra para que los monopolios, en particular los norteamericanos, puedan competir con éxito en los mercados del mundo.

Los voceros oficiales justifican las reformas contra los asalariados como una manera de reducir el desempleo y de favorecer la reactivación de la economía y de la producción industrial. Pero los únicos beneficiarios serán los grandes pulpos financieros y las multinacionales, que ganarán pagando salarios miserables en pesos mientras venden en dólares en el mercado internacional.

Con las mismas argucias defendieron los gaviristas la ley 50, y el desempleo no ha hecho nada distinto que acrecentarse, mientras la producción nacional se ahoga en un mar de importaciones dentro del marco de la apertura económica. Los industriales reconocen como su principal dificultad la caída de la demanda, la cual se debe a la reducción de los ingresos de la población.

La rebaja de los salarios, por tanto, perjudicará aún más a los productores nacionales. Las reivindicaciones de los obreros no chocan sino que alientan el progreso de la industria y de la agricultura nacionales. Por ello, el 31 de agosto un enorme haz de patriotas saldrá a las calles a rechazar las medidas antinacionales del pastranismo.