MÁS PAROS CÍVICOS: LÍBANO Y TUNJA

No había terminado aun el primer mes de 1983, cuando los problemas ocasionados por las deficiencias en los servicios públicos y los abusos en sus tarifas desencadenaron nuevos paros cívicos en dos municipios del país.

Cada vez más la respuesta gubernamental combinó las promesas con el garrote, soluciones que, día a día, convencen y atemorizan menos.

En la capital de Boyacá Desde hace varios años, Tunja ha padecido por la escasez de agua para las necesidades vitales de su población. Boyacá ha sido testigo de encendidas protestas de la ciudadanía, justamente enfurecido por la decidía oficial al respecto.

Cada vez que las gentes se movilizan, gobernadores, alcaldes y enviados del gobierno central acuden a calmarlas con ofrecimientos de solución al problema, pero sistemáticamente incumplen estos compromisos. De tal manera que al pueblo no le queda otro recurso distinto de la lucha masiva para exigir su derecho a disfrutar del servicio de acueducto.

Tal situación se presentó de nuevo durante los días 30 y 31 de enero, cuando los habitantes del barrio Los Muiscas decidieron bloquear la Carretera Central del Norte, para protestar por la crónica carencia de agua que soportan, en una urbanización que fue construida por el Instituto de Crédito Territorial pero que, junto con los barrios Asís y Santa Ana, donde residen unas quince mil personas, se ve permanentemente amenazada por epidemias y todo tipo de problemas sanitarios debidos a la irregularidad en el suministro de agua. Últimamente hubo graves brotes de gastroenteritis.

Los voceros de las juntas de acción comunal anunciaron que mantendrán su movimiento “hasta tanto un representante del gobierno anuncie una solución definitiva al problema, ante la inoperancia de Empotunja.

Por otra parte, las amas de casa organizaron una marcha con ollas vacías y respaldaron, con decisión y valor, el paro y se hicieron presentes en el bloqueo, junto con sus pequeños hijos.

Heridos y desaparecidos En el municipio de Líbano, Tolima, sus 60 mil habitantes se levantaron también, durante tres días, en contra de las abusivas alzas en las tarifas del acueducto, puestas recientemente en vigencia por la Empresa Empolíbano.

El movimiento se inicio el día 29 de enero, y ya desde ese momento la policía pretendió impedirlo con detenciones y golpizas. Pero lejos de amilanarse, las gentes se volcaron a las calles y dieron plazo a las autoridades hasta el 31 a las tres de la tarde para pronunciarse al respecto. La alcaldesa municipal dijo, por toda respuesta, que se verá obligada a “imponer el toque de queda”. No obstante que al día siguiente la población amaneció militarizada, miles de manifestantes se tomaron las calles para continuar su protesta.

La respuesta oficial fue brutal; más de cien personas fueron detenidas; el saldo de heridos llegó a 30, y entre ellos se hallaba un anciano de 70 años que fue brutalmente golpeado con bolillo; se informó de varias desapariciones y el propio presidente del comité cívico del Líbano, Jaime Ávila, denunció que uno de los directivos del paro fue detenido por el ejército delante de testigos, pero que no había noticias sobre su paradero. Sin embargo, la población estaba decidida a continuar la protesta hasta lograr una solución satisfactoria.