No hay causa que justifique el secuestro


Francisco Mosquera. Resistencia civil, pág 253

“Hoy se cumplen siete días del repentino y angustioso secuestro de Francisco Santos Calderón, jefe de redacción de El Tiempo, ocurrido el miércoles pasado por parte de un grupo de facinerosos que sin contemplaciones dio muerte a su chofer, José Oromacio Ibáñez. Aún no se sabe con certeza la autoría del golpe, ni los móviles del mismo; pero la circunstancia de que haya coincidido con la desaparición de varias personas, entre las cuales se mencionan periodistas de otros medios, como doña Diana Turbay de Uribe, hija del ex presidente Turbay, hace pensar a muchos comentaristas que afrontamos de nuevo una de esas conjuras que con frecuencia postran a Colombia y la avergüenzan ante los ojos del mundo. Sea lo que fuere, le expresamos a usted, a sus familiares y amigos nuestros sentimientos de solidaridad en el difícil trance y nuestra esperanza de que a la postre todo saldrá bien.

Por configurar una de las fechorías más abominables, el secuestro, podríamos decir, ha sido repudiado en todas las latitudes. No hay causa, noble o vil, que lo justifique. Desgraciadamente, este instrumento tan exclusivo de la delincuencia común, pasó a constituirse en parte integrante de la táctica de las guerrillas colombianas y, a través de ellas, en el símbolo de la lucha seudorrevolucionaria. Numerosas voces, hasta las menos esperadas, salieron en defensa del fenómeno; y en especial cuando se propuso la inclusión de los “crímenes atroces” dentro de la amnistía concedida durante el cuatrienio de Belisario Betancur. Así acabó extendiéndose y santificándose la práctica de retener a adultos, ancianos y niños con fines lucrativos o como medio de presión. Por eso hemos insistido en poner, entre los grandes objetivos nacionales a obtener, la civilización de la contienda política, de tal forma que quienes recurran a cualquiera de las manifestaciones del vandalismo queden aislados y reciban ejemplar sanción.

Otra de las políticas erróneas, que tanto le han costado al país, estriba en el tratamiento veleidoso que se la venido dando al narcotráfico. Por satisfacer las demandas de Washington, cuyas autoridades se han valido de aquella calamidad corno un pretexto para meter las narices en América Latina, los últimos gobiernos colombianos han oscilado entre la extradición por la vía administrativa, sin tratado internacional ni garantías procesales, y el acuerdo secreto con los más perseguidos proveedores de la droga. Se teme que Francisco Santos Calderón y los demás periodistas extraviados sean otras de las incontables víctimas de tales inconsecuencias. De ser esto verídico el país entero debe ahogar por la pronta liberación de los secuestrados y exigir que sus vidas se sustraigan del oscuro juego. Y que la gravedad del incidente sirva para volver las cosas a su cauce normal: que la nación haga respetar la soberanía, democratice la justicia y prevenga el delito”.