LEGISLACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, DICTADA POR MONOPOLIOS

Por Edgar Piñeros

La electricidad, el agua, las telecomunicaciones y demás servicios públicos domiciliarios desempeñan papel decisivo en el progreso de un país. Aunque algunas de las empresas recibieron el aliento inicial de la industria privada, fue la intervención estatal lo que permitió crear una infraestructura que hoy constituye patrimonio nacional inestimable. Después de muchas décadas de nacionalización, las leyes 142 y 143 de 1994, que regulan los servicios públicos domiciliarios, allanan el asalto de las trasnacionales a estos bienes.

Apoyada en la Carta de 1991, que abolió la centralización de los servicios públicos e implantó el endeudamiento directo de los municipios con la banca internacional, la camarilla gobernante les ofrece a las grandes empresas bases expeditas para su obra expoliadora: libertad sin límites a la inversión privada, que abre las puertas al monopolio en estas ramas de la economía; obligación del municipio de prestar los servicios locales por medio de entidades propias, de particulares o de economía mixta, y, lo que representa el aspecto central, un sistema de tarifas que permite el enriquecimiento ilimitado de los dueños del gran capital.

Puesta en marcha desde mediados de los años ochentas, la política privatizadora llevó a la extinción de Insfopal, los Acuas y Empos, EDIS y otras, para dar paso a consorcios amparados en contratos de concesión. Suerte parecida amenaza a las empresas de Telecomunicaciones y de Energía de Bogotá, y en ciudades del país el servicio de aseo ya está confiado a particulares. La ley traza el camino para feriar los activos de generación de energía que posee el país en ICEL e ISA, como también las redes de transmisión. Para ello están buscando clientes a quienes venderles Betania y otros embalses. A su vez, se ordenó fragmentar a ISA, que tenía centralizada la generación, interconexión y distribución del fluido, para ceder estas ramas al capital privado y reducir la entidad al mantenimiento y operación.

En Telecom ya se dio comienzo al despojo. A partir de enero de 1996 larga distancia será prestada también por concesionarios, quienes tendrán acceso, además, a las redes básicas de la empresa estatal y de las empresas municipales, las cuales deberán seguir costeando el mantenimiento y los impuestos. Sin olvidar que los consorcios particulares ya han empezado a incursionar en la telefonía local y controlan la móvil celular. Su próximo intento será apropiarse de la larga distancia internacional, que deja aún mayores ganancias.

El asunto pone al descubierto la siniestra finalidad que implican la descentralización y la "autonomía" de las entidades territoriales, aprobadas por la Carta gavirista. El Banco Mundial y demás organismos financieros, como premisa para el otorgamiento de préstamos, exigen la no injerencia del Ejecutivo en las tasas de los servicios y la total independencia tarifaria, financiera y presupuestal de las empresas encargadas de prestarlos. Semejante atropello a la soberanía se consumó con el artículo 364 de la Carta Política y con la ley 60 de 1993. El primero autoriza el endeudamiento de los municipios y la segunda aprueba la destinación de los ingresos corrientes de la nación al pago de la deuda adquirida por aquéllos para financiar inversiones en el sector.

De este modo la banca imperialista tiene libre el camino, por encima de la nación, para cobrarles a las localidades por la vía coactiva. Findeter, intermediaria de los prestamistas, canaliza los créditos pero aplicando las restricciones impuestas por la banca mundial al gobierno. A modo de ejemplo, la financiación a los acueductos se concede siempre que éstos no contraten más de cinco trabajadores por cada mil conexiones y se comprometan a limitar el consumo a veinte metros cúbicos mensuales por suscriptor, cualquiera que sea el estrato. De colofón, la parte del servicio de la deuda no cubierta por el propio rendimiento de las empresas será amortizada con recursos propios como el IVA y el situado fiscal, los cuales se pignoran. En buen romance, esto significa que la banca se sustraerá hasta el último centavo del ahorro nacional.

La "regulación" y la "vigilancia" de los servicios pregonadas por el gobierno lo que hacen es legitimar la libertad de tarifas, ya que la compañía, además de imponer la tasa, está facultada para recuperar no sólo los costos de la prestación sino los gastos de de operación, expansión y mantenimiento. Y como la infraestructura la pone la nación o el municipio, el negocio no tiene riesgo alguno, todo lo paga el consumidor. Cual ocurre con el acueducto y el alcantarillado, donde los costos de protección de las fuentes de agua y la recolección, transporte y tratamiento de los residuos líquidos corren a cargo del usuario.

La trayectoria histórica de las tarifas refleja las exacciones del capital financiero, pues los grandes proyectos se realizaron bajo la condición de aumentar su precio para el pago de los créditos. Por esta razón en los años ochentas se upaquizaron, pero aún tenían en cuenta el avalúo catastral de la vivienda. Con la ley 142 se da patente de corso a las multinacionales en su objetivo de como sacar la máxima ganancia. El anuncio de los "subsidios" para las personas de bajos ingresos es apenas un señuelo, pues sólo cubren el consumo de subsistencia, y el excedente queda a cargo del usuario. Pero hay más. Para satisfacer a los inversionistas la ley ordena que en un plazo de dos años las tarifas se lleven a los costos de prestación del servicio y se apliquen los nuevos mecanismos para los subsidios. El plazo se vence en julio de 1996, y los municipios no han podido cumplir, pues esto significaría un alza en promedio de 300% a los estratos 1, 2 y 3, y rebajas a los estratos 5, 6, industrial y comercial. Los alcaldes se han resistido a tales medidas y han planteado la reforma de la ley. Recientemente, el ministro Cock anunció que el gobierno se desmontaría del compromiso en el "pacto social" y que las tarifas tendrán que elevarse.

Los Comités de Desarrollo y Control de los Servicios Públicos Domiciliarios, a los que se les ha privado del poder decisorio en aspectos como el de las tarifas, no pasan de ser una caricatura de democracia. Más grave aún es que las actividades de las empresas han sido clasificadas como servicios públicos esenciales, denominación que también recibió el Sistema de Seguridad Social, con la finalidad de escamotear el derecho de huelga a sus trabajadores. El lado oculto de estas normas es la táctica imperialista de dispersar las luchas del pueblo, reducirlas al ámbito local y dividir a la comunidad.

Será tan calamitosos, la cobertura y calidad de los servicios, que el propio Ministerio de Desarrollo acepta que la mitad de los colombianos consume agua no potable, en un país que ocupa el quinto puesto mundial en el mundo en recursos hídricos. La venta de "agua pura" quedó reservada a los monopolios de gaseosas.

Al avizorar el nefasto papel de la privatización, Francisco Mosquera adelantó estas palabras: "De ahí que al Estado moderno le corresponda un creciente papel en la conducción económica, que con toda certeza no habrá de desaparecer por la apertura. Las mismas trasnacionales necesitan de la capacidad económica de los gobiernos, sin la cual no habrá quien atienda los frentes no rentables, que en materia de servicios de infraestructura, por ejemplo, son imprescindibles en el desarrollo productivo" (Omnia consumata sunt).

La entrega de los servicios públicos a los monopolios nacionales e internacionales es, pues, un reto para la mayoría de los colombianos, y sus adversas consecuencias son ya palpables. Concentra en pocas manos bienes de valor estratégico para el progreso y la seguridad de Colombia; regiones enteras se verán cada vez más atrasadas; la infraestructura y los recursos naturales serán saqueados hasta su agotamiento, dejando anquilosadas las fuerzas productivas, y la misma unidad nacional enfrentará duras pruebas ante el abordaje bárbaro por destrozarla. Todo lo anterior prueba que el objetivo de la planeación está supeditado al interés norteamericano, lo cual ha despertado la protesta popular en varios rincones del país y el nacimiento de asociaciones independientes por la defensa de os usuarios. La resistencia apenas comienza.