NOTAS EDITORIALES

Abril de 1976.

El MOIR no va al “Tribunal de Garantías”

La siguiente es la carta que la dirección del MOIR envió al Ministro de Gobierno, en respuesta a la invitación que dicho funcionario formulara a nuestro Partido para formar parte del Tribunal Nacional de Garantías:

Bogotá, febrero 4 de 1976 Señor Doctor Cornelio Reyes Ministro de Gobierno E. S. D.

Señor Ministro:

La dirección del MOIR tomó nota de la comunicación que Ud. Tuvo a bien hacerle llegar, con el objeto de que nuestro partido designara un representante suya al llamado “Tribunal Nacional de Garantías”, cuya supuesta función, conforme a las explicaciones del gobierno, será la de colocar a las diversas fuerzas políticas que concurren a las elecciones del abril próximo en igualdad de condiciones y en posibilidades de velar por sus fueros y prerrogativas.

Sin embargo, lo primero que salta a la vista, es que los ciudadanos oficiales en esta materia carecen de sentido mientras se mantenga al país en estado de sitio y se pretenda proseguir la totalidad del debate electoral, o buena parte de él, bajo este régimen de desembozada negación de los derechos democráticos y de las libertades públicas. Los escrúpulos del gobierno no van más allá de guardar las apariencias externas de dejar en el ambiente la impresión de que se colma a todos por parejo de garantías, cuando únicamente gozan de plenas facilidades de organización, movilización, manifestación y difusión de sus tesis y programas las corrientes políticas de la coalición liberal conservadora dominante. Vemos un contraste palpable. A tiempo que el ex presidente Lleras Restrepo y su grupo de seguidores continúa con absoluta libertad desde hace más de un año su campaña, sin interferirles para nada el hecho de que haya o no estado de sitio, nuestro partido se ve sometido a cada paso a los trámites dilatorios o a las abiertas prohibiciones de los funcionarios, todo el cual frena notoriamente la eficacia y agilidad de nuestra acción electoral. Por ejemplo, en el corto transcurso del presente año más de un centenar de militantes del MOIR han sido detenidos en todo el país por adelantar la labor propagandística. En varios municipios, entre lo que vale destacar los casos de Magangué y el El Difícil, las autoridades locales se han dedicado a hostigar sistemáticamente nuestros compañeros, cuando no a prorrogar los decretos de extrañamiento de algunos de ellos. En Bogotá solicitamos hace ya una semana la Plaza de Bolívar para el 9 de abril venidero, a fin de realizar una manifestación pública, y a pesar de que ningún movimiento la había pedido para dicha fecha, esta es la hora en que no hemos obtenido una respuesta definitiva al respecto.

Bajo el estado de sitio y con la evidente parcialización contra las organizaciones democráticas y populares por parte del gobierno, el asiento del MOIR en tan paradójico “Tribunal de Garantías” sólo tendría la melancólica repercusión de calarle durante el proceso eleccionario la etiqueta de igualdad a lo que en el fondo es desigual y discriminatorio. En tales condiciones no nos es posible aceptar la invitación del Señor Ministro.

Atte, Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR) FRANCISCO MOSQUERA Secretario General

Mano de hierro en guante de seda

Si tomamos en bloque los últimos 30 años de la historia del país, captaremos al rompe, cómo Colombia ha vivido durante este lapso, casi ininterrumpidamente, bajo el estado de sitio. Los 16 años de Frente Nacional, período bautizado por las clases dominantes con el de la “convivencia” o “responsabilidad compartida liberal–conservadora”, se distinguieron porque sus gobiernos recurrieron permanentemente a las facultades extraordinarias y absolutas del artículo 121 de la Constitución. Estas atribuciones de excepción dentro del andamiaje jurídico del régimen burgués–terrateniente pro imperialista prevaleciente, terminaron siendo la norma general y de uso corriente de los mandatarios no sólo para reprimir y someter a las mayorías de la población explotada y discriminada, sino para legislar de manera expedita y extrarrápida sobre todas y cada una de las materias imaginables. La reforma constitucional de 1968 separó los poderes limitados del estado de sitio relativos a la manutención del orden público, de las prerrogativas del Ejecutivo para reglamentar y disponer a su arbitrio lo concerniente a la economía nacional, mediante la innovación de la denominada “emergencia económica”, la misma que López Michelsen utilizó a los días contados de su posesión para conceder mayores privilegios a los monopolios extranjeros, la banca, los pulpos urbanizadores y multiplicar los impuestos al pueblo.

Desde 1968 el artículo 121 de la Constitución se halla, pues, encaminado en lo fundamental a tender los menesteres represivos del sistema, a instaurar la justicia castrense de los sumarísimos consejos verbales de guerra y a restringir al máximo las libertades públicas. La frecuente implantación de los mecanismos propios de la anormalidad institucional por un tiempo tan largo, nos señala más que cualquiera de las otras facetas del caos social, que la oligarquía vendepatria imperante no puede prolongar su reino en Colombia si no a punta de fusil y de las prohibiciones consuetudinarias para tratar de impedir que el pueblo exprese cuando piensa, siente y aspira. A fin de preservar las reglas de juego de la dictadura antipopular y antinacional de la democracia representativa colombiana, los presidentes han procurado suspender la aplicación del 121 en las épocas electorales, para tornar sin falta a él luego de la farándula comicial. El señor López Michelsen, no obstante haber llegado al Palacio de San Carlos con el respaldo de la más abultada votación liberal–conservadora en los anales del país, tampoco ha escapado a la inclinación fascistoide y antes de un año de ejercicio ya imitaba las andanzas de sus antecesores decretando el estado de sitio y apertrechándose de todas las despóticas facultades con el objeto de sofocar violentamente las reiteradas y justas manifestaciones de descontento del pueblo. Buscando justificar el fracaso político que implica tamaña determinación, el jefe del “mandato de hambre” lo ha pretendido encubrir con el alegato de que el 121 en sus manos únicamente está dirigido a combatir el “delito común” (1). Los centenares de obreros, campesinos y estudiantes asesinados o encarcelados durante el corto tramo de año y medio de vigencia del actual régimen desmienten de manera inobjetable la palabra oficial. El decreto 1533, por ejemplo, ha sido destinado a acallar las protestas y reclamos de las organizaciones y dirigentes populares ante el incremento de la explotación, el costo de la vida, la elevación de los impuestos, la deficiencia de los servicios públicos, la falta de empleo, a través del procedimiento de juzgar y condenar en juicios manejados caprichosamente por las autoridades locales a las personas que osen exteriorizas sus discrepancias por las decisiones económicas del gobierno. Las corrientes políticas distintas al bipartidismo tradicional configuran los blancos preferidos de las disposiciones emanadas de la declaratoria de quebrantamiento del orden público. La primera y más acuciosa preocupación de la minoría oligárquica detentadora del Poder fue siempre la de obstaculizar el desarrollo de los partidos que puedan llegar a amenazar la hegemónica coalición liberal–conservadora. Y de obstaculizarlos no tanto con las armas de la pluma y de la tinta como con las fundamentales del plomo y la pólvora. El régimen lopista no sólo ha instaurado por ocho meses seguidos el estado de sitio sino que, según se desprende de recientes declaraciones suyas, pretende presidir el debate electoral o buena parte de él, en las condiciones de completa negación de las libertades públicas. Por lo menos la mitad del trayecto de la campaña se ha recorrido ya en semejante situación. El país tiene ante sí el grotesco espectáculo de una pantomima inicua. Las explicaciones del presidente sobre la urgencia de prorrogar el imperio de los decretos de excepción, como una exigencia de la lucha del Estado “contra el delito común” o como una petición clamorosa de los gobernados, hacen la comedia más cómica y la burla más burlesca. Un único objetivo se persigue con todo ello: entrabar la política de las organizaciones y partidos opuestos al régimen. Apenas comenzando el debate, el MOIR y otros movimientos ajenos al liberalismo y al conservatismo han tenido que afrontar las sistemáticas detenciones de cientos de sus partidos por realizar trabajos de agitación de propaganda. A estas agrupaciones que no cuentan con el enorme aparataje de los medios de difusión monopolizados por los partidos oficiales, los funcionarios, debidamente instruidos al respecto desde arriba, les entraban, les dilatan o les niegan sin justificación alguna los permisos para los actos públicos, con lo cual sus posibilidades de preparar con éxito la campaña que concluirá en las votaciones del 18 de abril se han visto notoriamente mermadas. Una muestra de cuanto venimos denunciando son dos casos singulares que queremos comentar así sea sucintamente. El primero es la circular de la Gobernación de Cundinamarca los alcaldes del departamento en la que se estipula una serie de disposiciones restrictivas para la realización de concentraciones políticas en lugares públicos. Una de ellas dice así: “Será motivo de suspensión inmediata del acto que se empleen frases subversivas contra las instituciones o se incite contra el orden público o contra otros grupos o partidos políticos, ya que esto puede perturbar la tranquilidad ciudadana” (2). Según esto, en las manifestaciones autorizadas por la Gobernación de Cundinamarca estaría prohibido atacar al sistema y combatir otros partidos, es decir, que las únicas reuniones abiertas que podrían permitirse serían las de los diversos grupos de liberalismo y del conservatismo, puntuales políticos del sistema y enemigos declarados de los movimientos revolucionarios. El segundo caso se refiere a la detención del compañero Alonso Berrío, concejal del MOIR de Bello y su condena a 60 días de arresto por la vía del decreto 1533. El indignante atropello en la persona de nuestro más conocido dirigente en aquella población antioqueña, su arbitraria reclusión por un tiempo tan largo, prácticamente por toda la campaña electoral, indica a las claras que la intención del gobierno es la de entorpecer de cualquier modo la labor organizativa y agitacional de las fuerzas revolucionarias que iremos a las elecciones de abril próximo.

¿Por qué entonces asistimos a una contienda cuya reglamentación favorece al enemigo? El MOIR ha abundado en razones al responder a esta pregunta. Nuestra experiencia en las dos pasadas elecciones, la de 1972 y 1974, demostró en la práctica cómo sí, a pesar de los factores adversos y la correlación de fuerzas desfavorable, logramos extender y consolidar nuestro partido combatiendo sin desmayo y utilizando correctamente la participación en la lucha electoral. Ha sido además el mejor instrumento para desenmascarar la farsa de estos certámenes manipulados por las clases dominantes, así como para educar a las masas sobre el carácter profundamente reaccionario y antipopular de las corporaciones por las cuales votan. En síntesis, continuemos en 1976 la línea de concurrir con acierto a la contienda electoral sin dejarnos adormecer por los cánticos en honor a la falsa democracia representativa que acostumbran a entonar los politicastros de las minorías opresoras, especialmente durante los procesos eleccionarios. En idéntica forma lucharemos y exijamos del régimen el respeto a los derechos democráticos y a las libertades públicas, con el criterio de clase y la actitud revolucionaria de que tales derechos y libertades no pueden significar a los ojos del proletariado y el resto de fuerzas sojuzgadas el acomodo vergonzoso dentro de la asfixiante atmósfera de explotación y opresión del imperialismo norteamericano y sus lacayos, la gran burguesía y los grandes terratenientes, sino que unos, y otras representan herramientas para avanzar hacia la meta suprema de la liberación nacional y la construcción de una república auténtica soberana, democrática, popular y en marcha al socialismo. La carta que la dirección del MOIR envió al Ministerio de Gobierno declinando la invitación que éste hiciera para que integrara conjuntamente con el liberalismo y el conservatismo el llamado “Tribunal Nacional de Garantías”, era la respuesta adecuada frente a la trapisonda que el lopismo ha querido montar con la conformación de dicho tribunal. El señor López Michelsen pretende coronar propósitos que se excluyen entre sí: mantener el estado de sitio y continuar persiguiendo a las organizaciones revolucionarias y populares y a la vez ganarse las palmas como mandatario ecuánime demócrata, que en el debate electoral colmó de garantías tanto a los partidos que lo sustentan como a los que lo combaten. El MOIR no refrendará con su presencia en el mencionado organismo de la demagógica estratagema oficial de seguir adelante con el 121 y al mismo tiempo hablar de imparcialidad y democracia.

Las pesadillas de un ex presidente

En su febricitante y desesperado deambular por todo el país en procura de apoyo a su lánguida candidatura reeleccionista, el ex presidente Carlos Lleras Restrepo decidió hace unos pocos días en tierras de Nariño enfilar baterías contra el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario. Fatigado de su acérrima campaña contra el señor Turbay Ayala, el más peligrosos contrincante dentro de su propio partido para sus aspiraciones de volver a la presidencia de la República, e imposibilitado para combatir al señor López Michelsen, quien lo atajara en 1974 en los mismo intentos de retornar al Poder, el jefe de la “democratización liberal” descubrió, después de trasegar por ciudades, pueblos y veredas, que dentro del ancho caudal revolucionario del pueblo colombiano existía en el MOIR una inocultable amenaza no sólo para sus ambiciones personales inmediatas sino para todo cuanto ha defendido durante sus cincuenta años de actividad política. Al viejo caudillo liberal se le ocurrió presagiar que el MOIR es un movimiento “ en vías de extinción”, lo cual, en plata franca, significaba un abierto desafío que nada raro tendría que terminara siendo consignado en el programa de gobierno del candidato presidencial. A esto se le agrega otro reto: que el liberalismo sacará muchos más votos en relación con los que contabilizaremos nosotros en las próximas elecciones. Valiente postura la del ex presidente al equipara el eventual resultado de las urnas del 18 de abril entre los guarismos que obtendrá su grupo con los que se registrarán a nombre del MOIR. De antemano queda descartada por nuestra parte la vana aspiración de que en 1976, superemos en el conteo final de papeletas a la “democratización liberal” y aún menos al liberalismo en su conjunto. No únicamente por aquello de que el que escruta elige como decía Camilo Torres Restrepo. Las fuerzas revolucionarias colombianas que han aprendido a desenvolverse y a sacar provecho de las campañas electorales, saben mejor que sus críticos las condiciones de inferioridad que deben sortear con audacia frente a los partidos oficialistas gobernantes en esta clase de eventos democrateros. Empezando por lo que hemos repetido insistentemente: el omnímodo control de los partidos oligárquicos sobre los principales medios de difusión. La proporción entre la capacidad de propaganda y agitación de la coalición liberal–conservadora y la de las tendencias políticas contrarias al régimen no tiene comparación. Sin contar con la radio ni la televisión, al servicio de los intereses prevalecientes, la reacción edita en un solo día tanta o mayor cantidad de publicaciones que lo que pueden financiar sus opositores en un año. La diferencia radica en que la prensa revolucionaria defiende las más caras y sentidas reivindicaciones del pueblo y por ello llega más hondo a la inteligencia y al sentimiento de las amplias masas que son las que al fin y al cabo definirán el rumbo de la historia. Con todo, los recursos del liberalismo y el conservatismo para distorsionar la verdad y prefabricar una opción pública conforme a sus necesidades políticas continúan siendo ilimitados.

Para inclinar la balanza electoral hay otro factor todavía más determinante, como es la influencia decisoría del Estado con su nube de funcionarios venales e inescrupulosos. El gobierno organiza las elecciones, las supervisa y luego escruta. Con el agravante de que esta campaña electoral, según parece, va a desarrollarse bajo el estado de sitio, con el cual el régimen se mueve sin cortapisas de ninguna naturaleza. En estas circunstancias al MOIR y al resto de fuerzas contrarias al bipartidismo tradicional les tocará adelantar su debate en medio de incontable cohibiciones que el ex presidente Lleras silencia cuando baladronea sobre su hipotético triunfo comicial. A la “democratización liberal” no le perjudica el estado de sitio, por el contrario le favorece en la medida que entraba acción de los partidos revolucionarios, con imposiciones de todo tipo, desde los trámites engorrosos para pedir un permiso por una simple reunión hasta las constantes detenciones de dirigentes y activistas con los pretextos más mínimos.

A pesar de todo, estas elecciones llamadas de “mitaca”, no van a ser tan fáciles como dicen imaginárselas los personeros políticos de las clases opresoras pro imperialistas. La situación económica angustiosa de las grandes mayorías, el alto costo de la vida, el desempleo creciente, el fracaso de la engañifa del “mandato claro”, la descomposición social, el incremento de las luchas populares hasta el tope y en una intensidad sin precedentes, las contradicciones internas de la gran coalición gobernante y las divisiones de cada uno de los dos partidos tradicionales harán que la contienda de abril se lleve a cabo dentro de un panorama político muy diferente al de las votaciones de hace dos años. Especialmente el liberalismo, que echa lápiz sobre los 3 millones de electores de 1974, está abocado a sufrir una enorme desinflada. De tal manera que el desafío electoral que no ha formulado desde suelo nariñense la antañona comandancia de la “democratización liberal”, de labios de su más conocido y recalentado exponente, estamos dispuestos a aceptarlo. No faltaba de más. Y vamos a afrontarlo porque por encima de la virtual ventaja relativa de votos que nos imponga el carlosllerismo podremos detectar cuál fuerza marcha en ascenso y cuál comenzó a rodar por la pendiente, si el caduco y desacreditado liberalismo colombiano o la nueva política auténticamente nacional y democrática de las fuerzas revolucionarias colombianas encarnada por el MOIR.

El doctor Lleras tiene a su lado todos los factores de poder y sin oponente visible para esta “mitaca” dentro de su partido le corresponderá llevar a cuestas buena parte del descrédito no sólo de su gobierno, que se distinguió por sus aristas protuberantemente antipatrióticas y antipopulares, sino de los odiados regímenes del Frente Nacional. El liberalismo nada tiene que ofrecerle al pueblo colombiano y mucho menos quien desde sus filas ha gozado como nadie de todas las oportunidades para regir los destinos del país desde los cargos más representativos y vitales de la dictadura burgués–terrateniente pro imperialista. Mueve a la hilaridad el hecho de que al final de medio siglo de quehacer político como jefe prominente de ese partido concluya el ex presidente Lleras que lo que han requerido los liberales para superar su crisis son unos cuantos baños democráticos. La trayectoria de los partidos tradicionales se ha caracterizado por la entrega de la riqueza de la nación al imperialismo y por la política despótica contra las masas trabajadoras. Los troncos viejos y podridos no se dejan enderezar. Los esfuerzos por reencauchar la tétrica imagen y el viejo historial serán fallidos. Nada de ello logrará ya retoñar las marchitas esperanzas. El movimiento de “democratización” se ha dedicado a resucitar en todos los departamentos a unos cuantos personajes muertos en la memoria de las gentes y, con aquella “caterva de vencejos”, piensa rejuvenecer las glorias de un pasado desaparecido para siempre. Cualquiera que contemple sin prevención este cuadro desolador le bastará para apreciar que son las corrientes reaccionarias las fuerzas que en la sociedad colombiana están ciertamente “en vías de extinción”.

He ahí el otro reto que también encaramos: el compromiso trascendente de quién sobrevivirá a quién tras los cambios demanda la historia de nuestros días. El MOIR entero, sus actuales cuadros directivos y su militancia comprenden a cabalidad que la pelea es peleando, así como que la lucha será prolongada y dura y que el triunfo definitivo está distante. Ninguna victoria será gratuita y el éxito de la revolución seguirá dependiendo de la consecuencia con que interpretemos y combatamos por los intereses de la nación y el pueblo colombianos. Nuestro partido continuará su línea revolucionaria, apoyándose en sus propios esfuerzos y en los esfuerzos de las masas, animados por la certeza de que toda fuerza nueva al servicio de una causa justa es invencible.

La UNO: aparato de bolsillo

Aunque en el inmediato pasado hemos redundado en explicar las contradicciones internas que desembocaron en el resquebrajamiento de la Unión Nacional de Oposición, resulta imperativo, al entrar en vigor la campaña electoral, despejar cualquier malentendido que todavía flote en el ámbito político acerca si el MOIR continúa o no formando parte de la UNO. Como hay algunos órganos de expresión que persisten de buena o mala fe en insuflar la imagen de que la UNO sigue funcionando en la misma forma del debate de 1974, con el consiguiente desconcierto que tal enfoque produce en determinados sectores de la opinión, queremos dejar establecido una vez más a través de esta circular que el MOIR no irá con el nombre de la UNO a las próximas elecciones y que ésta de frente de fuerzas aliadas que fue, sólo tiene agónica vigencia en la actualidad como un aparato de bolsillo del Partido Comunista.

La UNO cesó en su papel aglutinante y unitario de diversas fuerzas políticas alrededor de una línea del principio revolucionaria, en el preciso momento en que la mayoría del MAC y el Partido Comunista comenzaron a vacilar entre abrirle una lucha tenaz, clara y efectiva al “mandato de hambre, demagogia y represión” del gobierno lopista, o en estimular ciertas recónditas ilusiones sobre los aspectos que ellos calificaron de “progresistas” y “avanzados” del nuevo gobierno. El MOIR alertó a tiempo que la UNO saldría fortalecida después de su primera prueba electoral si persistía en la defensa consecuente de su programa nacional y democrático, desenmascaraba sin claudicaciones la inmensa estafa del régimen continuista del señor López Michelsen y se regía rigurosamente por las normas democráticas de funcionamiento interno aprobadas en sus dos últimas convenciones nacionales. Ninguno de estos acuerdos de principio fue respetado por el Partido Comunista y, por el contrario, procesión a poner en práctica el ardid de convertir a la UNO en un apéndice suyo, cerrando las puertas al entendimiento mientras de palabra se declaraba farisaicamente partidario de la unidad de las fuerzas revolucionarias. Pero esa clase de astucias jamás darán frutos positivos dentro de la revolución.

Por todas estas razones aclaramos, y lo seguiremos haciendo cuando sea necesario, que el MOIR nada tiene que ver con la UNO ni con las maniobras que tras su sigla trame el Partido Comunista. Por ejemplo, creemos que la delegación del Partido Comunista, presidida por Manuel Bayona Carrascal, que como UNO visitó en audiencia especial al Jefe de Estado y cabeza visible del “mandato de hambre”, le ha prestado un flaco servicio a las corrientes políticas distintas a la coalición liberal–conservadora gobernante y al pueblo en general. La verdad ha sido que la gran prensa le dio especial despliegue a tan inoportuna y rara visita, por decir lo menos. La ocasión fue aprovechada hábilmente por el alto gobierno para hablar de “garantías” cuando es un secreto a voces que éste no piensa levantar el estado de sitio, y sí agudiza la represión e impide en mil formas la libre movilización, reunión y agitación de las fuerzas políticas que le son contrarias y participan en la campaña electoral. El Partido Comunista ha dicho que no concurrirá al llamado tribuna de garantías electorales mientras continuemos bajo la égida del artículo 121 de la Constitución, pero le ha importado el alarde democratero del primer mandatario. Esto es, como lo hemos señalado con otras parecidas inconsecuencias, prenderle una vela a dios y otra al diablo.

Iremos como MOIR a las elecciones que se avecinan, propiciando las alianzas con las agrupaciones políticas patrióticas, democráticas y revolucionarias que estén dispuestas a acompañarnos en la gran pelea por hacer más consciente el descontento del pueblo colombiano contra el fraude continuista de las oligarquías liberales y conservadoras vendidas al imperialismo norteamericano y por organizar a las masas hasta constituir a la larga el más amplio frente único de todas las clases y fuerzas que luchan sinceramente por la liberación, ña soberanía uy la prosperidad de la nación. Para ello hemos propuesto a los revolucionarios y al pueblo en general como base de discusión los diez puntos de la creación del frente, en torno de los cuales adelantaremos nuestro debate electoral y seguiremos batallando después de las elecciones del 18 de abril de 1976.