NOTAS EDITORIALES

El continuismo en aprietos

La alocución de López Michelsen del 20 de febrero último, dirigida al país a través de los canales de la televisión del Estado, es otra muestra clara de la catadura antinacional y antidemocrática del actual régimen. Tomemos, así sea para comentarlos brevemente, cuatro asuntos espulgados con especial interés por el presidente.

El primero atañe a algo que veníamos previniendo desde enero: que estas elecciones llamadas de “mitaca” se efectuarían en estado de sitio. El señor López despejó toda duda al respecto al anunciar categóricamente que por ningún motivo suspendería las medidas de excepción, con las cuales el gobierno lopista tortura al pueblo colombiano hace cerca de diez meses. Haciendo cuentas, el “mandato claro”, que se anunciaba a sí mismo como el más democrático de los regímenes, completa casi la mitad del tiempo que lleva transcurrido bajo el garrote del articulo 121 de la Constitución. Sin embargo, ufanándose de tolerante, el presidente de la coalición oligárquica antipatriótica informó que le había prometido plenas garantías a un “grupo de distinguidos opositores” que “vinieron a visitarme”. Se refería inequívocadamente a la comisión del Partido Comunista que en días pasados pidió audiencia en San Carlos para comunicarle de viva voz al Jefe del Estado las razones por las cuales ese Partido no concurrirá al Tribunal de Garantías, mientras se mantuviera el estado de sitio. Aprovechando la circunstancia, López Michelsen agregó en su discurso televisado que le había prometido al “grupo de distinguidos opositores” que “contaran con que el Presidente, personalmente, se encargaría de que sus derechos no fueran atropellados en forma alguna” (1). A pesar de la dulzarrona y filistea preocupación “personal” del presidente por el aludido grupo, lo cierto será que dentro del sistema de rigurosa limitación electoral de libertades publicas del articulo 121, impuesto a partir de mayo, la confrontación electoral no pasara de materializar una inicua comedia. Por encima de la hipocresía oficial las fuerzas revolucionarias echarán mano de cualquier oportunidad para llegar a las masas populares con sus tesis y proclamas, desenmascarar esta falsa democracia representativa de las oligarquías colombianas proimperialistas y educar al pueblo en la comprensión de que las libertades y los derechos democráticos los arrancaremos con el método de los genuflexos sino mediante la lucha consecuente que dispute a los opresores el terreno a palmo y medida por medida.

El segundo asunto se refiere a la contradicciones brotadas en las anarquizadas toldas de la coalición liberal–conservadora. La composición del gabinete, la distribución de la cuota burocrática y el reparto del ponqué presupuestal, simultáneamente con un no disimulado triunfalismo liberal, han conducido a que sectores importantes del partido conservador, entre los cuales ubícanse el ospinismo y figurones como el ex presidente Pastrana Borrero, formulen criticas abiertas al mentor y a la gestión del “mandato claro”. El lopismo cumple con la norma constitucional de la paridad administrativa, pero la mitad exacta que corresponde al partido conservador la comparte primordialmente con los amigos de Alvaro Gómez, su contrincante en las elecciones de 1974. Ospina Pérez demanda un tratamiento por parte del partido mayoritario que se compadezca con las dignidades tradicionales de su socio conservador; que la abismal ventaja alcanzada por el liberalismo en los anteriores comicios no se convierta en un trinquete para apabullar a la divisa azul; que los compromisos de la paridad administrativa no socaven la independencia doctrinaria de cada uno de los partidos gobernantes, ni implique para el conservatismo una adhesión incondicional al “mandato claro”. La controversia ha tenido sus momentos enconosos ataques y acres recriminaciones. Pero llama la atención que esta pelea pactada a unos cuantos asaltos se desenvuelva sobre el entendimiento recíproco de que la coalición gobernante debe prevalecer y prolongarse en interés de la subsistencia misma de las clases dominantes. El cúmulo de violentos conflictos sociales y la amenaza comunista aconsejan atemperar el disentimiento interno. Hasta dónde lo logren es cosa por verse. De todas maneras el presidente del 9 de abril de 1948, les recordaba a sus copartidarios en Tunja no hace mucho: “Frente al comunismo, no hay más remedio que la coalición de los dos partidos históricos. El partido liberal solo no se puede enfrentar, y ellos lo saben. La prueba es la preocupación que les ha venido cuando yo dije en Sonsón: nos podemos retirar. Ah no. No se puede retirar. No es porque la Constitución les preocupe demasiado, es porque saben que sin nosotros en el gobierno no se puede manejar este país. Pero nosotros solos tampoco podríamos” (2). Y por su parte la prensa liberal replica: “Ninguna colectividad podrá dirigir y orientar a la nación excluyentemente” (3).

En su discurso a toda la nación, del 20 de febrero, el señor López Michelsen recogió la inquietud reiterada de las fuerzas reaccionarias de apuntalar la alianza de los partidos tradicionales. Enumeró las concesiones que como cabeza del liberalismo ha propiciado para resguardar los acuerdos bipartidistas: la prórroga del Concordato, el divorcio únicamente para los matrimonios civiles y el procurador conservador. Y expresó concluyentemente: “Mi anhelo, diría yo, mi compromiso para con el país, es obrar buscando el consenso entre los dos partidos que integran la coalición: el partido liberal y el partido conservador” (4). Una porción del conservatismo defiende ardorosamente la integridad doctrinaria y orgánica de su colectividad, exige de su compinche liberal un tratamiento de igual a igual y predice arrogante que ninguno de los dos partidos tradicionales podría hegemónicamente sostener el Poder frente al peligro comunista, vale decir, frente al despertar de las gentes y el auge de las luchas populares. El liberalismo y su presidente, que comienzan a sentir el golpeteo de la marea revolucionaria, corren a pregonar su creencia coincidente con la de Ospina de que la nave del Estado burgués–terrateniente proimperialista se equilibrara con la conducción proporcional del fundamento estratégico de la necesidad de la coalición liberal–conservadora, conforme al punto de vista los intereses de los imperialistas norteamericanos y sus agentes colombianos. Es la defensa más acabada el continuismo no tanto como herencia del Frente Nacional, sino como terapia para prorrogar la agonía del paciente. Pero el desenlace final se va acercando y resulta fácil de prever. Ante la caduca alianza de la gran burguesía y los grandes terratenientes proimperialistas, cuya expresión política es la coalición liberal–conservadora, comienza a fraguarse en mil formas la poderosa e imbatible unidad de todas las fuerzas revolucionarias, democráticas y patrióticas, el frente único que liberará al país de la sojuzgación externa y de la tiranía interna. La reacción le teme a la confrontación. La revolución se prepara resuelta y optimista para el asalto de la fortaleza enemiga.

El tercer asunto que deseamos tratar rápidamente de los temas expuestos por el inspirador del “mandato de hambre” en su discurso, tiene que ver con la destinación de los mayores recaudos obtenidos en virtud de la reforma tributaria. En el informe el Comité Ejecutivo Central del MOIR sobre participación en la lucha electoral, se demuestra cómo la susodicha reforma fue elaborada por un grupo de asesores norteamericanos con la finalidad de refinanciar el Estado para que éste pudiera mejor cumplir con sus obligaciones de endeudamiento externo con las agencias prestamistas norteamericanas. Pues bien, López Michelsen, buscando una justificación ante el hecho de que los frutos de la reforma tributaria no aparecen por ninguna parte, resolvió escoger de chivo expiatorio a los trabajadores oficiales y empleados públicos de niveles inferiores y acusarlos de querer apoderarse del presupuesto. Mencionó a los maestros como ejemplo de rapacidad, coincidiendo con la demanda de medidas persecutorias contra los educadores elevada sistemáticamente por el señor Ospina Pérez. Nadie va a creer que estos abnegados servidores, que reciben sueldos miserables, sean los responsables de la dilapidación y escamoteo de los nuevos impuestos. El mismo López tuvo un pequeño desliz de sinceridad en su intervención que conviene no dejar pasar desapercibido. Confesó que “fue necesario aumentar el pie de fuerza y fue necesario aumentar el numero de detectives, que no trabajan gratis” (5). La cuestión no requiere muchas explicaciones. Mientras impugnan coléricamente a los trabajadores oficiales, a los empleados públicos de niveles inferiores, a la clase obrera y al pueblo en general como los causantes de la catastrófica situación económica del Estado y del país, los círculos consentidos por el capital imperialista y que detentan el poder, destinan parte de los gravámenes que les sustrajeron a las masas con la “emergencia económica” a fortalecer el aparato represivo. Pero la inconformidad reinante en Colombia es tal que se hace presente también, beligerante y altiva, en las propias dependencias de los ministerios. El paro reciente de los valerosos trabajadores y empleados del Ministerio de Hacienda así lo patentiza. El ejecutor de la reforma tributaria y el principal recaudador de impuestos, el señor Rodrigo Botero, habló hasta de destituir a sus 14.000 subalternos amotinados. Los desesperos del ministro quedaron contrastados con el firme y caudaloso respaldo a los compañeros de Minhacienda brindado por parte de todas las fuerzas honestas, trabajadores y democráticas que saben distinguir entre los vampiros de la alta burocracia oficial y quienes se ven obligados a laborar con el gobierno para medio subsistir.

Finalmente digamos unas cuantas palabras sobre la postura del presidente de la República con relación a la votación del 18 de abril próximo. Es evidente que López Michelsen ha procurado sustraerle entusiasmo a estas elecciones. Reveló que había “apatía” por los comicios y destacó que de ella daban cuenta “todos los observadores de la política nacional” (6). Esto es cierto. Pero la manifiesta intención presidencial de echarle un baldado de agua fría al debate electoral, busca palmariamente desinflar los esfuerzos que hacen para reanimar a sus esquivos electores el carlosllerismo y el ospinismo, a quienes López casi que con nombre propio criticó por ocuparse de temas que no interesan a la ciudadanía. Tales manifestaciones y retaliaciones caben entre lo que solemos calificar de contradicciones en el campo enemigo. El MOIR está adelantando con éxito su campaña electoral, como tantas veces lo hemos señalado, con el criterio de utilizar una forma de lucha que nos permite llevar a las masas nuestro programa revolucionario y ampliar y consolidar nuestras fuerzas. La misión del bando revolucionario no se parece en nada al afán de embellecer la falsa democracia representativa de las clases dominantes colombianas. Pedimos respaldo para nuestros postulados y para nuestros candidatos, combatimos el abstencionismo del infantilismo de izquierda, mas nunca nos ha preocupado no mucho menos entristecido la apatía creciente del pueblo colombiano por el sistema electoral predominante. Por el contrario, la indiferencia, el desgano, el repudio de amplios sectores con las distintas vertientes del bipartidismo tradicional y por las instituciones que defienden, así como las contradicciones entre aquéllas, son aspectos favorables que las organizaciones de avanzada que participan en el proceso eleccionario sabrán explotar correctamente. El entusiasmo que están despertando y las fuerzas revolucionarias en las masas populares, como anticipo de una Colombia nueva, tiene su equivalente en la apatía y el rechazo que producen los personeros de los partidos tradicionales, como vestigios de un mundo llamado ya a desaparecer para siempre.

Notas 1) Discurso de López M., “El Tiempo”, febrero 21 de 1976 2) Discurso de Ospina Pérez., “La República” febrero 21 de 1976 3) Editorial de “El Tiempo”, febrero 11 de 1976 4) Discurso de López citado 5) Idem. 6) Idem.

El secuestro de Mercado y sus implicaciones

La desaparición de José Raquel Mercado, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), y la espectacularidad con que los principales medio informativos han reproducido comunicados y fotografías alusivos al hecho, atribuido a una organización conocida como M-19, sirven de pantalla para montar un bien preparado plan represivo y terrorista contra los partidos y las publicaciones contrarias al régimen. El ambiente creado facilita en las condiciones actuales los inconfesables propósitos de quienes en los últimos meses, con sorprendente libertad, han venido recurriendo a las bombas, a los atentados personales y al terror para acallar por la vía más rápida las voces chocantes a los oídos de los intereses prevalecientes. A la prefabricación del clima intimidatorio que facilite las medidas fascistoides a gran escala, coadyuvan ciertos mensajes y resoluciones de los comités directivos de la UTC y CTC, o de una que de otra federación afiliada a estas confederaciones, en los cuales prácticamente se exige al gobierno procesa sin contemplación contra las organizaciones y fuerza de izquierda.

El secuestro de Mercado no se compagina en ningún momento con las formas de lucha que la clase obrera colombiana adelanta para desenmascarar, aislar y expulsar de las filas del movimiento sindical a los esquiroles y vendeobreros. El sindicalismo independiente contabiliza significativos triunfos en la gran batalla por debilitar a las camarillas directivas de la UTC y CTC y desbrozar el camino de la unidad obrera. Desde la entrega del paro de enero de 1969, cientos y cientos de organizaciones sindicales han abandonado las centrales patronales. Cada vez resulta más claro para los trabajadores colombianos que tales camarillas son agentes de las clases dominantes proimperialistas y que su principal función consiste en prestar a los baluartes de la reacción ayuda oportuna, siempre que éstos se hallan en serias dificultades. Lo mismo en la lucha económica que en la lucha política.

Pero no se crea que las luchas de la clase obrera contra la costra sindical oportunista han sido una reyerta pasajera. Representan años de combatir constante y duro, unas veces clandestinamente para eludir la carta de despido a los guardianes del orden, otras a través de las huelgas y paros para conquistar las justas peticiones y defender sus organizaciones. Siempre contra las oficinas de trabajo que ilegalizan asambleas desfavorables a los empresarios y a los esquiroles, congela los fondos de los sindicatos combativos, persiguen en mil formas a los cuadros más activos y avanzados. Por su noble causa han muerto o purgado cárcel muchísimos obreros. La fiereza de la contienda radica en que el imperialismo y sus lacayos le temen como a la peste a un movimiento obrero independiente. Para tratar de impedir su desarrollo se encuentra decididos a emplear todos los medios a su alcance, preferencialmente los instrumentos represivos de la maquinaria burocrática y militar del gobierno de turno. En las sinuosidades de la lucha los obreros han aprendido que para derrotar a sus despiadados enemigos no sirven las acciones aisladas. Sólo las formas de combate que facilitan o resultan de la movilización y participación masiva de la aplastante mayoría de los trabajadores que pueden garantizar el triunfo.

El secuestro de Mercado nada tiene que ver con los métodos empleados por la clase obrera para deshacerse de las camarillas directivas de la UTC y CTC. Es más, éste ocurre en un momento en el cual la central cetecista y su presidente habrían llegado a un punto culminante de descrédito y debilidad, como resultado de la acción combativa de centenares de miles de obreros durante dos lustros continuos. El número reducido de sus organizaciones filiales y las crecientes divisiones internas ubican a la CTC al borde de la liquidación. Otro tanto comienza a ocurrirle a la UTC. En todo caso la mayoría abrumadora del sindicalismo colombiano ya no se agrupa bajo sus siglas. En tales circunstancias la desaparición de Mercado y la batalla producida a su alrededor únicamente pueden favorecer los lamentos del sector empresarial ante el desprestigio y la bancarrota de las centrales patronales.

Para nadie es un secreto que el MOIR impulsa desde su nacimiento la lucha frontal contra las camarillas vendeobreras y por la unidad del movimiento sindical, con el propósito de lograr a la postre la creación de una única central dirigida y controlada por los trabajadores colombianos. Jamás nuestro partido ha recurrido a las acciones individuales de la lucha de las masas, al secuestro ni al atentado personal. Consideramos de principio que sólo el pueblo, mediante su lucha masiva y las formas de organización adecuadas podrá coronar la victoria y juzgar a sus enemigos y verdugos.

Pescando en río revuelto, algunos órganos de la gran prensa han echado a rodar la especie de que el MOIR, según una supuesta declaración de un compañero, sindica a la CIA como la responsable del secuestro de Mercado. En relación con el suceso que nos ocupa, nuestra agrupación partidaria cuenta exclusivamente con la información noticiosa que se hace circular a diario, y mal podría por lo tanto señalar la autoría o las causas de la desaparición del presidente de la CTC. Cualquier vinculación en uno u otro sentido que se quiera hacer del MOIR con el comentado secuestro no deja de ser una provocación siniestra, tendiente a atizar la división en el campo revolucionario o a facilitar la persecución y el terror blanco contra las fuerzas populares y de avanzada.

No queremos cerrar este comentario sin referirnos a un acontecimiento que repercute gravemente en el movimiento sindical colombiano: la declaración conjunta de la CTC y de la CSTC, cuyo texto completo fue publicado por “El Espectador”, el 28 de febrero pasado. Esta declaración configura el retorno de los directivos de la CSTC a las viejas andanzas de buscar la unidad sindical con las camarillas vendeobreras. Pero la gravedad estriba en que, utilizando el secuestro de Mercado, y en los momentos de mayor dificultad para la coalición liberal–conservadora gobernante, se tiende la mano a la dirección cetecista y se propone una unidad obrera en base a tesis francamente conciliacionista.

En la mencionada declaración se sostiene, por ejemplo, que el “secuestro del presidente de la CTC, compañero José R. Mercado”, “se trata de una consecuencia de la inseguridad que vive el país, en la cual están interesados los sectores que aspiran a llevar la nación a una dictadura abierta y terrorista que estaría enfilada contra los más auténticos intereses nacionales”. Mientras se denuncia las aspiraciones de determinados sectores de implantar una “dictadura abierta y terrorista” y se condena la “inseguridad que vive el país”, la declaración silencia la naturaleza de dictadura abierta antipopular y represiva del régimen de López Michelsen, cuya política proimperialista es contraria a los intereses nacionales y responsable de la inseguridad social actual del país. Por el contrario, se dice que “el gobierno tiene en sus manos todas las herramientas y medios para establece e informar a la Nación sobre el paradero o la suerte que haya corrido el dirigente sindical y presidente de la CTC, José R. Mercado, por lo que solicitamos lo haga”. ¿No es esta petición –preguntamos – una implícita autorización para que el gobierno siga actuando a sus anchas con “todas las herramientas y medio” que “tiene en sus manos”, intimidando a la población y desplegando allanamientos masivos a casas de gentes revolucionarias y que ninguna relación guardan con el secuestro de Mercado? Y el lenguaje que se emplea para combatir el régimen lopista se dosifica en expresiones como la “indolencia del gobierno”, la “anuencia o lenidad del Ministerio de Trabajo” en el manido criterio de que el estado de sitio ha servido “para que los sectores más regresivos ganen mayores posiciones en el gobierno”.

En el fondo la declaración conjunta de la CTC y CSTC es una quejumbre por la situación, y las perspectivas de unidad sindical que se consignan se reducen a determinadas reivindicaciones económicas o a llamamientos liberales como éstos: “conformemos un movimiento unitario capaz de garantizar la vida y derechos de los ciudadanos”, “luchar por la unificación del movimiento sindical, para erradicar de nuestra patria la injusticia y la inmoralidad reinantes”. Todo lo cual en abstracto, velando la realidad más palpitante de Colombia, que somos una neo–colonia de los Estados Unidos y que únicamente la liberación nacional del yugo imperialista garantizará la solución a todos los males de la nación. La unidad del movimiento obrero debe girar alrededor de esta tesis correcta y revolucionaria, sin cambiarla por el economismo ciego y vulgar que aún campea en las filas sindicales. Así lo proclamaron los encuentros unitarios de 1972 t 1973 y el Encuentro Nacional Obrero del 12 de octubre d e1974, con la participación entonces de las directivas de la Confederación Sindical de Trabajos de Colombia.

“Sólo mediante la conformación del más amplio frente la lucha revolucionario, integrado por todas las clases, capas, sectores y personas que en una u otra forman sufran o les indigne la opresión imperialista, podrá nuestro pueblo derrotar a sus tradicionales enemigos y construir una patria soberana, independiente, próspera y en marcha al socialismo”. Francisco Mosquera.