LA UNIVERSIDAD TAMPOCO ESCAPA A LA REACCIONARIA EMBESTIDA

Miguel Pardo

En diciembre pasado, en medio del alud de normas que se volcó sobre el país a la sombra de la nueva Constitución, el régimen gavirista expidió la ley 30 de 1992, "por la cual se organiza el servicio público de la educación superior".

Su antecedente inmediato es el Plan de Apertura Educativa, que señaló dos orientaciones básicas: la privatización y el recorte de los derechos democráticos.

En lugar de resolver la asfixia económica de las universidades, la ley 30 a la política de autofinanciación anunciada por el Plan. A la lista de exacciones pecuniarias que pesaba sobre el estudiantado, la ley 30 acentúa la política de autofinanciación anunciada por el plan. A la lista de exacciones pecuniarias que pesaba sobre el estudiantado, la ley llega al extremo de cobrar por aparte el uso de canchas, computadores y baños, autorizando un sobreprecio del 20% en la matrícula con el eufemismo de "derechos complementarios. Y ha excluido del llamado “bienestar estudiantil” las residencias, las cafeterías subsidiadas y el servicio médico.

La universidad se ve compelida a buscar parte de sus recursos en la venta de servicios. La investigación no podrá entonces abordar los temas que interesan a profesores y estudiantes, sino los que defina la entidad que financia, asuntos casi siempre contrarios a las conveniencias de la nación.

De esta manera, las instituciones de enseñanza superior no pondrán sus recursos humanos y físicos al servicio de objetivos académicos sino de actividades de "extensión", en procura de los ansiados pesos.

Los claustros docentes se convertirán en simples herramientas al servicio de la maquila y en capacitadores de la mano de obra que ésta requiera y de tan bajo nivel como el de las empresas usuarias. El Departamento Nacional de Planeación se encargará de velar porque así ocurra.

El siguiente paso consistirá en la importación masiva de profesionales extranjeros, como lo ha venido repitiendo el ministro Rudolf Hommes.

Dentro del modelo económico planteado, además de la maquila, el gobierno fomenta las ruinas de la microempresa, la otra alternativa a la quiebra de la producción nacional. ¿Qué interés tendrá entonces en impulsar una universidad racional, científica y popular? ¿Cuántos ingenieros podrán necesitar los talleres artesanales que, como las maquilas de Don Matías, Antioquia, se reducen al mero ensamblaje de piezas o a armar pantalones?

Atentado contra la democracia y la autonomía Con la reforma, el ejercicio de los derechos democráticos se torna aún más difícil. El Consejo Superior instaurado por la ley 30 coloca a estudiantes y profesores en franca desventaja, pues cada uno de estos estamentos cuenta con un solo escaño, de los nueve que lo componen. Los demás organismos de gobierno van a desempeñar simplemente funciones asesoras de la rectoría o del Consejo Superior. He aquí otra típica manifestación de la "democracia participativa", en la cual las decisiones quedan en manos de una camarilla.

Los restantes derechos democráticos no reciben un mejor tratamiento. La libertad de cátedra y la de asociación seguirán en entredicho, ya que pende sobre los docentes ser desmejorados, por cuanto su vinculación se llevaría a cabo sin estabilidad y con escasas reivindicaciones laborales.

Queda restringida también la autonomía de la universidad pública. El Art. 28 de la ley, en espesa parrafada, estipula una serie de cobros excesivos al estudiantado y consagra un sinnúmero de limitantes, cual lo ejemplifican las omnímodas atribuciones entregadas al Consejo Nacional de Educación Superior, Cesu, organismo extrauniversitario que reemplazó al Icfes. En contraste, a la educación privada sí se le respetan sus fueros.

El gobierno pretende dar el puntillazo con el nuevo sistema de "bienestar universitario", mediante el cual aspira a poner bajo su égida al movimiento estudiantil.

En estas circunstancias resulta imperioso unificar y movilizar a los estudiantes colombianos en la defensa de una universidad totalmente financiada por el Estado, que se ponga al servicio del interés nacional, de la ciencia y de las masas.

Se requiere constituir cuanto antes una organización gremial que tenga como característica la democracia interna y la independencia frente al gobierno, dotada de un programa que recoja las aspiraciones más sentidas del estudiantado.

Para la realización de tales tareas la masa estudiantil cuenta con una rica experiencia de varios decenios. Poco a poco se han ido derrotando las concepciones del oportunismo de izquierda y abriéndose paso las tácticas acertadas que parten de defender las formas organizativas democráticas. Las nuevas generaciones, presentes y futuras, sabrán beneficiarse de las enseñanzas del pasado.