NUEVA BATALLA POR LA SALVACIÓN DE LA CAJA AGRARIA Y LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Desde que se puso en marcha la apertura, uno de sus objetivos ha consistido en arruinar la producción agropecuaria para acentuar la dependencia del país de los excedentes agrícolas norteamericanos.

La primera parte del plan fue el derrumbe de toda restricción al ingreso de estas mercaderías. La segunda es el desmonte de las instituciones oficiales que, a pesar de sus deficiencias, cumplen un papel de apoyo al campo. Gaviria debilitó a la Caja Agraria al liquidar 420 agropuntos, el área de seguros y la producción de semillas mejoradas. En su gobierno, la planta se redujo de 15 a 8 mil trabajadores, y la reforma financiera acabó con el crédito de fomento. Quedaban todavía pendientes mayores tragedias para la institución, delegadas al nuevo gobernante, el del "tiempo de la gente".

La liquidación de la Caja, una política oficial La política oficial ha estado orientada a golpear a la Caja y, por lo tanto, al sector agropecuario.

No obstante el papel social que debe jugar la entidad, se le aplica un tratamiento discriminatorio frente a la banca privada en el manejo de sus captaciones. La cartera de la Caja se ubica en las operaciones más riesgosas y menos rentables, pero sus esfuerzos no se ven recompensados con aportes del presupuesto nacional. Los anuncios reiterados acerca de su recapitalización son meras ficciones contables.

Aparte de ello se le incrementó el encaje sobre las cuentas corrientes oficiales; se desmontó el cupo del Banco de la República que proveía recursos sin costo financiero; se eliminó la sobretasa de impuestos a las importaciones, otra fuente de ingresos; la aplicación de los ajustes para inflación afectó negativamente los resultados de cada ejercicio; se aumentaron las provisiones para protección de cartera, y, para completar la ofensiva, se implantaron planes de retiro arguyendo exceso de personal y de costo laboral, sin que el Estado aportara un solo peso como lo había prometido.

Las penurias de la Caja no provienen de su carga prestacional y salarial, sino de las políticas oficiales que vienen desangrándola. En lo corrido del actual mandato, la atención de los problemas fronterizos con Venezuela, de las crisis agrícolas en el Cesar y Huila, y la "generosidad" de la primera dama en Santa María, Boyacá, le han costado a la Caja la bicoca de $ 72.400 millones. Las altísimas deudas de diversas entidades públicas, y las de personajes de alta alcurnia a quienes la Caja no ejecuta, constituyen la mayor contribución de los gobernantes al marchitamiento de la entidad.

Como se puede ver, no son los empleados creditarios ni los campesinos los culpables del difícil momento que atraviesa la institución, ni mucho menos pueden ser ellos quienes paguen los platos rotos. Más aún cuando la reducción de personal en los cargos operativos, con la consiguiente recarga en el trabajo, viene acompañada del desproporcionado incremento de la cúpula directiva y de sus sueldos, que no se compadecen con los balances deficitarios publicados. Esto ha llevado a que hoy la Caja sea la entidad financiera con menos trabajadores por oficina, 9.31, en tanto que el promedio en las demás instituciones fluctúa entre 27 y 37 funcionarios por sucursal.

El "salto social", puntillazo final Después de haber prometido en medio del carnaval electoral que fortalecería a la Caja y le otorgaría recursos para respaldar las labores productivas en el agro, la actitud de Samper Pizano ha sido la contraria. Lo que plantea ahora es el cierre total o parcial de 400 agencias, de las cuales 162 serían clausuradas en el segundo semestre del presente año, sin tener en cuenta que éstas son el único recurso para atender los asuntos crediticios en las poblaciones apartadas. Elaboró además un proyecto de ley mediante el cual propone desmembrar la entidad en cinco o seis "bancos sociales de desarrollo agropecuario", con participación del sector privado y de las entidades territoriales, que se encuentran arruinadas.

La Junta Nacional de Sintracreditario, reunida del 17 al 22 de abril, acordó convocar a una huelga nacional indefinida que sea la columna vertebral de un amplio movimiento de resistencia para salvaguardar a la Caja Agraria, sobre la base de exigir que el gobierno pague sus deudas; cargue al presupuesto nacional los recursos de la Caja que se utilicen para las emergencias y catástrofes; retire el proyecto de ley y discuta con los interesados una legislación especial; anule la decisión del cierre de agencias; cobre las acreencias a los grandes deudores y racionalice la nómina, disminuyendo planta ejecutiva, llenando vacantes operativas en las agencias y ubicando a quienes estén pendientes. La hora cero del paro será definida oportunamente por el sindicato.